Líder de expertos forestales defiende ley que da más poder a Conafor... y es su contratista
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Cuartoscuro

Líder de expertos forestales defiende ley que da más poder a Conafor... y es su contratista

Jesús Martín Cuanalo Araujo ha obtenido contratos por 407 mdp con la Comisión Nacional Forestal; la ley que defiende da más atribuciones a este organismo, y se las resta a la Secretaría de Medio Ambiente respecto a los permisos de tala comercial.
Cuartoscuro
Por Paris Martínez
18 de abril, 2017
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Jesús Martín Cuanalo Araujo es líder gremial de los expertos forestales mexicanos y uno de los principales defensores de la reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, impulsada por el Partido Verde, y que otorga más facultades a la Comisión Nacional Forestal (Conafor). También es uno de los principales contratistas de esta dependencia: ha obtenido contratos por 407 millones de pesos tan solo en este sexenio.

Esta ley fortalece las atribuciones de la Conafor y se las resta a la Secretaría de Medio Ambiente respecto a los permisos de tala comercial.

Actualmente esta última dependencia debe verificar que los proyectos productivos cuenten con estudios de impacto ambiental; es decir, con un plan que evite la depredación de los recursos forestales. La nueva ley acelera el proceso y da más poder a la Conafor. Aún falta que sea ratificada en el Senado, ante el cual Cuanalo Araujo dio su opinión de que debería ser ratificada.

Cuanalo Araujo salió en defensa de esta reforma en su calidad de representante del gremio nacional de técnicos y profesionistas forestales, y urgió al Senado a ratificarla para que cobre plena vigencia.

La lucha de los profesionales forestales por fortalecer las atribuciones de Conafor data de hace una década, subrayó su representante gremial durante una reunión con senadores y asesores legislativos realizada el pasado 6 de abril. Lo que no dijo Cuanalo es que, aparte de ser representante del sector, es también contratista de la Conafor.

En los registros oficiales sobre contrataciones del gobierno federal consta que la Conafor le ha dado a Cuanalo a través de su empresa INyDES  —sólo durante el actual sexenio— al menos 407 millones de pesos por concepto de consultorías y estudios especiales.

Cuanalo Araujo fue parte de un grupo de expertos en materia bosques y selvas que se reunió con legisladores y sus asesores, ante los cuales aseguró que la política impuesta por “ambientalistas” hace 15 años ha deprimido 30% la productividad del sector, por lo cual, “es un logro que (la gestión forestal) pase a la Comisión Nacional Forestal”.

¿Conflicto de interés?

Un día después del encuentro en el Senado Cuanalo dijo en entrevista: “La minuta (la ley aprobada por la Cámara de Diputados) es un buen proyecto, que vale la pena que sea aprobado (por el Senado)”. También: “Es importante que tratemos a la Comisión Nacional Forestal como una institución adulta”.

Cuando se le cuestionó si ser contratista de Conafor compromete la objetividad de su análisis, el también fundador y director de la empresa INyDES dijo: “No existe absolutamente ningún conflicto de interés porque estamos hablando de dos personas morales: la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales y la empresa INyDES. No estamos hablando de Jesús Cuanalo”.

Por un lado, subrayó, “la Asociación no me representa a mí: yo represento a miles de profesionales del tema”. Y por otro lado, “hablando de la empresa, todo ha sido siempre transparente: INyDES se ha convertido en una empresa muy importante en el sector ambiental, mi empresa es contratista de Conafor desde hace tres sexenios y todo lo que nosotros hemos trabajado ha sido mediante licitación pública y concurso público”.
La empresa INyDES sí ha sido proveedora de la Conafor desde 2006, en los últimos meses del gobierno de Vicente Fox, cuando obtuvo un contrato por 180 mil pesos.

Luego, durante el sexenio de Felipe Calderón, INyDES obtuvo contratos por 72 millones de pesos. Durante los primeros tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto  acumuló contratos por 407 millones de pesos.

Esas transacciones, dijo, no comprometen su posición como ingeniero forestal:  “La relación (con Conafor) es meramente de trabajo“.  Señaló que la Asociación tampoco ha recibido, al menos en los cuatro años que lleva al frente de ésta, ninguna donación por parte del gobierno.

Argumentos

La actual ley de desarrollo forestal fue aprobada en el año 2003 y depositaba en dos organismos la política de bosques y selvas mexicana. Por un lado, la Secretaría de Medio Ambiente quedó encargada de recibir y evaluar las solicitudes de tala comercial, al verificar que los proyectos productivos contaran con estudios de impacto ambiental. Es decir, que contaran con un plan que evitara la depredación de los recursos forestales.

Una vez que este permiso era otorgado, la Comisión Nacional Forestal quedaba encargada de conducir y verificar que el aprovechamiento forestal se realizara bajo normas técnicas adecuadas, que propiciaran el mercado legal de madera en México.

Aún cuando recibió esta encomienda, la Semarnat nunca desarrolló la infraestructura ni acumuló el personal especializado suficiente para verificar el correcto desarrollo de los estudios de impacto ambiental, afirma Cuanalo. Por eso en la actualidad “hay comunidades que han tenido que esperar un año y dos meses para recibir la autorización para hacer el aprovechamiento… Y ¿qué pasó en ese año y dos meses? La comunidad arrasó el bosque, porque la gente va a pensar en comer antes que en cualquier otra cosa… La misma falta de estructura provoca que el permiso para trasladar la madera se tarde hasta tres meses, y ¿qué pasa en esos tres meses? Pasa que la madera se pudre”.

Desde la perspectiva del líder gremial de los profesionales forestales este esquema ha fomentado la ilegalidad y ha dejado a 11 millones de campesinos forestales sin opciones: “Una vez fui interrumpido mientras daba un discurso por un campesino de Kalakmul. Me dijo ‘a ver ingeniero: ¿Por qué si cada uno de nosotros es dueño de 50 hectáreas de selva, no tengo para comprarle zapatos a mis hijos ni para darles de comer? Aquí todo mundo viene y me dice las razones de por qué no puedo tocar un árbol, y lo que voy a hacer es meterle cerillo a mi parcela y voy a malvivir cinco años de frijoles en lo que me acabo el suelo o veo la selva que no puedo tocar”.

La gestión forestal dividida entre dos instituciones, destacó, ha propiciado que los campesinos conviertan sus bosques y selvas en campos de cultivo y ha fomentado el mercado ilegal de tala de madera.

Este esquema, subrayó Cuanalo, fue diseñado bajo conceptos “idealistas” y “dogmáticos” importados a México por ambientalistas que creían que los bosques nacionales no debían ser tocados.

“Lo que no vieron estos ambientalistas —agregó— fue que en los bosques de México viven 11 millones de personas, que están muriéndose de hambre porque no pueden aprovechar los recursos del bosque que les pertenece.”

Y puso un ejemplo: “Finlandia es un país que tiene más o menos el tamaño del estado de Chihuahua. Allá generan 25 mil millones de dólares al año en productos forestales. Nosotros, que tenemos 30 veces más capacidad de producción que Finlandia, sólo generamos 400 millones de dólares al año. Aunque somos un país con vocación forestal, importamos 7 mil millones de dólares al año en productos forestales y esa es riqueza que le estamos negando a la gente que vive en los bosques, los ejidos y las comunidades que son los dueños de los bosques mexicanos”.

Con todas las atribuciones de gestión forestal concentradas en Conafor, remató, será mucho más rápido y viable el aprovechamiento forestal ya que este organismo sí cuenta con una estructura operativa repartida por las regiones forestales del país.

El papel ciudadano

Una de las principales críticas que se han formulado contra esta nueva ley es que degradó los órganos de vigilancia ciudadana y los convirtió sólo en órganos consultivos, sin capacidad de voto sobre las decisiones en materia forestal que tome la Conafor. Cuanalo, de hecho, forma parte de uno de estos órganos degradados: el Consejo Nacional Forestal.

Al respecto, señala, la nueva ley deja al Consejo la atribución de redactar su propio reglamento, “y yo pienso que eso (las facultades de supervisión y vigilancia que le retiraron al Consejo) las podemos incluir de nuevo a través del reglamento. En el momento en que nos dan esa facultan (de redactar el reglamento) me siento satisfecho porque ahora los consejeros tenemos la responsabilidad de poner en ese reglamento lo que nos corresponde”.

No obstante, cuando se le hizo ver que el reglamento que redacten no podrá atribuirse facultades que no les haya otorgado la nueva ley, Cuanalo rectificó: “Te doy la razón. Pienso que la función del consejo es, como lo dice el nombre, aconsejar, asesorar al gobierno.”

Luego, sin embargo, dijo: “Yo no soy experto en leyes, no sé qué tanto un organismo de gobierno puede tener, dentro de sí, otro organismo de gobierno”. Aún así, insistió, lo importante es que “Conafor está tratando de fomentar el desarrollo, pero choca con todas las demás instituciones que se lo impiden”.

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La orden de registro de la casa de Trump revela que la fiscalía lo investiga por una posible violación de la Ley de Espionaje

Entre los elementos que los agentes del FBI encontraron en Mar-a-Lago había varios documentos clasificados y una carta de clemencia para el asesor de Trump Roger Stone.
13 de agosto, 2022
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La difusión de la orden de registro por la que agentes del FBI entraron esta semana en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago reveló detalles sobre la investigación que se sigue sobre el expresidente.

Un juez federal hizo pública este viernes la orden emitida por el Departamento de Justicia de EU, que autorizó al FBI a registrar la mansión de Trump en el sur de Florida.

El hecho se produjo el pasado lunes y los agentes del FBI se llevaron varias cajas con documentos, algunos de ellos clasificados y considerados de alto secreto.

Agentes del FBI a las afueras de la residencia Mar-a-Lago

EPA
El registro de la casa de Trump fue un hecho inusual que los defensores del expresidente califican de innecesario y políticamente motivado.

El documento explica que la Fiscalía General de EU investiga al exmandatario por presunta obstrucción a la justicia y una posible violación de la Ley de Espionaje.

La orden autorizó a los agentes del FBI a incautar todo tipo de evidencia que pudiera revelar esfuerzos por parte de Trump para retener de manera ilegal documentos que pudieran ayudar a adversarios de EU, o para esconder o destruir documentos del gobierno estadounidense.

La primera página de la orden de registro al hogar de Donald Trump en Mar-a-Lago

Reuters
La primera página de la orden de registro al hogar de Donald Trump en Mar-a-Lago.

Trump niega haber cometido cualquier tipo de acto indebido. Dice que los documentos no estaban clasificados y estaban a salvo.

Lo que se llevó el FBI

El documento divulgado por el juez que incluye la orden de cateo tiene una longitud total de siete páginas y enumera todos los elementos que los agentes se llevaron de la casa del exmandatario.

El listado hace mención a una caja recubierta de cuero llena de documentos, un documento con el título “info re: President of France” (presidente de Francia) y una solicitud de clemencia redactada a nombre del estratega político Roger Stone, un aliado de Trump de vieja data.

El listado también muestra que los agentes encontraron documentos marcados con las siglas “TS”, es decir top secret o ultrasecreto, y “SCI”, es decir información sensible compartimentalizada.

También se hace mención a “documentos secretos varios”.

Roger Stone durante su testimonio, diciembre 2021

Reuters
Los agentes encontraron una carta de clemencia para el estratega político y aliado de Trump Roger Stone.

La orden incluye la firma de la abogada de Trump, Christina Bobb, quien estuvo presente durante el cateo.

¿Qué buscaban los agentes?

La orden explica que estaban en búsqueda de:

  • Cualquier documento físico con las marcas de “clasificado“, al igual que cajas y contenedores.
  • Detalles sobre el almacenamiento o transmisión de información relacionada con la defensa nacional o material clasificado.
  • Cualquier registro gubernamental y/o presidencial del mandato de Trump.
  • Cualquier evidencia que revelara alteración intencional, destrucción u ocultamiento de cualquier registro gubernamental y/o presidencial, o cualquier tipo de documento marcados clasificados.

La orden de registro muestra que los agentes del FBI buscaban posibles indicios de violaciones a la Ley de Espionaje, que prohíbe mantener o transmitir información de seguridad nacional potencialmente peligrosa.

Agentes del FBI a las afueras de la residencia Mar-a-Lago

EPA
Los agentes del FBI retiraron unas 20 cajas con documentos de la casa de Trump en Palm Beach.

La retirada de documentos o materiales clasificados está prohibida por ley. De hecho, el propio Trump aumentó el castigo para este delito cuando estaba en la Casa Blanca y ahora se penaliza con hasta cinco años de cárcel.

La orden precisa que los lugares registrados en Mar-a-Lago incluían una zona llamada la “oficina 45” (Trump fue el presidente número 45 de EU) y salas de almacenamiento, pero no habitaciones privadas usadas por Trump y su personal.

Un hecho “sin precedentes”

Un portavoz del exmandatario habló con la cadena estadounidense socia de la BBC, CBS News, y dijo: “El gobierno de Biden está claramente en modo de control de daños después del allanamiento fallido”.

El portavoz de Trump, Taylor Budowich, afirmó: “Este allanamiento del hogar del presidente Trump no solo no tiene precedentes, sino que fue innecesario. Y ahora están filtrando mentiras e insinuaciones para intentar darle explicaciones al uso del gobierno contra su dominante oponente político. Esto es inaudito”.


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