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Cuartoscuro Archivo

Lo que dejó Duarte a Veracruz: récord en homicidios, fosas, deuda y más pobreza

Datos oficiales confirman que el gobierno de Javier Duarte fue un desastre para Veracruz, al dejar a la entidad como una de las violentas del país, con desempleo, deuda y nulo crecimiento económico.
Cuartoscuro Archivo
Por Tania L. Montalvo
17 de abril, 2017
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El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, enfrentará a la justicia por delitos como delincuencia organizada, pero tras su gestión su lista de pendientes con la entidad es mucho más amplia: convirtió al estado en uno de los más inseguros del país, el de menor crecimiento económico, con más veracruzanos en pobreza y en desempleo, y como el más peligroso para la prensa.

Todo indicador de seguridad, economía o bienestar empeoró con el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, acusado de desviar millones de pesos de dinero público, dejando al estado con una enorme deuda, sin capacidad crediticia y como uno de los menos competitivos.

Récord en homicidios, más violencia

La percepción de los veracruzanos sobre cómo su estado era cada vez más inseguro siempre fue en aumento desde que Duarte llegó al cargo, según cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

De 2011 a 2016 el porcentaje de la población que dijo sentirse insegura en Veracruz  pasó de 64 a 85.1%.

El año pasado, Veracruz fue la cuarta entidad del país con mayor percepción de inseguridad, debajo del Estado de México, Tabasco y Tamaulipas. La cifra negra de delitos —aquellos no denunciados— llegó a 94.8% en la entidad.

Y no es para menos, con Javier Duarte se registró un repunte en la tasa de homicidios hasta alcanzar la cifra de 15.5 por cada 100 mil habitantes para 2016, un aumento de 158% durante su gestión.

El aumento en las cifras de homicidios fue una constante con el gobierno de Duarte, hasta llegar a un nivel histórico para la entidad, superando todo los datos registrados sobre este delito desde 1997.

En julio de 2016 se registró que 168 personas fueros asesinadas, cifra récord de asesinatos para cualquier otro mes con datos en Veracruz. Otros de los meses más violentos en la entidad también se registraron con Javier Duarte en el cargo: septiembre de 2011 con 132 averiguaciones por homicidio, y octubre y mayo de 2012 con 97 cada uno. 

Con Javier Duarte, Veracruz también se convirtió en el estado más violento para la prensa, con 17 periodistas asesinados durante su gestión y otros tres desaparecidos.

De 2011 a 2016, reporteros, columnistas y fotógrafos veracruzanos fueron asesinados y en la mayoría de los casos reinó la impunidad, así como la falta de reconocimiento de parte de las autoridades sobre cómo su labor de periodistas podría ser una de las principales causas del crimen.

Robo en recursos para seguridad y malos policías

Mientras los delitos subían en la entidad, el gobierno de Javier Duarte fue señalado por el desvío de 873 millones 740 mil pesos que estaban destinados para mantener la seguridad pública del estado.

Los recursos federales que recibió en 2015 el gobierno de Duarte para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública simplemente desaparecieron, según informó la Auditoría Superior de la Federación.

El 97% de los recursos que entregó la federación a Veracruz para temas de seguridad fueron desviados a otras cuentas bancarias y el destino de éstos no pudo comprobarse.

Una parte de este monto debía destinarse para garantizar la confiablidad de los policías en la entidad, otro de los pendientes que dejó Javier Duarte a los veracruzanos. Según datos de la organización Causa en Común, el 27% de los policías del estado no son confiables o no pasaron las pruebas de confianza, pero siguen en funciones.

Desaparecidos y fosas clandestinas

La violencia que se desató en la entidad también la llevó a ocupar los primeros lugares del país entre los estados con más número de personas desaparecidas, según datos oficiales.

Las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas lo colocaron como número dos en desapariciones con 202 registros al cierre de 2016, sólo después de Guerrero en ese rubro.

La violencia contra mujeres y niñas también aumentó. En los dos últimos años de Duarte en el poder se registró la desaparición de 41 niñas y mujeres, de entre 11 y 30 años de edad.

Eso ubica a Veracruz como la tercera entidad del país con más casos de mujeres menores de 30 años desaparecidas.

Pero así como el número de desaparecidos aumentó en el estado creció la cifra de colectivos ciudadanos organizados que, ante la falta de acción de autoridades, decidieron salir a buscar a sus seres queridos.

Lee: La Brigada de ciudadanos que busca a personas desaparecidas en tumbas clandestinas de Veracruz

Durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz existió la fosa clandestina más grande de la que se tenga registro en el país, encontrada por los mismos familiares de las víctimas, que iniciaron la búsqueda ante la omisión de las autoridades estatales y federales.

En la fosa clandestina ubicada en Colinas de Santa Fe se encontraron restos humanos de por lo menos 245 personas, que fueron enterradas de forma ilegal en el sitio.

En el lugar el Colectivo Solecito encontró también más de 14 mil restos óseos que pudieran corresponder a los cuerpos de otras víctimas. Este grupo de madres lleva año buscando a sus hijos desaparecidos, tiempo en el que exigió al gobierno de Javier Duarte respuestas claras sobre el paradero de sus familiares.

Lee: Cobertura especial de Animal Político sobre el hallazgo de la fosa clandestina en Colinas de Santa Fe

Violencia contra las mujeres

El gobierno de Javier Duarte siempre negó que en la entidad se ejerciera violencia feminicida, pese a que los datos de su gestión muestran que se registraron al menos 161 homicidios violentos de mujeres que pudieran ser procesados como feminicidios.

En noviembre de 2016, ya con Duarte prófugo de la justicia, la Secretaría de Gobernación finalmente emitió una declaratoria por violencia feminicida en once municipios de la entidad: Boca del Río, Coatzcoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Roca, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

Pero además, una iniciativa presentada y promulgada por el mismo Duarte podría motivar una segunda alerta de género en la entidad por violencia sexual y reproductiva.

En agosto de 2016 Javier Duarte promulgó una reforma antiaborto que, dijo, tiene el objetivo de “proteger y salvaguardar el derecho a la vida”. Al respecto, autoridades federales determinaron en marzo pasado que la iniciativa todavía vigente del exgobernador violenta los derechos de las mujeres, restringe sus derechos humanos y las discrimina.

Más pobreza, más desempleo, menos desarrollo económico

Javier Duarte dejó a Veracruz con peores calificaciones de bienestar y desarrollo económico. El crecimiento que logró el estado con el exgobernador fue de apenas 1.5% promedio anual, el más bajo de la región.

Incluso, Duarte logró que en el periodo 2013-2016 el crecimiento económico de la entidad fuera de cero por ciento.

El estancamiento llevó a la entidad a mantener un ambiente de negocios desfavorable, según el centro de estudios y análisis México, ¿cómo vamos?

Los veracruzanos en pobreza laboral pasaron de 45% a 54% en los seis años de gestión de Duarte. Lo anterior se traduce en que 850 mil personas que viven en la entidad no pueden adquirir la canasta alimentaria con el ingreso que obtienen cada día.

La pobreza laboral que conlleva a una baja en los ingresos se entiende con la baja productividad del estado. Duarte dejó al estado con una productividad de 106 pesos por hora trabajada, aunque a nivel nacional es de 133 pesos. Pero además, con 62.2% de informalidad, la mayor tasa de los últimos diez años.

Duarte también falló en la creación de empleos: cuando debió crear 74 mil empleos anuales para atender la demanda, apenas se crearon unos 6 mil 900. Y no sólo eso, hubo algunos años en que en vez de crear empleos, éstos desaparecieron.

En 2015 Veracruz perdió 10 mil 500 empleos y para el año siguiente esa cifra subió a 16 mil.

Menos productividad, más informalidad y más pobres también

En diciembre de 2010, cuando Duarte llegó al poder, recibió al estado con 57.6% de los veracruzanos viviendo en pobreza, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El último dato disponible, publicado en 2015, indica que esa cifra aumentó a 60%.

Todo lo anterior llevó al Veracruz de Javier Duarte a decrecer 4% promedio y ubicarse como una de las entidades del país menos competitivas, con menor número de empresas abiertas y mayor deuda inmanejable, según el Instituto Mexicano para la Competitividad.

Y es que según calificadoras de riesgo como Fitch, en Veracruz con Javier Duarte hubo un manejo poco responsable de las finanzas públicas.

La deuda pública de Veracruz aumentó de 21 mil 500 millones de pesos en 2010 a 45 mil 776 millones en 2016.

Como porcentaje del PIB, Javier Duarte acumuló deuda equivalente al 4.7%; por lo que según Fitch, Veracruz no tiene condiciones favorables para la inversión.

Más pendientes…

Javier Duarte dejó una deuda con el instituto de pensiones del estado. Incluso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó que las autoridades del gobierno veracruzano violaron las garantías de los adultos mayores a los que se dejó de pagar su pensión desde 2015.

El gobierno de Duarte violó el derecho a la protección de adultos mayores y el derecho a la seguridad social.

Otra de las deudas del exgobernador es con la Universidad Veracruzana. Se estima que la deuda con la institución ascendió hasta los 2 mil millones de pesos.

Y finalmente, se estima que el gobierno de Javier Duarte no entregó nueve millones de pesos donados a la Cruz Roja por los veracruzanos.

La deuda que deja Javier Duarte en Veracruz va más allá de los 223 millones de pesos del erario desviados a través de una red de corrupción.

Además de vaciar las arcas del estado, dejarlo estancado y con más pobreza, Javier Duarte dejó a los veracruzanos en medio de una crisis de seguridad con los niveles más altos de violencia registrados, policías poco confiables, récord en cifras de desaparecidos, y familias buscando en fosas clandestinas.

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AFP

Paro nacional en Colombia: decretan toque de queda en Bogotá tras nuevas protestas y saqueos

El alcalde informó, además, que unos 20.000 policías y 4.000 miembros del Ejército serán desplegados para reforzar la seguridad en la capital.
AFP
22 de noviembre, 2019
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Las autoridades de Bogotá decretaron este viernes toque de queda en tres zonas de la capital de Colombia por los “saqueos” y “actos vandálicos” registrados en una nueva jornada de protestas este viernes tras el paro nacional del jueves.

“Esta no es una marcha democrática. Aquí lo que tenemos es una minoría de delincuentes que destruye los bienes”, afirmó en conferencia de prensa el alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa.

El funcionario indicó que la medida abarcará las zonas de Bosa, Kennedía y Ciudad Bolívar, desde las 20:00 de este viernes (01:00 UTC del sábado) hasta las 5:00 del sábado.

El alcalde informó, demás, que unos 20.000 policías y 4.000 miembros del Ejército serán desplegados para reforzarán la seguridad en la capital.

De acuerdo con las autoridades de Bogotá, este viernes se reportaron algunos actos vandálicos en algunos sectores de la capital, como resultados de los cuales se vieron afectadas 76 estaciones y 79 autobuses del servicio de transporte conocido como Transmilenio, así como varios supermercados.

Las autoridades locales habían decretado en la mañana una ley seca en toda la ciudad que se extenderá hasta el mediodía del sábado 23 de noviembre.

El gran paro del jueves

Las protestas de este viernes en Colombia estuvieron precedidas por una jornada de manifestaciones el jueves, considerada entre las mayores en los últimos tiempos, que se saldó con al menos tres muertos y más de 250 heridos, según cifras del Departamento de Defensa.

Las marchas fueron convocadas como una iniciativa de los sindicatos para prevenir que el gobierno del presidente Iván Duque ejecute una reforma laboral y de las pensiones que consideran lesiva a los intereses de los trabajadores.

También reclaman más inversión en educación y medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, blanco de una ola de asesinatos que se ha cobrado la vida de decenas de ellos desde que Duque llegó al poder, hace 15 meses.

Las organizaciones sociales también exigen al gobierno un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC alcanzado en 2016.

Bogotá

AFP
Bogotá volvió a sentir el sonido de los cacerolazos.

A la convocatoria se sumaron numerosos sectores sociales -estudiantes, docentes, indígenas, campesinos, mujeres, grupos opositores, así como defensores de los acuerdos de paz suscritos con la exguerrilla de la FARC.

En la capital, donde la jornada terminó el jueves con un inédito cacerolazo, durante el día se registraron al igual que este viernes, algunos disturbios tanto en zonas del centro como en el noroeste.

Otros se produjeron en Cali, donde el alcalde, Maurice Armitage, decretó el toque de queda en la noche del jueves tras los actos vandálicos registrados en varios puntos de la ciudad.

Antes del paro del jueves, el gobierno implementó de forma previa una serie de medidas que incluyeron el cierre de los pasos fronterizos de Colombia con Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú y el acuartelamiento en primer grado (máxima alerta) de las fuerzas militares.

Las protestas tienen lugar poco después una encuesta de la empresa Gallup correspondiente a octubre de 2019 ubicó el nivel de desaprobación de Duque en 69%, mientras que su aprobación era de apenas 26%.


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