Empresa ligada a Yarrington recibió contratos del gobierno pese a ser demandada en EU por fraude
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Empresa ligada a Yarrington recibió contratos del gobierno pese a ser demandada en EU por fraude

La empresa de Yarrington fue embargada por la PGR en octubre de 2012 y demandada en Estados Unidos por fraude, pero recibió más contratos en México.
Cuartoscuro Archivo
Por Tania L. Montalvo
12 de abril, 2017
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La empresa de Fernando Cano Martínez, presunto prestanombres y mano derecha del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, siguió recibiendo contratos gubernamental en México pese a que tanto en el país como en Estados Unidos se abrió una investigación por fraude y lavado de dinero.

Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, propiedad de Fernando Alejandro Cano Martínez,  fue embargada en octubre de 2012 durante el gobierno de Felipe Calderón por una investigación de la Procuraduría General de la República sobre presunta actividad vinculada a la delincuencia organizada. Pero en 2014 ya estaba recibiendo de nuevo contratos del gobierno federal.

Esa empresa fue una de las principales contratistas durante el gobierno en Tamaulipas de Tomás Yarrington (1999-2004) y recibió al menos 1,473 millones de pesos en contratos públicos.

Además de los señalamientos en México por presunta actividad delictiva, en mayo de 2013 en Estados Unidos se abrió un proceso legal contra Yarrington y Cano Martínez por fraude bancario, lavado de dinero y nexos con el crimen organizado a través de esta empresa.

La investigación que integró la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Interna, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Buró de Investigación Criminal (FBI) detalla que a través de esa empresa Cano Martínez  recibió contratos con el gobierno estatal tras entregar sobornos a Yarrington. También, que actuó como su prestanombres y principal socio en la red de lavado de dinero y fraude que gestó el exgobernador.

Pese a ello, Materiales y Construcciones Villa de Aguayo continuó teniendo actividad comercial en México pues ya en la gestión de Enrique Peña Nieto el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ­ desestimó la investigación iniciada en el país en 2012. Y aunque existía la investigación estadounidense, los bienes embargados le fueron devueltos en el primer semestre de 2013.

Para el siguiente año, Materiales y Construcciones Villa de Aguayo ya estaba recibiendo contratos del gobierno federal.

En enero de 2014 firmó con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un contrato por 58 millones 448 mil 879 pesos para la modernización, obras de drenaje, pavimento y señalamiento de un tramo de la carretera La Paz – Ciudad Insurgentes en Baja California Sur.

Cuatro meses después, la SCT firmó con Materiales y Construcciones Villa de Aguayo un nuevo contrato por 81 millones 999 mil 850 pesos para realizar las mismas obras en otro tramo de esa misma carretera.

Ambos contratos se ganaron tras una licitación pública en la que la firma de Cano Martínez compitió en una propuesta conjunta con la Constructora Grupo Díaz Álvarez.

Un año después, en junio de 2015 el Fondo Nacional de Fomento al Turismo le entregó 101 millones de pesos por un contrato más para diversas obras en Playa Espíritu, Sinaloa.

La ejecución de esos tres contratos se llevó a cabo mientras tanto Tomás Yarrington como Fernando Alejandro Cano Martínez, dueño de la empresa, tenían un proceso abierto en Estados Unidos por fraude bancario de millones de dólares, lavado de dinero y narcotráfico.

Incluso Cano Martínez fue detenido en febrero pasado en Nuevo León, México, pero horas después fue liberado pese a la investigación que existe en su contra en Estados Unidos.

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Primeros resultados en Chile muestran amplia ventaja para rechazo en el plebiscito por una nueva Constitución

En una votación obligatoria los chilenos decidieron este domingo si aprueban o rechazan el texto propuesto para nueva Constitución.
4 de septiembre, 2022
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Los primeros resultados del plebiscito de este domingo en Chile por el texto para una nueva Constitución muestran una amplia ventaja para el “rechazo” sobre el “apruebo”.

Con el 23% de las mesas escrutadas, el “rechazo” tiene casi un 63% de votos por el 37% del “apruebo”.

Casi tres años después del estallido social de 2019, Chile celebró este domingo la última de las tres votaciones del proceso de cambio constitucional que se presentó como solución para resolver las tensiones desatadas hace tres años.

Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir a los miembros de la Convención para escribirla (en 2021), el país decidió finalmente a través de un plebiscito obligatorio si aprueba o rechaza la Carta Magna propuesta.

El resultado de la Convención, compuesta de forma paritaria por mujeres y hombres, fue un texto que consta de 178 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias.

Conforme fue trabajando la Convención y tras conocerse el texto propuesto se agudizó la división en el país, que votó por una abrumadora mayoría de casi el 80% por cambiar la Constitución de 1980, solución que nació como respuesta al estallido social de 2019.

La coalición de gobierno que lidera el presidente Gabriel Boric propuso cambios incluso si la Constitución se aprueba, en un intento de mitigar los miedos de los partidarios del “rechazo” ante ciertas propuestas del texto que ven como “radicales”.

Si ganara la opción “apruebo”, la flamante Carta Magna empezaría a regir en el acto, y a medida que se crearan los nuevos órganos que contempla, como una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazaría al Senado.

El gobierno y el Congreso trabajarían de inmediato en acuerdos para ciertas modificaciones.

Si ganara el “rechazo”, la Constitución de 1980 seguiría vigente, en contraste con la abrumadora mayoría (casi 80%) que votó por su reemplazo. Se espera en ese caso que haya algún tipo de acuerdo entre sectores políticos para modificar el texto actual o proponer la redacción de otra nueva versión de Carta Magna.

 


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