Con engaños, chantajes y amenazas: los casos de anticoncepción forzada en México
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Con engaños, chantajes y amenazas: los casos de anticoncepción forzada en México

Tan sólo en dos meses, entre el 16 de diciembre y el 22 de febrero de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido tres recomendaciones por casos de anticoncepción y esterilización forzada en hospitales de Salud Pública.
Cuartoscuro
Por Manu Ureste
24 de abril, 2017
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A 14 años de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que en clínicas rurales del país se obligaba a mujeres a esterilizarse bajo amenaza de perder los apoyos gubernamentales, los casos de anticoncepción forzada continúan repitiéndose en México.

Tan solo en dos meses, entre el 16 de diciembre de 2016 y el 22 de febrero de este año, la CNDH emitió tres recomendaciones por dos casos en los que se forzó a mujeres a implantarse un Dispositivo Intrauterino (DIU) como método anticonceptivo, y por otro en el que personal médico esterilizó sin su consentimiento a otra mujer practicándole una ligadura de trompas irreversible.

Además, la CNDH informó en respuesta a solicitud de transparencia de Animal Político que desde 2013 ha recibido 10 quejas por casos de anticoncepción forzada de mujeres en hospitales de Salud pública. De esas 10 quejas, cinco fueron recibidas apenas el año pasado.

No obstante, organizaciones de la sociedad civil advierten que la cifra negra de casos no denunciados es mucho mayor. Por poner un ejemplo: en tan solo dos semanas de febrero de este año, del 7 al 20, la organización civil Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE) recibió como parte de su campaña #anticoncepciónforzada, los testimonios de otras 10 mujeres que denunciaron presiones de sus médicos para implantarse un DIU.

De hecho, según un informe elaborado por Balance Promoción para el Desarrollo y la Juventud –que puedes checar aquí-, el 22% de las mujeres mexicanas entrevistadas -o sea, 2 de cada 10-, reportó haber sido presionada para esterilizarse.

En contraste con las cifras anteriores, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), un organismo del Gobierno creado para que los usuarios de servicios de salud presenten quejas por presuntas malas prácticas médicas, respondió a Animal Político que al menos en los últimos cinco años no tiene registro de ninguna queja por anticoncepción forzada, ya que “normalmente estos asuntos se remiten a la CNDH”.

Asimismo, la Secretaría de Salud federal reportó vía transparencia que, entre 2010 y noviembre de 2016, tampoco recibió quejas por este motivo.

Mientras tanto, en más de la mitad del país –en 17 estados de 32 todavía se puede esterilizar a una mujer por la fuerza sin que esto sea un delito, a pesar de que esta práctica implica la violación al derecho a la salud, a la igualdad y a la no discriminación, reconocido en la Constitución mexicana.

Por su parte, personal médico consultado para este reportaje señaló que la presión y coacción a una paciente para que se coloque un DIU, o cualquier otro método anticonceptivo, constituye una mala praxis “que debe erradicarse”.

Los casos: “Acepta el DIU o no sales del Hospital”

El caso más reciente de anticoncepción forzada lo publicó la CNDH el pasado 22 de febrero.

Se trata de la recomendación 3/2017 dirigida al IMSS, en la que documentó que una joven de 26 años acudió al Hospital de Gineco-Pediatría 3-A, en la Ciudad de México, donde los médicos la presionaron en pleno trabajo de parto para que aceptara implantarse un DIU.

A pesar de la negativa expresa de la mujer, los médicos le informaron al darle de alta que sí le habían implantado el DIU; situación que la CNDH corroboró con una radiografía.

“Hemos detectado que es una práctica recurrente que a las mujeres que están en pleno trabajo de parto, es decir, en un estado físico deteriorado y en un estado emocional muy complejo, los médicos les piden que firmen un consentimiento informado para colocarles un anticonceptivo que, por lo general, es el DIU”, expuso en entrevista Regina Tames, directora de GIRE.

Uno de esos casos documentados por GIRE es el de Rosa, una joven de 23 años que, en plenas contracciones, fue amenazada por un médico para que  “en cinco minutos” eligiera el DIU como anticonceptivo, a cambio de salir del hospital rápido y sin problemas.

El 14 de diciembre del año pasado, la CNDH emitió otra recomendación a los gobiernos de Puebla e Hidalgo luego de que, tras un cúmulo de negligencias en hospitales de ambas entidades –no contaban ni con ginecólogo, anestesiólogo, pediatra, ni con combustible para la ambulancia-, una mujer de origen náhuatl perdiera a su bebé y además le fuera colocado un DIU sin su consentimiento informado.

Y dos días más tarde, el 16 de diciembre de 2016, el organismo de derechos humanos publicó otra recomendación al gobierno de Oaxaca. Esta vez se trató de un caso más grave, ya que personal médico del Hospital General de Juchitán ‘Macedonio Benítez Fuentes’ le practicó sin permiso a una mujer indígena una ligadura de trompas; un método de esterilización permanente.

Además, la Comisión documentó que la mujer y su pareja recibieron presiones para que firmaran un documento en el que se desistían de interponer ninguna demanda de tipo legal o jurídica en contra del Hospital, a cambio de “evitar cualquier inconveniente” en la futura atención médica de la zapoteca de 19 años.

“La cifra negra de anticoncepción forzada es enorme”: GIRE

Ante estos casos, más la recomendación general de 2002 dirigida a todos los gobernadores del país por la esterilización de mujeres y también de hombres indígenas a cambio de apoyos gubernamentales, Animal Político cuestionó a la CNDH si la anticoncepción forzada es una práctica generalizada en México. A lo que Isaías Trejo, director de quejas de la Cuarta Visitaduría, contestó que no pueden sostener una afirmación de tal calibre, aunque admitió que la situación es preocupante por los casos que se repiten.

“En la actualidad, no tenemos elementos para asegurar que la anticoncepción forzada es una práctica generalizada en México. Pero así sean solo tres casos, es una situación que no es sostenible ya que estamos ante una práctica muy grave”, señaló Trejo.

Regina Tames, por su parte, insistió en que los casos de anticoncepción forzada en el país van más allá de las recomendaciones de la CNDH.

“La cifra negra que no se denuncia es enorme”, subrayó la abogada especializada en temas de derechos humanos.

Por ejemplo, planteó Tames, los altos índices de mortalidad materna en México llevan a muchas mujeres a conformarse con tener un parto sano.

“Muchas mujeres ven como un milagro salir bien del parto, y por eso hay quienes no se preguntan si la presión de los médicos para consentir ponerse un DIU es anticoncepción forzada o no”, expuso la abogada.

Incluso, Tames añadió que muchas mujeres deciden no denunciar al personal médico porque después del parto tendrán que seguir acudiendo a la misma clínica o centro hospitalario donde fue presionada. Por lo que, por miedo a posibles represalias, prefieren no denunciar.

Visitas conyugales a cambio de inyectarse anticonceptivos

Por su parte, José Luis Gutiérrez, director de la asociación civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), refirió que hay mujeres que no denuncian porque realmente no son conscientes de que fueron objeto de violaciones a derechos humanos.

Así lo documentó ASILEGAL en su informe Mujeres privada de libertad: ¿Mujeres sin derechos?, en el que reveló que mujeres presas en cárceles del estado de Puebla eran chantajeadas por funcionarios para que se inyectaran anticonceptivos a cambio de su derecho de recibir visitas conyugales. 

“El 80% de las mujeres que entrevistamos nos dijo que veían esto como algo normal. No alcanzaban a entender la gravedad de la anticoncepción forzada”, resaltó Gutiérrez.

“Es decir, tenían en mente más bien la esterilización forzada, que ya es algo más grave –añadió-. Por eso, cuando les decíamos que ponerse una inyección, que además les ocasionaría reacciones adversas en su salud, era anticoncepción forzada, ellas te respondían que el reglamento de la cárcel era ese y que lo tenían que cumplir si querían tener su visita conyugal”.

Un sistema de salud fallido

Ante casos de anticoncepción forzada, personal médico consultado parar este reportaje argumentó dos cosas: una, que en efecto se trata de casos donde hubo una mala praxis médica, aunque consideran que no son casos generalizados. Y dos, recordaron que muchas de las negligencias médicas se cometen por falta de insumos y pésimas condiciones laborales.

Situación que este medio ha dado a conocer en reportajes como ‘Hospitales llenos y sin medicinas: el calvario de pacientes y doctores’, publicado en julio de 2016; o en el reportaje ‘Amenazados y sin medicinas: así trabajan los médicos que harán paro el 22 de junio’.

“Es cierto. Hay muchos casos en los que el personal médico es la víctima porque trabajan turnos de 72 horas, con el salario mínimo, y sin los insumos ni medicamentos necesarios, y estos nos habla de un sistema de salud fallido”, señaló Regina Tames.

Sin embargo, para GIRE esta mala situación laboral de los médicos no justifica en ningún caso la anticoncepción ni la esterilización forzada.

“El médico puede tener un error por falta de instrumentos. Pero hay casos que dependen 100 por ciento de la ética personal y profesional. Y no vemos cómo el hecho de coaccionar a alguien para que se ponga un DIU, pueda tener algo que ver con la falta de insumos”, concluyó Tames.

 

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Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
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La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

Getty Images
Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

Getty Images
Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

Getty Images
Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

Getty Images
Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


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