[contextly_sidebar id=”OCllh1u1HDsQeL2ZT2QsoSIEagHT7MQc”]A 14 años de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que en clínicas rurales del país se obligaba a mujeres a esterilizarse bajo amenaza de perder los apoyos gubernamentales, los casos de anticoncepción forzada continúan repitiéndose en México.

Tan solo en dos meses, entre el 16 de diciembre de 2016 y el 22 de febrero de este año, la CNDH emitió tres recomendaciones por dos casos en los que se forzó a mujeres a implantarse un Dispositivo Intrauterino (DIU) como método anticonceptivo, y por otro en el que personal médico esterilizó sin su consentimiento a otra mujer practicándole una ligadura de trompas irreversible.

No obstante, organizaciones de la sociedad civil advierten que la cifra negra de casos no denunciados es mucho mayor. Por poner un ejemplo: en tan solo dos semanas de febrero de este año, del 7 al 20, la organización civil Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE) recibió como parte de su campaña #anticoncepciónforzada, los testimonios de otras 10 mujeres que denunciaron presiones de sus médicos para implantarse un DIU.

De hecho, según un informe elaborado por Balance Promoción para el Desarrollo y la Juventud –que puedes checar aquí-, el 22% de las mujeres mexicanas entrevistadas -o sea, 2 de cada 10-, reportó haber sido presionada para esterilizarse.

Asimismo, la Secretaría de Salud federal reportó vía transparencia que, entre 2010 y noviembre de 2016, tampoco recibió quejas por este motivo.

Mientras tanto, en más de la mitad del país –en 17 estados de 32– todavía se puede esterilizar a una mujer por la fuerza sin que esto sea un delito, a pesar de que esta práctica implica la violación al derecho a la salud, a la igualdad y a la no discriminación, reconocido en la Constitución mexicana.

Los casos: “Acepta el DIU o no sales del Hospital”

El caso más reciente de anticoncepción forzada lo publicó la CNDH el pasado 22 de febrero.

A pesar de la negativa expresa de la mujer, los médicos le informaron al darle de alta que sí le habían implantado el DIU; situación que la CNDH corroboró con una radiografía.

“Hemos detectado que es una práctica recurrente que a las mujeres que están en pleno trabajo de parto, es decir, en un estado físico deteriorado y en un estado emocional muy complejo, los médicos les piden que firmen un consentimiento informado para colocarles un anticonceptivo que, por lo general, es el DIU”, expuso en entrevista Regina Tames, directora de GIRE.

Uno de esos casos documentados por GIRE es el de Rosa, una joven de 23 años que, en plenas contracciones, fue amenazada por un médico para que  “en cinco minutos” eligiera el DIU como anticonceptivo, a cambio de salir del hospital rápido y sin problemas.

El 14 de diciembre del año pasado, la CNDH emitió otra recomendación a los gobiernos de Puebla e Hidalgo luego de que, tras un cúmulo de negligencias en hospitales de ambas entidades –no contaban ni con ginecólogo, anestesiólogo, pediatra, ni con combustible para la ambulancia-, una mujer de origen náhuatl perdiera a su bebé y además le fuera colocado un DIU sin su consentimiento informado.

Y dos días más tarde, el 16 de diciembre de 2016, el organismo de derechos humanos publicó otra recomendación al gobierno de Oaxaca. Esta vez se trató de un caso más grave, ya que personal médico del Hospital General de Juchitán ‘Macedonio Benítez Fuentes’ le practicó sin permiso a una mujer indígena una ligadura de trompas; un método de esterilización permanente.

Además, la Comisión documentó que la mujer y su pareja recibieron presiones para que firmaran un documento en el que se desistían de interponer ninguna demanda de tipo legal o jurídica en contra del Hospital, a cambio de “evitar cualquier inconveniente” en la futura atención médica de la zapoteca de 19 años.

“La cifra negra de anticoncepción forzada es enorme”: GIRE

Ante estos casos, más la recomendación general de 2002 dirigida a todos los gobernadores del país por la esterilización de mujeres y también de hombres indígenas a cambio de apoyos gubernamentales, Animal Político cuestionó a la CNDH si la anticoncepción forzada es una práctica generalizada en México. A lo que Isaías Trejo, director de quejas de la Cuarta Visitaduría, contestó que no pueden sostener una afirmación de tal calibre, aunque admitió que la situación es preocupante por los casos que se repiten.

“En la actualidad, no tenemos elementos para asegurar que la anticoncepción forzada es una práctica generalizada en México. Pero así sean solo tres casos, es una situación que no es sostenible ya que estamos ante una práctica muy grave”, señaló Trejo.

Regina Tames, por su parte, insistió en que los casos de anticoncepción forzada en el país van más allá de las recomendaciones de la CNDH.

“La cifra negra que no se denuncia es enorme”, subrayó la abogada especializada en temas de derechos humanos.

Por ejemplo, planteó Tames, los altos índices de mortalidad materna en México llevan a muchas mujeres a conformarse con tener un parto sano.

“Muchas mujeres ven como un milagro salir bien del parto, y por eso hay quienes no se preguntan si la presión de los médicos para consentir ponerse un DIU es anticoncepción forzada o no”, expuso la abogada.

Incluso, Tames añadió que muchas mujeres deciden no denunciar al personal médico porque después del parto tendrán que seguir acudiendo a la misma clínica o centro hospitalario donde fue presionada. Por lo que, por miedo a posibles represalias, prefieren no denunciar.

Visitas conyugales a cambio de inyectarse anticonceptivos

Por su parte, José Luis Gutiérrez, director de la asociación civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), refirió que hay mujeres que no denuncian porque realmente no son conscientes de que fueron objeto de violaciones a derechos humanos.

Así lo documentó ASILEGAL en su informe Mujeres privada de libertad: ¿Mujeres sin derechos?, en el que reveló que mujeres presas en cárceles del estado de Puebla eran chantajeadas por funcionarios para que se inyectaran anticonceptivos a cambio de su derecho de recibir visitas conyugales. 

“El 80% de las mujeres que entrevistamos nos dijo que veían esto como algo normal. No alcanzaban a entender la gravedad de la anticoncepción forzada”, resaltó Gutiérrez.

“Es decir, tenían en mente más bien la esterilización forzada, que ya es algo más grave –añadió-. Por eso, cuando les decíamos que ponerse una inyección, que además les ocasionaría reacciones adversas en su salud, era anticoncepción forzada, ellas te respondían que el reglamento de la cárcel era ese y que lo tenían que cumplir si querían tener su visita conyugal”.

Un sistema de salud fallido

Ante casos de anticoncepción forzada, personal médico consultado parar este reportaje argumentó dos cosas: una, que en efecto se trata de casos donde hubo una mala praxis médica, aunque consideran que no son casos generalizados. Y dos, recordaron que muchas de las negligencias médicas se cometen por falta de insumos y pésimas condiciones laborales.

Situación que este medio ha dado a conocer en reportajes como ‘Hospitales llenos y sin medicinas: el calvario de pacientes y doctores’, publicado en julio de 2016; o en el reportaje ‘Amenazados y sin medicinas: así trabajan los médicos que harán paro el 22 de junio’.

“Es cierto. Hay muchos casos en los que el personal médico es la víctima porque trabajan turnos de 72 horas, con el salario mínimo, y sin los insumos ni medicamentos necesarios, y estos nos habla de un sistema de salud fallido”, señaló Regina Tames.

Sin embargo, para GIRE esta mala situación laboral de los médicos no justifica en ningún caso la anticoncepción ni la esterilización forzada.

“El médico puede tener un error por falta de instrumentos. Pero hay casos que dependen 100 por ciento de la ética personal y profesional. Y no vemos cómo el hecho de coaccionar a alguien para que se ponga un DIU, pueda tener algo que ver con la falta de insumos”, concluyó Tames.