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Exfuncionarios de César Duarte tramitan 47 amparos (algunos contra órdenes de aprehensión)
Exfuncionarios de César Duarte tramitan 47 amparos (algunos contra órdenes de aprehensión)
2 minutos de lectura
Exfuncionarios de César Duarte tramitan 47 amparos (algunos contra órdenes de aprehensión)
04 de abril, 2017
Por: Redacción Animal Político
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Exfuncionarios de la administración de César Duarte en Chihuahua han tramitado al menos 47 amparos, algunos de ellos en contra de órdenes de aprehensión.

[contextly_sidebar id=”McRiizodCeVG7REC1WEqVWvsdvrZXwZa”]De acuerdo con un reporte de Omar Sánchez de Tagle en Grupo Fórmula, entre los exfuncionarios se encuentran Fidel Pérez Romero, extitular de la Secretaría de del Trabajo y Previsión Social; Mario Treviño Salazar, ex secretario Jurídico y General de Gobierno; y Guillermo Federico Duarte, quien es integrante de la Unión Ganadera y además primo de César Duarte.

Federico Duarte tiene al menos tres trámites de amparo en proceso, uno es para localizar averiguación previa, otro contra orden de aprehensión y otro para conocer cualquier tipo de investigación que se le realice, detalla el reporte.

Antonio Tarín, quien el 29 de marzo pasado se atrincheró en San Lázaro para evitar su detención, tramita un amparo para que se respeten sus derechos politico-electorales pueda rendir protesta como diputado federal suplente la próxima semana.

Un juez federal ya concedió una suspensión provisional en contra de la orden de aprehensión girada por un juez de Chihuahua en contra de Tarín García, quien está acusado del  delito de peculado.

El 28 de marzo, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó de una orden de aprehensión en contra de Duarte (2010–2016) por el delito de peculado.

La Interpol ya busca a Duarte también.

Apenas este lunes 3 de abril, la Fiscalía de Chihuahua informó sobre la vinculación a proceso de dos exfuncionarios de la administración de César Duarte en Chihuahua, ya que un juez consideró que hay elementos suficientes para iniciar un juicio en su contra, con la acusación de que incurrieron en peculado por un monto de 246 millones de pesos.

El desvío de recursos públicos, según las autoridades estatales, se dio con una contratación simulada de cursos para padres de familia y maestros, que nunca existieron, y con la asignación presupuestal para la compra de un software, que no fue adquirido. 

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