Otra fosa clandestina de Veracruz: 10 mil fragmentos humanos en un rancho y sólo 4 identificados
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Cuartoscuro/Archivo

Otra fosa clandestina de Veracruz: 10 mil fragmentos humanos en un rancho y sólo 4 identificados

La policía estatal del gobierno de Javier Duarte entregaba en un rancho a personas para ser “desaparecidas”. La PGR iniciará una nueva investigación.
Cuartoscuro/Archivo
Por Arturo Angel
10 de abril, 2017
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El proceso era simple, metódico y macabro. La persona era casi siempre entregada por la policía, después ejecutada de un balazo en la cabeza. Luego, las extremidades de su cuerpo eran separadas con un hacha para sumergirlas en un tambo con diésel ardiendo. Los fragmentos que quedaban, eran introducidos en una trituradora de caña.

El lecho de un río de 67 metros cuadrados, ubicado al lado del rancho donde todo lo anterior ocurría, era el depósito final de estas víctimas reducidas a pedazos de dos centímetros y cenizas.

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¿Cuántas personas murieron y desaparecieron ahí? Es algo que no se sabe pues los propios implicados declaran haber perdido la cuenta, pero los hallazgos dan una idea: los especialistas y buzos de la División Científica de la Policía Federal encontraron 10 mil fragmentos de huesos durante poco más de un mes de trabajo.

El “cementerio clandestino” en que se convirtió el rancho El Limón –ubicado el municipio de Tlalixcoyan, en Veracruz (a 125 km al sureste de Xalapa)– no es un hallazgo ocurrido ayer o la semana pasada. A este sitio se llegó hace más de un año como parte de las investigaciones por la desaparición de cinco jóvenes del municipio de Tierra Blanca ocurrido en enero de 2016.

“Esto parece que se olvidó pero lo encontrado en el rancho es casi idéntico en magnitud a las fosas de Colinas de Santa Fe. Aquí murieron cientos de personas que nadie sabe quiénes son”, dijo el Celestino Espinoza, representante legal de las víctimas de las familias de los desaparecidos en Tierra Blanca

Las declaraciones sobre lo que ocurría  en el rancho El Limón y los datos de los hallazgos están asentados la averiguación previa FGE/FIM/IM/01E/2016 abierta por en la Fiscalía de Veracruz, y a la que tiene acceso el abogado de las víctimas. La información fue corroborada por las autoridades del caso a Animal Político.

En el predio de Colinas de Santa Fe –definido por la Fiscalía como una de las fosas más grandes del país– fueron encontrados unos 14 mil fragmentos humanos, con la diferencia de que ahí existían cráneos que permiten tener una idea del número de personas asesinadas. En el rancho El Limón, de los 10 mil restos hallados los más grande son pedazos de fémur de tres centímetros. En ese sitio los criminales fueron aún más metódicos.

Hasta ahora, sólo cuatro personas han sido identificadas entre todos los restos humanos encontrados.

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La semana pasada el procurador General de la República, Raúl Cervantes, se comprometió en una reunión privada con las familias de los jóvenes desaparecidos Tierra Blanca a que el Ministerio Público Federal abrirá su propia carpeta de investigación por este caso ante la clara evidencia de la implicación el crimen organizado.

En su momento, la propia PGR desechó atraer el caso bajo el argumento de que la Fiscalía de Veracruz estaba a cargo de las investigaciones.

Muchas piezas, pocos resultados

El trabajo en el rancho El Limón se extendió por aproximadamente un mes y estuvo encabezado por los policías, buzos y especialistas de la División Científica de la Policía Federal. La atención se centró en el perímetro del rancho donde se ubica el lecho del Río Otapa, sitio donde se arrojaron los restos de las personas asesinadas.

Para la operación de búsqueda y rescate de los fragmentos el área se dividió en 48 cuadrantes de trabajo, cada uno de ellos de 4.5 por 2.5 metros de diámetro aproximado. El 11 de febrero de 2016 comenzaron los trabajos.

Prácticamente no hubo un solo día en el que no se encontraran restos enterrados, pero la jornada más relevante fue la del 1 de marzo, cuando en el cuadrante 25 se encontraron mil 989 fragmentos, según lo registrado en el expediente del caso.

El saldo total de las operaciones de búsqueda y rescate fue de 10 mil fragmentos rescatados, en su mayoría pedazos de hueso de 2 a 3 centímetros de tamaño. Muchos de estos restos se encontraron totalmente carbonizados.

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A más de un año de distancia sólo cuatro personas han sido identificadas gracias a los restos localizados. Entre ellos están dos de los cinco jóvenes desaparecidos del caso Tierra Blanca, Bernardo Benítez Arroniz y José Alfredo González Díaz.

La comparación genética de los restos encontrados también permitió la identificación de José Miguel Elvira Lozano y Ángela Mata Medina, personas secuestradas en distintos momentos y asesinadas en el referido rancho. Y es todo.

El abogado Celestino Espinoza, quien también fue agente del Ministerio Público, reconoció que en Veracruz no existe un banco de datos genéticos y que desconocen realmente cuantos perfiles genéticos pudieron haberse obtenido de los diez mil fragmentos encontrados.

“Hay muchas dudas del trabajo realizado y con lo que ya reveló la propia Fiscalía de que hubo simulación de tomas de muestra genéticas en la administración anterior realmente dudamos que se haya hecho un trabajo serio de identificación” dijo el litigante.

En este contexto la semana pasada las familias delos jóvenes detenidos tuvieron una reunión con el procurador Raúl Cervantes en donde expusieron la falta de avances en la investigación a nivel estatal y el hecho de que la propia PGR se rehusó a asumir la competencia en el caso por el delito de delincuencia organizada.

“El propio procurador Cervantes nos dijo que los homicidios en el Rancho El Limón no podía haber ocurrido sin una operación de la delincuencia organizada por lo que hizo el compromiso con nosotros de que se abrirá una carpeta de investigación y que la federación entrará en la investigación del caso” dijo Celestino Espinoza.

Por lo que respecta a los presuntos involucrados vinculados con el caos Tierra Blanca y el Rancho El Limón, hasta ahora suman 19 detenidos y procesados (11 civiles presuntos integrantes del crimen organizado y ocho expolicías) quienes hasta ahora no han sido sentenciados e incluso han presentado amparos en contra de los autos de formal prisión que se les dictaron, bajo el argumento de que fueron torturados.

Aliados con el enemigo

El 11 de enero cinco jóvenes que regresaban de unas vacaciones fueron detenidos por vehículos de la policía estatal sobre la carretera a la altura del municipio de Tierra Blanca. Esa fue la última ocasión que se les vio con vida.

El caso, difundido en redes sociales, cobró notoriedad de inmediato e impulsó una investigación a la que se unió rápidamente el gobierno federal y comenzaron las detenciones. Primero fueron capturados ocho policías estatales entre ellos el comandante Marcos Conde Hernández, quien ya había sido señalado en otros casos de desapariciones.

El abogado Celestino Espinoza, quien ha tenido acceso al expediente del caso, explicó que los policías confesaron su complicidad en los hechos y uno de ellos, de nombre Rubén Pérez Andrade, fue el que describió paso a paso que en el caso de los jóvenes de Tierra Blanca, como pasaba en otros hechos, las víctimas fueron entregadas en el rancho El Limón. Estas declaraciones están asentadas en el expediente consignado contra los detenidos.

La información proporcionada por los policías facilitó la identificación y detención de los presuntos delincuentes que operaban en el rancho, Hasta ahora son once los civiles capturados y consignados, todos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Ellos declararon paso a paso cómo es que consiguieron desaparecer a todas estas personas. Lo de los tambos con diésel y la trituradora de caña. Ellos en sus declaraciones explican que, por lo menos desde hace un año atrás, se llevaban a personas ahí que eran asesinadas y desaparecidas”, explicó el litigante.

Las investigaciones evidenciaron que de los ocho policías detenidos siete estaban en funciones pese a que habían reprobado los exámenes de control de confianza, entre ellos el propio comandante Marcos Conde Hernández.

El abogado explicó que Conde Hernández, antes de pertenecer a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue integrante de la desaparecida “policía intermunicipal” de donde fue dado de baja. En el periodo en que estuvo sin trabajo fue incluso detenido por presuntamente realizar trabajos como “halcón” del crimen organizado y portar un arma de alto poder sin tener permiso para ello.

“Pese a estos antecedentes Bermúdez contrató a Conde como mando de la policía estatal. Es imposible que no supera de las denuncias en su contra y aun así lo contrató y mantuvo pese a que ni él ni los demás superaron los controles de confianza” dijo el abogado.

La presunta responsabilidad de Bermúdez no termina ahí. Antes de verse involucrado en el caso de Tierra Blanca, Conde fue denunciado por sus implicaciones en desapariciones previas que involucraban a sus agentes, tanto en el municipio de Medellín como en el de La Antigua.

Pese a ello el comandante no fue destituido. Lo que hizo Bermúdez fue moverlo de las adscripciones territoriales donde era denunciado hasta que llegó a Tierra Blanca.

El 13 de octubre de 2016 los representantes legales de las víctimas del caso Tierra Blanca presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República en contra de Arturo Bermúdez por no haber removido del cargo al comandante Conde y los otros policías involucrados en las desapariciones, pese a que no contaban con la certificación de confianza que exige la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Animal Político publicó esta semana que tanto a nivel federal como en el estatal se preparan consignaciones en contra de Bermúdez por su presunto vínculo con diversos casos de desaparición en Veracruz.

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Ayotzinapa: quién es Jesús Murillo Karam, el exprocurador acusado de torturas y desaparición forzada

El extitular de la Procuraduría General de la República y principal responsable de la investigación tras la desaparición de los 43 estudiantes fue detenido este viernes.
20 de agosto, 2022
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Poco podía imaginar Jesús Murillo Karam que algunas de las frases que pronunció tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 se acabarían convirtiendo en auténticos emblemas cargados de polémica que resuenan hasta el día de hoy.

Como titular de la entonces Procuraduría General de la República (Fiscalía) de México, estuvo en el ojo del escrutinio público a medida que las dudas y distintas teorías salpicaban la investigación de uno de los mayores casos de vulneración de derechos humanos en la historia del país.

Una de sus intervenciones públicas más recordadas fue cuando habló de “verdad histórica” para referirse a la entonces versión oficial de lo sucedido: que los estudiantes habían sido entregados a un grupo criminal que los habría asesinado e incinerado.

Pero ni familiares ni grupos independientes de expertos internacionales creyeron esta versión, que acabó siendo descartada oficialmente por la Fiscalía en 2020.

Este viernes, sin oponer resistencia, Murillo Karam fue detenido frente a su vivienda en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más lujosas de Ciudad de México.

Su arresto tuvo lugar solo 24 horas después de la publicación de un informe de la Comisión de la Verdad creada en 2018 por el gobierno para esclarecer lo sucedido.

El organismo tildó de “crimen de Estado” lo ocurrido en el que “estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles” y señaló a varios exfuncionarios, entre ellos el propio Murillo Karam.

Al exprocurador se le acusa de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.

Familiares de los desaparecidos protestan ante la sede de la cancillería

Getty Images
Familiares de los desaparecidos en Ayotzinapa protestan en la cancillería mexicana.

¿Quién es Murillo Karam?

Murillo Karam nació hace 74 años en el municipio de Real del Monte, en el estado mexicano de Hidalgo.

Tras estudiar Derecho, comenzó su carrera política como abogado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde ocupó el cargo de secretario general de la formación y llegó a ser diputado y senador de la República.

Entre 1993 y 1998, fue gobernador de Hidalgo, su estado natal. Posteriormente ocupó el cargo de subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación.

A finales de 2012,se incorporó al gobierno de Enrique Peña Nieto, de su mismo partido, como procurador general.

Aunque permaneció en el cargo durante poco más de dos años, durante su gestión estuvo al frente de sonados casos en México como la segunda captura en 2014 de Joaquín “el Chapo” Guzmán, exlider del cartel de Sinaloa.

Sin embargo, fue su investigación tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de aquel mismo año en Iguala, Guerrero, la que marcó su labor y le acarreó un aluvión de críticas y peticiones de dimisión.

Tomás Zerón durante una conferencia de prensa.

AFP
Tomás Zerón fue el jefe de investigación de la versión establecida como “verdad histórica” se encuentra fuera de México.

Del “ya me cansé” a la “verdad histórica”

El caso pronto adquirió repercusión internacional y la presión para que la investigación liderada por la Procuraduría arrojara resultados también aumentó casi tanto como las dudas de los familiares de los jóvenes ante las explicaciones que las autoridades les ofrecían sobre lo ocurrido.

Pocas semanas después de la desaparición, en una de sus múltiples conferencias ante la prensa para ofrecer detalles de las pesquisas, Murillo Karam protagonizó uno de los momentos más nefastos y criticados de su carrera.

El exprocurador cortó las preguntas de los periodistas con un recordado “Muchas gracias, ya me cansé”, en un momento en el que la sociedad exigía respuestas sobre lo ocurrido.

Aquella icónica frase se convirtió en una especie de lema para quienes exigían justicia, hartos de la violencia y la impunidad reinantes en el país, y que protagonizaron protestas en las calles y en las redes sociales durante semanas con el hashtag #YaMeCansé

En enero de 2015, acompañado del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón -actualmente prófugo de la justicia mexicana en Israel por su presunta vinculación con este mismo caso- Murillo Karam presentó lo que llamó “versión histórica” de lo sucedido con los jóvenes.

La teoría apuntaba a que los estudiantes habían sido entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en el basurero municipal de Colula, en el estado de Guerrero.

“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”, dijo Murillo Karam en aquella polémica intervención por la que recibió duras críticas de familiares de los jóvenes y organismos internacionales en desacuerdo con el transcurso de la investigación.

Un mes después, Murillo Karam dimitió y le cedió su puesto como procurador a la senadora del PRI, Arely Gómez González.

Tras la polémica, el ya exprocurador concluyó su vida profesional al frente de la mucho más tranquila Secretaría de Desarrollo Agrario, donde solo permaneció unos meses.

Desde entonces, mantuvo un perfil público bastante bajo. Su nombre solo regresaba a la luz pública gracias a las distintas investigaciones e informes de organismos publicados sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en los años recientes.

El último, el publicado por la Comisión de la Verdad este jueves y que volvió a poner a Murillo Karam sobre la palestra como una de las autoridades presuntamente responsables de “alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad “, culminó con la detención del considerado “arquitecto de la verdad histórica” de Ayotzinapa.


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