México tiene 8,000 indígenas en prisión sin condena
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
CEPIADET

México tiene 8,000 indígenas en prisión sin condena

El problema de la justicia mexicana se refleja en Adán Cruz Gallegos, un indígena zapoteco de Oaxaca que lleva siete años encarcelado a la espera de una sentencia. Sus abogados afirman que lo obligaron a firmar una declaración de culpa sin entender español.
CEPIADET
Por Lilia Saúl y Olga Rosario Avendaño para Animal Político y Univisión
19 de abril, 2017
Comparte

Adán de la Cruz Gallegos, de 45 años, es un indígena zapoteco del estado de Oaxaca (Sur de México) que lleva siete años preso, esperando a que un tribunal decida si es culpable o no de dos delitos de secuestro.

Su abogado asegura que fue detenido sin orden de aprehensión el 4 de octubre de 2010 en las calles de su ciudad natal, Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec, a unos 400 kilómetros al este de la capital de Oaxaca.

Lo acusan por los secuestros de la médica Amira Sánchez Martínez, el 13 de octubre de 2009, y el de Julio Rasgado, el 27 de julio de ese año.

Al inicio del proceso judicial, no tuvo un traductor –su lengua materna es el zapoteco y no habla bien español–. Hace siete años firmó una declaración de culpabilidad, pero su actual defensor público afirma que no fue de su autoría , sino que se la redactaron y lo obligaron a firmar. El abogado prefiere omitir su identidad ante el temor a perder su trabajo por ser un funcionario federal.

Adán Cruz Gallegos, un indígena de Oaxaca, lleva siete años preso esperando a que un tribunal decida si es culpable o inocente de dos delitos de secuestro.

Un certificado médico en el expediente del caso señala que fue golpeado durante los primeros días que estuvo detenido.

En enero de este año la defensa de Adán presentó varios documentos para probar su inocencia. Una es la declaración del gerente de un hotel en Champotón, Campeche, quien aseguró que el día que Amira Sánchez fue secuestrada, Adán de la Cruz estaba alojado ahí, lejos de donde ocurrió el crimen. La carta es parte del expediente penal 98-2010 del Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca.

Pero también existe una carta de la empresa para la cuál laboraba de la Cruz, según la cuál, el 13 de octubre de 2009 el hombre estaba trabajando en Seybaplaya, Campeche, una ciudad ubicada a 768 kilómetros de distancia de Juchitán, donde ocurrió el secuestro.

Algo similar pasa con el secuestro de Julio Rasgado. El expediente judicial de Cruz –entonces empleado de la empresa Nabor Drilling Perforaciones– contiene documentos oficiales del Servicio Marítimo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en los cuales se acredita que el 21 de julio de 2009, Adán de la Cruz Gallegos abordó la plataforma (petrolera) Alkal Delta (Akal G-R), en la ciudad del Carmen, Campeche, donde estuvo 28 días.

Esto, dice su abogado, demuestra que el acusado no estaba en Juchitán el día que secuestraron a Rasgado.

El juez que lleva el caso, Anastacio Ochoa Pacheco, asegura que la Ley penal impide que una persona acusada de secuestro y delincuencia organizada –como es el caso de Adán– enfrente su proceso fuera de prisión. El juez explica que la Constitución mexicana establece un plazo máximo de un año en prisión preventiva, salvo cuando el imputado requiera mayor tiempo para defenderse.

“En estos casos hay complicaciones y se retrasan. A veces no hay traductores, o no viene el agente aprehensor que debería declarar. O no hay gasolina para trasladar al reo, o hay bloqueos, o es díficil encontrar a las personas con las que se va a carear. Y si no seguimos el debido proceso nos impugnan y retrocedemos tres años. Y él ha ofrecido muchas pruebas, son estrategias de la defensa”, dice el juez para justificar, en parte, la larga estadía de Adán en la prisión.

El juez Ochoa dice que, hasta que no se evacúen todas las pruebas ofrecidas, de una y otra parte, y se realicen las pruebas periciales pendientes, no podrá dictar una sentencia.

La esposa de Adán, Rosa Ramírez Tolentino, recuerda que cuando detuvieron a su marido estaban saliendo del templo después de bautizar a su hija. “Íbamos a hacer fiesta, los invitados estaban esperándonos, pero ya no llegamos, porque a él se lo llevaron”, dijo.

Esta fotografía que aparece en el expediente de Adán de la Cruz fue tomada minutos antes de su detención, el 14 de octubre de 2009, cuando salía de bautizar a su hija menor en Juchitán de Zaragoza. Desde entonces de la Cruz está preso. CEPIADET

 

Siete años tiene Rosa en un ir y venir para conseguir las pruebas necesarias que probarían que su esposo no participó en los secuestros por los que se le acusan. Actualmente el caso está en un Tribunal de Apelación.

Según cuenta, los abogados privados que contrató le pidieron dinero y no hicieron nada por su marido. Y tuvo tres defensores públicos que tampoco pudieron avanzar.

Si es culpable o no, eso solo lo puede decidir el juez. Pero lo cierto es que, al igual que Adán de la Cruz, en México hay unos 8,000 indígenas –la mayoría no habla español– encarcelados, a la espera de una sentencia. Y podrían pasar años antes de que su situación se resuelva, porque en muchos casos, la carga de trabajo es grande en la Defensoría Pública, los abogados no son suficientes, o no hay traductores, y no pueden dedicarle mucho tiempo a cada caso que atienden.

El Instituto Federal de Defensoría Pública tiene 25 abogados y 21 oficiales administrativos para atenderlos, y cubre la defensa penal en 34 lenguas. Pero en México hay 18 millones de indígenas que hablan 68 idiomas y alguna de sus 364 variantes.

En México, unos 8,000 indígenas esperan en prisión por una sentencia, sin que su situación se resuelva pronto. La mayoría no habla español.

Es decir, por cada 600,000 habitantes indígenas, hay sólo un defensor federal de oficio.

PROBLEMA CONOCIDO

La Defensoría Pública Federal solo atiende casos que implican delitos federales, como el tráfico de drogas, el secuestro o el crimen organizado. Por los dos últimos está preso Adán de la Cruz.

Cada estado cuenta con sus propias defensorías públicas, que resuelven delitos del fuero común. En este caso, también hay un déficit de personal para atender a todas las personas que están en las cárceles, según lo reconocen políticos, autoridades y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.

No existe certeza de cuántos abogados públicos que hablen una lengua indígena trabajan en los 32 estados de la república, pues la mayoría de gente se apoya en instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas o la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) así como organizaciones no gubernamentales.

Lo que se sabe es que la CDI busca contar con 500 abogados bilingües para ayudar a todas las entidades del país, pues actualmente tiene 198 abogados inscritos en el Padrón Nacional de Abogados Indígenas.

En México, por cada 600,000 habitantes indígenas hay solo un defensor público federal.

También existe el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (Panitli), que cuenta con 600 intérpretes y traductores, pero la mayoría no son ocupados por la justicia mexicana, pues las fiscalías o ministerios públicos locales carecen de recursos para pagar sus honorarios o traslados, dejando de lado un apoyo necesario para la defensa del indígena en reclusión.

Se han dado casos dramáticos como los que narra Mario Torres López, el director de la Defensoría Pública Federal: hombres encarcelados por delitos ambientales, porque mataron iguanas en un intento de llevar comida a su casa. O indígenas detenidos por recolectar peyote (planta psicodélica) para consumo personal. O ancianas presas, a quienes engañaron para entregar paquetes con droga.

En 2016, la defensoría federal atendió a 676 indígenas que están encarcelados bajo el anterior Sistema de Justicia Penal y a 257 que están bajo el nuevo modelo, que procura evitar que el prisionero pase más de dos años en prisión sin sentencia. Hay defensores que tramitaron hasta 150 casos en un año, explicó Torres López.

El funcionario defiende la cantidad de casos que atendió la institución que dirige y asegura que la carga de trabajo es “razonable”.

“Los defensores que tenemos, poco más de 800, son suficientes para hacerle frente adecuadamente a todos los servicios de defensa en materia federal”, dijo.

Un reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos detalló que en noviembre de 2015 había 8,412 indígenas en los centros penitenciarios del país. De ellos 7,728 pertenecían al fuero común y 684 a la jurisdicción federal.

Pero la carencia de abogados que hablen lenguas indígenas es el verdadero problema para una población que de por sí es vulnerable.

“Debido a su condición monolingüe (…) no comprenden a cabalidad las circunstancias legales que enfrentan, aunado al hecho de que muchas veces carecen de asesoría jurídica inmediata”, señala la Comisión en suinforme de 2016.

Todos los años, la comisión de derechos humanos logra la liberación anticipada de personas que no deberían estar en la cárcel. El año pasado, consiguieron sacar a 60 indígenas, la mayoría de Veracruz y Chiapas.

En agosto de 2000, una reforma a la Constitución Política hizo obligatorio que en todos los juicios y procedimientos penales contra los indígenas se deberían toma en cuenta sus costumbres y particularidades culturales, especialmente su idioma. Sin embargo, 16 años después, la Defensoría Pública federal solo tiene 25 abogados para atenderlos.

En 2015, ante este rezago, el Senado mexicano pidió a los gobiernos estatales “hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas”. Antes, en 2013, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa presentó una iniciativa de ley para exigir la acreditación profesional de los defensores públicos especializados en pueblos indígenas y garantizar su servicio en todas las etapas del proceso penal. Pero a la fecha, nada de eso se ha concretado.

LA CONDENA DE ADELA GARCÍA

Ante las carencias para atender a los indígenas en reclusión, legisladores como Germán Ernesto Ralis Cumplido, del partido Movimiento Ciudadano, propusieron modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que cualquier documento que deban firmar los acusados esté escrito en su lengua.

Esto evitaría desgracias como la que vive Adela García Carrizosa, originaria de San Lucas Zoquiapan, Oaxaca.

La detuvieron en mayo de 2009 y la acusaron de matar a su cuñado Artemio Rosas García, quien intentó abusar sexualmente de ella.

Fue solo el 3 de octubre de 2012, con ayuda de un intérprete, cuando supo de qué se le acusaba, asegura Gerardo Martínez, abogado del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET).

Ese día le leyeron su declaración inicial, donde supuestamente aceptaba haber ayudado a su esposo Germán Rosas García a matar a machetazos a Artemio Rosas García y enterrarlo en la letrina que tenían en la parte baja de su casa.

“Ella no sabía leer ni escribir. Puso su huella en hojas en blanco y solo dos años después supo porqué está en prisión”, dice Martínez.

El defensor asegura que García fue llevada ante la fiscalía de Huautla de Jiménez sin un traductor: “no entendió lo que le decían y tampoco supo lo que firmó por ser monolingüe” .

Según la versión de Adela y su abogado, Germán Rosas llegó a la casa cuando su hermano Artemio intentaba abusar sexualmente de Adela, por lo que la defendió y los hermanos se golpearon; ella huyó a casa de una vecina con sus dos niñas.

La mujer fue sentenciada a 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado y permanece en la cárcel de mujeres de Tanivet, Tlacolula, al oriente de la capital oaxaqueña. Por la distancia, no ha podido ver a sus hijas de siete y 10 años de edad.

La propuesta del legislador Ralis Cumplido no se ha discutido en la Cámara de Diputados, al igual que otra del legislador Victoriano Wences Real, del PRD, quien propuso modificar la Constitución para exigir que las defensorías públicas brinden un servicio en la lengua de los acusados.

EL CASO OAXACA

En México, la mayoría de indígenas que guardan prisión está en cárceles de Oaxaca, Chiapas y Puebla.

Solo en Oaxaca, el 66% de la población es indígena. El CEPIADET calcula que la defensoría pública del estado requiere un presupuesto mínimo de 42 millones de pesos (2.2 millones de dólares) al año para contratar intérpretes y traductores para toda la población encarcelada .

Esto significaría el 3% del presupuesto total que actualmente tiene la Fiscalía del estado.

Tomás López Sarabia, Director de CEPIADET, dice que este recurso es lo mínimo que se debe pedir al gobierno de Oaxaca, que en la pasada administración gastó 250 millones de pesos (13.3 millones de dólares) en publicidad oficial.

El titular de los defensores públicos federales, Mario Torres López, considera que la desigualdad va más allá del número de abogados que hablan una lengua indígena, y trae otro problema a la mesa: las diferencias salariales en todas las defensorías del país.

Mientras los abogados federales tienen salarios competitivos (unos 2,000 dólares mensuales), la mayoría de abogados estatales no ganan más de 10,000 pesos (500 dólares). Es un tema pendiente en la reforma de Justifica Penal que México aprobó en 2008, y que rige desde el año pasado.

“No hay uniformidad. De hecho, lo único que introdujo la Constitución fue que el defensor público, ya sea federal o de las entidades federativas, no gane menos de lo que ganan los fiscales del Ministerio Público”, explicó Torres.

Doroteo Aurelio Vásquez Vásquez, coordinador de la defensoría pública en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca explica que en promedio lleva 15 audiencias al mes y hay días que atiende tres sesiones de distintos casos, además de otras diligencias.

Vázquez explica que en ocasiones saca de su propio dinero para acudir a las audiencias de sus defendidos. Entre las carencias que observa está la falta de asistentes técnicos.

“Es una necesidad para todo el estado. Es importante que la institución cuente con peritos propios, para que éstos puedan ejercer esta función donde se requiera y donde la defensoría pública lleve su investigación”, dice.

Por falta de estos peritos es que los familiares de Adán Cruz y Adela García han tenido que ingeniárselas para recolectar sus propias pruebas, en un intento por demostrar que ellos son inocentes.

Pero siguen esperando. Ni los abogados de oficio ni las pruebas que presentaron han permitido que las cosas cambien.

Aquí puedes consultar otras historias de este especial 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Vacuna COVID: qué significa el porcentaje de efectividad de la inmunización y cómo se mide

Aunque el dato varía de una vacuna a otra, los expertos aconsejan vacunarse con la que esté disponible y haya sido aprobada en su país.
6 de febrero, 2021
Comparte

Las cifras de efectividad de las vacunas contra la covid-19 se acumulan en los titulares, aumentando las esperanzas de un mundo ávido por superar la pesadilla de la pandemia.

La última cifra conocida fue el 92% de eficacia que un artículo publicado en la revista científica The Lancet atribuye a la vacuna rusa Sputnik-V, que se suma al 95% reportado por la desarrollada por Pfizer-BioNtech, el 94.1% de la de Moderna y el 70% de la de la Universidad de Oxford y AstraZeneca.

Son todos datos alentadores que invitan a pensar que los programas de vacunación masiva deberían servir para poner bajo control al coronavirus SARS-Cov-2, que ya ha causado más de dos millones de muertes en el mundo, y una crisis sanitaria y social sin precedentes en la historia reciente.

Al contrario que las desarrolladas por Pfizer y Moderna, que se basan en una novedosa tecnología que permite la exposición del organismo a un fragmento del ARN del coronavirus, la Sputnik-V utiliza un virus del resfriado común que se modifica para que actúe como vector y provoque una respuesta controlada del sistema inmune que se repetirá si detecta la presencia en el cuerpo del SARS-Cov-2

De acuerdo con las cifras de “Our world in data”, más de 103 millones de personas han sido ya vacunadas en todo el mundo, la gran mayoría en países desarrollados.

Según los expertos, harán falta muchas más para controlar una pandemia que acumula casi 104 millones de casos confirmados y más de 2.24 millones de muertes.

Vacuna contra la covid.

Getty Images
Algunas de las vacunas aprobadas requieren la aplicación de dos dosis.

Pese a que aún no se cuenta con datos concluyentes sobre por cuánto tiempo quedan inmunizadas frente al contagio las personas que reciben las diferentes vacunas, los científicos insisten en que vacunar a cuantos más cuanto antes es la prioridad en este momento.

La experta infectóloga María Elena Bottazzi, del Colegio Baylor de Medicina de Houston, en EE.UU., le dijo a BBC Mundo que “no hay que ponerse a comparar vacunas; hay que ponerse la vacuna que esté disponible en el lugar donde uno resida. Lo importante es vacunarse porque eso reducirá mucho el riesgo de tener una enfermedad grave o morir, y nos ayudará a empezar a controlar este virus”.

Aunque la información disponible es aún escasa, debido a la fase temprana en la que se encuentra la vacunación a nivel mundial y a que tampoco hay evidencia concluyente sobre en qué medida las vacunas previenen la propagación del virus en los pacientes asintomáticos, los primeros indicios apuntan a que la alta efectividad de las vacunas contribuye significativamente a la reducción de los contagios.

Es lo que se ha observado entre los mayores de 60 años vacunados en Israel, donde de las más de 750.000 personas de esta franja de edad que recibieron la vacuna solo un 0.07% dio después positivo por coronavirus.

Según la doctora Bottazzi, “la alta efectividad que están mostrando las vacunas es la mejor noticia que tenemos hasta el momento”.

Gráfico comparativo de las vacunas.

BBC
Cada vacuna tiene características diferentes.

Lo cierto es que cuando investigadores en todo el mundo trabajaban en los laboratorios en busca de una vacuna contra la covid, entre la comunidad científica se consideraba que sería un éxito lograr una que tuviera un 50% de efectividad y pocos pronosticaban que se fuera a obtener una en tan pocos meses, ya que ese es un proceso que suele durar años.

Botazzi recuerda que “la mayoría de las vacunas contra la gripe tienen una efectividad que ronda el 40% y aún así salvan millones de vidas cada año”.

Pero ¿cómo se mide realmente la efectividad de una vacuna?

Eficacia y efectividad

Aunque puedan parecer sinónimos, para los científicos la efectividad y la eficacia de una vacuna no son la misma cosa.

Tal como lo explica el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), “la eficacia y la efectividad de una vacuna miden la reducción proporcional de casos entre las personas vacunadas”. Pero el término eficacia se usa cuando se refiere a “un estudio que se lleva a cabo en condiciones ideales, por ejemplo durante un ensayo clínico”. El término efectividad es el que se emplea en “un estudio que se lleva a cabo bajo las condiciones ambientales típicas, es decir, menos controladas”.

Esto explica que muchos expertos vaticinen que los inesperadamente altos porcentajes de eficacia que han mostrado en los ensayos de laboratorio las vacunas aprobadas descenderán cuando se apliquen en las condiciones ambientales reales de la población, cuando se deje de hablar de eficacia para empezar a hacerlo de efectividad.

Aún así, seguirán siendo junto al distanciamiento social la mejor arma con la que cuenta la humanidad en su guerra contra el virus.

Los doctores David Spiegelhalter, de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Anthony Masters, de la Sociedad Real Estadística Británica, propusieron en un artículo publicado en The Guardian una manera de visualizar de qué hablamos cuando nos referimos de la eficacia de las vacunas.

“Imaginen a 100 personas con covid. Una eficacia del 90% significa que de haber recibido la vacuna, solo 10 hubieran caído enfermas. La eficacia de la vacuna es la reducción relativa del riesgo: sea cual sea tu riesgo, se reduce en un 90% si te vacunan”.

Los investigadores llegan a estas cifras en los ensayos comparando las cifras entre grupos de personas vacunadas y no vacunadas. Por eso en los ensayos hay voluntarios que reciben la vacuna en pruebas y otros solo una sustancia placebo, y ninguno sabe qué fue lo que realmente se le administró.

Las vacunas que hasta el momento han publicado datos sobre su efectividad han sido probadas en decenas de miles de personas, y no han presentado mayores problemas de seguridad ni se han reportado reacciones adversas inesperadas..

En el ensayo de la vacuna desarrollada por Pfizer BioNtech, se registraron 8 casos entre las 22.000 personas a las que se administró la vacuna. Entre los otros 22.000 voluntarios que recibieron el placebo, el número de contagiados escaló hasta 162. Eso significa que el riesgo de caer enfermo entre la población vacunada fue de 0,04%.

En cualquier caso, como las condiciones sobre el terreno nunca serán las mismas que las recreadas por los investigadores en el laboratorio, se deberá seguir evaluando la efectividad de las vacunas, ya no su eficacia. La doctora Bottazzi señala que “deberemos seguir monitoreando, también para desarrollar nuevos esquemas en el caso de que la efectividad se reduzca ante nuevas mutaciones del virus”.

Y recuerda: “Los científicos ya estamos trabajando en eso”.

Niño tosiendo en un bus.

Getty Images
La distribución de las vacunas a los países menos desarrollados es uno de los grandes desafíos para poner fin a la pandemia.

Qué pasará ahora con la Sputnik-V

Las vacunas aprobadas varían en función de los países. Hasta ahora, las de Pfizer-BioNtech, Moderna, y la elaborada por la Unversidad de Oxford y AstraZeneca, han recibido el visto bueno en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea.

Las chinas de CanSino, Sinopharm y Sinovac han sido aprobadas en China y, en algunos casos también en otros países como Brasil o Emiratos Árabes Unidos. En la India se ha autorizado el uso de emergencia de la del fabricante local Bharat Biotech.

La Sputnik-V despertó recelos entre algunos en la comunidad científica occidental porque apreciaban falta de transparencia en las prácticas del Centro Gamaleya, el laboratorio ruso que la desarrolló. Pero ahora ahora que una prestigiosa revista científica ha avalado sus resultados es posible que su uso sea aprobado también por algunos países que hasta ahora no la contemplaban como opción

Mapa del mundo con una inyectadora.

Getty Images
Expertos estiman que el 60-70% de la población mundial necesita ser inmune al virus para evitar que se siga propagando.

En América Latina, varios gobiernos han suscrito acuerdos para usarla, como los de Venezuela, Argentina y México.

La doctora Mottazzi señala un aspecto en el que la vacuna rusa no parece a la altura de las occidentales basadas en ARN modificado. “Ofrece una alta protección, pero en comparación con otras el número de anticuerpos neutralizantes que induce es bastante bajo”. Esto, señala la experta, podría perjudicar a la duración de la inmunidad que provee y su potencial efectividad frente nuevas mutaciones del virus.

Sin embargo, la experta recuerda que aún no hay información concluyente sobre cuánto dura la inmunidad de otras vacunas y la incorporación de la Sputnik-V al arsenal médico frente a la enfermedad debe ser visto como una buena noticia.

Como dijo dijo el secretario mexicano de Salud, Hugo López-Gatell, en la rueda de prensa en que anunció su aprobación: “Esto es alentador; tenemos una nueva vacuna en el repertorio”.

Teniendo en cuenta que el desafío principal ahora es producir las vacunas en cantidad suficiente y distribuirlas también los países en desarrollo, donde muchas veces no se cuenta con las condiciones adecuadas para su conservación y manipulación, cuantas más se sumen a la lista mayor será la esperanza de terminar con la pandemia.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=9eUoEbUOy80&t=1401s

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.