México tiene 8,000 indígenas en prisión sin condena
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México tiene 8,000 indígenas en prisión sin condena

El problema de la justicia mexicana se refleja en Adán Cruz Gallegos, un indígena zapoteco de Oaxaca que lleva siete años encarcelado a la espera de una sentencia. Sus abogados afirman que lo obligaron a firmar una declaración de culpa sin entender español.
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Por Lilia Saúl y Olga Rosario Avendaño para Animal Político y Univisión
19 de abril, 2017
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Adán de la Cruz Gallegos, de 45 años, es un indígena zapoteco del estado de Oaxaca (Sur de México) que lleva siete años preso, esperando a que un tribunal decida si es culpable o no de dos delitos de secuestro.

Su abogado asegura que fue detenido sin orden de aprehensión el 4 de octubre de 2010 en las calles de su ciudad natal, Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec, a unos 400 kilómetros al este de la capital de Oaxaca.

Lo acusan por los secuestros de la médica Amira Sánchez Martínez, el 13 de octubre de 2009, y el de Julio Rasgado, el 27 de julio de ese año.

Al inicio del proceso judicial, no tuvo un traductor –su lengua materna es el zapoteco y no habla bien español–. Hace siete años firmó una declaración de culpabilidad, pero su actual defensor público afirma que no fue de su autoría , sino que se la redactaron y lo obligaron a firmar. El abogado prefiere omitir su identidad ante el temor a perder su trabajo por ser un funcionario federal.

Adán Cruz Gallegos, un indígena de Oaxaca, lleva siete años preso esperando a que un tribunal decida si es culpable o inocente de dos delitos de secuestro.

Un certificado médico en el expediente del caso señala que fue golpeado durante los primeros días que estuvo detenido.

En enero de este año la defensa de Adán presentó varios documentos para probar su inocencia. Una es la declaración del gerente de un hotel en Champotón, Campeche, quien aseguró que el día que Amira Sánchez fue secuestrada, Adán de la Cruz estaba alojado ahí, lejos de donde ocurrió el crimen. La carta es parte del expediente penal 98-2010 del Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca.

Pero también existe una carta de la empresa para la cuál laboraba de la Cruz, según la cuál, el 13 de octubre de 2009 el hombre estaba trabajando en Seybaplaya, Campeche, una ciudad ubicada a 768 kilómetros de distancia de Juchitán, donde ocurrió el secuestro.

Algo similar pasa con el secuestro de Julio Rasgado. El expediente judicial de Cruz –entonces empleado de la empresa Nabor Drilling Perforaciones– contiene documentos oficiales del Servicio Marítimo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en los cuales se acredita que el 21 de julio de 2009, Adán de la Cruz Gallegos abordó la plataforma (petrolera) Alkal Delta (Akal G-R), en la ciudad del Carmen, Campeche, donde estuvo 28 días.

Esto, dice su abogado, demuestra que el acusado no estaba en Juchitán el día que secuestraron a Rasgado.

El juez que lleva el caso, Anastacio Ochoa Pacheco, asegura que la Ley penal impide que una persona acusada de secuestro y delincuencia organizada –como es el caso de Adán– enfrente su proceso fuera de prisión. El juez explica que la Constitución mexicana establece un plazo máximo de un año en prisión preventiva, salvo cuando el imputado requiera mayor tiempo para defenderse.

“En estos casos hay complicaciones y se retrasan. A veces no hay traductores, o no viene el agente aprehensor que debería declarar. O no hay gasolina para trasladar al reo, o hay bloqueos, o es díficil encontrar a las personas con las que se va a carear. Y si no seguimos el debido proceso nos impugnan y retrocedemos tres años. Y él ha ofrecido muchas pruebas, son estrategias de la defensa”, dice el juez para justificar, en parte, la larga estadía de Adán en la prisión.

El juez Ochoa dice que, hasta que no se evacúen todas las pruebas ofrecidas, de una y otra parte, y se realicen las pruebas periciales pendientes, no podrá dictar una sentencia.

La esposa de Adán, Rosa Ramírez Tolentino, recuerda que cuando detuvieron a su marido estaban saliendo del templo después de bautizar a su hija. “Íbamos a hacer fiesta, los invitados estaban esperándonos, pero ya no llegamos, porque a él se lo llevaron”, dijo.

Esta fotografía que aparece en el expediente de Adán de la Cruz fue tomada minutos antes de su detención, el 14 de octubre de 2009, cuando salía de bautizar a su hija menor en Juchitán de Zaragoza. Desde entonces de la Cruz está preso. CEPIADET

 

Siete años tiene Rosa en un ir y venir para conseguir las pruebas necesarias que probarían que su esposo no participó en los secuestros por los que se le acusan. Actualmente el caso está en un Tribunal de Apelación.

Según cuenta, los abogados privados que contrató le pidieron dinero y no hicieron nada por su marido. Y tuvo tres defensores públicos que tampoco pudieron avanzar.

Si es culpable o no, eso solo lo puede decidir el juez. Pero lo cierto es que, al igual que Adán de la Cruz, en México hay unos 8,000 indígenas –la mayoría no habla español– encarcelados, a la espera de una sentencia. Y podrían pasar años antes de que su situación se resuelva, porque en muchos casos, la carga de trabajo es grande en la Defensoría Pública, los abogados no son suficientes, o no hay traductores, y no pueden dedicarle mucho tiempo a cada caso que atienden.

El Instituto Federal de Defensoría Pública tiene 25 abogados y 21 oficiales administrativos para atenderlos, y cubre la defensa penal en 34 lenguas. Pero en México hay 18 millones de indígenas que hablan 68 idiomas y alguna de sus 364 variantes.

En México, unos 8,000 indígenas esperan en prisión por una sentencia, sin que su situación se resuelva pronto. La mayoría no habla español.

Es decir, por cada 600,000 habitantes indígenas, hay sólo un defensor federal de oficio.

PROBLEMA CONOCIDO

La Defensoría Pública Federal solo atiende casos que implican delitos federales, como el tráfico de drogas, el secuestro o el crimen organizado. Por los dos últimos está preso Adán de la Cruz.

Cada estado cuenta con sus propias defensorías públicas, que resuelven delitos del fuero común. En este caso, también hay un déficit de personal para atender a todas las personas que están en las cárceles, según lo reconocen políticos, autoridades y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.

No existe certeza de cuántos abogados públicos que hablen una lengua indígena trabajan en los 32 estados de la república, pues la mayoría de gente se apoya en instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas o la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) así como organizaciones no gubernamentales.

Lo que se sabe es que la CDI busca contar con 500 abogados bilingües para ayudar a todas las entidades del país, pues actualmente tiene 198 abogados inscritos en el Padrón Nacional de Abogados Indígenas.

En México, por cada 600,000 habitantes indígenas hay solo un defensor público federal.

También existe el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (Panitli), que cuenta con 600 intérpretes y traductores, pero la mayoría no son ocupados por la justicia mexicana, pues las fiscalías o ministerios públicos locales carecen de recursos para pagar sus honorarios o traslados, dejando de lado un apoyo necesario para la defensa del indígena en reclusión.

Se han dado casos dramáticos como los que narra Mario Torres López, el director de la Defensoría Pública Federal: hombres encarcelados por delitos ambientales, porque mataron iguanas en un intento de llevar comida a su casa. O indígenas detenidos por recolectar peyote (planta psicodélica) para consumo personal. O ancianas presas, a quienes engañaron para entregar paquetes con droga.

En 2016, la defensoría federal atendió a 676 indígenas que están encarcelados bajo el anterior Sistema de Justicia Penal y a 257 que están bajo el nuevo modelo, que procura evitar que el prisionero pase más de dos años en prisión sin sentencia. Hay defensores que tramitaron hasta 150 casos en un año, explicó Torres López.

El funcionario defiende la cantidad de casos que atendió la institución que dirige y asegura que la carga de trabajo es “razonable”.

“Los defensores que tenemos, poco más de 800, son suficientes para hacerle frente adecuadamente a todos los servicios de defensa en materia federal”, dijo.

Un reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos detalló que en noviembre de 2015 había 8,412 indígenas en los centros penitenciarios del país. De ellos 7,728 pertenecían al fuero común y 684 a la jurisdicción federal.

Pero la carencia de abogados que hablen lenguas indígenas es el verdadero problema para una población que de por sí es vulnerable.

“Debido a su condición monolingüe (…) no comprenden a cabalidad las circunstancias legales que enfrentan, aunado al hecho de que muchas veces carecen de asesoría jurídica inmediata”, señala la Comisión en suinforme de 2016.

Todos los años, la comisión de derechos humanos logra la liberación anticipada de personas que no deberían estar en la cárcel. El año pasado, consiguieron sacar a 60 indígenas, la mayoría de Veracruz y Chiapas.

En agosto de 2000, una reforma a la Constitución Política hizo obligatorio que en todos los juicios y procedimientos penales contra los indígenas se deberían toma en cuenta sus costumbres y particularidades culturales, especialmente su idioma. Sin embargo, 16 años después, la Defensoría Pública federal solo tiene 25 abogados para atenderlos.

En 2015, ante este rezago, el Senado mexicano pidió a los gobiernos estatales “hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas”. Antes, en 2013, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa presentó una iniciativa de ley para exigir la acreditación profesional de los defensores públicos especializados en pueblos indígenas y garantizar su servicio en todas las etapas del proceso penal. Pero a la fecha, nada de eso se ha concretado.

LA CONDENA DE ADELA GARCÍA

Ante las carencias para atender a los indígenas en reclusión, legisladores como Germán Ernesto Ralis Cumplido, del partido Movimiento Ciudadano, propusieron modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que cualquier documento que deban firmar los acusados esté escrito en su lengua.

Esto evitaría desgracias como la que vive Adela García Carrizosa, originaria de San Lucas Zoquiapan, Oaxaca.

La detuvieron en mayo de 2009 y la acusaron de matar a su cuñado Artemio Rosas García, quien intentó abusar sexualmente de ella.

Fue solo el 3 de octubre de 2012, con ayuda de un intérprete, cuando supo de qué se le acusaba, asegura Gerardo Martínez, abogado del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET).

Ese día le leyeron su declaración inicial, donde supuestamente aceptaba haber ayudado a su esposo Germán Rosas García a matar a machetazos a Artemio Rosas García y enterrarlo en la letrina que tenían en la parte baja de su casa.

“Ella no sabía leer ni escribir. Puso su huella en hojas en blanco y solo dos años después supo porqué está en prisión”, dice Martínez.

El defensor asegura que García fue llevada ante la fiscalía de Huautla de Jiménez sin un traductor: “no entendió lo que le decían y tampoco supo lo que firmó por ser monolingüe” .

Según la versión de Adela y su abogado, Germán Rosas llegó a la casa cuando su hermano Artemio intentaba abusar sexualmente de Adela, por lo que la defendió y los hermanos se golpearon; ella huyó a casa de una vecina con sus dos niñas.

La mujer fue sentenciada a 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado y permanece en la cárcel de mujeres de Tanivet, Tlacolula, al oriente de la capital oaxaqueña. Por la distancia, no ha podido ver a sus hijas de siete y 10 años de edad.

La propuesta del legislador Ralis Cumplido no se ha discutido en la Cámara de Diputados, al igual que otra del legislador Victoriano Wences Real, del PRD, quien propuso modificar la Constitución para exigir que las defensorías públicas brinden un servicio en la lengua de los acusados.

EL CASO OAXACA

En México, la mayoría de indígenas que guardan prisión está en cárceles de Oaxaca, Chiapas y Puebla.

Solo en Oaxaca, el 66% de la población es indígena. El CEPIADET calcula que la defensoría pública del estado requiere un presupuesto mínimo de 42 millones de pesos (2.2 millones de dólares) al año para contratar intérpretes y traductores para toda la población encarcelada .

Esto significaría el 3% del presupuesto total que actualmente tiene la Fiscalía del estado.

Tomás López Sarabia, Director de CEPIADET, dice que este recurso es lo mínimo que se debe pedir al gobierno de Oaxaca, que en la pasada administración gastó 250 millones de pesos (13.3 millones de dólares) en publicidad oficial.

El titular de los defensores públicos federales, Mario Torres López, considera que la desigualdad va más allá del número de abogados que hablan una lengua indígena, y trae otro problema a la mesa: las diferencias salariales en todas las defensorías del país.

Mientras los abogados federales tienen salarios competitivos (unos 2,000 dólares mensuales), la mayoría de abogados estatales no ganan más de 10,000 pesos (500 dólares). Es un tema pendiente en la reforma de Justifica Penal que México aprobó en 2008, y que rige desde el año pasado.

“No hay uniformidad. De hecho, lo único que introdujo la Constitución fue que el defensor público, ya sea federal o de las entidades federativas, no gane menos de lo que ganan los fiscales del Ministerio Público”, explicó Torres.

Doroteo Aurelio Vásquez Vásquez, coordinador de la defensoría pública en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca explica que en promedio lleva 15 audiencias al mes y hay días que atiende tres sesiones de distintos casos, además de otras diligencias.

Vázquez explica que en ocasiones saca de su propio dinero para acudir a las audiencias de sus defendidos. Entre las carencias que observa está la falta de asistentes técnicos.

“Es una necesidad para todo el estado. Es importante que la institución cuente con peritos propios, para que éstos puedan ejercer esta función donde se requiera y donde la defensoría pública lleve su investigación”, dice.

Por falta de estos peritos es que los familiares de Adán Cruz y Adela García han tenido que ingeniárselas para recolectar sus propias pruebas, en un intento por demostrar que ellos son inocentes.

Pero siguen esperando. Ni los abogados de oficio ni las pruebas que presentaron han permitido que las cosas cambien.

Aquí puedes consultar otras historias de este especial 

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Por qué la vacunación sin confinamiento puede convertir a Brasil en una fábrica de variantes COVID

Investigadores británicos señalan que el contacto a gran escala entre los vacunados y la variante de Manaos puede generar mutaciones capaces de eludir la efectividad de las vacunas. Las medidas de control son necesarias para prevenir un escenario peligroso, advierten.
5 de marzo, 2021
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El escenario actual en Brasil, que combina el inicio de la vacunación con la transmisión incontrolada de la covid-19, puede convertir al país en una ”fábrica” de variantes potencialmente capaces de escapar a la eficacia de las vacunas por completo.

Esta es la evaluación de un grupo de científicos británicos directamente involucrados en algunas de las principales investigaciones sobre las mutaciones del coronavirus.

Investigadores del Imperial College de Londres y de la Universidad de Leicester sostienen que los confinamientos y otras medidas de contención son especialmente necesarios durante la vacunación de la población.

Explican que es precisamente el contacto entre vacunados y variantes lo que propicia la aparición de mutaciones “superpotentes”, capaces de burlar totalmente la acción de la inmunización

Y, en Brasil, hay una combinación explosiva para que esto ocurra: la vacunación todavía marcha a un ritmo lento, existe la variante con la mutación E484k (que evita los anticuerpos) y hay altas tasas de infección.

La variante de Manaos y las vacunas

El mayor peligro está en el contacto de la variante de Manaos, apodada P.1, con personas recién vacunadas, explica el virólogo Julian Tang, de la Universidad de Leicester, en Reino Unido.

Al entrar en la célula humana y encontrarse con una cantidad aún pequeña de anticuerpos de la vacuna, la variante, al replicarse, puede promover mutaciones más resistentes a esos anticuerpos, advierte.

“Si te vacunas un lunes, no estás inmediatamente protegido. Los anticuerpos de la vacuna tardan unas semanas en aparecer y aún se puede contraer el virus original o la variante P.1”, explica Tang.

Hospital brasileño

REUTERS
Brasil batió el récord de muertes en 24 horas: más de 1.800 víctimas del covid-19. Los hospitales de Porto Alegre alcanzan el 100% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos.

“Si esos anticuerpos de la vacuna surgen mientras se produce la infección y está extendiéndose por el cuerpo, el virus puede replicarse de forma que evada los anticuerpos en un proceso de selección natural”.

Este desarrollo forma parte del proceso de evolución del virus, que trata de adaptarse a la “adversidad”.

Una persona vacunada, pero infectada, puede transmitir ese virus mutado si no hay medidas de control, como cuarentenas y cierre de negocios y espacios de ocio.

El riesgo de que esto ocurra sería menor si la variante de Manaos no se extendiera por el país y si los contagios estuvieran bajo control.

Esto se debe a que la posibilidad de que el virus original pueda adherirse en grandes cantidades a las células de una persona vacunada es pequeña, ya que la inmunización es lo que pretende evitar, precisamente.

Pero la mutación E484k, presente en la variante de Manaos, afecta exactamente al principal punto de unión entre el virus y las células, haciendo más efectivo el “acoplamiento” y reduciendo la eficacia de los llamados anticuerpos neutralizantes.

Las investigaciones preliminares indican una eficacia reducida de la vacuna Oxford-AstraZeneca contra las variantes cargadas con la mutación E484K, y el Instituto Butatan está investigando su impacto en el porcentaje de protección que ofrece la CoronaVac.

“Si hay una transmisión incontrolada del virus, es decir, en un entorno sin normas de distancia social, sin confinamiento ni uso de mascarillas, las personas susceptibles de contagiarse se mezclarán con las vacunadas.

“Sin barreras, el virus puede transmitirse entre poblaciones, generando potencialmente variantes que escapen a la vacuna”, le explica Tang a BBC News Brasil.

Vacunas

REUTERS
Brasil vacunó a cerca del 3% de la población y todavía negocia para adquirir suficientes vacunas y atender a todos los habitantes. En algunos puestos de salud, los ancianos tuvieron que hacer colas.

“Y ocurrirá especialmente si se produce una situación de epidemia importante en un país con un éxito de vacunación moderado”.

“Así se alcanza el equilibrio perfecto entre inmunes e infectados. Y cuando esas poblaciones se mezclan, existe el riesgo de que surja una nueva variante resistente a la vacuna”, le cuenta el experto a BBC News Brasil.

La epidemia está fuera de control en Brasil

Brasil está experimentando exactamente esta confluencia entre una fase de vacunación temprana y un pico de casos de covid-19.

El país superó a Estados Unidos en el desafortunado récord de infecciones en 24 horas.

Los datos publicados este jueves por la Organización Mundial de la Salud mostraron que en Brasil se registraron 59.900 casos de covid-19 en 24 horas. En EE.UU., fueron 57.800.

El número de muertes diarias también sigue aumentando y batiendo récords.

El 3 de marzo se registraron 1.800 muertes en un día, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. En más de la mitad de los estados brasileños, la ocupación de las camas de cuidados intensivos supera el 80%.

cementerio

EPA
En Brasil han muerto alrededor de 260.000 personas por covid-19 hasta el momento.

Ante el colapso de los sistemas sanitarios en varios municipios, los gobernadores han decretado medidas de bloqueo o distanciamiento social.

A pesar de los contagios incontrolados, el presidente Jair Bolsonaro volvió a declararse en contra de las restricciones.

“En lo que a mí respecta, nunca tendremos confinamiento. Nunca, es una política que no ha funcionado en ninguna parte del mundo”, consideró el mandatario.

Pero los datos desmienten la línea de Bolsonaro.

En Reino Unido, el confinamiento vigente en todo el país desde principios de enero redujo en dos tercios los contagios por covid-19.

En Londres, el descenso fue del 80%, según una investigación del Imperial College London.

“Desde el punto de vista científico, el cierre de las fronteras y la aplicación de cuarentenas domiciliarias son eficaces para reducir las infecciones”.

“Y la reducción de las infecciones tiene sus ventajas. Se disminuye el riesgo de que surjan variantes, se gana tiempo para que la campaña de vacunación avance y para que la investigación encuentre vacunas adaptadas a las variantes que existen en la actualidad”, asevera el profesor Peter Baker.

La variante de Manaos puede ser dominante

Además, los expertos advierten de que, si no se toman medidas de control, la variante de Manaos puede acabar sustituyendo al virus original y volverse prevalente en todo el país.

La P.1 ya circula en al menos 10 estados brasileños, además de ser responsable de casi todos los contagios actuales en la capital de Amazonas.

“Sin medidas de control, la P1 se convertirá rápidamente en el virus dominante y generará importantes oleadas epidémicas”, analiza Charlie Whittaker, investigador del Imperial College de Londres.

Manifestaciones

REUTERS
En Brasil se han producido protestas contra el confinamiento anunciado a finales de febrero.

Un estudio dirigido por Whittaker demostró que la variante de Manaos es entre 1,4 y 2,2 veces más transmisible que el virus original.

La investigación también revela que la P.1 es capaz de evadir la respuesta inmunitaria de infecciones anteriores entre un 25% y un 61% de los casos.

Es decir, puede causar reinfecciones en individuos que ya habían tenido la covid-19.

Y las reinfecciones son otro ingrediente importante para las mutaciones peligrosas, dice Peter Baker, del Imperial College de Londres.

“Cuando estas variantes entran en contacto con personas que ya han sido infectadas, hay una presión para que muten más, para encontrar una manera de reinfectar a las personas previamente inmunizadas”, dice.

“La combinación de un brote anterior y un nuevo brote importante, en el que se reinfectan personas que ya tendrían inmunidad, crea un entorno propicio para las mutaciones. Creemos que eso es lo que ocurrió en el contexto brasileño”.

Un riesgo para todo el mundo

Además de estar ya expandiéndose por el territorio brasileño, la variante de Manaos se ha detectado hasta el momento en 25 países, a pesar de que varias naciones han cancelado los vuelos a Brasil y han impuesto cuarentenas y pruebas de covid-19 a todo aquel que llegue del país sudamericano.

Esto revela que la enfermedad incontrolada en un país pone en riesgo a otras naciones.

“Si se deja que Brasil replique el virus de forma incontrolada, estas variantes pueden surgir y viajar a cualquier parte”, dice el virólogo Julian Tang, de la Universidad de Leicester.

“Si tienes un granero de producción de virus en un país, si no controlas la transmisión, vas a tener mutaciones que se produzcan por selección natural, si esas variantes viajan por el mundo y algunas de ellas escapan a las vacunas total o parcialmente, por supuesto que es un riesgo”.

Los investigadores entrevistados por BBC News Brasil evalúan que la vacunación masiva, combinada con medidas para restringir el contacto social, como los confinamientos, el uso de mascarillas y el cierre de negocios, son importantes para contener las altas tasas de infección y prevenir nuevas mutaciones, mientras avanza la inmunización.

“Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y garantizar la seguridad significa limitar la posibilidad de que surjan variantes. Las medidas de control son útiles para conseguirlo, pero quizá sea aún más importante garantizar una estrategia de vacunación global equitativa”.

“Eso significa que ningún país debería quedarse atrás”, proclama Charlie Whittaker, del Imperial College de Londres.


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