Estos son los funcionarios que son señalados como presuntos cómplices de Duarte
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Estos son los funcionarios que son señalados como presuntos cómplices de Duarte

Funcionarios que trabajaron con Javier Duarte en el gobierno de Veracruz, acusados de ser sus cómplices en actividades ilegales, están libres y algunos son diputados.
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Por Por Nayeli Roldán
17 de abril, 2017
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Javier Duarte, exgobernador de Veracruz recién capturado en Guatemala, no actúo solo para presuntamente desviar cientos de millones de pesos del erario. Una red de funcionarios ubicados en distintos puestos públicos en Veracruz le permitió o le ayudó a cometer los delitos de los que se le acusa.

Mientras que el sábado 15 de abril Duarte de Ochoa fue detenido en Guatemala y enfrentará un proceso de extradición para ser juzgado en México, la mayoría de sus presuntos cómplices están libres, e incluso tienen fuero.

Como gobernador de Veracruz –el tercer estado con mayor población en el país y un presupuesto estatal superior a 100 mil millones de pesos anuales– Duarte puso en puestos clave a operadores que facilitaron la constitución, operación y entrega de contratos públicos a empresas fantasma.

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a Javier Duarte por los crímenes de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que el desvío de recursos federales sólo de 2011 a 2014 podría ascender a más de 60 mil millones de pesos, lo que considera como irregularidades “históricas”.

Para lograr estos desvíos millonarios, varios funcionarios del círculo más cercano a Duarte fueron fundamentales.

Antonio Tarek Abdalá fue tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, una de las posiciones más importantes en cualquier administración, toda vez que se encarga de recibir y distribuir el presupuesto estatal.

Entre 2012 y 2015 se encargó de las finanzas locales, justo en el periodo en que la administración de Duarte entregó contratos a empresas fantasma que nunca entregaron los productos por los que se pagó.

Sin embargo, al dejar el cargo, el PRI lo hizo diputado federal plurinominal. Aunque enfrenta un proceso de desafuero por una solicitud del fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, quien lo acusa del desvío de 23 mil millones de pesos, Antonio Tarek Abdalá aún goza de fuero. A él lo investiga la Fiscalía de Veracruz, pero no está en la lista de implicados de la PGR.

Adolfo Mota Hernández es otro diputado federal del PRI en la actual legislatura y, por tanto, también tiene fuero.

Fue secretario de Educación en Veracruz en la administración de Duarte, cuando dicha dependencia entregó casi 325 millones de pesos a compañías fantasma que ya fueron inhabilitadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Edgar Spinoso Carrera es diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, que ha ido en alianza con el PRI tanto en elecciones como en trabajo legislativo. Fue oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. Es decir, se encargaba de la administración del presupuesto de la dependencia. En ese puesto avaló los contratos concedidos por la dependencia a empresas fantasma.

La Auditoría Superior de la Federación detectó el posible desvío de más de seis mil millones de pesos de recursos federales destinados para apoyar la educación en el estado.

Noemí Guzmán Lagunes encabezó la Secretaría de Protección Civil en Veracruz de 2010 a 2015. Durante su administración, la dependencia entregó nueve contratos por casi 30 millones de pesos a la red de empresas fantasma. Actualmente tiene fuero como diputada federal del PRI, también por mayoría relativa.

Alberto Silva Ramos representa al PRI como diputado federal por mayoría relativa. Fue secretario de Desarrollo Social de Veracruz y en su administración la dependencia hizo contratos por 243 millones de pesos con empresas fantasma. Al dejar la dependencia asumió la coordinación general del Comunicación Social del gobierno de Duarte y en 2015 también fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz.

Vicente Benítez González goza de fuero, pero a nivel local. Es diputado en el Congreso de Veracruz representando al Partido Nueva Alianza. Fue colaborador de Duarte en 2009, cuando este fue diputado federal. También fue tesorero en la Secretaría de Finanzas en la administración de Duarte, pero en 2012 renunció al cargo luego de que la Policía Federal decomisó 25 millones de pesos en efectivo a dos funcionarios estatales que no pudieron explicar el origen y destino del dinero.

En marzo de 2014 Benítez regresó a la administración pública estatal, como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, para relevar a Edgar Spinoso.

Priistas, unos perdonados y otros perseguidos 

Aunque el PRI a través de su presidente nacional, Enrique Ochoa, ha intentado desmarcarse de Javier Duarte, quien fue expulsado del partido, los legisladores antes mencionados por la entrega de contratos para desviar recursos públicos siguen siendo priistas, y ocupando curules del partido en la Cámara de Diputados.

En septiembre pasado el PRI hizo público el proceso para suspender los derechos partidistas de Duarte y otros seis presuntos implicados en el desvío de recursos, pero ninguno fue titular de dependencia ni con carrera dentro del partido.

Entre ellos están Daniel Cordero Gálvez, quien  fue el notario que dio fe de la constitución de tres empresas fantasma entre 2012 y 2013. El notario Israel Ramos Mange avaló la constitución de otra empresa en 2011.

Otro quien perdió derechos partidistas fue Juan Carlos Rodríguez García, exdirector jurídico de Sedesol de Veracruz, quien firmó todos los contratos que la dependencia dio a empresas fantasma mediante adjudicaciones directas y licitaciones cerradas.

Arturo Bermúdez Zurita fue secretario de seguridad pública de Veracruz y muy cercano a Duarte. El pasado 4 de agosto renunció a su cargo para esclarecer el origen de su patrimonio personal y las acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito.

El exsecretario de Finanzas de Veracruz, José Antonio Chara Mansur Beltrán, es otro de los funcionarios suspendidos del PRI. Renunció a su cargo el pasado 29 de agosto, luego que el diario Reforma diera a conocer que poseía por lo menos 16 propiedades con un valor de 6.7 millones de dólares en Texas.

Gabriel Deantes Ramos, exsecretario del Trabajo y ex subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz, es acusado de enriquecimiento ilícito pero está amparado para evitar ser detenido.

La PGR tiene una lista corta 

Aunque las investigaciones incluyen a los funcionarios y legisladores antes mencionados, la lista de implicados que persigue la PGR es más corta y considera a Javier Duarte como el principal beneficiado del presunto desvío de recursos públicos

Otro de los investigados es Moisés Mansur Cysneiros, un empresario veracruzano que, según denuncias presentadas en la Procuraduría, constituyó empresas inmobiliarias fachada para filtrar los recursos públicos en inversiones en ese ramo en Estados Unidos.

Juan José Janeiro Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo habrían invertido el dinero en un rancho en Las Mesas, en una operación que involucró más de cinco millones de pesos, cuyo origen no está confirmado.

La lista la completan cinco personas que habrían colaborado como accionistas, contadores o representantes legales para desviar recursos públicos e invertirlos mediante firmas fantasma. Se trata de Santa Bartolo Acuña, Miguel Velásquez Nieva, las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta, y Javier Nava Soria.

De todos los implicados en esta red de desvíos, sólo dos mujeres que participaron como accionistas o representantes legales de las empresas fantasma fueron sentenciadas hasta ahora a tres años de prisión, acusadas de lavado de dinero.

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4 cambios en la ley migratoria de España que permitirán a miles de extranjeros trabajar y residir de forma legal en el país

La reforma facilitará el acceso al mercado de trabajo de los estudiantes, mejora las contrataciones en origen, flexibiliza los requisitos para la reagrupación familiar y crea la figura del arraigo por formación.
29 de julio, 2022
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Poder trabajar en España de forma regular va a ser, desde ahora, un poco más fácil.

Cerca de 5 millones y medio de extranjeros, más de un tercio de ellos procedentes de países de América Latina, viven en España, según los datos oficiales. La cifra real, sin embargo, es más difícil de calcular.

Perdidos en el laberinto burocrático, muchos entran en un círculo vicioso en el que no pueden trabajar legalmente porque no tienen permiso de residencia, pero tampoco pueden solicitarlo porque no pueden acreditar una vinculación laboral.

La reforma de la ley de Extranjería que acaba de aprobar el gobierno español y que se estrena a mediados de agosto resuelve algunas de estas disfunciones, por lo que no solo va a facilitar que los empresarios puedan contratar a más extranjeros directamente en sus lugares de origen, sino que busca nuevas fórmulas para que los que ya viven en España puedan regularizar su situación.

Estudiantes

Unos de los principales beneficiados de la reforma van a ser los estudiantes extranjeros matriculados en centros españoles. Hasta ahora, aquellos que tenían un visado de estudiante para cursar, por ejemplo, un grado en una universidad española, no podían trabajar para costearse sus estudios. La nueva normativa les permite trabajar de forma legal hasta 30 horas a la semana.

Estudiantes

Getty Images
Los alumnos extranjeros podrán trabajar mientras realizan sus estudios.

Además, una vez acabados los estudios, podrán quedarse un año más sin tener que pedir una ampliación de la estancia en España.

Casi uno de cada cuatro estudiantes extranjeros de grado en España proceden de países de América Latina y Caribe, proporción que se eleva a cerca del 64% de los de máster y casi al 53% de los de doctorado.

“Antes de la reforma, quien tenía un permiso por estudios, si trabajaba lo hacía de forma irregular y esto no tenía ningún sentido“, explica Gemma Pinyol-Jiménez, directora de políticas migratorias de Instrategies, una consultora especializada en asuntos de movilidad, migraciones y gestión de la diversidad.

Las modificaciones de la ley permiten que la autorización de estancia, con algunos criterios específicos, se pueda convertir en una autorización de trabajo. Y esto, opina, la experta, no solo es positivo para esas personas de manera individual, “sino también para el país, porque es una forma de garantizar que quien ha estudiado y ha hecho una formación de tercer grado -porque esto está pensado para los altamente cualificados-, puedan acceder al mercado de trabajo español”.

España quiere que ese talento que se ha formado en sus universidades pueda quedarse, además de hacer más atractivos sus centros de educación superior y facilitar su internacionalización.

Bandera de España

Getty Images

Arraigo por formación

A partir de ahora, las personas que han permanecido en España durante un periodo mínimo de dos años, podrán obtener un permiso de residencia de 12 meses si se comprometen a realizar una formación reglada para el empleo, una figura para la que el gobierno español se ha inspirado en un modelo existente en Alemania conocida como “duldung”.

“La idea es que las personas que están en situación irregular puedan acceder al mercado de trabajo pasando primero por una formación. Eso sí, en sectores en los que se determina que hay una necesidad de mano de obra”, aclara Pinyol-Jiménez.

Dos trabajadores en una fábrica.

Getty Images
El arraigo por formación permitirá obtener un permiso de trabajo.

El arraigo por formación se suma a las dos vías por las que, hasta ahora, los extranjeros que ya se encontraban en España podían regularizar su situación.

Una es el arraigo social, para el que hay que demostrar tres años de residencia y, además, que se dispone de una oferta de trabajo. Este contrato ya no deberá tener una duración mínima de un año, como se pedía hasta ahora, pero sí que cumpla con el salario mínimo interprofesional.

La otra es el arraigo laboral, en la que hay que demostrar que ha habido una relación laboral, aunque la persona hubiera trabajado sin contrato y cobrado, por lo tanto, en negro.

“Muchas personas llegan en situación regular y luego dejan caducar su visado por pánico a intentar entrar en el mercado de trabajo. Lo que se intenta con la reforma es reducir este espacio en el que las personas acaban trabajando de manera irregular, que al final es un desastre para ellos mismos, para la economía y para todos”, interpreta la consultora.

Contratación en origen

La contratación en los propios países de origen de los trabajadores también se va a flexibilizar.

Por un lado, se mejora la contratación para los temporeros. A partir de ahora, estos trabajadores que van a España a participar, por ejemplo, en campañas agrícolas, podrán acceder a una autorización de 4 años en la que podrán trabajar hasta 9 meses por ejercicio, con la obligación de volver a sus países después de cada periodo.

Si se cumple con estas condiciones, como “premio”, estos trabajadores podrán solicitar un permiso de residencia y trabajo por dos años prorrogable.

Trabajadores en un invernadero.

Getty Images
La reforma mejora las condiciones de los temporeros.

Pero además, la reforma quiere mejorar lo que se conoce como Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, es decir, la lista de profesiones para los que los empresarios tienen dificultades para encontrar personal y que le permiten contratar a profesionales en origen.

“Este es un sistema tan poco realista que, desde hace años, la lista te dice que lo que hace falta en España son entrenadores de fútbol”, bromea Gemma Pinyol-Jiménez. Además de entrenadores, según la lista en España solo se necesita personal de buques mercantes, entrenadores y deportistas profesionales.

La reforma va a hacer una fotografía más realista del mercado de trabajo, que se va a actualizar cada tres meses.

Reagrupación familiar

Una de las grandes novedades de la reforma, y que va a suponer una gran mejora para la vida de muchas familias extranjeras en España, es la que concierne a la reagrupación familiar.

Dos mujeres en una cocina.

Getty Images
La reforma mejora las condiciones para la reagrupación familiar.

Los familiares, al recibir el permiso de residencia, también recibirán la autorización de trabajo por cuenta propia y ajena. “Hasta ahora, estas personas recibían un permiso de residencia, pero tenían que esperar para tener el de trabajo, mientras que con los cambios, cuando se renueve la reagrupación familiar, se adquirirá la autorización de trabajo”, precisa la consultora.

“El sistema está tan loco que condenaba a la gente a malvivir cuando podía trabajar”, una disfunción, denuncia Pinyol-Jiménez, relacionada con el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. “Se intentaba mantener y respetar la realidad del mercado de trabajo español, pero se hacía con un instrumento que hacía una radiografía nada realista de la realidad”.

También se flexibilizan los requisitos de reagrupación familiar cuando afectan a menores, a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

Además de estos cuatro puntos, las modificaciones de la ley de Extranjería también racionalizan los requisitos exigidos a los trabajadores autónomos procedentes de terceros países, y crea una Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, una suerte de “ventanilla única” para agilizar y facilitar los trámites.

“La obsesión fronteriza”, opina la experta, “se ha comido todo el debate público sobre las cuestiones migratorias. Esta es la primera vez en años que estamos hablando de reformas que no tiene que ver con fronteras”.


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