EU investigó durante 15 años a Yarrington; tiene preferencia para extradición
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EU investigó durante 15 años a Yarrington; tiene preferencia para extradición

Según los once cargos que enfrenta en Estados Unidos el exgobernador de Tamaulipas, desde 1998 como candidato del PRI a la gubernatura y hasta 2013 que arrancó el proceso legal, Yarrington tuvo actividades delictivas con dinero público.
Cuartoscuro
Por Tania L. Montalvo
11 de abril, 2017
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La justicia de Estados Unidos tiene preferencia sobre la de México en el caso de extradición de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, pues los cargos que le imputan dos cortes de Texas son mayores que los del formulados en México.

En México, Yarrington tiene una orden de aprehensión librada por el juzgado segundo de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, en dos cortes distintas del Distrito de Texas, Estados Unidos, Yarrington está acusado – desde 2013 – fraude, asociación delictuosa, vínculos con el crimen organizado, robo de dinero público, lavado de dinero y evasión de la justicia.

De acuerdo con el artículo 15 de la Convención Interamericana sobre Extradición, cuando hay más de un país solicitando la extradición de una persona por delitos diferentes “se dará preferencia al Estado que reclame a la persona por el delito que sea sancionado con pena más grave según la ley del Estado requerido. Si se tratare de hechos diferentes que el Estado requerido considera de igual gravedad, la preferencia será determinada por la prioridad del pedido”.

El historial delictivo de Yarrington en EU es largo.

Tras haber sido detenido este domingo en Florencia, Italia, tras una petición e investigación de la justicia estadounidense, de concretarse la extradición a Estados Unidos —y no a México, en donde también tiene un proceso pendiente—, el exgobernador de Tamaulipas tendría que responder a la investigación que ha conducido desde 2013 la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Interna, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Buró de Investigación Criminal (FBI).

De 1998, cuando fue candidato del PRI a la gubernatura por Tamaulipas y hasta 2013 que se le acusó formalmente en Estados Unidos de diversas violaciones a la ley, Yarrington acumula once cargos en su contra.

Según el documento, en 1998 y como candidato a la gubernatura, Tomás Yarrington comenzó a recibir sobornos por parte de las organizaciones del narcotráfico que operaban en Tamaulipas. Aunque se desconoce el monto exacto que recibió como candidato, la demanda estadounidense señala que fueron “millones de dólares” que fueron cobrados por la policía estatal que después controlaría Yarrington para permitir actividades delictivas.

A partir de ese año, y todavía sin tomar protesta como gobernador de la entidad, Yarrington adquirió un condominio de lujo en South Padre Island en Texas que le costó 450 mil dólares y que puso en manos de un prestanombres que fue parte de la red que conspiró con el crimen organizado y en operaciones de lavado de dinero y robo de recursos públicos.

Todos los gastos adicionales que tuvo Yarrington de este departamento de lujo como mantenimiento o reparaciones fueron pagados por alguno de los conspiradores que participaron en esta red de lavado de dinero, indica la demanda.

Los gastos del exgobernador —que fueron en promedio 900 dólares mensuales, y según los registros disponibles se efectuaron cada mes desde que adquirió la propiedad en 1998 y al menos hasta marzo de 2012— fueron pagados con dinero ilícito.

A ello se suma la información disponible de que durante toda la gestión de Yarrington —febrero de 1999 a diciembre de 2004— siguió recibiendo una cuota de parte del crimen organizado para permitir distintas actividades delictivas.

“Durante ese tiempo el Cártel del Golfo importó y distribuyó varias toneladas de cocaína y mariguana”, cita el texto.

Según información de autoridades mexicanas y estadounidenses, en esos años ocurrió el mayor crecimiento de las actividades del Cártel del Golfo desde la década de 1970.

Lee: NarcoData. 40 años de expansión del crimen organizado

Antes de dejar el cargo, más crimen

Tomás Yarrington se hizo de más propiedades a través de prestanombres meses antes de dejar el cargo. En Puerto Isabel, Texas compró otra propiedad en febrero de 2004 y como hizo con la que adquirió meses antes de ser gobernador, se encargó que el mantenimiento, reparaciones y otros gastos se hicieran hasta 2012 a través de terceros.

Pero a partir de ese año —tras presuntamente haber efectuado un robo al erario de Tamaulipas por varios millones de pesos— inició con Fernando Alejandro Cano Martínez, el principal contratista durante su gobierno, la apertura de empresas en Estados Unidos para realizar diversos fraudes bancarios.

Lee: Empresa investigada en EU y ligada a Yarrington recibió 1,473 mdp en contratos públicos

Los préstamos que recibieron unas ocho empresas creadas en Estados Unidos y ligadas a Yarrington y en las que Cano Martínez fungía como aval recibieron montos que van desde los 3 millones de dólares, hasta 6 millones 650 mil dólares, cada una.

El dinero se obtuvo entregando información falsa que derivó en un fraude bancario millonario.

Ese contratista que lideró el fraude fue detenido en febrero pasado en Nuevo León, México, pero horas después fue liberado pese a la investigación que existe en su contra en Estados Unidos.

Lee: Liberan a presunto prestanombres de Tomás Yarrington

Y así como las empresas fachadas recibían préstamos en Estados Unidos, diversas cuentas en México en instituciones como Bancomer, ScotiaBanck, Banamex y Banregio “recibieron decenas de millones de pesos” sin origen lícito comprobable que luego eran trasladados a una cuenta en el banco Monex.

De la cuenta en Monex, los fondos se transferían de nuevo a una cuenta en McAllen, Texas.

Sólo en junio de 2008 se hicieron transferencias bancarias entre México y Estados Unidos por 545 mil 887 dólares.

Pero además del lavado de dinero y red de fraude bancario que encabezó Yarrington con el contratista Fernando Alejandro Cano Martínez, en Estados Unidos lo acusan de haber negociado con el Cártel del Golfo y el cártel de los Beltrán Leyva para facilitar el trasiego de droga por el Golfo de México.

Los registros de la DEA muestran que desde 2007 y al menos hasta 2009, Tomás Yarrington acordó con esas organizaciones del narcotráfico el acceso “sin obstáculos” de grandes cantidades de cocaína desde y hacia el Puerto de Veracruz, México, “a cambio de un porcentaje por cada carga”.

Los once cargos que deberá enfrentar Yarrington en caso de extradición son parte de una demanda disponible desde mayo de 2013 que lo señalan como responsable de delitos graves que acumuló a lo largo de quince años.

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"Fue un capricho de Pinochet": la historia de los 15 mil libros de García Márquez que quemó el gobierno de Chile

En noviembre de 1986, el gobierno militar de Chile ordenó la incautación del libro 'La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile', del premio Nobel de Literatura, cuando un embarque se dirigía a Santiago.
5 de junio, 2022
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El 28 de octubre de 1986, después de varios días de viaje, el ‘Peban’, un vapor de bandera panameña, atracó finalmente en el puerto chileno de Valparaíso. Mientras se preparaba para diligenciar los papeles de aduana, la tripulación recibió la noticia de que se procedería con la incautación de una parte del cargamento.

El capitán, que estaba seguro de que todo lo que llevaba en su barco estaba en regla, preguntó cuál era la mercancía que iban a retener.

La respuesta oficial fue la que menos esperaba: “Los libros”, específicamente, 15 mil ejemplares de La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile, escrito por el ganador del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que habían sido enviados desde el puerto de Buenaventura, en Colombia.

Y que debían llegar a manos de Arturo Navarro, el representante de la editorial Oveja Negra que publicaba los libros del Nobel en aquellos años en Chile.

El libro narraba las peripecias que había que tenido que sortear el cineasta chileno Miguel Littín, quien vivía en el exilio desde el golpe de Estado que llevó a Augusto Pinochet al poder en 1973.

Littín había vuelto a Chile durante dos semanas en 1985 para filmar en la clandestinidad un documental sobre lo que estaba pasando en el país 12 años después de la irrupción militar.

Arturo Navarro

BBC
Arturo Navarro era el representante de la editorial Oveja Negra en Chile.

Luego estrenaría el documental Acta Central de Chile en el Festival de Cine de Venecia del 86.

Pero el libro de García Márquez iba más allá: contaba sobre todo detalles que no aparecían en la cinta, como por ejemplo el encuentro de Littín, quien se había hecho pasar por un empresario uruguayo, con el propio Pinochet en los pasillos del Palacio de La Moneda, donde el presidente de facto no lo reconoció.

“Yo me enteré de la incautación de los libros dos semanas después porque estaba fuera del país”, recuerda Arturo Navarro, tomándose un café bajo la nave central del Museo Nacional de la Memoria en el corazón de Santiago.

Navarro había regresado de un viaje por EU para visitar a su familia cuando se encontró con un mensaje de alerta en el contestador automático de su casa. Era de su agente aduanero y le describía una situación crítica: “Arturo, me dicen que los libros fueron quemados”.

"Esto fue un capricho de Pinochet: no quería ver un libro, mucho menos después del atentado, en el que básicamente describen cómo le habían metido los dedos en la boca"", Source: , Source description: , Image:

Para Navarro, el cargamento era fundamental: era el principal producto que esperaba exponer durante la feria del libro de Santiago, que se iba a celebrar pocas semanas después del incidente.

Él, que había sido empleado de la Editorial Nacional Quimantú (ampliamente perseguida por el régimen) y había visto a los militares ejercer la destrucción de libros en primera fila, también sabía que el régimen de Pinochet había flexibilizado sus políticas de censura.

En ese contexto, creyó que la incautación debía ser más un malentendido que un acto de represión y decidió viajar a Valparaíso para resolver el problema personalmente.

“El libro ya había sido publicado en capítulos en Chile por una revista (Análisis) meses antes”, señala Navarro. “Sin embargo, lo que me preocupaba es que, de acuerdo a la prensa, la incautación de los libros se debía al mal estado de los contenedores, que me parecía una disculpa inusual”.

Los ejemplares habían quedado bajo el control de la jefatura de Zona en Estado de Emergencia, a cargo de militares.

Cuando Navarro se acercó al edificio castrense donde podría intentar rescatar los libros, percibió de inmediato la tensión que se sentía dentro del gobierno por esos días: un mes y medio antes, el 7 de septiembre, militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez habían estado muy cerca de acabar con la vida de Augusto Pinochet, en un feroz atentado cuando este regresaba a Santiago desde su residencia en el Cajón del Maipó, a unos 50 kilómetros de la capital.

El asalto había dejado cinco escoltas muertos y varios heridos.

“En el edificio logré hablar con un militar de rango medio al que le pedí que al menos me permitiera devolver los libros a Lima”, señala. “Pero después de hacer un par de llamadas, finalmente me dijo: ‘Navarro, no se preocupe, que los libros ya los quemamos'”.

La versión en los medios se mantenía: contenedores en mal estado, lo que podría explicar la incautación, pero nunca la incineración.

Para Navarro, era claro que la orden había venido de arriba y, aunque no tuviera pruebas, no se iba a quedar quieto hasta que la gente supiera que el régimen de Pinochet había mandado a quemar 15 mil volúmenes de nada menos que un premio Nobel.

“Yo sigo sosteniendo que esto fue un capricho de Pinochet: no quería ver un libro, mucho menos después del atentado, en el que básicamente describe cómo le habían metido los dedos en la boca”, afirma Navarro.

La noticia lo dejó abatido y sin ejemplares para la feria.

Entonces, convocó a ruedas de prensa para dar a conocer lo que había pasado, hizo la denuncia pertinente ante la Cámara Chilena del Libro y, aunque dentro del país no hubo mucho eco, en el mundo sí publicaron la noticia.

Navarro guarda recortes de prensa de medios de Grecia, Holanda y EU que hablan de los ejemplares calcinados.

Pero quedaba por saber qué era realmente lo que había pasado. “Yo de verdad no creía nada de lo que me habían dicho. Ni siquiera que los habían quemado”.

Uno de sus colegas le recomendó que el mejor camino para obtener una respuesta del régimen era la vía diplomática, por lo que decidió acudir a la embajada de Colombia, país de donde originalmente habían salido los libros.

“Ahí conocí a Libardo Buitrago, el cónsul colombiano, quien se ofreció a ayudarme”.

Poco después, gracias a la presión de un país extranjero, le llegó al cónsul un papel muy revelador, una carta fechada del 9 de enero de 1987, firmada por el vicealmirante John Howard Balaresque, en la que no solo se confirma la incineración de los libros sino también las razones: a los ejemplares de La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile se les impuso “una medida de censura previa” por considerar que el contenido “transgredía abiertamente las disposiciones constitucionales”.

“Ese papel es el único documento oficial que existe en el que el régimen de Pinochet acepta que quemó libros y que lo hizo por censura. Algo imposible de obtener en esos tiempos”, relata Navarro.

“Y ahora está acá, en el Museo de la Memoria”.

El documento, con firma oficial, le sirvió a la editorial Oveja Negra para poder cobrar el seguro por la pérdida, pero además implantó en la cabeza de Navarro una certeza que no lo abandonó nunca: la cultura sería clave en el fin del régimen.

“Esta represión a los libros, a la cultura, se daría vuelta y terminaría siendo uno de los principales motivos por los que Pinochet saldría del poder. Porque fueron los cantantes, los artistas, los escritores quienes serían fundamentales en la campaña de votar ‘No’ en el plebiscito de 1988 que acabaría con la dictadura”, concluye.


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