Un juez ordena vigilar e impedir que empresas sigan contaminando el Río Alto Atoyac
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Especial

Un juez ordena vigilar e impedir que empresas sigan contaminando el Río Alto Atoyac

Desde el pasado 22 de marzo, un juez determinó que el gobierno federal debe realizar medidas cautelares para evitar que el río continúe siendo afectado por descargas contaminantes de empresas.
Especial
Por Paris Martínez
4 de mayo, 2017
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El juez Martín Adolfo Santos Pérez, titular del Tercer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ordenó al gobierno federal emprender “las medidas pertinentes” para impedir que “empresas y terceros” continúen realizando descargas de contaminantes al Río Alto Atoyac, cuerpo de agua que discurre por los estados de Puebla y Tlaxcala, y cuya toxicidad amenaza la vida de las comunidades adyacentes.

Esta orden surtió efecto a partir del 22 de marzo pasado y se determinó como “medida cautelar” para evitar que este cuerpo de agua continúe siendo afectado por descargas de industrias, talleres textiles clandestinos y drenajes municipales, en tanto se resuelve un juicio más amplio promovido contra autoridades federales, estatales y municipales, por no ejercer sus facultades para impedir estos delitos ambientales.

La medida cautelar impuesta por el Juzgado Tercero establece que “el interés de los quejosos de proteger la Cuenca Hidrológica Río Alto Atoyac, para evitar la afectación al medio ambiente y proteger el derecho humano a la salud, derrota y prevalece sobre los intereses de las empresas y aquellos terceros que realicen descargas de residuos contaminantes”.

Sobre las condiciones ambientales de este río, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó (en marzo también) que al menos desde 1995, las autoridades mexicanas abandonaron las acciones de vigilancia y protección de este cuerpo de agua, que se convirtió en desagüe ilegal de industrias legales y clandestinas asentadas en las comunidades ubicadas en sus márgenes.

En la actualidad, según la investigación de la CNDH, la carga de arsénico en el Río Alto Atoyac impide que se desarrolle cualquier tipo de vida acuática.

Junto a este río, además, habitan alrededor de 2 millones 300 mil personas, cuya salud está en permanente riesgo no sólo por el contacto con las aguas tóxicas, sino también por la inhalación de los gases que emanan del río, y por su uso para riego de cultivos.

Entre los contaminantes vertidos a este río (que va cambiando de color en su recorrido, según el tipo de descargas) también están hidrocarburos poliaromáticos, pesticidas, emulsificantes, plastificantes, dispersantes, cloroformo, cloruro de metileno, etilbenceno, tetracloroetano, fenantreno, naftaleno, antraceno, sólo por mencionar algunos productos químicos de una larga lista.

Por toda esta situación, el Juzgado Tercero ordenó a las autoridades federales demandadas –que son la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental y la Secretaría de Salud– que “verifiquen el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental por parte de las empresas y terceros que realicen descargas de residuos contaminantes a los cuerpos de agua que integran la Cuenca Hidrológica Río Alto Atoyac”.

Los promotores de esta demanda en contra del gobierno federal son ciudadanos de Puebla y Tlaxcala, así como asociaciones civiles locales que, con base en la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa, buscan obligar a las autoridades a cumplir responsabilidades que, en el caso concreto del Río Alto Atoyac, han sido abandonadas desde hace décadas, en particular la obligación de impedir las descargas ilegales de contaminantes.

Leer: Gobierno dejó morir los ríos Atoyac y Xochiac y puso en peligro a 2 millones de personas

En nombre de los ciudadanos promotores de esta demanda, el abogado Vadir Israel Arvizu Hernández –director de la Alianza para la Defensa Ambiental AC– informó que “lo que pretendemos es alcanzar una condena en contra de las autoridades federales, que las obligue a destinar recursos para la remediación de esta cuenca hidrológica; que exista un programa concreto, para que independientemente del funcionario en turno encargado, se aplique una línea específica, orientada a rescatar este río”.

Anteriormente, señaló el abogado, “esta problemática no había sido posible llevarla a los juzgados, porque no existían mecanismos legales para hacerlo. En 2013, sin embargo, se promulgó la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y ésta le da, por fin, herramientas a la ciudadanía para castigar la omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones en materia ambiental”.

Este juicio, aclaró el presidente de la Alianza por la Defensa Ambiental AC, apenas está iniciando y, con optimismo, podría tomar al menos nueve meses el que se llegue a una sentencia. No obstante, el juez que lleva el caso consideró oportuno establecer desde un inicio medidas cautelares, “que impidan que durante el transcurso del juicio siga amenazado el objeto de la litis, que en este caso es el Río Alto Atoyac y sus afluentes”.

–La emisión de las medida cautelar por parte del Juzgado Tercero, y las conclusiones de la CNDH sobre su investigación del Río Alto Atoyac se presentaron en marzo, ¿ambas acciones estuvieron coordinadas? –se pregunta al abogado.

–No: la demanda fue interpuesta el 9 de marzo y el juez resolvió la medida cautelar el 22 de marzo. También en ese día fue emitida la recomendación de la CNDH, pero dicho organismo es totalmente separado del Poder Judicial, y la fecha en que presentó sus conclusiones fue decidida por ellos, independientemente del juicio que nosotros promovimos.

–¿Qué implica, en términos concretos, la emisión de la medida cautelar?

–El juez determinó que las autoridades federales deben determinar qué atribuciones, de todas las que le confiere la ley, debe ejercer desde ya, para impedir que las empresas y talleres clandestinos continúen afectando el río, pero esto es sólo de manera emergente, en tanto se resuelve el juicio, el cual, confiamos que concluirá con una sentencia condenatoria contra el gobierno federal, que lo obligue a cumplir las responsabilidades que han abandonado –concluyó.

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¿Por qué América Latina es la región con más muertes en el mundo por COVID?

La efectividad de las medidas implementadas por los 5 países (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) con más muertos por COVID-19 en la región se ha visto condicionada por su falta de infraestructura sanitaria y la precariedad laboral.
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19 de octubre, 2020
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Latinoamérica tuvo tiempo para prepararse y enfrentar bien la pandemia. Pero sus condiciones estructurales en economía, vivienda y salubridad terminaron haciendo que el continente se transformara en un lugar propicio para la propagación del COVID-19.

Así lo sugiere la investigación “Respuestas al COVID-19 en cinco países de Latinoamérica”, que revisó los primeros meses de combate a la pandemia en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú: los países con más muertes del continente según las estadísticas de la Universidad John Hopkins.

Los autores -un equipo multidisciplinario- analizaron las condiciones precovid y las respuestas de los gobiernos a la pandemia.

Entre los factores prepandémicos que identificaron están la alta informalidad laboral, hacinamiento y densidad poblacional, baja infraestructura hospitalaria e incapacidad de los sistemas sanitarios para desplegar mecanismos de testeo y trazabilidad tempranamente.

Todas esas limitantes hacen que “Latinoamérica sea una región más riesgosa” pues merman tanto la capacidad de reacción de los países como la posibilidad de que la población cumpla medidas como la cuarentena, según explica Alejandra Benítez, una de las autoras del estudio.

La investigación también plantea que, aunque algunos países reaccionaron rápido, no lograron revertir estas condiciones de base, porque la ayuda económica a los hogares fue insuficiente o llegó tarde para los grupos que más lo necesitaban.

“Chile, por ejemplo, fue rápido en cerrar aeropuertos y fronteras. También, comparativamente, fue efectivo en el aumento de camas hospitalarias y ventiladores. Pero lo que no se hizo rápido fue la trazabilidad, es decir lo relativo a encontrar a las personas enfermas, aislarlas, hacerles seguimiento. En lo económico hubo respuestas rápidas, pero solo para el sector formal de los trabajadores”, explica Carolina Velasco, también autora de la publicación.

Aeropuerto en Santiago en mayo de 2020.

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Chile reaccionó rápido el cierre de aeropuertos y fronteras cuando se desató la primera ola de la pandemia.

Los factores estructurales que impidieron reaccionar bien al COVID-19 podrían implicar otro problema mayor: que la enfermedad se vuelva endémica. El fenómeno ya ha empezado a detectarse en Reino Unido.

Un estudio realizado por Public Health England, una agencia dependiente del Departamento de Salud y Cuidado Social de ese país, mostró que las restricciones aplicadas durante la pandemia han sido poco efectivas en reducir el número de infectados en algunas áreas del norte de Inglaterra, donde el covid-19 está “firmemente instalado”.

Alta vulnerabilidad, pobreza y hacinamiento

Estos lugares son zonas habitadas por minorías étnicas que se caracterizan por alta vulnerabilidad, pobreza y hacinamiento.

Aunque esto no fue un tema del estudio, las investigadoras coinciden en que los determinantes que agravaron el impacto del COVID-19 en América Latina -en particular las condiciones de pobreza e informalidad laboral y la debilidad de los sistemas sanitarios- podrían hacer que “se convierta en un virus endémico”.

En el estudio, de hecho, se identificaron zonas y comunas donde, pese a las medidas implementadas, los casos y muertes por COVID-19 no disminuyeron a la velocidad esperada.

Zona en Tijuana, estado de Baja California en México.

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Varias zonas con problemas de hacinamiento y pobreza en América Latina podrían hacer que el coronavirus se convierta en un patógeno endémico.

Por ejemplo, las comunas de más bajos ingresos en la Región Metropolitana de Chile; la zona del Amazonas colombiano y las principales ciudades del sureste de Brasil.

La investigación examinó las políticas aplicadas por los cinco países entre febrero y agosto de 2020. Para analizar el nivel de reacción de los gobiernos en comparación con la evolución de la enfermedad, se usó un índice creado por la Universidad de Oxford.

Los gobiernos reaccionan pero el contagio no cesa

Una primera área de estudio es la de mitigación y contención, que se refiere a medidas como cierre de escuelas, cuarentenas, cierre de fronteras o restricción a eventos masivos.

En este tema, dicen los investigadores, casi todos los países (excepto Brasil) reaccionaron tempranamente: muy cerca de cuando se confirmó el primer caso de COVID-19.

Sin embargo, los datos muestran que “no hay una relación evidente entre la capacidad de reacción y los resultados sanitarios”. Ello pues, pese a las medidas adoptadas, los nuevos infectados y la tasa de positividad de COVID-19, “continuaron aumentando”.

Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

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De acuerdo a investigadores, Brasil reaccionó tarde en la aplicación de medidas como cierre de escuelas, fronteras y restricciones de eventos públicos.

En el área económica, todos los países, salvo Ecuador, redujeron sus tasas de interés, crearon condiciones para otorgar créditos y establecieron medidas para proteger el empleo.

“Sin embargo, el apoyo para los trabajadores informales y los más vulnerables fue más lento”, dicen los investigadores. Tomando en cuenta las distintas medidas implementadas, Colombia fue el país más rápido en reaccionar desde que comenzó el COVID-19: tardó 16 días.

Los investigadores también compararon la rapidez en la entrega de apoyos económicos en contextos de cuarentena: es decir, con restricciones de movilidad en algunas zonas (aunque éstas no siempre se cumplen, ya que una proporción importante de trabajadores necesita salir a la calle pues vive del ingreso diario).

En el caso de Chile, por ejemplo, desde que se aplicó la cuarentena obligatoria, la primera canasta de alimentos llegó a los 50 días (a un hogar de una comuna de bajos ingresos). En el caso de Colombia, la canasta demoró 9 días y en Brasil tardó 64 días.

Los autores midieron el monto de estímulo económico entregado por cada país en contextos de COVID-19: es decir, el aporte que sale del “bolsillo” del Estado.

Personas haciendo fila en Colombia para hacer tests de coronavirus.

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De acuerdo a expertos, Colombia fue uno de los países que más rápido reaccionó en el apoyo a trabajadores informales y vulnerables.

De los cinco casos analizados, Brasil es el que realiza un esfuerzo mayor, gastando alrededor de 880 dólares por habitante (alrededor de 10% del PIB nacional), seguido de Chile, con casi 800 dólares (5.2% del PIB). Colombia y Perú gastaron casi 500 dólares (7.6%) y 380 dólares (5.6%) por habitante.

Ecuador es el país que menos apoyo entrega: 24,8 dólare per cápita y 0.4% del PIB.

Índice de apoyo económico

Ahora, al analizar la magnitud del apoyo económico que se entregó a los hogares tomando en cuenta la evolución de la enfermedad, los datos son menos optimistas.

Por ejemplo, Chile comenzó el período con bajos niveles de apoyo a las familias (menos de 40% según el índice de Oxford, que llega hasta un máximo de 100%), pero éste fue aumentando (75% a mediados de junio). En el caso de Brasil, su índice de apoyo económico fue de 50%.

Según los investigadores, aún cuando los niveles de apoyo económico aumentan, no hay una correlación entre este dato y el número de casos o la tasa de positividad.

Al revés, los casos aumentan o se mantienen. “Esto sugiere que el apoyo en temas de ingreso no tuvo la efectividad esperada, no solo porque la implementación fue lenta, sino porque la magnitud del apoyo fue limitada. El único país que muestra una disminución en la tasa de positividad que coincide con un aumento del indicador es Chile“, explican los autores.

Países con más muertes por coronavirus. Muertes por cada 100.000 personas. .

Esto ocurre en un período en que las cuarentenas fueron más fuertes y comenzó a aplicarse una mejor estrategia de testeo y trazabilidad. Lo anterior lleva a concluir a los investigadores que, en contextos de pandemia, es central una respuesta temprana e integral.

Zonas vulnerables

Los autores identificaron algunas zonas geográficas en las que las medidas implementadas fueron menos efectivas.

En Chile, por ejemplo, el virus evolucionó de manera distinta en diferentes áreas de la Región Metropolitana. En las comunas de mayores ingresos, después de una semana de cuarentena, los casos diarios bajaron; en cambio, en aquellas comunas de menores ingresos (Independencia, San Ramón, La Granja y Recoleta), los casos diarios subieron.

“Estos datos son consistentes con la demora en la entrega de medidas de apoyo económico para los grupos vulnerables. La falta de respuesta económica temprana impidió a las personas quedarse en la casa y, por lo tanto, disminuyó el efecto de las restricciones“, plantean los autores.

En Colombia, la región más afectada en número de casos y muertes es la de Amazonas (32,9 casos y 1.3 muertes por cada 1,000 habitantes), localizada en una provincia donde la informalidad laboral alcanza un 90% y el hacinamiento y la pobreza llegan a 16% y 35%, respectivamente.

Niño navegando en bote en la Amazonía colombiana.

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La Amazonía colombiana es la zona más afectada por el coronavirus en todo el país.

En cambio, las zonas de Antioquía y Valle del Cauca, que poseen menores niveles de hacinamiento y pobreza, registran también un menor número de muertes.

En Ecuador, la provincia de Guayas presenta el mayor número de casos y muertos (alrededor de 18,000 y 1,700) y Santa Helena tiene una tasa de muerte de 82.5 por cada 100,000 habitantes. Ambas provincias tienen niveles de desempleo superiores a 20%.

Además, en Guayas los niveles de acceso de la población a servicios básicos y agua potable son bajos (66.6 y 85.7%, respectivamente).

Finalmente en Brasil, la región más impactada en número de casos y muertes es el Sudeste, con un 35% y 45% respectivamente. Esta región alberga al 42% de la población nacional y concentra las ciudades más densamente pobladas y turísticas, como Sao Paulo y Río de Janeiro.

Conclusiones del estudio

El trabajo concluye que las pandemias deben ser abordadas con una mirada integral, tomando en cuenta cuatro ámbitos: estrategias sanitarias y de contención; comunicación de los datos sobre la pandemia y medidas económicas de apoyo, particularmente a los grupos más vulnerables (para que puedan, por ejemplo, quedarse en sus casas aquellos que necesitan salir a trabajar).

Vista aérea de Santa Clara de San Millán en Ecuador.

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Las pandemias deben ser abordadas con una mirada integral, tomando en cuenta cuatro ámbitos: estrategias sanitarias y de contención; comunicación de los datos sobre la pandemia y medidas económicas de apoyo, particularmente a los grupos más vulnerables

Es clave contar con una estrategia sistemática de testeo, trazabilidad y seguimiento de casos en etapas tempranas de la pandemia, para contener brotes y evitar detener por largo tiempo la actividad del país, sugieren los autores.

Asimismo, es determinante contar con un buena comunicación y coordinación ya que optimiza la toma de decisiones y da más legitimidad a la autoridad y las estrategias implementadas, mejorando el cumplimiento de las medidas.

Finalmente, los hallazgos también ofrecen algunas luces sobre cómo convivir con una pandemia que estará presente por un buen tiempo. En ello las estrategias de testeo y trazabilidad son fundamentales para la vigilancia activa de casos y brotes.

*Marcela Ramos es investigadora asistente en la Universidad de Glasgow, Escocia, Reino Unido.

*Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer la nota original en este enlace.

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