El Gobierno de la Ciudad de México deberá indemnizar con 20 millones de pesos a la familia de una menor que murió víctima de un caso de negligencia médica, luego de que la varicela que padecía la niña no fue atendida de manera adecuada.
[contextly_sidebar id=”B5khk99VZzI6oVjPusVsCTPsrBZnnDhW”]Esa fue la determinación de los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes resolvieron de manera definitiva un caso que comenzó en 2004, cuando la menor falleció, tras ser contagiada de varicela en un albergue para mujeres víctimas de violencia de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México.
La decisión de la Suprema Corte ocurre luego de que los familiares de la víctima pelearon el caso durante 11 años, tiempo en el que otros tribunales fijaron diversos montos menores de indemnización, los cuales fueron apelados por el Gobierno de la Ciudad de México.
Un caso mal atendido de varicela
De acuerdo con el expediente, los hechos ocurrieron en 2004, cuando la madre, identificada con las iniciales DEF, y sus dos hijos acudieron al Instituto de la Mujer del Distrito Federal, como consecuencia de la grave situación de violencia intrafamiliar que habían sufrido.
“En dicha entidad fue canalizada al Albergue para Mujeres que Viven Violencia Familiar. Pese a ser informada de la existencia de un brote de varicela y frente a la falta de ofrecimiento de otras opciones –o la adopción de medidas preventivas–, la mujer aceptó su traslado ante la imposibilidad de volver a casa.
“Ya en el albergue y bajo la sospecha –que posteriormente resultó infundada– de que el hijo de 7 meses de edad se había contagiado, la familia fue trasladada al área de las personas que habían contraído la enfermedad. Ese mismo día, la niña de tres años se contagió de varicela. Tras 10 días durante los cuales la salud de la niña se deterioró, fue trasladada al Hospital Pediátrico de Tacubaya, donde por primera vez le realizaron exploraciones físicas y se prescribió el inicio de un tratamiento con antibiótico. Horas después, ya de vuelta en el albergue, la niña falleció a causa de una varicela complicada con sepsis”, indicó la Suprema Corte en un comunicado.
Luego de esos hechos, la madre de la víctima inició un juicio por responsabilidad civil en 2006, en contra del personal del albergue, de un médico del Hospital Pediátrico de Tacubaya y del Gobierno de la Ciudad de México.
“La secuela procesal del juicio fue compleja. En primera instancia se absolvió a los demandados; en apelación se revocó la sentencia y se condenó a dos codemandados y al Gobierno capitalino; y después de cuatro juicios de amparo y un recurso de inconformidad, la Sala responsable condenó a los dos médicos responsables y al Gobierno capitalino al pago de 15 millones de pesos”, agregó la Corte.
El pleito en tribunales continuó y un fallo de finales de 2013 redujo el pago a 7 millones de pesos, luego de que el tribunal colegiado de circuito respectivo resolvió que se debía tomar en cuenta “la condición económica de la víctima”.
El argumento para reducir el monto de la indemnización fue que la víctima vivía en condición precaria, por lo que se estimó que 15 millones de pesos eran excesivos, ya que el objetivo de estos pagos no es lucrar, sino reparar el daño.
No obstante, en mayo de 2014, la Suprema Corte consideró que este criterio no era aceptable, pues la pobreza de la víctima no puede ser argumento para limitar una indemnización.
“A juicio de esta Primera Sala, tales argumentos se traducen en una resolución discriminatoria, a partir de la cual se establece que en una posible condena por daño moral el elemento determinante es la situación económica de la víctima, de tal suerte que si dicha situación es precaria no se podrá obtener un monto alto, no obstante el resto de los elementos así lo permitan”, señalaron los ministros.
En agosto de 2014, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad volvió a fallar a favor de un pago de 15 millones de pesos; sin embargo, ante los amparos de la víctima y del Gobierno de la Ciudad de México, los ministros de la Corte atrajeron el caso y se pronunciaron de manera definitiva sobre la indemnización.
“Así, atendiendo a la capacidad económica del Gobierno CDMX y al impacto diferenciado que los hechos tuvieron en la quejosa como víctima de violencia intrafamiliar, la Primera Sala determinó que la indemnización debe incrementarse. Consecuentemente, negó el amparo al Gobierno local y lo concedió a la quejosa para que se aumentara la indemnización por daño moral a $20’000,000.00 M.N. (veinte millones de pesos 00/100, moneda nacional)”, indica el comunicado.
