Corte ordena a gobierno de la CDMX indemnizar con 20 mdp a una familia por un caso de varicela
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Corte ordena a gobierno de la CDMX indemnizar con 20 mdp a una familia por un caso de varicela

Una niña de 3 años de edad murió por un caso de varicela mal atendida, luego de contagiarse cuando estaba en un albergue de la Ciudad de México.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
3 de mayo, 2017
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El Gobierno de la Ciudad de México deberá indemnizar con 20 millones de pesos a la familia de una menor que murió víctima de un caso de negligencia médica, luego de que la varicela que padecía la niña no fue atendida de manera adecuada.

Esa fue la determinación de los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes resolvieron de manera definitiva un caso que comenzó en 2004, cuando la menor falleció, tras ser contagiada de varicela en un albergue para mujeres víctimas de violencia de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México.

La decisión de la Suprema Corte ocurre luego de que los familiares de la víctima pelearon el caso durante 11 años, tiempo en el que otros tribunales fijaron diversos montos menores de indemnización, los cuales fueron apelados por el Gobierno de la Ciudad de México.

Un caso mal atendido de varicela

De acuerdo con el expediente, los hechos ocurrieron en 2004, cuando la madre, identificada con las iniciales DEF, y sus dos hijos acudieron al Instituto de la Mujer del Distrito Federal, como consecuencia de la grave situación de violencia intrafamiliar que habían sufrido.

“En dicha entidad fue canalizada al Albergue para Mujeres que Viven Violencia Familiar. Pese a ser informada de la existencia de un brote de varicela y frente a la falta de ofrecimiento de otras opciones –o la adopción de medidas preventivas–, la mujer aceptó su traslado ante la imposibilidad de volver a casa.

“Ya en el albergue y bajo la sospecha –que posteriormente resultó infundada– de que el hijo de 7 meses de edad se había contagiado, la familia fue trasladada al área de las personas que habían contraído la enfermedad. Ese mismo día, la niña de tres años se contagió de varicela. Tras 10 días durante los cuales la salud de la niña se deterioró, fue trasladada al Hospital Pediátrico de Tacubaya, donde por primera vez le realizaron exploraciones físicas y se prescribió el inicio de un tratamiento con antibiótico. Horas después, ya de vuelta en el albergue, la niña falleció a causa de una varicela complicada con sepsis”, indicó la Suprema Corte en un comunicado.

Luego de esos hechos, la madre de la víctima inició un juicio por responsabilidad civil en 2006, en contra del personal del albergue, de un médico del Hospital Pediátrico de Tacubaya y del Gobierno de la Ciudad  de México.

“La secuela procesal del juicio fue compleja. En primera instancia se absolvió a los demandados; en apelación se revocó la sentencia y se condenó a dos codemandados y al Gobierno capitalino; y después de cuatro juicios de amparo y un recurso de inconformidad, la Sala responsable condenó a los dos médicos responsables y al Gobierno capitalino al pago de 15 millones de pesos”, agregó la Corte.

El pleito en tribunales continuó y un fallo de finales de 2013 redujo el pago a 7 millones de pesos, luego de que el tribunal colegiado de circuito respectivo resolvió que se debía tomar en cuenta “la condición económica de la víctima”.

El argumento para reducir el monto de la indemnización fue que la víctima vivía en condición precaria, por lo que se estimó que 15 millones de pesos eran excesivos, ya que el objetivo de estos pagos no es lucrar, sino reparar el daño.

No obstante, en mayo de 2014, la Suprema Corte consideró que este criterio no era aceptable, pues la pobreza de la víctima no puede ser argumento para limitar una indemnización.

“A juicio de esta Primera Sala, tales argumentos se traducen en una resolución discriminatoria, a partir de la cual se establece que en una posible condena por daño moral el elemento determinante es la situación económica de la víctima, de tal suerte que si dicha situación es precaria no se podrá obtener un monto alto, no obstante el resto de los elementos así lo permitan”, señalaron los ministros.

En agosto de 2014, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad volvió a fallar a favor de un pago de 15 millones de pesos; sin embargo, ante los amparos de la víctima y del Gobierno de la Ciudad de México, los ministros de la Corte atrajeron el caso y se pronunciaron de manera definitiva sobre la indemnización.

“Así, atendiendo a la capacidad económica del Gobierno CDMX y al impacto diferenciado que los hechos tuvieron en la quejosa como víctima de violencia intrafamiliar, la Primera Sala determinó que la indemnización debe incrementarse. Consecuentemente, negó el amparo al Gobierno local y lo concedió a la quejosa para que se aumentara la indemnización por daño moral a $20’000,000.00 M.N. (veinte millones de pesos 00/100, moneda nacional)”, indica el comunicado.

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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https://www.youtube.com/watch?v=cqiupsqBZik

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