Autoridades declaran inexistente a comunidad de indígenas, para explotar sus tierras ancestrales
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Cuartoscuro

Autoridades declaran inexistente a comunidad de indígenas, para explotar sus tierras ancestrales

Las tierras de una comunidad de indígenas han sido comercializadas por autoridades y particulares, a pesar de que los rarámuris cuentan con documentos sobre la propiedad de las mismas.
Cuartoscuro
Por Paris Martínez
26 de mayo, 2017
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Bosques San Elías Repechique es una región enclavada en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, cuyas tierras y riquezas naturales han sido comercializadas por las autoridades en turno, así como por particulares, al menos desde la época del Porfiriato y hasta el presente y con una peculiaridad: cada vez que estas tierras han sido vendidas, las transacciones no sólo han incluido el suelo, sino también a los pueblos indígenas que, desde hace siglos, habitan ahí.

Incluso ahora, las autoridades mexicanas reportan oficialmente que esta comunidad es inexistente y, por esta vía, sus tierras han sido reclamadas en los años pasados para distintos proyectos privados: un aeropuerto, un gasoducto, y más recientemente, para la tala comercial de sus bosques.

“Sobre la existencia de esta comunidad rarámuri se cuenta con varios documentos históricos –explica Diana Villalobos, directora de la asociación civil Consultoría Técnica y Comunitaria, que brinda acompañamiento legal a los habitantes de Bosques San Elías Repechique–: existen fes bautismales de la época de la Colonia, los antecedentes registrales de 1888 y de 1906 mediante los cuales Porfirio Díaz vendió la región, dividiéndola en dos grandes propiedades, una de 70 mil hectáreas y otra de 15 mil, y en ambos casos las escrituras especificaban que eran tierras habitadas por indígenas.”

Luego de la Revolución, a esas dos propiedades “privadas” les fueron restando tierra para crear nuevos ejidos, pero sus propietarios originales, los rarámuris, no fueron incluidos en la dotación de tierras, que en su caso implicaría solamente reconocer su existencia y su propiedad sobre la comunidad que ya habitaban.

Desde 1940, la comunidad rarámuri de Bosques San Elías Repechique ha luchado por el reconocimiento de su existencia[/animalp-quote-highlight]

Tras el reparto agrario, Bosques San Elías Repechique se redujo de 85 mil a 33 mil hectáreas, que seguían siendo consideradas propiedad privada, aunque estuvieran habitadas por pueblos indígenas, repartidos en 33 rancherías.

“Al menos desde 1940, la comunidad rarámuri de Bosques San Elías Repechique ha luchado por el reconocimiento de su existencia –detalla Diana Villalobos– y de su propiedad sobre esas tierras. Se trata de 33 mil hectáreas, oficialmente divididas en 12 propiedades particulares, cuyos dueños ‘legales’ son 50 personas que nunca han pisado la zona: familias que viven en Toluca, en Estados Unidos, en Chihuahua, en Ciudad Cuauhtémoc… estas familias, en 2007, le enviaron una carta a la comunidad rarámuri, en la que les informaban que estaban viviendo ahí de prestado.”

Con esta carta, de la que Animal Político posee una copia, se informa “a todos los habitantes de los predios Pino Gordo, El Águila y El Venado” (que forman parte de las 33 rancherías rarámuris de la región) que estos terrenos “son propiedad legítima de los herederos del señor Gregorio Cuesta Musy (…) por lo que toda la gente que en este momento habita estos terrenos están en calidad de huéspedes y se les presta la tierra para que la trabajen, con la condición de que el día que se les requiera la tierra para cualquier uso, éstos dejarán y devolverán la tierra”.

Pueblos indígenas deben tener la última palabra sobre proyectos que afecten su territorio: CNDH

Indígenas luchan por el reconocimiento

En 2014, los pobladores rarámuris de Bosques San Elías Repechique ganaron una primera batalla legal, al obtener un amparo por la construcción del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre-Creel, luego de que las autoridades concesionaron parte de estas tierras que reclaman como ancestrales, para la construcción de dicha obra, sin previamente haber consultado a los pueblos indígenas afectados sobre este proyecto.

El amparo, promovido por los “gobernadores indígenas” de Bosques San Elías Repechique, reconoce que, en cumplimiento de los acuerdos internacionales que el Estado mexicano ha firmado, la construcción del aeropuerto debió ser consultada con los pueblos rarámuris antes de haberse llevado a cabo, por lo cual, un juez federal ordenó la constitución de un fideicomiso que  resarciera los daños causados a las poblaciones indígenas que reclaman esas tierras.

“Aunque la comunidad de Bosques San Elías Repechique no existe para la las autoridades, el amparo obtenido fue, en los hechos, un reconocimiento de existencia, porque el juez se basó en la realidad: ahí han vivido desde hace generaciones los pueblos rarámuris, esas tierras han sido siempre suyas, y ante cualquier proyecto que las afecte, el gobierno obligado a consultarlas, eso dice el amparo”, subrayó la defensora de derechos humanos Diana Villalobos.

También en 2014, los pueblos indígenas de Bosques San Elías Repechique ganaron un segundo amparo, contra la construcción de un gasoducto que pasaba por sus tierras, proyecto otorgado a la empresa Transportadora de Gas Natural, nuevamente, sin haber consultado a los rarámuris.

En este caso, se logró que el trazo del gasoducto fuera modificado, para que no pasara por los bosques indígenas.

El acoso sobre estas tierras, no obstante, se mantiene.

Ahora, explicó Diana Villalobos, luego de que se han echado abajo las concesiones sobre estas tierras, las 12 familias que ostentan su titularidad legal promueven la explotación comercial del bosque, mediante la tala.

Es gente que quiere convertir esas tierras en dinero, sin importarles cómo[/animalp-quote-highlight]

“Los pueblos indígenas están asentados en una superifice de 11 mil 300 hectáreeas –explica Villalobos–, y al menos 65% de esa superficie ya fue entregada para el aprovechamiento forestal: los propietarios privados pidieron los permisos de extracción y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se los otorgó, nuevamente sin consultar a los pueblos indígenas que ahí están asentados.”

Desde noviembre de 2016, denunció la integrante de la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, los propietarios privados comenzaron a marcar árboles, para luego talarlos, “y la densidad de la corta realizada hasta ahora es demasiado alta: los pobladores indígenas comenzaron una inspección sobre un terreno muestra de 56 hectáreas, ahí encontraron que habían sido talado al menos 2 mil 900 pinos, y otros mil 500 ya estaban marcados para la corta”.

Para ocultar las zonas de tala, denunció, éstas son incendiadas luego de que se llevan los árboles.

“Quienes ahora promueven la explotación de los bosques es gente que nunca ha tenido apego por ellos, es gente que nunca ha vivido ahí, que sólo han ido heredando esas propiedades inmobiliarias, desde la época en que fueron despojadas a los indígenas y hasta la actualidad. Es gente que quiere convertir esas tierras en dinero, sin importarles cómo”.

Por el contrario, explicó, los pueblos indígenas que desde antes de la colonia viven en lo que hoy se conoce como Bosques San Elías Repechique, “ven en el bosque su fuente de vida: es su principal fuente de agua, ellos son pequeños agricultores, o pastorean algunos chivos, no extraen madera, no talan el bosque, no saquean las especies animales, por el contrario, cada vez que hay un incendio forestal, son los indígenas rarámuris los únicos que salen a apagarlos”.

Es precisamente por eso, insistió la asesora de los indígenas, que estas comunidades estorban, porque no comparten la lógica extractiva y comercial que desde el siglo pasado ha venido imponiéndose en la Sierra Tarahumara, “y la mejor forma de hacerlos a un lado es hacer literalmente como que no existen”.

De hecho, apenas el 10 de mayo pasado, el diario La Opción de Chihuahua hizo público un documento oficial del Registro Agrario Nacional, según el cual “no se encontraron antecedentes registrales de la existencia de una comunidad o ejido denominado Bosque de San Elías Repechique”.

No es raro, remata Villalobos: “esta comunidad indígena nunca ha existido, para los poderosos”.

Animal Político solicitó una entrevista con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para conocer su postura en torno a esta problemática. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta favorable.

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Qué es la "generación confinada" que sufrirá los efectos económicos del COVID por al menos una década

También llamada "generación cuarentena", este grupo de jóvenes se enfrentará a un futuro mucho más duro que el resto de la población durante la pandemia de coronavirus y después de ella.
30 de mayo, 2020
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Los jóvenes entre 15 y 24 años serán más golpeados que el resto de la población por la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus. Ya se habla de la “generación confinada”.

Y es que las dificultades que enfrentan actualmente en el mercado laboral y las que les esperan en el futuro pospandemia, según un análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Uno de cada seis jóvenes en el mundo ha perdido su empleo desde el comienzo de la epidemia y los que siguen ocupados vieron reducir sus horas de trabajo en un 23%, señala el organismo.

“Es una generación que quedará marcada por el virus”, le dice a BBC Mundo Susana Puerto, especialista en empleo juvenil de la OIT, al tiempo que agrega que los efectos de esta crisis se extenderán por al menos una década, como ocurrió con la crisis económica de 2008.

“Esta vez es mucho peor y por eso pensamos que los efectos serán duraderos“, explica Puerto.

La experta explica que la pandemia no hizo sino agudizar las vulnerabilidades que los jóvenes ya tenían en el mercado laboral.

Y advierte que la situación podría ser mucho más dura de lo que muestran las cifras hasta ahora, ya que las estimaciones fueron hechas con un sondeo por internet y muchos de los empleados jóvenes más vulnerables no tienen acceso al servicio.

El triple efecto de la pandemia

Desde otras perspectiva, como una gran parte de los centros educacionales tuvieron que cerrar su puertas en los momentos más difíciles de la pandemia, existe el riesgo de que algunos jóvenes se retrasen o no regresen al sistema.

En ese sentido, señala la OIT, la pandemia tiene un triple impacto sobre los jóvenes: destruye sus empleos, su educación y pone obstáculos para los que quieren incorporarse al mundo laboral.

Familia en una villa miseria en Buenos Aires.

Getty Images
Las mujeres jóvenes serán las más afectadas en el mercado laboral de acuerdo a las proyecciones de la OIT.

Antes de la pandemia la tasa de desempleo juvenil en el mundo era de 13,6% (comparada con un 4,9% de toda la población activa) y en Latinoamérica de 17,9% (comparada con un 8,1%), lo cual refleja la vulnerabilidad de este grupo.

Además, aquellos jóvenes con trabajo tenían ocupaciones mal remuneradas o pertenecían a la economía informal.

Así las cosas, el panorama no es muy alentador. La experta anticipa un aumento en el número de jóvenes que no estudia ni trabaja a nivel global, con un efecto más pronunciado en el caso de las mujeres jóvenes.

Miedo o desconfianza en el futuro

“La mitad de los jóvenes encuestados siente miedo o desconfianza en el futuro”, explica Puerto, agregando que eso puede llegar a ser peligroso.

“Los jóvenes pueden caer en estados de depresión o ansiedad y eso es devastador”, apunta.

Joven detrás de una reja

Getty Images
Tres de cada cuatro jóvenes activos en el mercado laboral realiza empleos informales que no le proporcionan acceso directo a la protección social.

Tres de cada cuatro jóvenes activos en el mercado laboral trabaja en el sector informal, lo que no le proporcionan acceso directo a la protección social ni a las ayudas de emergencia que está entregando el Estado en medio de la crisis.

Frente a esta situación, la OIT propone la aplicación de algunas políticas que se implementaron tras la Gran Recesión de 2008, que requieren un aumento del gasto público para apoyar la creación de empleo.

El organismo plantea que ante las actuales circunstancias, los gobiernos deben tomar medidas urgentes y a gran escala con el foco puesto en este sector más vulnerable de la población.

Eso requiere, señala la OIT, estimular la economía, apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos, además de proteger a los empleados en el lugar de trabajo.

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