Diez organizaciones sociales dejaron el Secretariado Técnico Tripartita (STT), con el que opera en México la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), denunciando que la administración de Enrique Peña Nieto no actuó de manera efectiva ante el caso de espionaje de diferentes oficinas del gobierno mexicano a investigadores y defensores de la salud en México, revelado en febrero pasado.
[contextly_sidebar id=”dyKPi9F0zd7ElOp5cSbkv0CfL836Cp7T”]“En México no existen las condiciones para una participación libre y segura de la sociedad civil que permitan avanzar en la agenda de la Alianza para el Gobierno Abierto”, acusaron las organizaciones en un comunicado.
“El espionaje dirigido a defensores de derechos humanos y el incremento súbito de las amenazas a la libertad de expresión aumentan la desconfianza e impiden un diálogo entre pares con el gobierno”, agregaron.
El caso, “acerca de la participación de diferentes oficinas del gobierno mexicano en la vigilancia digital ilegal a por lo menos tres destacados investigadores y defensores de la salud en México”, fue dado a conocer el 11 de febrero pasado.
Lo hizo el diario The New York Times, a partir de un informe técnico elaborado por Citizen Lab, con la ayuda de ONG locales de derechos digitales, SocialTic y R3D.
Dos de los defensores de la salud que sufrieron espionaje, apuntaron las organizaciones, trabajan en conjunto con la Sociedad Civil y el gobierno en la iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto, para la construcción del compromiso de Obesidad del Tercer Plan de Acción / 2016-2018.
“Ante dicha situación, el núcleo exigió al Poder Ejecutivo Federal (representado por la Secretaría de la Función Pública) y a los Comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), contrapartes en el Secretariado Técnico Tripartita (STT), actuar de manera efectiva ante este delicado asunto, pero no hubo una respuesta concreta en más de tres meses”, apuntaron las organizaciones.
“La Sociedad Civil consideró que ‘esta vigilancia resulta ilegal, como sistema de control y sin que medie una orden judicial, deja en estado de indefensión a los ciudadanos y vulnera su privacidad […] además de ser una práctica asociada a estados totalitarios contraria a la apertura gubernamental que se promueve a través de los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto'”, agregaron.
A lo anterior, continuaron las organizaciones, “se suma la actuación de distintas dependencias del Ejecutivo Federal que buscaron ‘disminuir el alcance o modificar sustantivamente, de manera unilateral, los compromisos y líneas de acción tal y como fueron acordados en las mesas de trabajo del año pasado para llevar a cabo la agenda planteada para el Tercer Plan de Acción'”, en referencia al plan sobre obesidad.
Las 10 organizaciones concluyen su participación en el Secretariado Técnico Tripartita (STT) tras más de cinco años de trabajo en ese espacio, “por la pérdida de confianza hacia éste” y la falta de “condiciones de co-creación y diálogo con el Gobierno Federal para continuar dentro del proceso del Tercer Plan de Acción”.
México, refirieron, fue uno de los 8 países fundadores de la Alianza por el Gobierno Abierto, a nivel internacional.
A continuación los datos que dieron los grupos ciudadanos sobre qué es la Alianza y cómo opera en México:
“La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa multilateral conformada por 75 países que trabajan en conjunto con la sociedad civil para promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia, combatir la corrupción y usar la tecnología como habilitador de esta apertura.
En México, ésta opera a través de un Secretariado Técnico Tripartita (STT), que es el espacio de toma de decisiones compuesto por tres partes: Poder Ejecutivo (SFP), órgano garante (INAI) y el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) para la toma de decisiones de la AGA”.
