Registro inexistente, mandos sin sanción: 8 ausencias en la ley contra desaparición forzada
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Manu Ureste

Registro inexistente, mandos sin sanción: 8 ausencias en la ley contra desaparición forzada

Un análisis de 14 organizaciones de víctimas y activistas advierte fallas graves en la norma pueden derivar en impunidad y no en la resolución de los casos.
Manu Ureste
Por Arturo Angel
2 de mayo, 2017
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La falta de un registro  de víctimas de desaparición forzada, la imposibilidad para investigar y castigar a mandos que ordenen a sus subordinados detener ilegalmente a una persona, la ausencia de un instituto forense independiente que ayude en la búsqueda e identificación de las personas. 

Lo anterior son ejemplos de puntos y herramientas clave que no están contemplados en el dictamen por el que se crea la primera Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en México.

Un análisis hecho por 14 organizaciones especializadas en el tema, y que forman parte de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, identificó ocho fallas o ausencias en el contenido de esta ley que –desde su punto de vista– puede contribuir a la impunidad de los casos y no a su solución.

“Estamos ante una propuesta de ley incompleta que de aprobarse así requerirá varias reformas y reformas y que retrasarán su implementación real.  Esta ley no favorece a conocer la verdad porque no hay una comisión de búsqueda y además propicia impunidad al no haber castigo a la cadena de mando detrás de una desaparición”, dijo en entrevista Zita Loyo, integrante del Comité Cerezo, una de las organizaciones impulsora de la Campaña Nacional.

La semana pasada el Senado aprobó el dictamen por el que se crea la primera Ley contra la Desaparición Forzada en México. El documento pasó ahora a manos de la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.

Las ausencias clave

  • Sin registro de desaparición forzada

La ley aprobada estipula que se creará un nuevo registro de desapariciones, denominado registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, en lugar del que existe actualmente denominado Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Sin embargo el dictamen aprobado no  contempla un registro específico de personas en casos de desaparición forzada.

“Estamos realmente ante un registro que sólo se le cambió de nombre pero que sigue mezclando casos de desapariciones con el de personas extraviadas por otras situaciones Esto impide conocer realmente la dimensión de las víctimas de desaparición forzada y de las desapariciones cometidas por la delincuencia. Y el registro tampoco tiene estándares mínimos para diferenciar los casos”, dijo Zita Loyo.

Animal Político publicó en febrero pasado un estudio que evidenció que en México no se sabe realmente cuántas personas desaparecidas hay debido a que los registros son ambiguos y están pobremente clasificados.

  • Autores intelectuales impunes

La Campaña Nacional advirtió que contrario a las propuestas planteadas por las organizaciones previamente y a lineamientos internacionales, la nueva ley no contempla castigos para superiores jerárquicos de los servidores públicos que materialmente incurren en una desaparición forzada, con lo que se deja sin castigo a los posibles autores intelectuales.

“El Estado mexicano se negó a establecer la responsabilidad de los superiores jerárquicos como lo mandata la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada en su Artículo 6; aun a sabiendas de que esto le traerá como consecuencia graves llamamientos y recomendaciones de las instancias internacionales”, señalaron las organizaciones en su análisis.

  • Búsqueda incompleta de los desaparecidos

Las organizaciones acusaron que la Ley aprobada no contempla  un mecanismo integral de búsqueda de personas desaparecidas como se había exigido en casi año y medio de pláticas para sacar esta iniciativa.

“Nosotros habíamos planteado que tenía que haber un ente con capacidad de búsqueda inmediata pero que no solo se aboque al destino final de la víctima o de encontrar su cuerpo, sino de una investigación de búsqueda, es decir, reconstruir todos los lugares donde pudo haber sido llevada una persona detenida de forma forzada y eso incluye capacidades para revisar cárceles y cuarteles militares. Pero nada de eso quedó”, dijo Zita Loyo.

Lo que la ley aprobada por los Senadores establece es una Comisión Nacional de Búsqueda que según los activistas, es una figura general sin atribuciones reales.

  • Sin datos forenses confiables

Las organizaciones propusieron la creación de un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses, el cual sería un órgano independiente para realizar investigación forense que ayude en la búsqueda de personas desaparecidas.

Pero en el dictamen aprobado se plantea en su lugar un Banco Nacional de Datos Forenses. Desde el punto de vista de la Campaña Nacional esto se queda corto, pues se trata solo de una instancia que agrupará datos proporcionados por los servicios forenses de las Procuradurías que padecen múltiples deficiencias.

  • Guerra Sucia sin atención

Pese a que el Estado Mexicano reconoce que las desapariciones forzadas de la época conocida como “Guerra Sucia” en México deben ser investigadas, no se contempló en la Ley uan instancia de búsqueda inmediata que se encargue de rastrear a las víctimas de estos episodios, pese a que era un planteamiento hecho por las organizaciones.  

  • Militares sin juicio

Una de las prioridades planteadas por los impulsores de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México era que se integrara un capítulo especial en la Ley donde se especificara que la implicación de militares en casos de desaparición forzada debe ser esclarecida en tribunales civiles, pero esto no aparece en el dictamen.

“El Estado mexicano se negó a integrar cualquier artículo donde se hiciera alusión a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, lo que garantiza la imposibilidad de que éstas sean juzgadas bajo su propia jurisdicción”, señaló la campaña.

  • Casos mal catalogados seguirán igual

El dictamen aprobado por el Senado de la Ley General de Desaparición Forzada no incluyó la reclasificación de delitos, es decir, de reconsiderar casos pasados que no fueron considerados como desaparición forzada como tales.

De acuerdo con los activistas, esto continuará dejando sin acceso a la justica a muchas víctimas de casos de desaparición forzada que ya existen aun cuando entre en vigor la ley.

  • Sin ayuda independiente

Las organizaciones de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México también calificaron como un error que en lugar de crearse un mecanismo independiente de ayuda a las víctimas de desaparición forzada, en aspectos como el conseguir peritos o realizar búsquedas, se haya dejado el tema sujeto a la Ley General de Víctimas.

Subrayaron que la Ley de Víctimas no solo no ha arrojado buenos resultados sino ha provocado que muchas víctimas se alejen del sistema debido a la burocracia que implica.

Sin aval

Las organizaciones detrás de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada concluyeron que no pueden avalar el dictamen de la Ley contra la Desaparición Forzada en México por las carencias señaladas anteriormente.

Reconocieron que es un avance la tipificación de este delito en México y de las desapariciones donde también están involucrados particulares, además de que se catalogue a estos delitos de extrema gravedad y no prescriban.

Pero Zita Loyo subrayó que no puede haber un reconocimiento a una legislación que en la práctica funcionará a medias y no lleva justicia auténtica a las víctimas.

“Tememos que suceda lo de la Ley General de Víctimas, que lejos de ser una ventaja solo ha revictimizado a las propias personas por sus fallas de origen. Nos podemos entrampar en un proceso de reformas que no nos ayude a avanzar”, concluyó.

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Rusia y Ucrania: por qué Biden cruzó una peligrosa línea al comentar que Putin 'no puede seguir en el poder'

Las declaraciones fuera de guion del presidente estadounidense sobre su homólogo ruso han tensado las relaciones entre ambos países.
28 de marzo, 2022
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El presidente de EU, Joe Biden, hizo la semana pasada una serie de declaraciones fuera de guion que elevaron la temperatura de las relaciones entre su país y Rusia.

Su comentario improvisado el sábado en la parte final de lo que en Polonia consideraron un “gran discurso”, cuando sugirió la destitución del presidente Vladimir Putin, pudo haber tenido graves consecuencias.

En su discurso ante una multitud de funcionarios y dignatarios del gobierno polaco en el Castillo Real de Varsovia, el presidente de EE.UU. advirtió una vez más que el mundo se encuentra en medio de un conflicto decisivo en nuestra era entre democracias y autocracias.

Prometió que la OTAN defenderá “cada centímetro” del territorio de sus estados miembros. También que brindará un apoyo continuo a Ucrania, aunque señaló que el Ejército estadounidense no se enfrentará a las fuerzas rusas allí.

Fue un discurso de confrontación, aunque mesurado, en línea con el que mantienen desde hace meses las autoridades estadounidenses, comenzando por el secretario de Estado, Antony Blinken.

Al final, justo antes de los agradecimientos y la despedida, Biden comentó sobre su homólogo ruso: Por el amor de Dios, este hombre no puede seguir en el poder”.

Ahí estalla la bomba.

“Este discurso, y los comentarios referidos a Rusia, son asombrosos, por usar términos educados”, declaró el portavoz de Moscú, Dmitry Peskov. Biden, afirmó, “no entiende que el mundo no se limita a Estados Unidos y gran parte de Europa”.

Putin y Peskov

Getty Images
Peskov, portavoz del gobierno de Putin, criticó el comentario de Biden.

Y entonces EE.UU. recula.

“El punto del presidente era que no se puede permitir que Putin ejerza el poder sobre sus vecinos o la región”, alegó un funcionario de Washington. “No estaba debatiendo el poder de Putin en Rusia, o un cambio de régimen”.

La línea entre condenar y pedir un cambio de régimen

La rapidez con la que se emitió la “aclaración”, de la que luego se hizo eco Blinken, sugiere que el gobierno de EE.UU. comprende el peligro inherente de las palabras de Biden.

Horas antes el presidente de Estados Unidos había llamado “carnicero” a Putin; y la semana pasada pareció adelantarse al procedimiento diplomático de su propia administración al acusar al líder ruso de crímenes de guerra.

En ambos casos los comentarios de Biden provocaron condenas y advertencias de Moscú de que las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia se estaban deteriorando hasta el punto de ruptura.

Hay una línea entre condenar al líder de una nación -la retórica a veces sobrecalentada de la diplomacia- y pedir su destitución; una línea que tanto los estadounidenses como los soviéticos respetaban incluso en el apogeo de la Guerra Fría; una línea que Biden, en principio, ha cruzado.

Frecuentemente se acusa a los países poderosos de imponer a los débiles un “cambio de régimen”.

Esto, sin embargo, no suele ser lo que una nación con armas nucleares exige a otra.

El domingo incluso algunos aliados de Estados Unidos intentaban distanciarse de los comentarios de Biden.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que el líder estadounidense estaba poniendo en peligro las negociaciones de armisticio entre Rusia y Ucrania.

“Queremos detener la guerra que Rusia ha creado en Ucrania sin una escalada”, afirmó. “Si esto es lo que queremos hacer no debemos agravar las cosas, ni con palabras ni con acciones”.

En Washington, los líderes del Congreso también expresaron su preocupación. El republicano de Idaho Jim Risch, el de mayor rango en su partido en el comité de relaciones exteriores del Senado, calificó los comentarios de Biden como una “horrible metedura de pata”.

“Dios mío, desearía que lo ciñeran al guion”, declaró. “Decir, o incluso como hizo él, sugerir que tu política es de cambio de régimen, causa un gran problema. Esta administración ha hecho todo lo posible para detener la escalada. No hay mucho más que puedas hacer para aumentarla que pedir un cambio de régimen”.

Un historial de comentarios improvisados

Joe Biden y Barack Obama en 2012

Getty Images

Es conocida la tendencia de Biden a hacer comentarios improvisados que pueden ponerlo en situaciones difíciles.

Estos han dañado anteriores candidaturas presidenciales y en ocasiones han sembrado la frustración entre los funcionarios de la administración Obama cuando era vicepresidente. Sin embargo, tales comentarios no son del todo accidentales. Pueden revelar lo que siente Biden aún si su cabeza -y las de quienes lo rodean- preferirían que se callara.

A veces son una fortaleza política, escribe Tom Nichols de la publicación The Atlantic, que permite a Biden conectarse auténticamente con las emociones del pueblo estadounidense.

Pero en este momento actual de crisis diplomática, cuando unas palabras mal elegidas pueden acarrear consecuencias importantes, también se consideran una debilidad.

“Es difícil culpar a Biden por no contener su conocido temperamento después de hablar con las personas que han sufrido la barbarie de Putin”, escribe Nichols. “Pero las palabras de todos los líderes mundiales importan en este momento, y ninguna más que las del presidente de Estados Unidos”.

Es posible que Biden crea que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están tan dañadas que no se repararán mientras Putin esté en el poder. Sin embargo, decirlo explícitamente podría dificultar el objetivo inmediato de Estados Unidos: poner fin a la guerra en Ucrania y preservar la integridad territorial de la nación.

La guerra en Ucrania no transcurre como Putin pretendía. Su ejército está atascado en amargos combates y las bajas van en aumento. Su economía está sufriendo el peso de las sanciones económicas. Rusia está cada vez más aislada del resto del mundo.

La situación tiene potencial para llevar a la desescalada que piden EE.UU. y sus aliados, pero también podría hacer que Putin se desespere más. Y si el líder ruso cree que su poder está en juego, y piensa que EE. UU. persigue ese objetivo de forma abierta, es posible que el giro que tome la crisis a partir de ahora no sea precisamente el de la paz.


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