Los servidores públicos que incurran en actos de agresión a periodistas y personas defensoras de derechos humanos no serán separados del cargo, a menos que se trate de un delito grave en la legislación federal como homicidio, crimen organizado, violación, secuestro.
[contextly_sidebar id=”LWEmf1s4C4S76DXOnSN8f5XG2goRvUiu”]Casos emblemáticos en Guanajuato de agresiones a la libertad de expresión como el Karla Silva, Gilberto Navarro o Socorro Bernal, habrían tenido el mismo tratamiento con o sin la Ley de Protección que fue aprobada en la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables este martes.
Al no presentarse iniciativas de reformas a leyes secundarias como el Código Penal o la Ley de Responsabilidades a Servidores Públicos, casos como la golpiza a Karla Silva, la agresión directa a Gilberto Navarro al ser atropellado o la censura a Socorro Bernal tendrían el mismo manejo porque no existe la agravante por coartar la libertad de expresión.
Aunado a lo anterior, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, la priista Irma Leticia González, propuso la adhesión de un artículo 38 para dejar establecido en la Ley que la separación del cargo de un servidor público tendrá lugar únicamente cuando se cometa un delito grave.
