Las quejas por tortura se quintuplican; PGR resuelve menos del 1% de los casos
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Cuartoscuro

Las quejas por tortura se quintuplican; PGR resuelve menos del 1% de los casos

De más de 10 mil averiguaciones abiertas por la CNDH entre 2012 y 2016, solo 22 casos fueron consignados ante un juez, sin que todos tuvieran condena.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
30 de mayo, 2017
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Las quejas por tortura en México ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se han multiplicado por cinco en el último año. En tanto, la Procuraduría General de la República resuelve menos del uno por ciento de los casos, y la nueva ley aprobada para combatir este delito no ha entrado en vigor.

Esa es la realidad que arrojan los datos oficiales revelados por la CNDH y autoridades a través de solicitudes de transparencia.

En cuanto a las quejas interpuestas ante la CNDH, por presuntos actos de tortura cometidos por autoridades, prácticamente se quintuplicaron en el último año, según los datos del organismo. De 43 quejas registradas en 2015  pasaron a 209 quejas en 2016: un crecimiento de 386 por ciento.

En 2013 y 2014 las quejas habían descendido a cinco y siete casos respectivamente, mientras que en años anteriores estuvieron entre los 10 y 20 casos.

Animal Político buscó a la CNDH para saber si este aumento en las quejas pudo ser ocasionado por un cambio en el sistema de registro, pero la respuesta es que solo se han fortalecido las campañas de denuncia. Lo que significaría que antes había un subregistro de casos.

Grafico torturas

Las quejas se han quintuplicado.

 

Por cada una de las 311 quejas por presunta tortura presentadas entre el 2010 y el 2016, la CNDH ha abierto expedientes de investigación. Se han emitido 68 recomendaciones por tratos crueles y tortura a distintas autoridades federales y estatales. En cinco de ellos, la indagatoria fue cerrada “por falta de interés de la persona que la promovió o por no haber evidencia suficiente”, mientras que el resto de las quejas siguen abiertas y algunas se han acumulado por tratarse de un mismo caso con varias víctimas.

De las 68 recomendaciones emitidas solamente hay dos en donde una de las autoridades señaladas no aceptó ni admitió que los hechos hayan ocurrido.

El resto de las recomendaciones si fueron aceptadas, aunque la CNDH reporta que en 21 casos (casi la tercera parte), no se han cumplido todos los puntos recomendatorios.

Policía Federal, líder en tortura

Los datos de la CNDH señalan que 108 autoridades han recibido recomendaciones por casos de tortura, y que hay más de 150 que están involucradas en expedientes de queja aún no resueltos.

Una revisión a los registros hecha por este medio arroja que la Policía Federal (dependiente antes de la Secretaría de Seguridad Pública y hoy de la Secretaría de Gobernación) es la autoridad más denunciada por posibles casos de tortura, ante la Comisión. Está presente en el 46 por ciento de las quejas, o sea en casi la mitad.

Animal Político buscó a la Policía Federal a través de la Comisión Nacional de Seguridad para conocer si sus elementos tienen alguna capacitación, para la erradicación de la tortura, así como un diagnóstico de esta problemática, pero hasta la publicación de este artículo no hubo respuesta.

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La Policía Federal registra casi la mitad de los casos.

Luego de la Policía Federal está la Procuraduría General de la República con un 24.39 por ciento de las quejas. Esto significa que en promedio, 1 de cada 4 casos de tortura reportados ante la CNDH involucra a la PGR.

Los casos en donde se señala a alguna autoridad estatal o municipal como responsable de la tortura suman el 10 por ciento de los reportes.

Apenas ayer la CNDH emitió un comunicado en el que informa que, por ejemplo, en el caso de Guerrero existen centros de detención en donde se identificaron casi 190 distintas deficiencias y riesgos que favorecen la comisión de actos de tortura.

Después le siguen las fuerzas armadas. Elementos de la Secretaría de Marina están involucrados en el ocho por ciento de los casos de tortura, y los de la Secretaría de la Defensa Nacional en el siete por ciento.

El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que es la autoridad que administra y opera los penales federales, acumula el 3.25 por ciento de las quejas por la comisión de tortura y tratos crueles.

Otras autoridades federales como el Instituto Nacional de Migración y hasta Petróleos Mexicanos, también figuran con algunas quejas por tortura.

Tortura impune, aunque se denuncie

Que se castigue a los responsables de hechos de tortura en México es prácticamente imposible. Según datos oficiales de la PGR, entre 2012 y 2016 se registraron más de diez mil averiguaciones previas y carpetas de investigación por tortura, pero solo 22 casos, es decir un .21 por ciento, fueron resueltos y consignados ante un juez. Esto sin que necesariamente alguno de esos casos terminara en una sentencia condenatoria.

Además, poco más de la mitad de las averiguaciones, casi el 53 por ciento, siguen abiertas sin que exista alguna determinación o resolución.

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En solo 22 casos consignaron posibles responsables.

La PGR reporta que en cuatro mil 435 averiguaciones decidió no continuar con la indagatoria al declararse incompetente, con el argumento de que las autoridades responsables eran de índole estatal, no federal. Hubo 180 casos que fueron enviados al archivo sin resolver, al considerar que no hay más pruebas disponibles, y en otros 124 se determinó que no se había cometido ningún delito.

Estos datos son más significativos si se toma en cuenta que en octubre de 2015, la PGR creó la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura que, en teoría, iba a concentrar todos los casos para darles mejor atención, calidad y velocidad, con personal capacitado específicamente en este delito.

Pero en 2016, ya con la nueva Unidad, la realidad siguió siendo la misma. De enero a octubre de ese año se iniciaron dos mil 568 averiguaciones y apenas cuatro fueron consignadas.

Nueva ley, en el papel

Luego de años de propuestas y discusiones, el pasado 26 de abril fue finalmente aprobada por unanimidad en el senado la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Con esta nueva ley quedan definitivamente anuladas cualquier tipo de pruebas que las autoridades obtengan de los detenidos mediante mecanismos de tortura. Además, entre otras cosas, contempla que se cree un “Registro Nacional de Víctimas” de este delito y que haya mecanismos reales de reparación del daño.

Especialistas han advertido además que la ley beneficiará de forma retroactiva a personas que ya estén presas y hayan sido víctimas de tortura, pues podrán solicitar la anulación de las confesiones y otras pruebas que proporcionaron bajo esta condición.

La ley sigue sin aplicarse. El pasado viernes se cumplieron los 30 días naturales que contempla el artículo 72 de la Constitución para que el gobierno federal hiciera observaciones a la ley aprobada. En caso de que no haya observaciones correrán otros diez días para que la ley sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Solo a partir de ese momento arrancará un siguiente plazo de 180 días para que los estados adecuen sus leyes locales.

La nueva ley contra la tortura podría comenzar a aplicarse, por lo menos, hasta finales del presente año.

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Escándalos con la vacuna del coronavirus: cómo la lucha contra el COVID-19 desnuda viejos vicios de América Latina

El desarrollo de vacunas para combatir el coronarios ilusionó a la región, golpeada con especial dureza por la pandemia. Después surgieron los problemas.
27 de febrero, 2021
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En Argentina, Ecuador y Perú, los escándalos tumban a ministros de Salud. En Brasil, hubo al mismo tiempo escasez y desperdicio de vacunas. Y en otros países de la región recién llegan las primeras dosis.

La vacunación contra el COVID-19 se volvió de pronto un espejo flamante de viejos problemas del subcontinente como la corrupción, el favoritismo, la falta de planificación o la incapacidad para resolver grandes desafíos.

Cuando México protestó la semana pasada en Naciones Unidas por el “acaparamiento” de vacunas en los países ricos, puso el foco sobre algo reconocido por la Organización Mundial de la Salud: la alarmante brecha en la distribución global de las dosis.

Pero el rezago de la vacunación en Latinoamérica respecto a otras regiones se debe también a deficiencias propias, advierten expertos.

Por ejemplo, la carencia de materiales elementales como viales o filtros en México retrasó el envase y la distribución de millones de dosis de la “vacuna latinoamericana” producida en Argentina tras un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca.

“Hay una cuestión de dependencia externa, pero esa dependencia también es un fallo de América Latina: no tenemos la capacidad de producir esas vacunas, mientras que India o China, que eran tan subdesarrollados como nosotros hace 30 años, logran hacerlo”, dice Miguel Lago, director ejecutivo del Instituto de Estudios para Políticas de Salud (IEPS) en Brasil, a BBC Mundo.

“Terminemos con la payasada”

Con cerca de un cuarto de las muertes por COVID-19 en el mundo, pese a tener 8,5% de la población global, América Latina ha sido golpeada con especial dureza por la pandemia.

La región también sufrió el año pasado el peor desplome económico mundial tras la llegada del coronavirus, con una contracción de 7,4% del PIB según estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

Exministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos

Getty Images
El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, renunció tras un escándalo por el envío de vacunas a un geriátrico donde estaba su madre.

En este contexto, el descubrimiento de las vacunas contra el coronavirus ilusionó a los latinoamericanos con ver pronto la luz al final del túnel.

Sin embargo, los esfuerzos de vacunación regional han estado marcados por polémicas, demoras y frustraciones.

Las renuncias de los ministros de Salud en Argentina, Ecuador y Perú ocurrieron después que en sus países se denunciara favoritismo en el acceso a las vacunas que escasean para la población en general.

El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, dimitió a su cargo este viernes, en medio de investigaciones por el envío de parte de las primeras dosis de vacunas a un geriátrico privado donde estaba su madre.

En Argentina y Perú se reveló que funcionarios, exgobernantes o personas influyentes también se vacunaron de forma preferencial, sin seguir las reglas puestas al resto de la población.

Durante una visita a México esta semana tras pedir la dimisión de su ministro, el presidente argentino, Alberto Fernández, buscó enterrar el escándalo: “Terminemos con la payasada”, dijo.

El presidente argentino, Alberto Fernández, durante una visita a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Getty Images
El presidente argentino, Alberto Fernández, se refirió a la polémica por “vacunas VIP” en su país durante una visita a su par mexicano López Obrador.

El mandatario aludió a la investigación judicial abierta sobre el caso denominado “Vacunatorio VIP” en su país y sostuvo que “no hay ningún tipo penal en Argentina que diga ‘será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila'”.

Pero otros creen que estos casos son síntomas de antiguos vicios de la región, como el irrespeto a las normas o el uso de recursos públicos para beneficio de algunos.

“En todos los países donde saltan escándalos se repite una práctica bastante común: eludir las estructuras formales del Estado para canalizar las vacunas sin planes y protocolos claros y transparentes de atención a las poblaciones vulnerables. Más bien lo contrario: protejo y atiendo a los míos”, escribió Felipe Burbano de Lara, sociólogo, politólogo y columnista del diario El Universo de Ecuador.

Chile es el país de la región donde el proceso de inoculación avanza de forma más aceitada: casi 17% de su población de 19 millones fue vacunada en febrero.

Plan de vacunación masiva en Chile.

Getty Images
En Chile la campaña de vacunación masiva avanza con rapidez.

El caso chileno es visto como una prueba de que en la región es posible vacunar a tasas similares o incluso superiores al mundo desarrollado gracias a una robusta red de atención de salud que falta en otros países, además del poder adquisitivo y la rapidez del gobierno para comprar millones de dosis.

Pero tampoco Chile ha estado libre de polémicas en su campaña de vacunación: al menos 37.000 personas en ese país se adelantaron a su turno sin tener factores de riesgo, según datos oficiales.

“Ninguna fuerza”

Otro país latinoamericano que evidencia los contratiempos de vacunación en la región es Brasil, donde menos de 4% de la población ha recibido dosis hasta ahora.

Además de tener sus propias denuncias de irregularidades en el acceso a las vacunas, Brasil experimenta una escasez de dosis que expertos atribuyen a errores de planificación del gobierno de Jair Boslonaro.

Grandes ciudades brasileñas como Río de Janeiro, Porto Alegre o Salvador llegaron a suspender las inoculaciones por falta de vacunas, mientras también se reportaban en el país desperdicios de dosis abiertas que perdieron validez antes de ser inyectadas.

Vacuna en Rio de Janeiro

EPA/ANTONIO LACERDA
La primera etapa de vacunación en Brasil tuvo al mismo tiempo escasez y desperdicio de dosis.

Los países más rezagados de América Latina en la carrera de la vacunación contra el COVID-19 son Guatemala, Honduras, Nicaragua y Uruguay, que apenas importaron sus primeras dosis esta semana, mientras Cuba aún busca desarrollar sus propias vacunas.

Algunos observan que otra característica histórica de la región, como la falta de unidad y coordinación entre los países, también afectó sus posibilidades de demandar más vacunas al resto del mundo.

“América Latina no negocia como bloque, sino que cada país negocia como puede, entonces claro que no tiene ninguna fuerza”, señala Lago.

Se estima que, sin acelerar su ritmo actual de vacunación, varios países latinoamericanos podrían tardar años en alcanzar los niveles de inmunidad necesarios en sus poblaciones para volver a la normalidad.

Ciudad de Panamá

Getty Images
La lentitud de la vacunación en América Latina puede profundizar viejos problemas sociales de la región, como la desigualdad.

Como si se tratara de un círculo vicioso, esto amenaza a su vez con profundizar problemas sociales de una región que ya era considerada la más desigual del mundo.

Nora Lustig, una profesora de economía en la Universidad de Tulane, advierte que los efectos podrían llegar incluso a largo plazo por el cierre de escuelas para niños de familias de bajos recursos.

“En la medida que no tengas la capacidad de crear un espacio de normalidad a través de un proceso de vacunación más rápido”, dice Lustig a BBC Mundo, “vas a tener un impacto sobre la economía, la desigualdad y la pobreza”.


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