Las quejas por tortura se quintuplican; PGR resuelve menos del 1% de los casos
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Las quejas por tortura se quintuplican; PGR resuelve menos del 1% de los casos

De más de 10 mil averiguaciones abiertas por la CNDH entre 2012 y 2016, solo 22 casos fueron consignados ante un juez, sin que todos tuvieran condena.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
30 de mayo, 2017
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Las quejas por tortura en México ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se han multiplicado por cinco en el último año. En tanto, la Procuraduría General de la República resuelve menos del uno por ciento de los casos, y la nueva ley aprobada para combatir este delito no ha entrado en vigor.

Esa es la realidad que arrojan los datos oficiales revelados por la CNDH y autoridades a través de solicitudes de transparencia.

En cuanto a las quejas interpuestas ante la CNDH, por presuntos actos de tortura cometidos por autoridades, prácticamente se quintuplicaron en el último año, según los datos del organismo. De 43 quejas registradas en 2015  pasaron a 209 quejas en 2016: un crecimiento de 386 por ciento.

En 2013 y 2014 las quejas habían descendido a cinco y siete casos respectivamente, mientras que en años anteriores estuvieron entre los 10 y 20 casos.

Animal Político buscó a la CNDH para saber si este aumento en las quejas pudo ser ocasionado por un cambio en el sistema de registro, pero la respuesta es que solo se han fortalecido las campañas de denuncia. Lo que significaría que antes había un subregistro de casos.

Grafico torturas

Las quejas se han quintuplicado.

 

Por cada una de las 311 quejas por presunta tortura presentadas entre el 2010 y el 2016, la CNDH ha abierto expedientes de investigación. Se han emitido 68 recomendaciones por tratos crueles y tortura a distintas autoridades federales y estatales. En cinco de ellos, la indagatoria fue cerrada “por falta de interés de la persona que la promovió o por no haber evidencia suficiente”, mientras que el resto de las quejas siguen abiertas y algunas se han acumulado por tratarse de un mismo caso con varias víctimas.

De las 68 recomendaciones emitidas solamente hay dos en donde una de las autoridades señaladas no aceptó ni admitió que los hechos hayan ocurrido.

El resto de las recomendaciones si fueron aceptadas, aunque la CNDH reporta que en 21 casos (casi la tercera parte), no se han cumplido todos los puntos recomendatorios.

Policía Federal, líder en tortura

Los datos de la CNDH señalan que 108 autoridades han recibido recomendaciones por casos de tortura, y que hay más de 150 que están involucradas en expedientes de queja aún no resueltos.

Una revisión a los registros hecha por este medio arroja que la Policía Federal (dependiente antes de la Secretaría de Seguridad Pública y hoy de la Secretaría de Gobernación) es la autoridad más denunciada por posibles casos de tortura, ante la Comisión. Está presente en el 46 por ciento de las quejas, o sea en casi la mitad.

Animal Político buscó a la Policía Federal a través de la Comisión Nacional de Seguridad para conocer si sus elementos tienen alguna capacitación, para la erradicación de la tortura, así como un diagnóstico de esta problemática, pero hasta la publicación de este artículo no hubo respuesta.

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La Policía Federal registra casi la mitad de los casos.

Luego de la Policía Federal está la Procuraduría General de la República con un 24.39 por ciento de las quejas. Esto significa que en promedio, 1 de cada 4 casos de tortura reportados ante la CNDH involucra a la PGR.

Los casos en donde se señala a alguna autoridad estatal o municipal como responsable de la tortura suman el 10 por ciento de los reportes.

Apenas ayer la CNDH emitió un comunicado en el que informa que, por ejemplo, en el caso de Guerrero existen centros de detención en donde se identificaron casi 190 distintas deficiencias y riesgos que favorecen la comisión de actos de tortura.

Después le siguen las fuerzas armadas. Elementos de la Secretaría de Marina están involucrados en el ocho por ciento de los casos de tortura, y los de la Secretaría de la Defensa Nacional en el siete por ciento.

El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que es la autoridad que administra y opera los penales federales, acumula el 3.25 por ciento de las quejas por la comisión de tortura y tratos crueles.

Otras autoridades federales como el Instituto Nacional de Migración y hasta Petróleos Mexicanos, también figuran con algunas quejas por tortura.

Tortura impune, aunque se denuncie

Que se castigue a los responsables de hechos de tortura en México es prácticamente imposible. Según datos oficiales de la PGR, entre 2012 y 2016 se registraron más de diez mil averiguaciones previas y carpetas de investigación por tortura, pero solo 22 casos, es decir un .21 por ciento, fueron resueltos y consignados ante un juez. Esto sin que necesariamente alguno de esos casos terminara en una sentencia condenatoria.

Además, poco más de la mitad de las averiguaciones, casi el 53 por ciento, siguen abiertas sin que exista alguna determinación o resolución.

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En solo 22 casos consignaron posibles responsables.

La PGR reporta que en cuatro mil 435 averiguaciones decidió no continuar con la indagatoria al declararse incompetente, con el argumento de que las autoridades responsables eran de índole estatal, no federal. Hubo 180 casos que fueron enviados al archivo sin resolver, al considerar que no hay más pruebas disponibles, y en otros 124 se determinó que no se había cometido ningún delito.

Estos datos son más significativos si se toma en cuenta que en octubre de 2015, la PGR creó la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura que, en teoría, iba a concentrar todos los casos para darles mejor atención, calidad y velocidad, con personal capacitado específicamente en este delito.

Pero en 2016, ya con la nueva Unidad, la realidad siguió siendo la misma. De enero a octubre de ese año se iniciaron dos mil 568 averiguaciones y apenas cuatro fueron consignadas.

Nueva ley, en el papel

Luego de años de propuestas y discusiones, el pasado 26 de abril fue finalmente aprobada por unanimidad en el senado la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Con esta nueva ley quedan definitivamente anuladas cualquier tipo de pruebas que las autoridades obtengan de los detenidos mediante mecanismos de tortura. Además, entre otras cosas, contempla que se cree un “Registro Nacional de Víctimas” de este delito y que haya mecanismos reales de reparación del daño.

Especialistas han advertido además que la ley beneficiará de forma retroactiva a personas que ya estén presas y hayan sido víctimas de tortura, pues podrán solicitar la anulación de las confesiones y otras pruebas que proporcionaron bajo esta condición.

La ley sigue sin aplicarse. El pasado viernes se cumplieron los 30 días naturales que contempla el artículo 72 de la Constitución para que el gobierno federal hiciera observaciones a la ley aprobada. En caso de que no haya observaciones correrán otros diez días para que la ley sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Solo a partir de ese momento arrancará un siguiente plazo de 180 días para que los estados adecuen sus leyes locales.

La nueva ley contra la tortura podría comenzar a aplicarse, por lo menos, hasta finales del presente año.

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Aborto en América Latina: ¿puede la legalización en Argentina impulsar un cambio en toda la región?

Las activistas a favor del aborto en América Latina aseguran que la discusión no debería ser sobre el apoyo o la oposición al aborto, sino centrarse en la salud de la mujer.
7 de marzo, 2021
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Cuando el Congreso de Argentina votó para legalizar el aborto hasta la semana 14 de embarazo, Renata (no es su nombre real) se sintió emocionada.

“Qué genial”, recuerda haber pensado la joven de 20 años del norte de Brasil a finales de diciembre. Renata, estudiante y trabajadora de un supermercado, vio el cambio en Argentina como el inicio de algo nuevo en América Latina, donde el aborto es mayoritariamente ilegal.

Renata no pensó mucho en el tema hasta una semana después, cuando descubrió que ella misma estaba embarazada. Luego, relató, sintió que “su mundo colapsaba”.

“Bajo ninguna circunstancia podría tener al bebé”, me dijo, y me explicó que en la ciudad donde vive es imposible conseguir trabajo, más aún en el contexto de la pandemia. Renata tenía además la certeza de que en su trabajo la darían de baja con un salario menor si contaba la noticia a su jefe.

“Todo tiene que estar bien para traer un niño a este mundo”, afirmó. La joven agregó que después de haber visto a su madre criar a dos niños sola, nunca quiso tener que pasar por eso.

Mujeres en Argentina con un gran pañuelo verde que dice "Aborto legal, seguro y gratuito"

Reuters
Argentina se sumó en diciembre a la lista reducida de países en América Latina en los que el aborto es legal.

Pero Renata tenía pocas opciones.

El aborto está prohibido en Brasil a menos que el embarazo sea resultado de una violación, la vida de la madre esté en peligro o el feto sea anencefálico, una condición poco común que impide el desarrollo de parte del cerebro y el cráneo.

Renata decidió que viajaría a Colombia. Si bien las restricciones allí son similares a las de Brasil, la interpretación de la ley es más amplia y, por lo tanto, es más fácil acceder a abortos legales.

La joven incluso había pedido dinero prestado para pagar el vuelo, que iba a ser su primer viaje al extranjero.

Pero Colombia prohibió los vuelos desde Brasil debido a una nueva variante de covid-19 detectada en Manaos.

“Empecé a llorar”, recordó Renata. “Era mi última esperanza, estaba inconsolable”.

Ahora, con la ayuda de una organización benéfica llamada “Milhas pela vida das mulheres” (Millas por la vida de las mujeres), mediante la cual las personas donan millas aéreas para ayudar a mujeres a acceder a abortos seguros en el extranjero, Renata viajará a la Ciudad de México, donde el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo es legal.

“Es la mejor decisión para mí”, aseguró sin vacilar.

Poderoso movimiento por los derechos de las mujeres

Solo en Brasil, se estima que un millón de mujeres acceden a abortos clandestinos cada año. Los únicos lugares donde los abortos son legales actualmente en América Latina son Uruguay, Cuba, Guyana y partes de México. Y ahora, por supuesto, Argentina.

Muchas activistas proaborto esperan que el cambio de ley en Argentina presione a otros países para que sigan el ejemplo.

En Argentina, quienes apoyaron la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lucían un pañuelo verde.

Es un símbolo que desde entonces ha sido adoptado por muchas otras activistas en la región. El pañuelo representa la resistencia pacífica de un creciente movimiento por los derechos de las mujeres que asegura que la sociedad debe cambiar.

Mujeres en Argentina muestran sus pañuelos verdes

Reuters
El símbolo del pañuelo verde usado en Argentina ha sido adoptado por muchas otras activistas en la región.

Debora Diniz, profesora de antropología de la Universidad de Brasilia, señaló que es inusual que un símbolo se extienda a otros países de esta manera.

“Tradicionalmente, América Latina no opera de esta manera”, afirmó la destacada activista feminista.

Era una región colonizada, que miraba mucho más al norte global. Y ahora nos miramos los unos a los otros. Incluso un país que se entiende a sí mismo como un continente, como Brasil, está usando el pañuelo verde para representar las causas de las mujeres”.

El conservadurismo y la Iglesia

Pero América Latina está profundamente dividida. Es una región donde reinan la religión y el conservadurismo.

Si bien Argentina avanzó en una dirección en diciembre, un mes después, el Congreso de Honduras agregó una prohibición del aborto a su Constitución, lo que hace que sea más difícil que nunca legalizar el procedimiento en el futuro.

Por tanto, no es un camino sencillo.

Mujeres en Honduras protestando contra la la incorporación a nivel constitucional de la prohibición del aborto

Reuters
Grupos de mujeres salieron a las calles en Honduras para protestar contra la incorporación a nivel constitucional de la prohibición del aborto.

“Cuando se aprobó la ley en Argentina, la gente en Honduras comenzó pensar si la presión para legalizar el aborto se extendería en la región y tal vez habría un cambio aquí”, afirmó Álvaro Hernández de “Ola Celeste”, un grupo antiaborto que respaldó el cambio a la Constitución.

“Honduras es un país cristiano y el aborto no ha sido un tema de debate a nivel local”, aseguró. Aunque la Iglesia puede ser muy influyente en Honduras, algunos grupos de mujeres salieron a las calles para protestar contra la prohibición del aborto.

En Argentina, muchos observadores dieron crédito al presidente de centroizquierda Alberto Fernández por contribuir a impulsar la legalización del aborto.

Pero en el vecino Brasil, el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro condenó la medida argentina, y los grupos conservadores siguen siendo fuertes.

No creo que vaya a ser tan fácil legalizar el aborto en Brasil“, señaló Celene Salomão, activista del capítulo de São Paulo de “40 Días por la Vida”, una campaña religiosa internacional contra el aborto.

Salomão opina que los senadores en Argentina “fueron sometidos a mucha presión” de grupos de izquierda para legalizar el aborto. Pero cree que el presidente Bolsonaro se mantendrá firme sabiendo que cuenta con el respaldo de grupos religiosos.

“Muchos brasileños son cristianos, no solo católicos sino también de otras denominaciones, y todos estamos en contra”.

Chile impulsa el cambio

En Chile, el presidente de derecha Sebastián Piñera también dejó en claro que se opone a un cambio en la ley, aunque en enero, a raíz de la decisión de Argentina, el Congreso comenzó a debatir la despenalización del aborto en las primeras 14 semanas de embarazo.

Uno de los temas que une a las activistas proaborto es el argumento a favor del acceso seguro.

Las activistas afirman que la discusión no debería ser sobre el apoyo o la oposición al aborto, sino centrarse en la salud de la mujer.

Y argumentan que las mujeres se someterán a abortos, sean legales o no, por lo que permitirles el acceso legal a la interrupción será más seguro y reducirá el número de muertes como resultado de abortos clandestinos.

La Dra. Karla Figueroa de la clínica GineClinic en México dice que desde que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, ninguna mujer ha muerto por este procedimiento.

“Eso es lo más importante en términos de salud pública”, agregó.

Pancarta en Argentinca que dice "Ni una muerte más por aborto clandestino"

Getty Images
Para muchos, el debate debe centrarse en la salud de la mujer. Desde que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México ninguna mujer ha muerto por este procedimiento, afirmó la Dra. Karla Figueroa.

Y es un mensaje que se extiende por toda la región.

“El ángulo de la vida y la salud de las mujeres está muy presente en la discusión en Colombia”, afirmó Mariana Ardila, abogada de la organización Women’s Link Worldwide.

Ardila está haciendo campaña para eliminar la criminalización del aborto y asegurar que las mujeres que se someten a abortos y los equipos médicos que los realizan no sean procesados.

“El derecho penal es en realidad el peor instrumento en este caso y tiene muchas consecuencias como imponer un estigma y generar miedo entre el personal sanitario”, señaló.

Activistas a favor del aborto en la región aseguran que la legalización en Argentina ha galvanizado su lucha.

“Espero que el cambio en Argentina sirva como un punto de inflexión”, afirmó la Dra. Figueroa en la Ciudad de México.

Para Debora Diniz, la decisión argentina proporciona una mayor motivación.

“En Brasil, tenemos algunas de las feministas negras más activas y vibrantes de la región”, afirmó.

“Tenemos un feminismo diverso, y tal vez algo salga de él”.


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