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BBC Mundo

Por qué, después de 23 años de insurgencia en México, los zapatistas le apuestan a la política

"El desafío, la irreverencia, la insumisión", es lo que impulsan los zapatistas al respaldar a una mujer para que sea aspirante a la presidencia de México.
BBC Mundo
Por BBC Mundo
31 de mayo, 2017
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Magdalena García recuerda sin rencor cuando le decía a sus hijos que no hablaran su lengua para no ser discriminados y cuenta que tenía que dejar su vestimenta tradicional para evitar burlas. “Antes les dábamos asco, se hacían a un lado porque pensaban que les íbamos a contagiar bichos o algo así, no nos trataban como seres humanos”, explica esta indígena mazahua.

Ahora es una mujer orgullosa. A sus nietos les habla de lo importante que es conservar su lengua y ya no esconde su vestido amarillo ni su collar de cuentas rojas. Ni puede disimular que a los 59 años los pliegues de su piel y los pelos plateados que se mezclan en su frondosa cabellera negra evidencian una vida sufrida.

Considerada en su momento por Amnistía Internacional como “presa de conciencia”, estuvo encarcelada 550 días injustamente acusada de secuestro cuando en realidad el día en que la detuvieron, en medio de la represión policial de Atenco de 2006, estaba vendiendo verduras en la calle.

Podría hablar con odio del pasado. Pero en su voz, tranquila y poderosa, no hay rastro de revancha y elige ver el futuro con optimismo.

Jamás soñó que los más de 10 millones de indígenas mexicanos —poco más del 8% de la población— tengan una posible candidata a la Presidencia en las elecciones del año próximo, una nueva ofensiva surgida del corazón del zapatismo. “Se está empezando apenas”, dice, “falta mucho trabajo”.

Habla con BBC Mundo mientras se desarrolla el Sexto Congreso Nacional Indígena, en San Cristóbal de las Casas (Chiapas). Allí el domingo se decidió que María de Jesús Patricio Martínez, una médica tradicional de 57 años conocida como “Marichuy”, sea la vocera del recién instalado Concejo Indígena de Gobierno.

Magdalena GarcíaBBC MUNDO
“De una manera u otra”, dice Magdalena García, “buscan desaparecernos definitivamente”.

García espera que la aspirante presidencial —cuyo primer desafío es alcanzar casi un millón de firmas distribuidas en, al menos, 17 entidades federativas, para participar en los comicios— pueda “robar un poquito de cámara para que nos alumbre” porque “ya nadie nos quiere ver, nadie nos quiere escuchar, nadie quiere saber de nosotros”.

“De una manera u otra”, dice resumiendo el sentir de los indígenas mexicanos, “buscan desaparecernos definitivamente”.

En algunos aspectos, García y los demás indígenas mexicanos han avanzado desde que el Subcomandante Marcos no sólo logró cautivar fumando pipa a través de un pasamontañas sino que consiguió algo más complicado: visibilizar el drama de los pueblos originarios de México.

Los más desprotegidos, marginados y pobres del país vieron una esperanza en la guerra que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) le declaró al Estado mexicano el primer día de 1994.

A 23 años de ese inimaginable levantamiento, los indígenas mexicanos siguen siendo los más pobres, marginados y desprotegidos de México, pero para los zapatistas llegó el momento de otro movimiento inesperado. Un sector que ha rechazado los procesos electorales y los partidos políticos impulsa ahora a una candidata del indigenismo a las presidenciales.

La idea surgió del EZLN y fue aceptada por el CNI, pese a que les sonó “descabellada y en apariencia incongruente”, y se tomó no sin que antes se contemplaran otras opciones.

“Tomar las armas”, admite Carlos González, miembro de la coordinación general del Congreso y uno de sus voceros. “La desecharon por sangrienta, no nos gusta. Se propuso por algunas comunidades pero se descarta porque no la queremos”, le dice a BBC Mundo.

Ejército mexicano durante el levantamiento zapatista de 1994AFP
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) le declaró la guerra al Estado mexicano el primer día de 1994.

Ni el más ferviente indigenista y zapatista ve a “Marichuy” ocupando la Presidencia y González, su esposo, no descarta que si la iniciativa no logra visibilizar y solucionar la problemática indígena se dé un levantamiento armado.

“Eso está latente en cualquier momento”, reconoce, “y más allá de las comunidades indígenas, la situación de desigualdad es gravísima, la situación de violencia y corrupción es pavorosa”.

La eventual candidatura, señala la vocera, “es con el fin de no tanto trabajar en la cuestión de llevar votos, de ir a sentarnos allá en la silla maliciada” y que más que una campaña electoral harán campaña por la vida, por la “reconstitución de los pueblos”.

Su marido es un poco menos diplomático: “Nosotros nos queremos colar en esa fiesta para echarla a perder, para decir que son una mierda,para decir que esa elección no sirve para nada, pero queremos aprovechar ese espacio porque no tenemos otro, estamos en una situación de guerra”.

González no sólo se refiere a la violencia del crimen organizado, que ha dejado más de 100.000 muertos y 30.000 desaparecidos en la última década, sino también al “exterminio” de los pueblos originarios, la desaparición de lenguas y la irrupción de proyectos mineros en tierras indígenas.

“Ahorita tenemos que buscar una forma para seguir existiendo, no solamente los pueblos”, agrega Patricio Martínez, “para invitar a la sociedad civil a que también unamos los esfuerzos y podamos destruir este sistema que nos está acabando a todos”.

REUTERS
María de Jesús Patricio Martínez, una médica tradicional de 57 años conocida como “Marichuy”, es la vocera del recién instalado Concejo Indígena de Gobierno y posible candidata presidencial.

Perteneciente a la etnia nahua de Jalisco, fue elegida por 58 pueblos indígenas reunidos en un congreso que convocó a más de 3.000 personas entre delegados, concejales, invitados y asistentes, que durante tres días debatieron sobre una propuesta lanzada en octubre pasado.

La comandancia asegura que lo de impulsar a una candidata indígena es “tan grande, o más, que el primero de enero de 1994”. ¿Y por qué a través del Congreso Nacional Indígena? “Porque son los únicos que pueden hacer lo que nosotros no podemos”, ha dicho el Subcomandante Moisés, líder del EZLN, “les dijimos que hicieran algo, lo que fuera”.

Incluso la primera opción que le presentaron al CNI fue apoyar a Morena, el partido del líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador. “O que entraran a cualquier otro partido político. O que hicieran su propio partido político”, se lee en un documento zapatista de noviembre pasado, “que en todo eso no los íbamos a seguir, pero íbamos a comprender por qué lo hacían y no tendrían, de parte nuestra, ni juicios ni condenas”.

“No fuimos a la guerra para matar ni para que nos maten”

Chiapas es una región de mayoría indígena del sur del país donde tres cuartas partes de la población viven en la pobreza, igual que dos décadas atrás. Es un estado de vegetación exuberante y profundas desigualdades, el más indígena, el más pobre, el más analfabeto.

La rebelión zapatista de 1994, lanzada el día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dejó más de 100 muertos pero no sirvió para resolver el olvido de México hacia los indígenas ni el atraso chiapaneco, bastión del EZLN que tras ella controla un cuarto de los municipios.

Subcomandante Marcos (archivo)AFP
Marcos se retiró hace tres años. Ahora se hace llamar Galeano.

Marcos, ahora llamado Galeano y ya no al frente del zapatismo pero sí líder espiritual, atrapó mentes y corazones con su pluma ilustrada, elocuente y picante.

El hijo del dueño de una mueblería había dejado el Golfo de México para internarse en la selva de la frontera con Guatemala, taparse la cara y liderar un ejército indígena que atrajo a jóvenes, intelectuales e izquierdistas dentro y fuera del país. Los comunicados del EZLN se siguen traduciendo al inglés, francés, italiano, alemán, portugués y ruso.

Marcos, de 59 años, se retiró hace tres años para dar paso al Subcomandante Moisés, uno de los primeros líderes indígenas formado bajo la doctrina zapatista, pero sigue allí.

“Nuestra especialidad es esperar y resistir”, le dijo a la BBC en 2001. Y allí sigue. Este fin de semana estaba en el congreso con su pipa y su pasamontañas, sin el protagonismo de antaño pero rodeado de la mística de siempre.

“No fuimos a la guerra para matar ni para que nos maten”, decía Marcos en febrero de 1994, “fuimos para hacernos oír”.

Siendo un hombre que en público habló poco, no deja de ser extraordinario y revelador que en su lucha se peleara más con palabras que con unas armas que mantienen pero que silenciaron en cuestión de días. El zapatismo siempre supo hablar con símbolos.

No pasó desapercibido que sus miembros se quedaran la mayor parte del congreso sentados, encapuchados y callados en el fondo del auditorio.

Moisés y GaleanoREUTERS
El subcomandante Moisés en el congreso del fin de semana. Detrás, Galeano, antes conocido como el subcomandante Marcos.

Fuera hay cientos de personas, indígenas y no indígenas, mexicanos y no mexicanos. Todos rodeados de la parafernalia revolucionaria.

Hay carteles de “Nunca más un México sin nosotros”, libros con títulos como “Ser radical en el siglo XXI” o “Educación, Autonomía y Guerrilla en Kurdistán”. Hay camisetas de Marcos, de Zapata y del Che.

Hay DVDs sobre el asesinato de Trotsky, el autismo y uno llamado “Construyendo alternativas al capitalismo”. Hay camisetas con citas de Virginia Woolf, Gandhi y del EZLN. Hay más camisetas de Marcos, y otra que dice que “El gobierno roba, el Ejército mata y la prensa miente, ¿y tú? ¡Despierta! Chingada madre”.

Hay imágenes con la frase “We need to do more than just what is right, we need to join together and right what is wrong” (Tenemos que hacer algo más que lo que es correcto, tenemos que unirnos y corregir lo que está mal).

Hay un cartel que dice que “La solidaridad es nuestro derecho”. Y hay mucha gente con esperanza.

“¿Estamos diciendo que la política no sirve?”

A menos de 5 kilómetros de donde se desarrolló el congreso se encuentra la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Allí comenzaron las negociaciones entre los zapatistas y autoridades pocas semanas después del alzamiento en 1994 y el alto el fuego que declaró el gobierno.

El EZLN pedía, entre otras cosas, el fin de la discriminación de los indígenas, hospitales, doctores y medicinas, viviendas para las comunidades rurales con “las ventajas de la ciudad como televisión, estufa, refrigerador, lavadora”, una radio indígena, clínicas de partos con ginecólogos, la revisión del TLCAN y una elección “verdaderamente libre y democrática”.

El gobierno prometió nuevos derechos y protecciones, cambios en el sistema político chiapaneco, reformas y programas sociales.

El Partido de la Revolución Institucional (PRI) llevaba en ese entonces 65 años en el poder. Perdería la Presidencia por primera vez en el 2000 tras una campaña en la quien a la postre sería el primer presidente de la alternancia, Vicente Fox, prometió resolver el conflicto en Chiapas en “15 minutos”.

Es 2017 y en el sur de México las cosas todavía no están resueltas.

Marcha del Color de la Tierra en 2001AFP
La Marcha del Color de la Tierra en 2001, que el EZLN realizó para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, culminó con más de un millón de personas aclamando a Marcos en El Zócalo de la capital.

Hubo una esperanza en febrero de 1996 al lograrse los Acuerdos de San Andrés. Los puntos principales implicaban reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución, su derecho a la libre determinación, ampliar su participación y representación políticas, reconocer en la legislación a las comunidades como entidades de derecho público, su derecho a asociarse libremente y recibir la transferencia de recursos públicos para administrarlos.

Era un pacto social de proporciones para modificar la relación entre el Estado y los indígenas. Y el gobierno no cumplió su parte.

Pasaron los años y el zapatismo todavía deslumbraba a unos cuantos fuera y dentro. La Marcha del Color de la Tierra en 2001, que el EZLN realizó para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, culminó con más de un millón de personas aclamando a Marcos en El Zócalo de la capital, entre ellas Danielle Miterrand, José Saramago y Alain Touraine.

Ese año los zapatistas hablaron en una histórica sesión en el congreso donde abogaron por la aprobación de una ley para defender sus derechos y se mostraron abiertos al diálogo. Marcos, sorpresivamente, no fue.

“¿Estamos diciendo que la política no sirve? No, lo que queremos decir es que ESA política no sirve. Y no sirve porque no toma en cuenta al pueblo, no lo escucha, no le hace caso, nomás se le acerca cuando hay elecciones”: así se pronunciaba el EZLN en junio de 2005.

Esa Sexta Declaración de la Selva Lacandona dio pie al año siguiente a La Otra Campaña, una iniciativa que buscaba construir una nueva forma de hacer política y llevó a Marcos a recorrer el país.

Dejó su caballo Lucero en Chiapas y tomó su moto Sombraluz, donde llevaba a su pollo Pingüino. En alguna ocasión se cayó de ella y también del pedestal donde lo tenían muchos. La prensa mexicana se mofó, lo acusaron de imitar al Che y un diario tituló: “¿Pidió pizzas? No, es Marcos?”.

Subcomandante Marcos (archivo)AFP
Marcos llevó a cabo La Otra Campaña en 2006. Salió de Chiapas en su moto Sombraluz.

En el zapatismo aseguran que esa “Otra Campaña” evidencia que lo de ahora no debe ser visto como una incursión en política, sino más bien un ir y venir. El proyecto alternativo, explican, no es nuevo y se mantiene que el EZLN no lucha para tomar el poder.

Por el momento descartan que Galeano o Moisés irrumpan en la campaña a favor de “Marichuy”, y que los zapatistas como tal siquiera firmen para conseguir el registro porque carecen de credencial de elector.

González asegura que el EZLN “de alguna manera pone en juego su prestigio para volcarlo a fortalecer la propuesta” y reconoce que meterse en la carrera electoral “puede resultar contradictorio” pero se da en medio de una “situación de alerta para nuestros pueblos”. “Nos están desapareciendo”, apunta, “y queremos visibilizar la lucha indígena”.

Chiapas (archivo)AFP
“Pensamos que es el momento de pasar a la ofensiva”, señala Galeano, “llegó la hora del contraataque”.

La comandancia del EZLN le ha dicho a los indígenas mexicanos que no importa alcanzar la Presidencia, sino “el desafío, la irreverencia, la insumisión”, que “su atrevimiento cimbraría al sistema político entero” y que “no se preocuparan si no saben hablar bien español. Que el Peña Nieto tampoco sabe y ahí está”.

“Esperamos que esto cambie la consciencia de la sociedad civil y del mundo”, le dice a BBC Mundo Abundio Rivera, otomí y delegado del CNI, “es tanto lo que ya nos han quitado, que nos han quitado también el miedo. Estamos dispuestos a defender nuestros recursos, nuestro territorio y nuestra cultura”.

En el zapatismo se utiliza desde hace unos años una frase que tras este fin de semana cobra otro sentido: “Nuestros sueños no caben en sus urnas”.

Un grupo que ha sabido adaptarse a circunstancias cambiantes y sobrevivir tomó un camino inesperado. Es un ejército que vuelve a marchar. “Pensamos que es el momento de pasar a la ofensiva”, señala Galeano, “llegó la hora del contraataque. Y hay que empezar golpeando uno de los corazones del sistema: la política de arriba”.

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Cuartoscuro

México pide a Guatemala permiso para juzgar a Duarte por desaparición forzada

La FGR informó que el proceso se alargó por datos que estaban incompletos. INAI resolvió que el caso es de interés público y debe transparentarse.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
24 de julio, 2019
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Un año después de que una jueza en Veracruz girara una orden de aprehensión contra Javier Duarte por el delito de desaparición forzada, el gobierno de México entregó a Guatemala la solicitud formal para que dicho gobierno autorice la ejecución de esa orden, y así proceder penalmente contra el exgobernador veracruzano por este delito catalogado como de lesa humanidad

El permiso de Guatemala es forzoso para que el caso avance ya que cuando Duarte fue extraditado desde ese país a México, fue solo por hechos de corrupción y lavado de dinero. El tratado de extradición entre ambos países establece que si, a la postre, se quiere proceder en contra de un extraditado por un nuevo delito, se tiene que pedir permiso al país que lo mandó.

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La orden de arresto por desaparición forzada se giró desde el 6 de junio de 2018 a petición de la Fiscalía de Veracruz, pero el proceso se demoró varios meses por problemas para integrar el documento, informó oficialmente a Animal Político la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y por la Fiscalía General de la República (FGR).

En agosto de ese año, la entonces PGR presentó a petición de la Fiscalía de Veracruz la solicitud a la SRE para iniciar el trámite diplomático ante Guatemala y proceder penalmente en contra del exgobernador. Pero la SRE devolvió el documento advirtiendo que faltaban varios datos para iniciar el procedimiento.

A partir de ahí transcurrieron varios meses sin mayor avance. La causa, según lo indicado por la FGR, es que se estaba reuniendo junto con la Fiscalía estatal la información requerida.

Fue hasta el pasado 20 de mayo cuando la FGR volvió a remitir ante Relaciones Exteriores la nueva solicitud con los datos requeridos y corregidos y de ahí fue remitida a la Embajada de Guatemala. El 17 de junio, la Embajada de México en aquel país informó que ya había hecho entrega formal de la nota diplomática al gobierno guatemalteco.

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Posteriormente, en un oficio fechado el 28 de junio, la SRE informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala solicitó ampliar el requerimiento de la petición presentada por México. De acuerdo con la FGR, justo este martes se entregaron los datos extras solicitados a la Cancillería para que los remita a Guatemala.

De acuerdo con las autoridades consultadas, se espera que sea a más tardar el próximo mes cuando se reciba la respuesta oficial de Guatemala.

De declararse procedente la ejecución de la orden, la misma sería cumplimentada de forma protocolaria en el Reclusorio Norte donde ya se encuentra recluido Javier Duarte, cumpliendo una sentencia de nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa. 

El paso siguiente sería su traslado a Veracruz para que comparezca ante un juez en audiencia inicial, o que sea un juez de la Ciudad de México el que en auxilio del de Veracruz lleve a cabo la audiencia, como ya ocurrió antes en dos procesos locales promovidos contra Duarte por la Fiscalía de aquella entidad.

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Cabe señalar que el delito de desaparición forzada de personas puede alcanzar una pena de hasta 30 años de prisión, de acuerdo con el  artículo 318Bis del Código Penal de Veracruz.

Estoy dispuesto a enfrentar el juicio; caso es un montaje: Duarte

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, dijo que está dispuesto a enfrentar el proceso por la acusación de presunta desaparición forzada que le imputa la Fiscalía General de Veracruz, pues sostuvo que se trata de un “montaje” y que lo único que hay en su contra son testimonios obtenidos bajo presunta tortura.

En entrevista telefónica con Animal Político desde el Reclusorio Norte, Duarte aseguró que no se le acusa de haber perpetrado desapariciones, sino de supuestamente “obstruir” la investigación de las mismas durante su gestión como mandatario estatal.

“Ni siquiera es un caso de desaparición forzada, es de obstrucción de justicia y ese no es delito grave. Yo podría pelear esto mismo en Guatemala pero no lo voy a hacer. Lo haremos en México porque ya tenemos los elementos para documentar que esas pruebas carecen de validez y se trata de un montaje. Yo no tuve ninguna participación en nada de eso. El caso es endeble y ridículo” señaló.

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Duarte, quien a través de demandas de amparo pudo conocer la acusación formulada en su contra por este caso, sostiene que la misma está sustentada en dos testimonios: el del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez y el del exdirector de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza.

Dicho exfuncionarios, quienes también enfrentan proceso por el mismo caso en libertad, señalaron que el gobernador les pidió que no se informara de las desapariciones. 

“Pero esos testimonios son falsos, ellos ya volvieron a declarar ante la Fiscalía General de la República y la Comisión Estatal de Derechos Humanos que fueron testimonios obtenidas bajo tortura, que es falso lo que dijeron. En cuanto ellos comparezcan ante un juez eso va a salir a la luz” señaló el exgobernador.

Cabe señalar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz emitió en mayo pasado la recomendación 25/2019 en donde confirmó que, al menos en el caso de Gilberto Aguirre Garza, sí existen elementos para concluir que fue obligado a rendir declaraciones luego de ser sometido a  “actos constitutivos de tortura”, como el ser obligado a escuchar música a un volumen alto o recibir amenazas de daño a su familia. 

De acuerdo con Duarte y con su equipo de abogados esto desvirtúa la validez de dicha declaración y de las demás. Por este motivo, el exgobernador confirmó que ya seguirán buscando un amparo para frenar la ejecución de la orden de aprehensión, sino que optarán por llevar el caso ante un juez en México, con la intención evidenciar que es inocente.

La acusación y el amparo perdido

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía estatal que encabeza Jorge Winckler, durante la administración de Javier Duarte (2011 a 2016) se implementó en la entidad una política ilegal de desaparición sistemática de personas, todo ello a manos de mandos y elementos de la policía estatal.

La fiscalía documentó por lo menos 13 casos de jóvenes desaparecidos ocurridos en 2013, que previamente fueron detenidos por policías en retenes. El 8 de febrero de 2018, en el marco de un operativo denominado “Tiro de Gracia”, se ejecutaron órdenes de arresto en contra de 19 exmandos de la policía estatal en la gestión de Duarte, entre ellas el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez.

Las indagatorias continuaron y días después la Fiscalía procedió también en contra del exfiscal del estado Luis Ángel Bravo, quien actualmente sigue su proceso en libertad.

El 6 de junio del mismo 2018 este medio publicó que una jueza de la entidad había girado una nueva orden de arresto en contra de Javier Duarte. Ello luego de que los fiscales le presentaron indicios, entre ellos la declaración del propio Bermúdez, que apuntaban a un presunto encubrimiento y petición de Duarte para que se ocultara la información sobre varias desapariciones.

No obstante fue apenas en junio pasado cuando se presentó formalmente ante Guatemala el requerimiento para ejecutar dicha orden.

Mientras este tiempo transcurría el equipo de abogados defensores de Javier Duarte promovió una demanda de amparo en contra de la orden de aprehensión. Su argumento se centró en que el caso estaba débilmente integrado, pues se centraba en un solo testimonio, y que no se les había permitido presentar a ellos elementos para desvirtuarla.

Pero en junio pasado el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal determinó negarle a Duarte la concesión del amparo, bajo el argumento de que la orden de aprehensión girada en su contra era constitucionalmente válida, y que la solidez o no del caso tenía que dilucidarse en las audiencias que se lleven a cabo cuando el proceso penal inicie.

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La defensa aún contaba con la posibilidad de inconformarse en contra de dicha determinación para que un tribunal la revise, una ruta que ya han seguido en otras demandas de amparo que también han promovido en contra de las demás órdenes de arresto que la Fiscalía estatal obtuvo por presuntos hechos de corrupción.

INAI ordena transparencia: es un caso de interés público

Originalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores intentó clasificar toda la información relacionada con el trámite ante Guatemala para poder ejecutar la orden de aprehensión en contra de Javier Duarte por desaparición forzada, procedimiento que técnicamente se denomina “excepción al principio de especialidad”.

Lo anterior luego de que Animal Político interpuso desde febrero pasado una solicitud de información para conocer el avance en el procedimiento. Tras la negativa de respuesta se promovió un recurso de queja ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) el cual determinó que este era un tema de interés público y debía transparentarse.

En la resolución elaborada por la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos y aprobada de forma unánime por el pleno, se estableció en primera instancia que la SRE tenía razón en señalar que la divulgación del proceso de extradición podía afectar la “honra” de la persona aludida, en este caso, Javier Duarte.

Lee: FGR tiene 26 casos pendientes por desvíos de Javier Duarte y están perdidos más de 60 mil mdp

Sin embargo, la resolución subraya que dado que se trata de un tema que involucra a quien fue un servidor público, y a que es un tema de derechos humanos donde debe prevalecer la rendición de cuentas de las autoridades que investiga, se vuelve un asunto de “interés público” que es necesario transparentar.

“En este caso el interés de proteger la información en cuestión, se ve superado por la necesidad imperiosa de que la sociedad pueda conocer si la autoridad ha actuado con legalidad, y en este sentido, si se han llevado a cabo todas las diligencias necesarias para llegar a la verdad histórica de los hechos y por ende, a una efectiva impartición de justicia” señala la resolución.

En respuesta a dicha instrucción del INAI, la SRE transparentó el avance que hasta mediados de mayo se tenía del procedimiento explicando que le había regresado a la PGR la primera solicitud porque le faltaban datos, y sin que hasta ese momento hubiera recibido nuevamente la petición de parte de la Fiscalía.

Con esa información Animal Político preguntó a la Fiscalía el porqué no se había avanzado en presentar de nuevo la solicitud, y la respuesta es que ya se había realizado y se proporcionaron las fechas.

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