Líder de Guerreros Unidos tiene un hermano en el Ejército; Sedena e INAI reservan su expediente
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Líder de Guerreros Unidos tiene un hermano en el Ejército; Sedena e INAI reservan su expediente

El INAI avaló que el Ejército mantenga en secreto el historial de servicio de Alfredo Casarrubias, hermano del presunto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, señalado como autor intelectual del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa.
Cuartoscuro
Por Paris Martínez
27 de junio, 2017
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Declaraciones ministeriales recabadas por la Procuraduría General de la República (PGR) revelan que Sidronio Casarrubias Salgado, a quien se identifica como líder del cártel Guerreros Unidos y como autor intelectual del ataque contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, es hermano de un integrante de las Fuerzas Armadas, de nombre Alfredo Casarrubias Salgado.

Tal como consta en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/946/2014, Sidronio Casarrubias fue capturado el 17 de octubre de 2014, es decir, tres semanas después del ataque contra los normalistas (ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de ese año).

Luego de su captura, Sidronio reveló a la PGR no sólo que otros dos hermanos formaban parte de la estructura de Guerreros Unidos (de nombre Adán y Mario), sino también que “mi otro hermano, de nombre Alfredo Casarrubias Salgado, se encuentra en el Ejército”, tal como señala la declaración ministerial rendida por el detenido, y de la que Animal Político posee una copia no censada.

Sidronio Casarrubias, a quien la PGR identifica como líder de Guerreros Unidos, realizó esta declaración ministerial el mismo día de su captura.

Animal Político consultó a la Secretaría de la Defensa Nacional si, tal como refiere la declaración ministerial del presunto líder de Guerreros Unidos, en las filas del Ejército existe o existió en años recientes algún elemento de nombre Alfredo Casarrubias Salgado y, en caso de que fuera así, se solicitó copia de su historial de servicio. Sin embargo, la Sedena declaró esta información como confidencial.

Al amparo de la Ley General de Transparencia, según la cual no puede reservarse información relacionada con violaciones graves a derechos humanos (tal como fue declarado formalmente el ataque contra los normalistas), Animal Político pidió al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) analizar si era legal la negativa del Ejército a proporcionar información sobre el hermano de Sidronio Casarrubias.

Para defender la publicación de esta información, se invocó el artículo 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según el cual “no se podrá clasificar como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad”, así como el artículo 60, en el que se establece que “el Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información (…) de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de la federación, de las entidades federativas y de los municipios”.

Cabe destacar que en otros casos en los que se ha solicitado información sobre miembros o exmiembros del Ejército, en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, la Secretaría de la Defensa Nacional sí ha accedido a divulgar sus expedientes, tal como ocurrió el 4 de mayo de 2017, cuando la Sedena presentó una versión pública del expediente de servicio de Heriberto Lazcano Lazcano, presunto líder del cártel Los Zeta, y quien antes fue miembro de la institución armada.

Sin embargo, en el caso del militar que es hermano de tres supuestos líderes del cártel Guerreros Unidos (Sidronio, Adán y Mario Casarrubias Salgado) se aplicó un criterio diferenciado y, el 17 de mayo pasado, el consejo del Instituto Nacional de Acceso a la Información avaló que el Ejército mantenga en secreto su historial de servicio, en protección del “derecho a la vida privada”.

De madrugada

Entre los expedientes que forman parte de la indagatoria por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se encuentra otro documento, que siembra dudas en torno a la actuación que tuvo el Ejército durante el ataque perpetrado contra los estudiantes en la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27.

El documento denominado “Parte de novedades. Campo militar No. 35-C, Iguala, Gro”, fechado el 27 de septiembre de 2014, señala que horas después de los ataques contra los normalistas, y siendo aún de madrugada, ocho soldados fueron trasladados desde el cuartel del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, hacia la ciudad de Chilpancingo, para ser sometidos a exámenes psicológicos en el hospital militar regional.

Este reporte interno del Ejército, que forma parte de los documentos que la Sedena entregó a la PGR para su investigación sobre el ataque a los normalistas, señala que, el 27 de septiembre de 2014, a las 2:15 horas “salió con destino a la plaza de Chilpancingo, Guerrero el C. Sgto. 2/o Dact. (nombre censado) pert. esta unidad, con la finalidad de concentrar a 8 aspirantes al hosp. mil. rgnl. Chilpancingo, con la finalidad de que les sea aplicado examen psicológico”.

Animal Político consultó a la Sedena si estos ocho elementos participaron en las acciones desplegadas por el Ejército, durante el 26 y 27 de septiembre en Iguala, a raíz de la llegada de los normalistas a esa ciudad.

El Ejército, sin embargo, no confirmó ni negó los hechos. Simplemente informó que “no se localizó evidencia documental que dé respuesta” al respecto.

Luego, cuando se consultó al Ejército qué rango tenían esos ocho soldados extraídos de Iguala tras el ataque a los normalistas, para ser sometidos a exámenes psicológicos, y a los que el parte militar denomina “aspirantes”, la respuesta fue, nuevamente, que “no se encontró una expresión documental que dé respuesta” al requerimiento.

El Ejército tampoco quiso informar si, a la fecha, esos ocho elementos forman aún parte de sus filas, o si fueron dados de baja.

Lo único que aceptó informar la Sedena fue que, luego del ataque a los normalistas, 17 militares asentados en Iguala pidieron su baja voluntaria, y a otros 33 les fueron rescindidos sus contratos, sin explicarse los motivos.

Ausencia y presencia

Durante los cuatro meses posteriores al ataque contra los normalistas, el Ejército negó haber tenido intervención, o contar con información, sobre la actuación de su personal asentado en Iguala, durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

No fue sino hasta febrero de 2015, luego de que el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información ordenara a la Sedena presentar todo documento relacionado con los hechos, que el Ejército accedió a presentar sus bitácoras.

Con éstas, pudo saberse que el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, no sólo supo del ataque a los normalistas en tiempo real, sino que personal del 27 Batallón dio seguimiento a los hechos desde un inicio y de manera presencial, mediante el personal que tenía asignado en el centro de videovigilancia municipal C4, así como a través de agentes de inteligencia que vigilaron de cerca a los normalistas, incluso durante los ataques que éstos sufrieron por parte del cártel Guerreros U nidos, en contubernio con agentes de policía municipales y –según la CNDH– también federales.

En el primer “Informe Ayotzinapa”, presentado en septiembre de 2015 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado a México por la Organización de Estados Americanos, la noche del ataque contra los normalistas, el Ejército tomó control total del C4 de Iguala, revisando y administrando todas las comunicaciones entre fuerzas de seguridad, evitando que el resto del personal del C4 pudiera escucharlas, justo en los momentos en que los estudiantes eran agredidos y secuestrados.

De hecho, la primera versión oficial de los hechos, denominada por la PGR como “verdad histórica”, señalaba que los normalistas atacados se transportaban en cuatro autobuses, y que los 43 desaparecidos habían sido raptados al norte de la ciudad de Iguala.

Un año después del ataque, el GIEI comprobó que la “verdad histórica” estaba equivocada, y que no sólo los normalistas viajaban en cinco autobuses, sino también que el quinto autobús no reconocido por la PGR había sido atacado al sur de la ciudad, con un saldo de entre 10 y 15 normalistas desaparecidos.

En ese ataque se presume la participación de tres fuerzas policiales: la municipal de Iguala, la municipal de Huitzuco, y agentes de la Policía Federal.

Sobre este ataque contra los estudiantes al sur de Iguala, el Ejército tuvo conocimiento directo, tal como revela el “Mensaje Urgente” del 27 Batallón, fechado el 26 de septiembre de 2014 (es decir, mientras los normalistas aún eran atacados), según el cual “sobre la carretera Iguala-Chilpancingo, frente al Palacio de Justicia, ubicaron otro autobús, el cual fue detenido por dos patrullas de la Policía Municipal, los cuales, con palabras altisonantes, les mencionaron a los estudiantes que descendieran del autobús”.

El testigo que refiere este reporte es el agente de inteligencia militar identificado como “EM”, quien declaró haber visto cómo al lugar llegaron más patrullas, cuyos tripulantes obligaron a los normalistas (entre 10 y 15, según sus cálculos) a bajar del autobús para luego esposarlos, tirarlos al piso y golpearlos. Este ataque, según el militar, fue perpetrado por “policías vestidos de negro, encapuchados, los cuales les dijeron a los estudiantes que se bajaran”, a lo que los estudiantes respondieron “que tenían compañeros heridos”.

Todos esos estudiantes fueron raptados y están desaparecidos.

Aunque este ataque contra los normalistas fue presenciado y reportado por la Inteligencia militar en el mismo momento de los hechos, el Ejército no sólo no hizo nada para proteger a las víctimas, sino que, en enero de 2015, en la “verdad histórica” de las autoridades mexicanas se ocultaron los hechos ocurridos al sur de Iguala y, por esta vía, también intentó ocultarse la participación funcionarios federales.

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Coronavirus: por qué México es el país de América Latina que menos dinero ha gastado durante la pandemia de COVID-19

Al comparar los paquetes de estímulo fiscal aplicados en la región, México aparece en el último lugar de la lista. ¿Cuáles son las razones de esta decisión?
13 de mayo, 2021
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México siguió el camino de la austeridad fiscal durante la pandemia de COVID-19. Un camino que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado.

A diferencia de lo que hizo al desatarse la crisis financiera de 2008, el FMI esta vez se mostró a favor del endeudamiento de los gobiernos para hacer frente a la recesión, excepto en aquellas economías cuyas arcas fiscales están secas o no tienen ninguna capacidad de conseguir recursos en los mercados financieros.

“Para detener el declive de la actividad económica y el aumento de la pobreza, México se beneficiaría de un mayor apoyo fiscal temporal a corto plazo”, señala un informe del organismo publicado en octubre del año pasado, en el cual recomienda gastar entre 2,5% y 3,5% del Producto Interno Bruto, PIB.

“México tiene cierto espacio fiscal y disfruta de un cómodo acceso al mercado que podría utilizarse durante estos tiempos difíciles”, agrega el documento.

Y en febrero de este año, Alejandro Werner, quien era director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, dijo que un aumento del gasto fiscal “obviamente hubiese beneficiado a la población” y habría evitado que empresas medianas se fueran a la quiebra.

Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió mantener el cinturón bastante apretado y gastó un 0.7% del Producto Interno Bruto en medidas de estímulo fiscal, la cifra más baja de todos los países latinoamericanos.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, defendió la política del gobierno hace unas semanas argumentando que, en comparación con otras economías de América Latina, México tendrá una posición macroeconómica y fiscal mucho más fuerte cuando termine la crisis, gracias a la decisión de no contratar deuda adicional y generar buenas expectativas ante los inversores.

Agregó que en los próximos meses, la herramienta fiscal y financiera más importante será la campaña de vacunación, la cual tendrá un efecto positivo en la economía.

Y en enero de este año argumentó que el gobierno no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.

“Había cuestiones legales ligadas, en el caso de México, se tiene una ley muy antigua en la cual se prohíbe el uso de deuda pública para otra cosa que no sea infraestructura pública“, dijo Herrera en un foro organizado por la calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Getty Images
El gobierno de López Obrador argumenta que no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.

En otra ocasión, Herrera dijo que mientras los países desarrollados pagan una tasa de interés cercana a cero por la emisión de deudas, México, en cambio, tiene que pagar un 4.25% por los préstamos.

BBC Mundo contactó a la Secretaría de Hacienda, pero no recibió respuesta.

Fue un error

“El nivel de gasto fue bajísimo, fue un error”, dice Héctor Villareal, profesor del Tec de Monterrey y director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP.

Aunque reconoce que el gobierno creó algunos programas para combatir la pandemia, Villareal sostiene en diálogo con BBC Mundo que muchas medidas fueron financiadas con ajustes en otros rubros de las finanzas públicas.

Funcionarios del gobierno han argumentado que fue necesario tener un criterio fiscal prudencial en caso de que la crisis se prolongara por más tiempo.

Dinero mexicano

Getty Images
“En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador”, dice Héctor Villareal.

Con una deuda pública cercana al 60% del PIB, mucho menor que la de Argentina y Brasil, la decisión fue, aparentemente, no correr riesgos.

“En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador“, apunta Villareal.

“Combatir la pobreza y la desigualdad”

Aunque la economía cayó un 8.2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población, hay expertos que han destacado las decisiones tomadas por el gobierno.

“La política de México frente a la pandemia ha sido importante porque uno de los objetivos de este gobierno ha sido combatir la pobreza y desigualdad”, dijo en marzo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.

“Antes de la pandemia el gobierno empezó a preocuparse por los pobres, se adelantaron y se expandieron las transferencias monetarias”, agregó.

Proteger las finanzas públicas

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) considera que “la respuesta fue limitada” en los apoyos fiscales.

“No hubo movimiento en las tasas impositivas o en transferencia de subsidios, o mecanismos que facilitaran el financiamiento en el sector privado”.

Hombres caminando

Getty Images
La economía de México cayó 8,2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población.

Aunque reconoce que hubo programas de transferencias directas a micronegocios, le dice a BBC Mundo que “no se aplicó un programa contracíclico en materia fiscal”.

“Si bien el gobierno tiene un profundo sentido social, en materia fiscal en realidad es un gobierno muy ortodoxo y más tendiente hacia lo liberal”, dice el investigador.

Según De la Cruz, estaba claro que, por su dimensión, la crisis iba a generar un costo importante y por eso la mayoría de los países trató de suavizar el impacto.

En el caso de México, argumenta, la decisión fue evitar que las finanzas públicas terminaran pagando el costo de la crisis.

“La mayor parte del costo social y económico terminó siendo pagado por la sociedad“, apunta.

Argumenta que un millón de empresas tuvieron que cerrar y al menos dos millones de personas no han logrado recuperar sus empleos, una situación que desde su perspectiva, podría haberse mitigado.

“El costo político”

En eso coincide Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, CEEY.

De la Torre cuenta que uno de los argumentos del gobierno para evitar el aumento del nivel de deuda fue que en rescates financieros previos los beneficios fueron aprovechados por la clase empresarial y no por los más vulnerables.

Mujer cocinando

Getty Images
Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones económicas apuntan a un rebote en el crecimiento cercano al 5% este año.

“Me parece que ese argumento es muy débil”, le dice a BBC Mundo.

Para De la Torre, aunque en el pasado pudo haber desviaciones de los recursos fiscales, “también es cierto que esos recursos apoyaron al conjunto de la economía y evitaron un colapso mayor”.

Pero, a su juicio, hay una razón más de fondo que explica por qué las ayudas fiscales fueron las más bajas de América Latina.

“Habría existido un gran costo político si el gobierno, después de endeudarse, hubiese tenido que realizar una reforma fiscal profunda para pagar las deudas”, advierte.

Como esas reformas o ajustes, suelen provocar un descontento generalizado, agrega, optó por evitar ese costo político.

El experto cree que el gobierno hizo un balance y determinó que el costo político actual, de no haber aumentado las ayudas fiscales, tiene un costo político más disperso en un gran número de personas, generalmente poco organizadas.

“Es un costo que estaría parcialmente justificado por un factor externo, que en este caso sería la pandemia y sus secuelas”.

Si el objetivo era mejorar el bienestar de la población y aumentar las posibilidades de una recuperación económica, agrega, “había que endeudarse, gastar, y después hacer una reforma fiscal, incurriendo en un costo político”.

Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones del gobierno y de organismos internacionales señalan que este año se producirá un rebote y el crecimiento estará cercano al 5%.

Mientras la vacunación avance y no se produzca una nueva ola de contagios, los expertos creen que este año debería marcar una clara recuperación, siguiendo la tendencia global.

Lo que no se va a recuperar muy rápidamente son las secuelas sociales de la pandemia que, al igual que en el resto de los países de la región, requerirán varios años antes de regresar a los niveles de bienestar previos.


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