Líder de Guerreros Unidos tiene un hermano en el Ejército; Sedena e INAI reservan su expediente
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Líder de Guerreros Unidos tiene un hermano en el Ejército; Sedena e INAI reservan su expediente

El INAI avaló que el Ejército mantenga en secreto el historial de servicio de Alfredo Casarrubias, hermano del presunto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, señalado como autor intelectual del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa.
Cuartoscuro
Por Paris Martínez
27 de junio, 2017
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Declaraciones ministeriales recabadas por la Procuraduría General de la República (PGR) revelan que Sidronio Casarrubias Salgado, a quien se identifica como líder del cártel Guerreros Unidos y como autor intelectual del ataque contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, es hermano de un integrante de las Fuerzas Armadas, de nombre Alfredo Casarrubias Salgado.

Tal como consta en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/946/2014, Sidronio Casarrubias fue capturado el 17 de octubre de 2014, es decir, tres semanas después del ataque contra los normalistas (ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de ese año).

Luego de su captura, Sidronio reveló a la PGR no sólo que otros dos hermanos formaban parte de la estructura de Guerreros Unidos (de nombre Adán y Mario), sino también que “mi otro hermano, de nombre Alfredo Casarrubias Salgado, se encuentra en el Ejército”, tal como señala la declaración ministerial rendida por el detenido, y de la que Animal Político posee una copia no censada.

Sidronio Casarrubias, a quien la PGR identifica como líder de Guerreros Unidos, realizó esta declaración ministerial el mismo día de su captura.

Animal Político consultó a la Secretaría de la Defensa Nacional si, tal como refiere la declaración ministerial del presunto líder de Guerreros Unidos, en las filas del Ejército existe o existió en años recientes algún elemento de nombre Alfredo Casarrubias Salgado y, en caso de que fuera así, se solicitó copia de su historial de servicio. Sin embargo, la Sedena declaró esta información como confidencial.

Al amparo de la Ley General de Transparencia, según la cual no puede reservarse información relacionada con violaciones graves a derechos humanos (tal como fue declarado formalmente el ataque contra los normalistas), Animal Político pidió al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) analizar si era legal la negativa del Ejército a proporcionar información sobre el hermano de Sidronio Casarrubias.

Para defender la publicación de esta información, se invocó el artículo 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según el cual “no se podrá clasificar como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad”, así como el artículo 60, en el que se establece que “el Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información (…) de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de la federación, de las entidades federativas y de los municipios”.

Cabe destacar que en otros casos en los que se ha solicitado información sobre miembros o exmiembros del Ejército, en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, la Secretaría de la Defensa Nacional sí ha accedido a divulgar sus expedientes, tal como ocurrió el 4 de mayo de 2017, cuando la Sedena presentó una versión pública del expediente de servicio de Heriberto Lazcano Lazcano, presunto líder del cártel Los Zeta, y quien antes fue miembro de la institución armada.

Sin embargo, en el caso del militar que es hermano de tres supuestos líderes del cártel Guerreros Unidos (Sidronio, Adán y Mario Casarrubias Salgado) se aplicó un criterio diferenciado y, el 17 de mayo pasado, el consejo del Instituto Nacional de Acceso a la Información avaló que el Ejército mantenga en secreto su historial de servicio, en protección del “derecho a la vida privada”.

De madrugada

Entre los expedientes que forman parte de la indagatoria por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se encuentra otro documento, que siembra dudas en torno a la actuación que tuvo el Ejército durante el ataque perpetrado contra los estudiantes en la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27.

El documento denominado “Parte de novedades. Campo militar No. 35-C, Iguala, Gro”, fechado el 27 de septiembre de 2014, señala que horas después de los ataques contra los normalistas, y siendo aún de madrugada, ocho soldados fueron trasladados desde el cuartel del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, hacia la ciudad de Chilpancingo, para ser sometidos a exámenes psicológicos en el hospital militar regional.

Este reporte interno del Ejército, que forma parte de los documentos que la Sedena entregó a la PGR para su investigación sobre el ataque a los normalistas, señala que, el 27 de septiembre de 2014, a las 2:15 horas “salió con destino a la plaza de Chilpancingo, Guerrero el C. Sgto. 2/o Dact. (nombre censado) pert. esta unidad, con la finalidad de concentrar a 8 aspirantes al hosp. mil. rgnl. Chilpancingo, con la finalidad de que les sea aplicado examen psicológico”.

Animal Político consultó a la Sedena si estos ocho elementos participaron en las acciones desplegadas por el Ejército, durante el 26 y 27 de septiembre en Iguala, a raíz de la llegada de los normalistas a esa ciudad.

El Ejército, sin embargo, no confirmó ni negó los hechos. Simplemente informó que “no se localizó evidencia documental que dé respuesta” al respecto.

Luego, cuando se consultó al Ejército qué rango tenían esos ocho soldados extraídos de Iguala tras el ataque a los normalistas, para ser sometidos a exámenes psicológicos, y a los que el parte militar denomina “aspirantes”, la respuesta fue, nuevamente, que “no se encontró una expresión documental que dé respuesta” al requerimiento.

El Ejército tampoco quiso informar si, a la fecha, esos ocho elementos forman aún parte de sus filas, o si fueron dados de baja.

Lo único que aceptó informar la Sedena fue que, luego del ataque a los normalistas, 17 militares asentados en Iguala pidieron su baja voluntaria, y a otros 33 les fueron rescindidos sus contratos, sin explicarse los motivos.

Ausencia y presencia

Durante los cuatro meses posteriores al ataque contra los normalistas, el Ejército negó haber tenido intervención, o contar con información, sobre la actuación de su personal asentado en Iguala, durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

No fue sino hasta febrero de 2015, luego de que el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información ordenara a la Sedena presentar todo documento relacionado con los hechos, que el Ejército accedió a presentar sus bitácoras.

Con éstas, pudo saberse que el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, no sólo supo del ataque a los normalistas en tiempo real, sino que personal del 27 Batallón dio seguimiento a los hechos desde un inicio y de manera presencial, mediante el personal que tenía asignado en el centro de videovigilancia municipal C4, así como a través de agentes de inteligencia que vigilaron de cerca a los normalistas, incluso durante los ataques que éstos sufrieron por parte del cártel Guerreros U nidos, en contubernio con agentes de policía municipales y –según la CNDH– también federales.

En el primer “Informe Ayotzinapa”, presentado en septiembre de 2015 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado a México por la Organización de Estados Americanos, la noche del ataque contra los normalistas, el Ejército tomó control total del C4 de Iguala, revisando y administrando todas las comunicaciones entre fuerzas de seguridad, evitando que el resto del personal del C4 pudiera escucharlas, justo en los momentos en que los estudiantes eran agredidos y secuestrados.

De hecho, la primera versión oficial de los hechos, denominada por la PGR como “verdad histórica”, señalaba que los normalistas atacados se transportaban en cuatro autobuses, y que los 43 desaparecidos habían sido raptados al norte de la ciudad de Iguala.

Un año después del ataque, el GIEI comprobó que la “verdad histórica” estaba equivocada, y que no sólo los normalistas viajaban en cinco autobuses, sino también que el quinto autobús no reconocido por la PGR había sido atacado al sur de la ciudad, con un saldo de entre 10 y 15 normalistas desaparecidos.

En ese ataque se presume la participación de tres fuerzas policiales: la municipal de Iguala, la municipal de Huitzuco, y agentes de la Policía Federal.

Sobre este ataque contra los estudiantes al sur de Iguala, el Ejército tuvo conocimiento directo, tal como revela el “Mensaje Urgente” del 27 Batallón, fechado el 26 de septiembre de 2014 (es decir, mientras los normalistas aún eran atacados), según el cual “sobre la carretera Iguala-Chilpancingo, frente al Palacio de Justicia, ubicaron otro autobús, el cual fue detenido por dos patrullas de la Policía Municipal, los cuales, con palabras altisonantes, les mencionaron a los estudiantes que descendieran del autobús”.

El testigo que refiere este reporte es el agente de inteligencia militar identificado como “EM”, quien declaró haber visto cómo al lugar llegaron más patrullas, cuyos tripulantes obligaron a los normalistas (entre 10 y 15, según sus cálculos) a bajar del autobús para luego esposarlos, tirarlos al piso y golpearlos. Este ataque, según el militar, fue perpetrado por “policías vestidos de negro, encapuchados, los cuales les dijeron a los estudiantes que se bajaran”, a lo que los estudiantes respondieron “que tenían compañeros heridos”.

Todos esos estudiantes fueron raptados y están desaparecidos.

Aunque este ataque contra los normalistas fue presenciado y reportado por la Inteligencia militar en el mismo momento de los hechos, el Ejército no sólo no hizo nada para proteger a las víctimas, sino que, en enero de 2015, en la “verdad histórica” de las autoridades mexicanas se ocultaron los hechos ocurridos al sur de Iguala y, por esta vía, también intentó ocultarse la participación funcionarios federales.

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Trump vs Biden: ¿cuándo sabremos el resultado de las elecciones de Estados Unidos? (y por qué puede ser tan disputado)

Estados Unidos se enfrenta a unas elecciones insólitas este martes 3 de noviembre, marcadas por la pandemia. Y puede que el resultado no se sepa hasta mucho después de la noche electoral.
3 de noviembre, 2020
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Las elecciones presidenciales que celebra Estados Unidos este martes son inéditas, y puede que pasen días o incluso semanas antes de que se conozca quién resultó ganador: Joe Biden o Donald Trump.

Millones de estadounidenses han votado esta vez por correo debido a la pandemia de coronavirus, lo que significa que es muy probable que el recuento de todos los votos se retrase.

¿Cuándo se suele conocer el resultado de las elecciones estadounidenses?

El resultado de las elecciones se suele anunciar la noche del día de las elecciones, que este año es este martes 3 de noviembre.

Diferentes estados concluyen las votaciones en horarios distintos. Las primeras urnas cierran en la costa este a las 19:00 hora local (00:00 GMT).

Después del cierre de las urnas se procede al conteo de votos en cada estado.

Los principales medios de comunicación estadounidenses “declaran” la victoria de un estado cuando creen que un candidato tiene una ventaja definitiva, pero eso es una predicción y no el resultado final. Lo mismo ocurre cuando los medios “declaran” ganador a nivel nacional.

Los presidentes de Estados Unidos no se deciden por el total de la votación popular a nivel nacional, sino ganando en los suficientes estados.

Mujer votando por correo

Getty Images
Millones de estadounidenses han votado de forma anticipada y por correo.

Cada estado tiene una cierta cantidad de “votos electorales” que se lleva por completo el ganador en ese territorio. El número de votos electorales de cada estado se basa en la población del mismo.

Para ganar la Casa Blanca se necesitan 270 votos electorales.

En 2016, la victoria electoral fue declarada a favor de Donald Trump alrededor de las 02:30 AM hora local del este (07:30 GMT), cuando la victoria en el estado de Wisconsin le permitió superar los 270 votos electorales necesarios.

¿Por qué la votación por correo podría retrasar el resultado de estas elecciones?

Durante los comicios anteriores era común que algunos estados limitaran el voto por correo, restringiéndolo a personas mayores de 65 años, aquellos que sufrían alguna enfermedad o que se encontraban fuera de ese estado.

Pero, en esta ocasión, esta modalidad está ampliamente permitida en la mayoría de los estados.

En las últimas elecciones presidenciales en el país, casi una cuarta parte de los votos se emitieron por correo.

Según el Proyecto de Elecciones de EU, hasta este 2 de noviembre más de 97 millones de estadounidenses habían votado anticipadamente, ya sea por correo o en persona. Esto ya es más que el número total de votos anticipados emitidos en las elecciones de 2016.

De estos votos un poco más de 62 millones son usando el servicio postal, en medio de los intentos de los estados por evitar aglomeraciones que puedan facilitar la propagación de la covid-19.

Estados péndulo en EE.UU.

BBC

Sin embargo, el Servicio Postal de Estados Unidos, el responsable de entregar las boletas postales, está experimentando recortes presupuestarios.

El presidente Trump impidió que se disponga de fondos adicionales, entre preocupaciones en el país por si el organismo podrá hacer frente al volumen de papeletas enviadas o si habrá mayores retrasos.

¿Cómo se contabilizan los votos por correo?

Los votos por correo suelen tardar más en contabilizarse.

Los diferentes estados tienen diferentes reglas sobre cómo y cuándo hacerlo.

La mayoría de los estados solo contarán las boletas postales recibidas antes del cierre de las urnas.

Pero algunos estados, como California, aceptarán votos siempre que sean enviados el día de las elecciones, incluso si llegan semanas después.

Promo image showing Joe Biden and Donald Trump

BBC
Puede que no sepamos el resultado de estas elecciones hasta día o semanas después.

El conteo de las boletas postales toma más tiempo porque cada voto debe tener una firma que se corresponda con la firma de la tarjeta de registro del votante.

Otro aspecto que retrasa el proceso es el momento en que se empiezan a contar esos votos.

Algunos estados como Florida, por ejemplo, comenzaron a contar las boletas enviadas por correo antes del día de las elecciones, pero ese no es el caso de la mayoría de los estados, que esperarán hasta el cierre de las urnas.

En 2016, el total de votos tardó más de un mes en escrutarse.

La entonces candidata demócrata Hillary Clinton llegó a ampliar su ventaja en el voto popular a nivel nacional, pero Trump ya había ganado los suficientes estados para asegurarse la presidencia.

¿Pueden existir demoras en los centros de votación?

Hacer fila en un recinto electoral seguirá siendo, por ahora, la forma más común en que los votantes estadounidenses entregarán su voto.

Y esa situación se complica debido a la pandemia de coronavirus y las restricciones a causa de ésta.

Algunos estados ya habilitaron centros para la votación anticipada en persona y se registraron enormes colas.

Fila de votantes

EPA
El voto en persona en algunos estados ya ha visto largas filas y cifras record de participación.

La mayoría de la gente votará este 3 de noviembre, y se estima que habrá abiertos menos centros electorales de lo habitual. También se advirtió de la falta de personal.

¿Trump y Biden aceptarán el resultado?

Existe la posibilidad de que el candidato que lleva la delantera en la noche de las elecciones no gane, una circunstancia que se ha vuelto más probable debido al voto por correo.

Biden, por un lado, aseguró que aceptará el resultado, pero insistió en que “se cuente cada voto”.

Hillary Clinton, quien fue la contrincante demócrata de Trump en 2016, ha dicho que Biden no debería conceder la victoria la noche de las elecciones “bajo ninguna circunstancia”.

“Creo que esto se va a alargar”, subrayó.

Mientras tanto, Trump advirtió que en la elección de noviembre puede producirse un “tremendo fraude” debido al voto por correo, pese a que hay muy poca evidencia de ello.

Y se negó a comprometerse a una eventual transferencia pacífica del poder si pierde.

¿Qué pasa si no se acepta el resultado de las elecciones?

El presidente llegó a decir que piensa que el resultado de estas elecciones puede terminar en la Corte Suprema de Estados Unidos.

Esto ha sucedido antes. En las elecciones de 2000, el candidato demócrata Al Gore afirmó que su estrecho margen de derrota en Florida ameritaba un recuento.

Se necesitaron 36 días para que el alto tribunal decidiera en contra de su reclamo y la contienda terminara a favor del republicano George W. Bush.

Además, este año pueden surgir otros desafíos legales, desde los requisitos de identificación para el voto por correo hasta la legalidad de los cambios hechos para esta votación debido a la pandemia.

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BBC

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https://www.youtube.com/watch?v=4hw6wlscdUk

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