Indígenas de Nayarit denuncian la destrucción del centro sagrado Keiyatsita por plan de la CFE
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Alba Calderón

Indígenas de Nayarit denuncian la destrucción del centro sagrado Keiyatsita por plan de la CFE

Keiyatsita es un lugar enclavado dentro de los territorios originales de los náyeris y wixárikas, considerado sagrado, y ahí la Comisión Federal de Electricidad proyecta construir una presa.
Alba Calderón
Por Paris Martínez
14 de junio, 2017
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Keiyatsita es un centro ceremonial ubicado en Nayarit, donde, de manera ancestral, se reúnen los pueblos indígenas Náyeri y Wixárika para la realización de distintos ritos religiosos y comunitarios, razón por la cual lo consideran un sitio sagrado.

Para las autoridades, Keiyatsita es el lugar donde estará una presa, que aún no existe pero que ya fue bautizada como Las Cruces, y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) proyecta construir para generar “energía limpia”.

De acuerdo con documentación oficial de CFE, una vez que la presa sea construida, la comunidad de Rosarito, donde se ubica Keiyatsita, quedará sumergida bajo el agua que almacene una cortina de 188 metros de altura, y que permitirá operar una planta hidroeléctrica, que atenderá parte de las necesidades de energía en el occidente del país, las cuales crecerán 3.7% al año, al menos hasta 2026.

Keiyatsita; sin embargo, es considerado por los pueblos indígenas como uno de los diez lugares más sagrados enclavados dentro de “los confines del mundo Wixárika”, es decir, los territorios originales sobre los que náyeris y wixárikas se extienden desde antes de la Conquista, y que se localizan entre Nayarit, Jalisco y Durango.

No nos vamos a dejar. Ésa es nuestra iglesia[/animalp-quote-highlight]

Por ello, representantes del Consejo Náyeri y del Consejo Wixárika (que reúnen a las autoridades tradicionales de todas las comunidades indígenas de la región) acudieron este 13 de junio a la Ciudad de México, para lanzar una advertencia a las autoridades estatales y federales que promueven el proyecto: “No nos vamos a dejar. Ésa es nuestra iglesia, nuestro futuro y eso tiene que reconocerse”.

Este reclamo lo hacen al amparo de un instrumento legal particular: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que entre otros aspectos obliga a los Estados adheridos, entre los que está México, a “respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados (los pueblos indígenas) reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”.

Argumentos oficiales

La Manifestación de Impacto Social del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, elaborada por la Comisión Federal de Electricidad, señala que la presa y su infraestructura complementaria afectarán una superficie de 5 mil 493 hectáreas, que afectarán las tierras de 33 comunidades, aunque sólo una quedaría totalmente inundada, Rosarito, de 54 habitantes.

Este enclave fue elegido para la presa, debido a que era el que menor “impacto cultural” provocaría, además de que “el sitio de Las Cruces se seleccionó, ya que cumple con las mejores condiciones hidrológicas, geológicas, sociales y culturales”, mientras que otros puntos idóneos implicaban afectar el centro ceremonial “La Muxatena”.

Sin embargo, el documento no se pronuncia sobre la importancia cultural del centro ceremonial Keiyatsita, ni de otros centros rituales, que también se verán afectados por la presa, como informó Julián López Canase, vocero del Consejo Náyeri.

No es un centro nada más religioso-espiritual, sino social también[/animalp-quote-highlight]

En Rosarito, el líder náyeri detalló: “La comunidad también tiene un centro ceremonial muy importante, en un lugar que se conoce como Rosario Viejo, lugar en el que el gobernador de la comunidad entrega la vara de mando y ahí recibe su cargo la nueva autoridad”, por lo cual, se trata de un lugar insustituible para la “estructura de gobierno originaria”, por lo cual, “no es un centro nada más religioso-espiritual, sino social también”.

Añadió que aunque la presa no inunde el centro ceremonial de La Muxatena, sí afectará su accesibilidad a distintos pueblos. “La Muxatena es un centro ceremonial de todo el pueblo náyeri, no sólo de los que viven en la cuenca del Río San Pedro Mezquital, del cual se alimentará la presa Las Cruces”.

Para la Comisión Federal de Electricidad, este proyecto es vital, debido a que forma parte del plan de modernización de la infraestructura eléctrica que permita transitar del uso excesivo de combustibles fósiles, a otras formas de generación de energía no contaminantes.

Según la Manifestación de Impacto Social, en 2011, México generaba 73.6% de su energía a partir de combustibles fósiles, mientras que la energía generada con hidroeléctricas sólo representaba a 21.9% del total.

Ante un escenario próximo de agotamiento de fuentes petroleras y aumento de los daños al ambiente por el uso de combustibles fósiles, las autoridades mexicanas proyectan aumentar la generación de energías limpias con el objetivo de que, en el año 2050, al menos la mitad de la electricidad provenga de fuentes que no generen emisiones al ambiente, como destaca el documento de la CFE.

Las tierras afectadas, se reconoce, “son de régimen comunal”, es decir, son tierras habitadas por pueblos indígenas desde antes de la Conquista, y su propiedad es comunitaria; sin embargo, el documento de la CFE asegura que con la presa sólo se afectará 3% del territorio que legalmente pertenece a estos pueblos.

Dichas tierras, afirma el documento, serán adquiridas por la CFE para que puedan ser usadas para la obra.

Cabe destacar; sin embargo, que el Convenio 169 de la OIT, que obliga a México a respetar las tierras y territorios de los pueblos indígenas, no sólo se refiere a las zonas de las que legalmente son propietarios, sino también a aquellas a las que ancestralmente han asignado un valor cultural, que no se pierde con un contrato de venta, o con una expropiación.

El mismo documento asegura que la CFE realizó una consulta entre las 33 comunidades indígenas de la región, mediante la cual logró el aval de estos pueblos para la realización de la presa; sin embargo, también se reconoce que sólo 31% de los pobladores participó en esta consulta.

Además, la consulta no fue organizada y realizada por las autoridades indígenas entre toda la comunidad, sino por la CFE, y sólo se tomó en cuenta a los que aceptaron acudir a sus reuniones.

La Declaración de Keiyatsita

El 23 de mayo de 2017, las autoridades indígenas del pueblo Wixárika emprendieron una demanda de amparo en contra de la construcción de la presa Las Cruces, al considerar que la CFE, así como la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente han violado sus derechos humanos comunitarios, específicamente el derecho a que sus tierras y su valor cultural sean respetados, y su derecho a la consulta libre y previamente informada, ambos consagrados en Convenios de la OIT suscritos por México.

Cinco días después, wixárikas y náyeris se reunieron en Rosarito, municipio de Rosamorada, en el lecho del Río San Pedro Mezquital, en su ancestral centro ceremonial, para lanzar la Declaración de Keiyatsita, mediante la cual, ambos pueblos refrendaron su hermandad, y se declararon “guardianes de nuestros lugares sagrados”.

“Ambos pueblos indígenas –destaca la Declaración–, coincidimos que los lugares sagrados, como en este caso Keiyatsita, nos transmiten conocimientos y sabiduría, además de que nos enseñan a cuidar a la madre tierra y las esencias de la vida como un todo. Por esta razón, esta memoria histórica viva a resguardaremos por siempre.”

En estos lugares sagrados, explicó Marcelina López de la Cruz, vocera del Consejo Náyeri, se hacen ofrendas a “nuestra Tierra Madre, que es una madre grandísima, que nos tiene en su manto como a sus hijos. Y ahí también están sus ofrendas, por eso nuestro respeto, porque eso es lo que nos crea, es el alimento, el maíz, es ahí donde se siembra, y nosotros de ahí nos desarrollamos”.

En Keiyatsita, remató, se hacen ofrendas, entre otras deidades, a Tatei Niwetsika, “como le llamamos en lengua materna, y que en lengua española es ‘La Placenta de la Madre Maíz. Y esa placenta es de todos, no nada más de los indígenas”.

Animal Político solicitó una entrevista con un representante de la CFE, para conocer su postura en torno a esta denuncia de violación a los derechos de las comunidades indígenas afectadas, petición que no obtuvo respuesta favorable hasta la publicación de esta nota.

A continuación, te presentamos de forma íntegra la Declaración de Keiyatsita:

 

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Stealthing: la nueva legislación de California que prohíbe el retiro no consensuado del condón durante el sexo

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una práctica conocida como "stealthing".
12 de octubre, 2021
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Hace unos 30 años, solo unos meses después de comenzar a trabajar como prostituta, Maxine Doogan quedó embarazada.

La joven había estado con un nuevo cliente en un salón de masajes en Anchorage, Alaska, cuando se dio cuenta de que el hombre se había quitado el condón subrepticiamente durante el acto sexual.

Conmocionada, corrió al baño. Cuando regresó, el cliente se había ido.

Doogan, que entonces tenía veintitantos años, fue a una clínica de salud cercana para una ronda de pruebas de infecciones de transmisión sexual y luego dio un agradecimiento en silencio por cada resultado negativo.

Seis semanas después, sin embargo, tuvo que practicarse un aborto.

Le costó alrededor de US$300 y, después del procedimiento, no pudo trabajar durante un mes.

Lo que hizo el cliente estuvo mal. Pero hasta donde ella sabía, no era ilegal.

“Simplemente no había recursos contra algo así”, dijo.

Ahora, en un estado de EE.UU. sí lo hay.

Nueva ley

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una acción conocida como “stealthing“.

La nueva legislación agrega la práctica a la definición civil estatal de agresión sexual, lo que convierte a California en el primer estado de EE.UU. en ilegalizarla.

La ley les da a las víctimas un remedio legal claro para el asalto que Doogan, quien ahora vive en San Francisco, sufrió hace décadas.

Y los defensores dicen que marca un cambio radical para otros sobrevivientes que, a diferencia de Doogan, ahora podrían tener su día en la corte.

“Queríamos asegurarnos de que no solo sea inmoral, sino ilegal”, dijo la asambleísta de California Cristina Garcia, quien presentó el proyecto de ley.

Cristina Garcia

Getty Images/BBC
Cristina Garcia llevaba años abogando por la ley.

Garcia ha estado trabajando versiones de esta legislación durante años.

En 2017 y nuevamente en 2018, presentó un proyecto de ley que habría convertido el stealthing en un delito penal y permitido a los fiscales pedir condenas de cárcel para los perpetradores.

Estos proyectos de ley murieron antes de nacer o no consiguieron una audiencia en el Congreso estatal.

Ahora, esta nueva versión, que enmienda solo el código civil, fue aprobada por los legisladores de California sin oposición.

El contenido

Los sobrevivientes pueden demandar a los infractores por daños, pero no se pueden presentar cargos penales.

“Sigo pensando que esto debería estar en el código penal”, le dijo Garcia a la BBC.

Si se rompió el consentimiento, ¿no es esa la definición de violación o agresión sexual?“, planteó.

Los analistas legislativos han dicho que el stealthing podría considerarse un delito menor de agresión sexual, aunque no se menciona explícitamente en el código penal.

Pero la nueva ley de Garcia elimina cualquier ambigüedad en los reclamos civiles que, según los expertos, facilitarán a los sobrevivientes la persecución de sus casos.

Alexandra Brodsky

Getty Images/BBC
Brodsky’s 2017 paper is now widely credited for bringing the term “stealthing” into popular use

“Podemos empezar a hablar de ello de una manera en la que tengamos un lenguaje común”, dijo Garcia.

La legisladora dice que se sintió inspirada para llevar el tema del stealthing a la Cámara después de leer un artículo de investigación de la Facultad de Derecho de Yale de 2017 de la entonces estudiante Alexandra Brodsky, a quien ahora se le atribuye ampliamente haber llevado el término al uso popular.

Brodsky, que ahora trabaja como abogada de derechos civiles y es autora de Sexual Justice, que analiza cómo responder de manera justa a la agresión sexual, detalló una serie de historias en su artículo de sobrevivientes en el contexto de relaciones románticas o sexuales consensuadas.

Sus relatos a menudo comenzaban de la misma manera: “No estoy segura de que esto sea una violación, pero…”.

Las narraciones detallaban el miedo de las víctimas a las infecciones de transmisión sexual y al embarazo, así como sus intensos sentimientos de violación y traición.

Pero las y los sobrevivientes con los que habló Brodsky, muchos de los cuales informaron haber sido violados anteriormente, no describieron el stealthing como equivalente a una agresión sexual.

La gente aún no estaba haciendo esa conexión, dice Brodsky.

“Creo que una gran parte del problema era que mucha gente pensaba que era la única persona a la que le había pasado”, agrega.

Graphic of a condom

Getty Images/BBC

Pero la investigación muestra que el stealthing es “deprimentemente común”, según el análisis del comité judicial del Senado de California al evaluar el proyecto de ley de Garcia.

Demoras

Un artículo de 2019 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina encontró que el 12% de las mujeres de entre 21 y 30 años informaron haber experimentado el stealthing.

Ese mismo año, investigadores de la Universidad de Monash en Australia encontraron que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres que tienen sexo con hombres habían sido sometidos a la práctica.

Y otro estudio de 2019 encontró que casi el 10% de los hombres informaron que se quitaron un condón durante las relaciones sexuales sin consentimiento.

En su artículo, Brodsky citó a un conocido bloguero que usó su sitio ahora desaparecido para dar consejos a otros hombres sobre cómo quitarse los condones en secreto sin llamar la atención.

Es el deber de una mujer abrir las piernas, escribieron los comentaristas, y el derecho del hombre a “esparcir su semilla”.

Stock image of condoms

Getty Images/BBC

Pero si bien ha aumentado la conciencia sobre el stealthing, la respuesta legislativa se ha retrasado.

Incluso en países donde esta práctica se ha considerado una agresión sexual, incluidos Reino Unido, Nueva Zelanda y Alemania, rara vez se enjuicia, en parte debido a las dificultades para demostrar la intención.

Esta es la ventaja de las demandas civiles: la carga de la prueba es menor que en los casos penales, y la decisión de presentar una demanda recae en los sobrevivientes, no en los fiscales.

Y tanto Brodsky como García creen que hay un significado inherente en que el estado etiquete oficialmente el stealthing como un acto ilegal.

“Imagínese lo que se sentirá cuando ellos (los y las sobrevivientes) vean que el estado de California piensa que no merecen ser tratados de esta manera“, dice Brodsky

La ley

El proyecto de ley fue apoyado por el Proyecto Legal, Educativo y de Investigación de Proveedores de Servicios Eróticos (Esplerp), una organización de defensa fundada y dirigida por Doogan.

La ley permitirá a las trabajadoras sexuales demandar a los clientes que se quiten los condones, dijo, y con suerte allanará el camino para una mayor protección legal para las trabajadoras sexuales y otros grupos típicamente marginados por el sistema de justicia penal.

“ le puede pasar a cualquiera”, advierte Doogan.

Todavía existe el problema de que los casos de agresión sexual se aborden.

Aquellos que hacen estas afirmaciones a menudo se encuentran con “escrutinio y escepticismo”, según Brodsky.

Y cuando se trata de stealthing, esta respuesta se intensifica porque, “por definición, el daño ocurre después de que han dado su consentimiento para el sexo”.

Pero la medida ha sido celebrada como un primer paso importante, especialmente después de que fracasaran los esfuerzos recientes para aprobar una legislación similar en Nueva York y Wisconsin.

“Estoy orgullosa de que California sea el primero en la nación, pero estoy desafiando a otros legisladores estatales a seguirnos rápidamente”, dijo García.

“Un estado menos, quedan 49”.


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