PGR no investigó posibles vínculos de mando militar y Guerreros Unidos tras ataque a normalistas
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PGR no investigó posibles vínculos de mando militar y Guerreros Unidos tras ataque a normalistas

Entre los días 12 y 29 de octubre de 2014, la PGR recibió al menos cinco denuncias anónimas, en las que se identifica a un capitán del Ejército, como parte del grupo que dirige al cártel Guerreros Unidos
Cuartoscuro
Por Paris Martínez @paris_martinez
29 de junio, 2017
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A pesar de que las autoridades mexicanas han negado que exista evidencia de presuntos vínculos entre el Ejército y el grupo delictivo Guerreros Unidos, –al que las autoridades atribuyen el rapto y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa–, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene varias denuncias sobre la presencia de un militar en la cúpula que dirige este cártel, que fueron recibidas semanas después del ataque contra los estudiantes en Iguala, Guerrero.

En el tomo 64 de la averiguación previa federal, iniciada tras la desaparición de los 43 normalistas, se señala que entre los días 12 y 29 de octubre de 2014, la PGR recibió al menos cinco denuncias anónimas en las que se identifica a José Alfredo Casarrubias Salgado, capitán segundo de Infantería del Ejército Mexicano, como parte del grupo que dirige al cártel Guerreros Unidos.

Leer también: Líder criminal tiene un hermano en el Ejército; Sedena e INAI reservan su expediente

Según estos reportes, también formaban parte del cártel el papá de José Alfredo, Rafael Casarrubias, y sus hermanos Mario, Ángel, Adán, Rafael y Sidronio.

La misma averiguación previa de la PGR revela que, tras recibir estas denuncias anónimas –de las cuales Animal Político posee una copia no censada–, se imputó y capturó a Sidronio y Adán Casarrubias Salgado, por el ataque contra los jóvenes estudiantes; mientras que Rafael y Ángel fueron considerados prófugos; el hermano Mario Casarrubias había sido detenido meses antes.

En el caso del capital de Infantería, José Alfredo Casarrubias Salgado, no solo se omitió investigar sus presuntos nexos con el grupo criminal, sino que, en enero de 2015, el entonces procurador Jesús Murillo Karam declaró que no existía !una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército” en las actividades de Guerreros Unidos, ni en el ataque contra los normalistas.

En mayo de 2017, el Ejército y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública clasificaron el expediente del capitán José Alfredo Casarrubias como “confidencial”, es decir, que quedará en secreto a perpetuidad.

Amarres

En abril de 2014, cinco meses antes del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa, las autoridades mexicanas capturaron en el Estado de México a Mario Casarrubias Salgado, a quien identificaban, ya desde entonces, como líder del cártel Guerreros Unidos.

Según una de las denuncias recibidas en octubre de 2014, pocos días antes de que Mario Casarrubias fuera capturado, toda la cúpula directiva de Guerreros Unidos se reunió en Teloloapan, para definir quién sería el próximo presidente municipal de dicho ayuntamiento.

La denuncia recabada por la PGR señala que en esa reunión participó el capitán José Alfredo Casarrubias, al que identifica con el alias de “El Militar”, junto con el resto de sus hermanos.

“Unos días antes de que detuvieran a Mario Casarrubias Salgado –señala una de las denuncias anónimas–, éste, junto con Ángel Casarrubias, Adán Casarrubias, Rafael Casarrubias padre y Rafael hijo, también El Militar, José Alfredo Casarrubias Salgado, y toda la plana mayor de Guerreros Unidos, bajaron a Los Sauces, municipio de Teloloapan, Guerrero (…) ahí fueron a hacer los amarres, para poner de presidente a Pablo Segura Valladares, para cuando termina(ra) Ignacio de Jesús Valladares”.

Otra de las denuncias, enviada a través de correo electrónico a la PGR, e integrada a la averiguación previa por la desaparición de los normalistas, señala que en la dirección de Guerreros Unidos “anda bien metido El Chuky, Sidronio Casarrubias Salgado, con Mario Casarrubias Salgado, con su padre de éstos, Rafael Casarrubias, y también anda bien metido el capitán José Alfredo Casarrubias Salgado, (y) Adán Casarrubias Salgado”, a los cuales, la denuncia atribuye “matazón de personas, no de ahora, sino desde hace como tres años, en diferentes áreas (de Guerrero), como son San Miguelito, Cerro Gordo, Teloloapan, Ahuahuepan, Cocula, etcétera”.

Investigación simulada

En el tomo 65 de la averiguación previa integrada por la PGR, a casi un mes del ataque contra los normalistas, el día 22 de octubre de 2014 el agente del Ministerio Público Federal, César Iván Pilares Viloria, solicitó formalmente a la Policía Federal Ministerial de la PGR, que designara agentes “a fin de que se avoquen a la investigación de los hechos”, en los que se acusa al capitán José Alfredo Casarrubias de ser parte de Guerreros Unidos.

Sin embargo, la investigación realizada no incluyó ninguna indagatoria formal, de ningún tipo, tal como revela el reporte elaborado por el agente investigador asignado al caso.

En este reporte, el agente informó solo la siguiente acción: “Me apersoné a la localidad de Teloloapan, Guerrero, con la finalidad de indagar en relación a Mario Casarrubias Salgado, Ángel, Adán, Sidronio, Rafael hijo, Rafael Casarrubias Padre y José Alfredo ‘El Militar’ (…) lográndonos entrevistar con algunas personas de esta localidad”, pero, se destaca, “la gente entrevistada ignora los hechos que se investigan”, por lo cual, el agente investigador se retiró y declaró formalmente la “investigación cumplida”.

La averiguación previa del caso Iguala señala, hasta la fecha, ese recorrido por Teloloapan (de cuya realización no existen pruebas, salvo un oficio en papel membretado) es la única acción concreta emprendida por la PGR para determinar si el capitán del Ejército José Alfredo Casarrubias forma parte, o no, del cártel Guerreros Unidos.

Animal Político consultó a la Secretaría de la Defensa Nacional si a nivel interno existía alguna investigación en contra de este militar (que permanece activo) por su presunta vinculación con el cártel Guerreros Unidos, sin embargo, el Ejército declaró esta información como “confidencial”, junto con el expediente de servicio de este uniformado.

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Enmienda 25 o 'impeachment': ¿puede Trump ser destituido tras el violento asalto al Capitolio?

Demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes están pidiendo que se destituyan los poderes del presidente. Hay dos vías para hacerlo.
7 de enero, 2021
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Apenas faltan 13 días para que Donald Trump abandone oficialmente la Casa Blanca y arranque la legislatura del demócrata Joe Biden, cuya victoria electoral fue ratificada por el Congreso de Estados Unidos este jueves.

Pero tras el violento asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump, prolongado durante horas y que dejó cuatro muertos, los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes están pidiendo que se destituyan los poderes del presidente.

Escribieron una carta al vicepresidente Mike Pence en la que le urgían a actuar y sacar a Trump de la presidencia, alegando que había cometido un acto de insurrección y “buscaba socavar” la democracia.

Para destituir al presidente de Estados Unidos hay dos mecanismos: el llamado juicio político –impeachment– o la enmienda número 25 de la Constitución, aseguran expertos.

Sin embargo, ambas vías pueden resultar difíciles e improbables de aplicar dado el poco margen de tiempo que le queda a Trump al mando.

“Creo que la mejor salida es que Trump renuncie, que los de su propio partido lo presionen para que renuncie. Él no lo hará, pero debería”, aseguró el politólogo de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky, entrevistado por BBC Mundo.

El vicepresidente Mike Pence y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

Getty Images
Tras los episodios violentos y el desalojo de los seguidores de Trump, el Congreso ratificó este jueves la victoria de Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Tras los violentos acontecimientos del miércoles, Trump ha asegurado que la transición de poder se ejecutará de forma “ordenada”, pero que está en desacuerdo con el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, las que califica como fraudulentas a pesar de que el Departamento de Justicia estadounidense lo haya descartado.

Pero, ¿en qué consisten las dos vías principales por las que Trump puede ser destituido antes del 20 de enero?

Enmienda 25

Dicha enmienda recogida por la Constitución permite la transferencia de poder desde la presidencia a la vicepresidencia ya sea de forma temporal o permanente.

Convierte al vicepresidente en presidente si este se muestra incapaz de continuar con sus responsabilidades, por ejemplo, si sufre una enfermedad física o mental.

Asaltantes del Congreso.

Getty Images
El asalto al Capitolio y la intervención de las fuerzas de seguridad han dejado al menos cuatro muertos.

La sección número 4 de dicha permite al vicepresidente y la mayoría del gabinete declarar al mandatario incapaz de desarrollar su deber en el cargo.

Para ello necesitarían firmar y remitir una carta a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado y declarar al presidente como no apto para gobernar o incapaz de desempeñar sus poderes y deberes.

De ser así, el vicepresidente Mike Pence asumiría automáticamente el poder hasta el próximo 20 de enero, cuando empezaría el mandato de Biden.

El presidente tiene la oportunidad de ofrecer una respuesta por escrito, y si impugna el hallazgo, entonces le corresponde al Congreso decidir. Cualquier voto en el Senado y la Cámara de Representantes que ordene la destitución del presidente requiere una mayoría de dos tercios.

Mientras se resuelve el caso, el vicepresidente actuaría como presidente.

Recientemente, cuando Trump fue diagnosticado con COVID-19 el pasado octubre, también hubo discusiones sobre invocar la enmienda 25 ante las preocupaciones de que pudiera estar demasiado enfermo para gobernar el país.

La enmienda 25 fue ratificada en 1967, cuatro años después del asesinato de John F. Kennedy, con el objetivo de resolver las disputas de sucesión presidencial en caso de incapacidad.

Funeral de John F. Kennedy.

Getty Images
La enmienda 25 fue ratificada en 1967, cuatro años después del asesinato de John F. Kennedy.

Por este motivo, varios presidentes han usado esta enmienda, específicamente la sección 3, porque les permite transferir temporalmente el poder a la vicepresidencia.

En 2002 y 2007, el presidente George W. Bush puso a su vicepresidente a cargo al ser sedado durante colonoscopias rutinarias.

El presidente Ronald Reagan hizo lo mismo en 1985, mientras estuvo ingresado en el hospital por una cirugía por cáncer.

Hasta la fecha, ningún presidente ha sido destituido del cargo usando la enmienda 25.

Juicio político o ‘impeachment’

El juicio político, también conocido como impeachment, tiene lugar en el Congreso de EU con el objetivo de llevar a cabo una posible destitución del presidente.

La Constitución estadounidense establece que el presidente “debe ser destituido de su cargo si es acusado de y condenado por traición, soborno, u otros crímenes o delitos graves”.

Es un proceso político, más que penal.

Seguidores de Trump alrededor del Capitolio.

Getty Images
Seguidores de Trump se congregaron e irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos este miércoles, reclamando fraude en las pasadas elecciones presidenciales.

Este proceso tiene lugar en dos etapas.

Tendría que ser iniciado por la Cámara de Representantes y solo necesita una mayoría simple para ser activado.

Luego, el juicio se celebra en el Senado, donde se necesitan dos tercios de los votos para destituir al presidente, y este hito nunca se ha alcanzado en la historia de Estados Unidos.

“Es un proceso bastante largo, a menos que lo hagamos al estilo peruano, de vacar al presidente de la noche a la mañana. Es poco probable que eso pase”, explicó Levitsky a BBC Mundo.

Donald Trump ya ha sido cometido a un proceso de impeachment una vez, y ningún presidente lo fue dos veces durante su mandato.

En diciembre de 2019, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó dos artículos de impeachment tras acusar a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Los demócratas acusaron a Trump de retener US$391 millones en ayuda a Ucrania para presionar y forzar que el país europeo investigara al actual presidente electo, Joe Biden, y a su hijo.

En febrero de 2020, el Senado, de mayoría republicana, votó a favor de absolver a Donald Trump en el juicio político por dicho escándalo.

Si el presidente Trump fuera destituido a través de un juicio político, el vicepresidente Pence se haría cargo de la Oficina Oval.


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