El vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez, respondió, a través de su cuenta de Twitter, los señalamientos de los periodistas, con un comunicado en el que rechazó que existan pruebas que relacionen al gobierno mexicano con el uso del software de espionaje.
[contextly_sidebar id=”bNiBKleDeIm0e3bGr8pobFMzmlyODAB1″]En el texto, no se negó la compra del software por el gobierno federal, y tampoco se descarta la posibilidad de que se haya hecho el espionaje, que ya fue denunciado penalmente por los periodistas y activistas afectados. Además el vocero también condenó que se vulnere la privacidad de las personas.
“Con relación a su artículo ‘Usando textos como señuelos, software gubernamental apunta a activistas mexicanos y a sus familias’. Como su propio texto lo señala no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo.
“Para el Gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho. Por tanto condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”, apunta en el texto.
Eduardo Sánchez hizo un llamado a los periodistas y activistas que denunciaron haber sido víctimas de espionaje, a presentar la denuncia correspondiente ante PGR, tal como lo habían anunciado las organizaciones y periodistas.
Periodistas y activistas ya presentaron demanda, como solicitó Presidencia
La denuncia que solicitó el vocero presidencial fue presentada por Mario Patrón, director del Centro Prodh; los periodistas Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán; Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), además de Alejandro Calvillo, Stephanie Erin Brewer, y Jorge Santiago Aguirre ante la PGR.
“Denunciamos formalmente los hechos perpetrados en nuestra contra constitutivos de los delitos consistentes en la intervención de comunicaciones privadas, el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática y los demás que resulten”, señalaron en su demanda.
En su mensaje ante medios, periodistas y activistas acusaron que “el espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación… constituye una forma de control de los flujos de información y de abuso de poder”.
