Sin fiscal ni magistrados e incompleto: Así arrancará el Sistema Nacional Anticorrupción
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Cuartoscuro

Sin fiscal ni magistrados e incompleto: Así arrancará el Sistema Nacional Anticorrupción

A menos de dos semanas de que concluya el plazo para el arranque del Sistema Nacional Anticorrupción, hay estados que no han empezado con las reformas, mientras que en otros la sociedad civil ha encontrado resistencias para poder participar.
Cuartoscuro
Por Ernesto Aroche Aguilar
7 de julio, 2017
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El 19 de julio México se despertará con un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con fallas estructurales: no tendrá fiscal anticorrupción ni se tendrán magistrados especializados ratificados, ni la totalidad de los sistemas locales estarán en funcionamiento.

El plazo de ley para la entrada en vigor del SNA vencerá sin que se haya concluido la instalación en los estados, puesto que hay entidades en las que ni siquiera han empezado con las reformas de ley, como Tabasco o Campeche, o que recién recibieron la iniciativa, como Chihuahua.

También hay estados en los que hay resistencia política a permitir la intervención de la sociedad civil, como ha sucedido en Coahuila, o se ha excluido a personajes incómodos, como se ha denunciado en Puebla.

Los problemas en los estados, dice Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) en el Sistema Nacional Anticorrupción “evidencian una falla estructural del sistema nacional, porque los sistemas locales son una pieza fundamental”.

“A esto hay que sumarle dos hechos adicionales que hablan de un incumplimiento generalizado del mandato constitucional: falta que se nombre al fiscal anticorrupción y la ratificación de los magistrados anticorrupción del Tribunal Federal”, agregó.

Pero el inicio atropellado del Sistema Nacional Anticorrupción no tendrá un costo real ni para los legisladores federales ni para los estados, pues en la ley, explica Fernando Alcanzar, quien forma parte del equipo que desde el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) han dado seguimiento a la implementación del SNA, no se establecen sanciones o medidas de apremio para las entidades que no cumplan.

“No sabemos qué va a suceder el 19 de julio, pero en los casos similares en los que también se instaló un sistema nacional, como el penal acusatorio o el de transparencia, pues se impuso un plazo que no se cumplió y lo que pasó es que la autoridad federal estableció prórrogas”, recuerda.

SNA: no confundir el mapa con el territorio.

Un sistema a diferentes velocidades

El IMCO es más optimista sobre el escenario estatal, pues, a pesar de los graves retrasos detectados en Chihuahua y Tabasco, también hay entidades como Chiapas, Nayarit y Querétaro que ya tienen un gran avance no solo en lo legislativo sino también en la instalación de su Comité de Participación Ciudadana.

“A partir de mayo vimos un aceleramiento legislativo”, dice Fernando Alcazar, quien alerta: “una cosa son los avances legislativos y otra la evaluación de la calidad, y aún no calificamos calidad”.

De acuerdo con Edna Jaime, presidenta de México Evalúa e integrante de la comisión que valoró y calificó a los aspirantes a integrar el Comité de Participación Ciudadana del sistema Nacional Anticorrupción, “lo que estamos viendo es una resistencia de los poderes absolutos, los gobernadores no quieren contrapesos. Y el SNA es eso, es fortalecer los contrapesos y los mecanismos de rendición de cuentas”.

La presidenta de México Evalúa señala que la presión de la sociedad civil organizada será lo que haga la diferencia tanto en el cumplimiento de los plazos de instalación como de la calidad de los sistemas estatales:

Resistencia de la clase política

Analistas como Darío Ramírez, exdirector de la organización Artículo 19, y la actual presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Jaqueline Peschard, acusaron que los medios y los políticos que critican la selección de ciudadanos para el CPC buscan debilitar a un sistema que podría ser un contrapeso y que aún no termina de nacer.

La presidenta de Fundar —otra de las organizaciones que integró el comisión seleccionadora—, Haydee Pérez, explica: “veo cierto temor de la clase política a la participación ciudadana sustantiva y eso es bien preocupante en todos los niveles”, pues, advirtió, se corre el riesgo de que algunos sistemas locales nazcan capturados por los grupos de poder.

Coahuila y Puebla son un ejemplo reciente. Las organizaciones que integran la Alianza Anticorrupción Coahuila, un grupo de 109 organizaciones que se conformó para darle seguimiento al proceso, han denunciado la opacidad con la que el Congreso estatal aprobó la ley estatal anticorrupción que propuso el gobernador Rubén Moreira sin considerar a la sociedad civil.

De acuerdo con Patricia Villareal, las organizaciones de Coahuila se acercaron a diputados de oposición desde noviembre del año pasado para trabajar en el Sistema Estatal Anticorrupción y la respuesta que les dieron fue que había instrucciones para que el Congreso no tocara ese tema hasta pasadas las elecciones del 4 de junio.

Y así fue, dos semanas después de la jornada electoral la iniciativa del gobernador llegó al Congreso, donde los diputados aprobaron el dictamen de ley, sin considerar los puntos que propusieron las organizaciones, que solicitaron abrir espacios de discusión para la sociedad civil.

En 24 horas los diputados aprobaron el dictamen y lo votaron en el pleno, dejando fuera a la sociedad civil. “Lo que hicieron fue un blindaje para los Moreira, tenemos 12 años de un gobierno que no ha cambiado, siguen siendo los mismos. Oímos que en otros estados hay deuda, que hay empresas fantasmas, que hay actos de corrupción muy visibles, bueno, en Coahuila los hemos tenidos todos”, dijo Villareal.

Para la alianza, la iniciativa aprobada en Coahuila “no garantiza la plena autonomía e independencia de puestos públicos claves, indispensables para combatir efectivamente la corrupción, pues establece la designación y remoción directa de figuras clave como el fiscal General, el fiscal Especial Anticorrupción, el auditor Superior del Estado y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa por parte del Ejecutivo Estatal y el Congreso del Estado, lo que permitirá encubrir hechos de corrupción y legitimar la impunidad”.

Por lo pronto, las organizaciones de Coahuila preparan un amparo para tratar de combatir la ley de transparencia y abrir el sistema a la participación ciudadana. Pero mientras eso sucede, Coahuila será uno de los estados que no logrará concluir a tiempo el proceso para la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Al respecto, dice Haydee Pérez: “Creo que la clase política no ha terminado de entender que la sociedad civil organizada es un actor que tiene derecho a participar sustantivamente, que alza la voz, que es especialista, que se ha profesionalizado, y está reaccionando contra eso”.

¿Cómo va la implementación del SNA?

Excluyen a los incómodos

En Puebla, uno de los estados con mayor avance en la implementación de las reformas de acuerdo con los semáforos de IMCO y de la organización Opciona, también hay señales de la resistencia del grupo en el poder, que encabeza el exgobernador Rafael Moreno Valle, para permitir que la sociedad civil, especialmente la crítica, se involucre en el proceso.

Primero, el nombramiento del fiscal Anticorrupción fue decidido por el actual titular de la Fiscalía General del Estado, Víctor Carrancá Bourguet, sin que los diputados o los grupos de la sociedad civil que han acompañado el proceso tuvieran injerencia en el asunto.

La responsabilidad recayó en Enrique José Flota Ocampo, quien hasta antes del nombramiento se encargaba de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.

Luego, cuando el Congreso de Puebla definió a los integrantes de la comisión seleccionadora, donde se valorarán a los perfiles de los aspirantes a integrar la Comisión de Participación Ciudadana, dejaron fuera a los dos rectores de las escuelas privadas, Ibero y UPAEP, que han sido más críticos al grupo en el poder. En su lugar, integraron a personas de las que no se conoce públicamente trayectoria o acciones relacionadas con el combate a la corrupción.

Al respecto, Lilia Vélez, directora del Departamento de Humanidades de la Ibero y representante de esa institución en el proceso, dijo: “Ahí es donde se prenden un poco los focos, pues son personas que no sabemos bien a qué grupos obedecen y podemos pensar que no son tan independientes y actúen por consigna”.

La académica, vinculada también a organizaciones que trabajan por el derecho a la información, expuso la necesidad de que el Congreso de Puebla transparente la documentación del proceso para eliminar dudas. “Hasta ayer no eran públicos los acuerdos de las comisiones legislativas, tampoco se han hecho públicos los expedientes de las personas elegidas por los diputados”, dijo.

Para la académica, será difícil que Puebla consiga concluir con todo el procedimiento para instalar su Sistema Estatal Anticorrupción en el plazo definido por la ley para el arranque del Sistema Nacional.

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"Si me hubieran dicho que para ser maestra en EU se requiere estar armada, no me habría convertido en maestra"

Los ataques masivos en escuelas en Estados Unidos reavivan el debate sobre qué medidas tomar. ¿Es armar a los maestros la solución a la violencia? Se lo preguntamos a una maestra de Cleveland.
11 de junio, 2022
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El ataque masivo en la escuela primaria Robb, en Uvalde, Texas, que dejó como saldo 19 niños y dos maestras muertas el pasado 24 de mayo, reavivó el debate sobre qué medidas tomar para frenar la violencia.

El Congreso del estado de Ohio reaccionó rápidamente y aprobó el pasado 1 de junio una polémica ley que permitirá a los maestros y otro personal escolar portar armas en la escuela.

La norma anula una decisión de la Corte Suprema estatal de 2021 que requería que los maestros recibieran un entrenamiento con armas equivalente al que reciben los agentes de policía.

Si el gobernador promulga la ley, los maestros que voluntariamente elijan portar armas en las escuelas deberán cumplir con una capacitación de solo 24 horas.

Homenaje a las víctimas de la escuela Robb, en Uvalde, Texas.

Reuters

Los legisladores aprobaron también un paquete de 105 millones de dólares dirigido a prevenir tiroteos en escuelas.

Pero, ¿qué opinan los maestros sobre llevar armas a la escuela?

Se lo preguntamos a la docente puertorriqueña Rosa Morales Cruz, quien desde hace una década enseña español como segundo idioma en Cleveland, Ohio, y que es directora ejecutiva para temas educativos del gremio de maestros de esa ciudad.


Rosa Morales Cruz.

Rosa Morales Cruz

Después de este último tiroteo masivo en Texas, ¿tiene miedo de dar clases?

No porque hemos creado un ambiente positivo en la escuela. Nos hemos encargado de prevenir estas situaciones construyendo una buena conexión con nuestros estudiantes. Entonces, no temo que ellos ataquen la escuela.

Es muy terrible y lamentable lo que pasó en Texas, pero creo que se necesita una conexión entre la comunidad, la escuela y los estudiantes para que ellos se sientan bien y para prevenir estas cosas. Pero sí tengo miedo porque no nos sentimos seguros en general. Estos hechos no solamente han ocurrido en escuelas. Están ocurriendo en el cine, en las plazas, en los centros comerciales, en las iglesias, en los hospitales, en los lugares donde te tienes que sentir seguro.

¿Es armar a los maestros una buena solución?

Absolutamente no, no, no, no y no. Armar a los maestros es una malísima idea. Ya tenemos la preocupación de cumplir con los estándares que exige el Estado que son, por ejemplo, asegurarnos de que los estudiantes tengan un nivel de lectura apropiado.

Nuestro deber como maestros es educar a los estudiantes. Si me hubieran dicho que para ser maestra se requiere estar armada, no me hubiese convertido en maestra. Hoy en día los maestros nos hemos convertido en psicólogos, padres para nuestros estudiantes, hemos cocinado cuando tienen hambre, hemos sido doctores… el rol de maestro no es simplemente de maestro. Nos siguen exigiendo más y más y nos agota.

Es muy triste porque ya se le pide tanto al maestro, que ahora también se nos exige que carguemos con un arma. Nos sacan esa ambición y pasión que tenemos por ser educadores.

"No puedes solucionar un problema de armas con más armas"", Source: Rosa Morales Cruz, Source description: Maestra de español en Cleveland, Ohio. , Image: Ilustraciòn de un arma con una escuela.

El gobierno es rápido para armar un plan y dar los fondos necesarios para tener este entrenamiento, pero no los fondos necesarios para que nuestros estudiantes tengan los recursos para una buena educación. Estamos hablando de entrenar individuos en un área educativa para llevar armas letales. Si yo hubiera querido entrenar para matar o proteger, hubiese sido militar.

Ya tenemos un protocolo por si ocurre una cosa así y saber qué hacer. Pero cargar una arma en las horas que estamos en nuestro ámbito educativo es peligroso. ¿Usted se imagina que un estudiante nos robe el arma o pelee con nosotros para tenerla? ¿O que nosotros dejemos el arma descuidada un momento y que otra persona la tome? ¿O que la escuela se convierta en un campo de batalla?

No puedes solucionar un problema de armas con más armas. Decirles a los maestros que necesitan tener pistolas y armas para proteger a los estudiantes y para prevenir los tiroteos masivos es como decirles a las víctimas que se pongan más ropa para que no sean violadas.

El problema no es la víctima. El problema es la ley que tenemos con la que personas adquieren armas. ¿Por qué un estudiante a los 18 años puede comprar armas pero no alcohol?

Homenaje a las víctimas de la escuela Robb, en Uvalde, Texas.

EPA

Si el gobernador promulga esta ley, ¿usted se sentiría obligada a portar un arma?

No. Dejaría de ser maestra. Y me obligaría a sacar a mis hijos de la escuela pública y ponerlos en una escuela privada donde yo sé que existe un sistema de seguridad con personas entrenadas para proteger a mis hijos y que los maestros puedan enseñar y proveer la educación que se merecen.

Es tan triste que nuestros jóvenes hoy en día vean tanta actividad de armas en la comunidad que también tengan que ver a su maestro portando armas. No creo que eso haga que un estudiante se sienta seguro, sino que se preguntará: ¿por qué lleva un arma? ¿Estaré seguro en esta escuela?

Rosa Morales Cruz.

Rosa Morales Cruz

¿Conoce a maestros que sí se armarían?

No. Yo soy parte del sindicato de maestros y del comité ejecutivo del distrito escolar, y ningún maestro está dispuesto a tener armas en la escuela. Aun aquellos que tienen armas en sus casas dicen que no se sienten seguros de traer sus armas aquí.

Yo creo que no estaríamos preocupados por educar a nuestros estudiantes, sino preocupados por nuestra arma. Son una distracción en un ámbito que se supone que es positivo y acogedor. (El razonamiento es) yo llevo un arma porque si alguien viene te voy a proteger. Pero esa persona no debería llegar a mi salón. Las áreas de entrada y salida son las que tienen que estar protegidas. Se necesitan policías alrededor de las escuelas que aseguren que esto no pase.

¿Y por qué cree que para mucha gente, incluso para los legisladores, armar a los maestros es la solución?

Recientemente hubo un ataque masivo en un hospital. ¿Les pidieron a los doctores que tengan armas? No. Ellos adquirieron más policías y más seguridad para los hospitales.

¿Por qué a estos gobernantes les gustan las armas y buscar una solución rápida sin estudios, sin análisis y sin pruebas? Ellos crean leyes que no les afectan. Ellos no son las personas que están dentro de los salones escuchando las historias y el trauma que sufren nuestros estudiantes.

"Decirle a los maestros que necesitan tener armas para proteger a los estudiantes (…) es como decirle a las víctimas que se pongan más ropa para que no sean violadas"", Source: Rosa Morales Cruz, Source description: Maestra de español en Cleveland, Ohio. , Image: Ilustración de un arma con una escuela.

¿Qué le pediría a las autoridades?

A las autoridades que gobiernan les pediría que este programa que están imponiendo a los maestros lo implementen en el departamento de seguridad del sistema educativo. No hay fondos para recursos escolares pero los hay para entrenamiento de armas. Que les den ese entrenamiento y licencia de portar armas a las personas que se encargan de la seguridad. Esa es la solución.

Cada uno tiene una responsabilidad. La responsabilidad de mantener las escuelas seguras no es de los maestros.


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