ASF detecta deficiencias en Plataforma Nacional de Transparencia; plantea recuperar 11 mdp
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ASF detecta deficiencias en Plataforma Nacional de Transparencia; plantea recuperar 11 mdp

Tras la revisión de la cuenta pública 2016, la ASF encontró irregularidades en la contratación y el desarrollo de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Foto: INAI
Por Ernesto Aroche Aguilar
1 de julio, 2017
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Tras la revisión de los dos contratos que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales (INAI) pagó por el desarrollo de la  la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) mediante la cual los ciudadanos harían solicitudes de información en gran volumen, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) advirtió que estuvo mal hecha y presenta  deficiencias e irregularidades en su desarrollo.

En junio de 2016, un mes después de que la plataforma fuera puesta en marcha por el INAI, organizaciones sociales especializadas en el tema dijeron que la herramienta estaba “terriblemente mal hecha”.

La ASF detectó facturas dobles de proveedores y que la propuesta para ganar el contrato de la primera parte del desarrollo de la PNT, por parte de las empresas Intellego SC y Dotted Cloud, superaba el techo presupuestal. Esto provocó que el INAI tuviera que recortar recursos destinados para otras actividades, para pagar horas de trabajo para el desarrollo de la plataforma y los costos extras del contrato.

Te recomendamos leer: 10 errores de la nueva PNT

Las irregularidades en la plataforma, señaladas por la ASF, derivaron en cinco recomendaciones, cuatro Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y dos Pliegos de Observaciones.

También se advirtió la posibilidad de recuperar 11.3 millones de pesos, de los 19.5 millones que costó el desarrollo de la plataforma en sus dos etapas, pues “el INAI realizó los pagos sin que la totalidad de los entregables se hayan aceptado y sin tener evidencia de los servicios proporcionados”.

Respecto a la segunda etapa, asignada a IDS Comercial, se advirtió que no se cumplió con los requisitos técnicos en el equipo de trabajo, pues en 33 de los 38 currículos presentados no contaban con las certificaciones necesarias (TOGAF y ISTQB) “y con la experiencia requerida en modelado de negocio a través de BPM, conocimiento de infraestructura del INAI o de levantamiento de requerimientos entre otras”.

Las fallas de la plataforma

La plataforma que debería suplir al sistema Infomex –que fue desarrollado con el apoyo del Banco Mundial—debía cumplir con cuatro sistemas integrados: solicitudes de acceso a la información (Sisai); de gestión de medios de impugnación (Sigemi);  de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot), y el Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados (Sicom).

En el plan de desarrollo se plantearon dos etapas, la primera a desarrollarse durante el 2015 y la segunda en el 2016, para que en mayo de 2017 estuviera en línea la información de más de 6 mil sujetos obligados, entre gobiernos estatales, municipales, organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos y otros, de publicar su información en la plataforma.

El desarrollo de la plataforma se planteó en dos etapas, pero el tiempo fue insuficiente. Intellegó SC –quien presentó un presupuesto superior en 300 mil pesos al monto máximo estimado por el INAI– entregó la primera etapa con un retraso de 38 días. Debió haber entregado el 23 de noviembre y lo hizo hasta el 30 de diciembre de 2015.

No hubo sanción alguna para el proveedor, lo que para la ASF representó un probable daño al erario, por lo que emitió un pliego de observaciones por un monto de 2.3 millones de pesos.

La empresa también debió habilitar la plataforma para que trabajara desde dispositivos móviles y con los sistemas operativos más usados, lo que no sucedió.

De hecho, se identificaron 226 errores funciones en el periodo del 20 de abril al 27 de junio de 2016, pero el INAI aprobó la conclusión del contrato a pesar de que quedaron pendientes 29 incidencias por atender.

En junio de 2016, luego de las críticas de las organizaciones de la sociedad civil, Oscar Ford, comisionado del INAI dijo a Animal Político que “la Plataforma funcionará al cien por ciento en dos meses y quedarán resueltos todos los problemas para hacer expedito el derecho a la información”, pero el plazo se cumplió sin que eso sucediera.

Leer más: El Sistema Nacional de Transparencia nace incompleto y con leyes tramposas

El segundo contrato

Para la segunda etapa del desarrollo de la plataforma, a realizarse durante el 2016, el INAI lanzó una segunda licitación y solo concursaron dos empresas: Intellego SC e IDS Comercial.

Tras el análisis de las propuestas se eligió a la segunda,para desarrollar aplicaciones en la plataforma, hacer ingeniería de producto, integrar sistemas de solicitudes estatales, hacer eficiente la migración de datos del Infomex, y brindar soporte técnico. Tendría un costo de 9.9 millones de pesos.

De acuerdo con la ASF no se cumplió con lo prometido, además el INAI decidió pagarle antes de que se concluyeran las metas, y sin tener evidencia de los servicios proporcionados, por lo que “no se justificó el pago por 8.8 millones de pesos”, advirtió la Auditoría, y  emitió un pliego de observaciones que el organismo nacional tendrá que solventar o reintegrar el dinero al erario.

Se señaló que el personal técnico de la empresa a cargo del desarrollo y atención de requerimientos técnicos no cumplía con la experiencia técnica requerida. Y se detectón que se duplicaron facturas.

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

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El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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