El nuevo sistema penal comenzó a funcionar en México en junio de 2016, porque era el plazo que marcaba la ley, sin embargo, existen varias acciones claves que las autoridades aún no ponen en marcha o que necesitan reforzarse para asegurar su funcionamiento, según expertos entrevistados sobre el tema.
[contextly_sidebar id=”em0OL7noJO36QWSjo0X0QS0adr8GmdfW”]A partir de la insistencia de varios gobernadores y el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, de cambiar la ley para ampliar los delitos que ameritan prisión automática, Animal Político consultó con autoridades judiciales, académicos y abogados para conocer su opinión del tema.
Coincidieron en que modificar el sistema acusatorio sin una previa evaluación es una salida errónea de Sales y de los gobernadores. Animal Político te presenta cuáles son los pendientes más importantes del nuevo Sistema Justicia Penal, según los expertos:
Fortalecimiento de medidas cautelares
Aún no se ha creado la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares, un área vital que se encarga de evaluar el perfil de riesgo de los detenidos, que se entregaría a los jueces, para que dicten una medida cautelar, ya sea prisión, arraigo, un embargo, etc.
En varios estados por el contrario si existen estas unidades, pero el Director del Instituto de Justicia Procesal Penal, Javier Carrasco, dice que muchas no funcionan bien y es necesario su fortalecimiento.
Contratar a personal especializado
Aunque desde hace ocho años, el sistema penal acusatorio contempló la creación de unidades de justicia alternativa, defensorías de oficio, áreas de medidas cautelares, policía procesal, áreas de atención a víctimas, entre otros, en la actualidad los recursos humanos son insuficientes.
“Uno de los grandes errores del sistema es que se invirtió en infraestructura, en capacitación, en modelos de organización institucional, pero la crisis mayor que tenemos hoy en día es en cuanto a personal. Es un sistema que tiene nuevas figuras jurídicas y requiere nuevo personal especializado”, dijo el exdirector de Coordinación Institucional de Secretaría Técnica de Implementación de la Reforma Penal, Héctor Díaz.
En resumen, hace falta contratar más abogados, asesores, policías y peritos que además sean capacitados en el nuevo sistema penal.
Más mediación y solución alterna de conflictos
Datos de la PGR indican que de 83 mil carpetas de investigación abiertas bajo el nuevo sistema penal por delitos federales, menos de mil casos se han resuelto a través de la mediación y mecanismos alternativos. En cambio son más de 10 mil los casos consignados a jueces y el resto siguen en trámite.
La mediación es uno de los pilares del nuevo sistema penal porque permite resolver delitos que no son graves, como ocurre con los ilícitos patrimoniales.
Animal Político logró verificar a nivel local que con frecuencia no hay personal en las unidades de mediación. Es el caso de la Fiscalía CUH-1 de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, donde por espacio de cuatro horas nunca apareció un funcionario en dicho módulo.
Brazaletes electrónicos para reos peligrosos
Según el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales una medida cautelar para una “persona de riesgo” es colocarle un localizador electrónico, pero hasta ahora eso es letra muerta.
Los brazaletes electrónicos no se pueden utilizar por dos razones: no existe una unidad de medidas cautelares que los supervise; y el gobierno simplemente no los ha adquirido, dijo el director del Instituto de Justicia Procesal Penal, Javier Carrasco.
Capacitar a policías y fortalecer la investigación
Según los expertos, la policía es el mayor punto débil del nuevo sistema. Meses antes de la fecha límite para que el nuevo sistema fuera vigente en todo el país, el 90% de los agentes de seguridad no estaban capacitados. Apenas recibieron un taller exprés recortado, con fundamentos básicos, pero sin la especialización necesaria.
Datos del poder judicial federal indican que el 85% de los casos consignados ante jueces federales son hechos en flagrancia, sin ninguna investigación de por medio.
Supervisión y evaluación técnica de la operación del sistema
La implementación del sistema penal en junio de 2016, fue coordinada por la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal (SETEC), un área con personal y presupuesto autónomo encabezada por María de los Ángeles Fromow. Esta área creó indicadores de avance, ordenó el gasto e identificó prioridades.
La SETEC contaba con una matriz de indicadores que se supone evaluaban la operación del sistema y conocería los puntos débiles en cada estado, gracias a más de dos años de experiencia acumulada.
Pero luego de que arrancó la reforma, pese a que el presidente Enrique Peña Nieto se había comprometido en 2014 y 2015 a que continuaría la unidad, el gobierno cortó el apoyo financiero a la SETEC que terminó desmantelada.
De acuerdo con las estimaciones hechas por la SETEC, el nuevo sistema penal operaría en condiciones ideales y al 100 % hasta el 2024.
