La Fiscalía de Veracruz presentó este jueves la solicitud de desafuero contra el diputado federal Alberto Silva Ramos, en la Cámara de Diputados.
[contextly_sidebar id=”iD39RF6XLGhTKK6bocANnJQB2GvcLywr”]Esa petición de quitarle el fuero al diputado federal del PRI es para poder proceder en su contra, ante las irregularidades detectadas durante su gestión como coordinador de Comunicación Social en la administración de Javier Duarte, en territorio veracruzano.
Autoridades ministeriales confirmaron a Animal Político en mayo pasado que tanto Silva como Gina Domínguez, también exvocera de Duarte, figuran como probables responsables en un mecanismo que permitió el desvío de más de 4 mil millones de pesos de doce dependencias distintas.
De acuerdo con el procedimiento legislativo, la solicitud de desafuero será turnada a una comisión instructora para su análisis. Dicha comisión analizará los elementos que presente la Fiscalía, para determinar si es procedente o no.
Es la segunda vez en el año que la Fiscalía de Veracruz solicita el desafuero de un legislador federal que antes fue exfuncionario del gobierno de Javier Duarte, quien está preso en Guatemala, a la espera de que se concrete su extradición a México.
El megafraude
La Fiscalía de Veracruz sostiene que desde la coordinación de Comunicación Social del estado, encabezada primero por Gina Domínguez y luego por Alberto Silva, se puso en marcha un mecanismo que permitió el desvío de cuatro mil millones de pesos por lo menos, provenientes de doce dependencias distintas.
El mecanismo era el siguiente: Comunicación Social solicitaba a la Secretaría de Finanzas recursos pertenecientes a varias dependencias para el pago de supuestas campañas en medios de comunicación. Esto sin que hubiera ningún tipo de dictamen que acreditara que había el presupuesto suficiente.
El dinero iba a parar a compañías escogidas directamente por Comunicación Social, sin ningún tipo de proceso de adquisición transparente, y sin rendir cuentas ni al órgano de Fiscalización del Estado, ni a la Contraloría, el Congreso o el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, lo que violaba múltiples disposiciones legales.
La evidencia con la que cuentan las autoridades, entre ellas cientos de facturas, arroja que mediante este mecanismo se desviaron recursos de las secretarías de Seguridad Pública, Turismo, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Portuario, Educación, Salud, Protección Civil, Gobierno, Medio Ambiente, Desarrollo Agropecuario, Comunicaciones y la ex Procuraduría de Justicia del Estado.
Los recursos fueron a parar a compañías fantasma o a empresas con alguna posible relación con los funcionarios. Animal Político publicó en abril pasado por ejemplo, que hubo recursos que llegaron a compañías y medios vinculados directamente con Gina Domínguez.
Con información de Arturo Angel
