Subsecretario de Obras en Hidalgo contrata y da permisos a sus propias constructoras
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Secretaría de Obras de Hidalgo

Subsecretario de Obras en Hidalgo contrata y da permisos a sus propias constructoras

El funcionario Marco Antonio Rico Moreno tiene participación en al menos cinco constructoras de la entidad y sus familiares poseen otras firmas; ha recibido al menos 273 licencias y la misma Secretaría de Obras ha emitido las ordenes de construcción.
Secretaría de Obras de Hidalgo
Por Tania L. Montalvo
24 de julio, 2017
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Las constructoras del subsecretario de Obras Públicas del gobierno de Hidalgo, Marco Antonio Rico Moreno, han obtenido más de 270 licencias de construcción en municipios del estado y su propia dependencia ha autorizado las obras, al emitir los permisos y cambios de uso de suelo.

Según datos sólo del municipio de Zempoala, la Constructora Crimsa —de la que Rico Moreno es accionista mayoritario— ha recibido 182 licencias de construcción; y la Constructora Sylma —propiedad de su hermana Sylvia Rico Moreno— otras 91.

Las obras han sido denunciadas como irregulares y deficientes, sin que ninguna autoridad haya intervenido para solucionar las quejas.

Marco Antonio Rico Moreno es subsecretario de Obras Públicas desde el 2 de mayo de 2011, cuando fue nombrado por el entonces gobernador Francisco Olvera. El 22 de septiembre pasado fue ratificado en el cargo por el ahora mandatario estatal, Omar Fayad.

La Secretaría de Obras estatal dijo el 29 de junio pasado a Animal Político que durante la administración de Fayad no se ha entregado ni una sola licencia de construcción a las firmas ligadas a Marco Antonio Rico Moreno.

Al momento de publicar esta historia, la instancia estatal no emitió postura sobre si existe o se iniciará una investigación contra el funcionario, por presuntamente privilegiar sus negocios desde su cargo público.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Hidalgo señala que se presentarán “intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.

Rico Moreno, además de ser accionista mayoritario de Constructora Crimsa y de presentarse como “director responsable de obra” de los proyectos de Constructora Sylma, propiedad de su hermana, tiene participación en otras constructoras, como Constructora Rial del Valle, Inmobiliaria Edoma o Construcciones Rihema. Ésta última firma se registró apenas en enero de 2017, y tiene como accionista mayoritario a Marco Antonio Rico Hernández, de 19 años, según consta en las actas del Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía.

Las empresas del funcionario público actualmente tienen en desarrollo otros fraccionamientos en el estado, como Los Viñedos o Provenza Residencial en Pachuca, Hidalgo.

Irregularidades en el Fraccionamiento Esmeralda I

Los vecinos de la Privada Esmeralda, ubicada en el municipio de Zempoala, denunciaron en junio de 2015 que el fraccionamiento de reciente construcción y adquisición presentaba diversas deficiencias.

Las fallas en el sistema de drenaje y alcantarillado provocaron que en la primera temporada de lluvias muchas de las casas y accesos de la Privada entregadas a finales de 2014 se inundaran; además de que había problemas con las luminarias, infraestructura vial, la planta purificadora prometida en el contrato, casetas de vigilancia y otros vicios ocultos.

Los vecinos solicitaron a la Constructora Sylma atender los desperfectos y ante la negativa y falta de respuesta, iniciaron una investigación para acudir ante las autoridades para denunciar fraude.

Revisando los documentos del Fraccionamiento encontraron que el Director de la Obra fue Marco Antonio Rico Moreno, según consta en un documento de septiembre de 2012. Rico Moreno asumió como subsecretario de Obras en mayo de 2011.

Durante 2016, los vecinos de esta Privada entregaron diversos oficios a autoridades tanto municipales como estatales exigiendo respuesta ante el fraude e incumplimiento de contrato de parte de Constructora Sylma, a la que compraron las casas que hoy, ante los desperfectos, no pueden habitar.

En noviembre de 2016, el mismo Marco Antonio Rico Moreno se presentó ante los vecinos de Privada Esmeralda. Según consta en la minuta y audios de la reunión, el subsecretario dijo que no asistía en calidad de funcionario público, si no como directivo de la constructora Sylma y en representación de su hermana, Sylvia Rico Moreno, accionista mayoritaria de esa firma.

Un mes después, el 10 de diciembre de 2016, tanto Sylvia como Marco Antonio se comprometieron a atender las quejas de los vecinos, y firmaron una nueva minuta en la que se identificaron como directores generales tanto de Constructora Sylma como de Constructora Crimsa.

A la fecha, los vecinos no han podido tener acceso a los documentos que demuestren que las constructoras entregaron estudios técnicos de impacto para la construcción de ese y otros fraccionamientos de la zona —a cargo de la familia Rico Moreno—, pues han confirmado que el drenaje no tiene capacidad para el número de casas construidas.

El subsecretario de Gobernación del actual gobierno, José Luis Lomelí Plascencia, así como la titular de la Secretaría de la Contraloría estatal, Citlali Jaramillo Ramírez, conocen del caso.

En reunión del 15 de marzo de 2017, la contralora estatal confirmó ante los vecinos que la actuación de Rico Moreno era irregular. Dijo que si bien ella no podía exigir al funcionario el resarcimiento del daño como lo solicitan los afectados, sí podría inhabilitarlo, separarlo del cargo, por su proceder como servidor público.

“Por tráfico de influencias o abuso de autoridad, como le quieran llamar (…) yo como autoridad lo puedo presionar y su peor escenario es que lo voy a correr, pero no puedo obligarlo a sacar su cartera (para resarcir el daño)”, dijo ella, según consta en un audio anexo a la demanda presentada contra diversos funcionarios del estado —incluido el gobernador— por “la inacción en un caso de fraude y tráfico de influencias”.

En ese mismo documento consta que el 11 de abril de 2017 se realizó una llamada con el subsecretario de Gobierno, José Luis Lomelí Plascencia, en el que afirma que “si hay un conflicto de intereses” será el mismo gobernador Omar Fayad el que lo denuncie, y ordene una investigación.

A la fecha, hay vecinos que no pueden habitar sus casas en la Privada Esmeralda por las deficiencias del fraccionamiento, en particular la capacidad del drenaje, y han presentaron una denuncia por responsabilidad patrimonial contra el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad; la titular de la Secretaría de la Contraloría, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales estatal —Benjamín Rico Moreno, hermano del subsecretario de Obras Públicas y de la dueña de la Constructora Sylma—, y el titular de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Territorial.

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Roe vs Wade: Qué cambia realmente (y qué no) con la prohibición del aborto en EU

La Corte Suprema de EU anuló el derecho constitucional federal al aborto después de casi 50 años de haber sido aprobado.
24 de junio, 2022
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Tras casi medio siglo en vigor, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó este viernes la protección constitucional al derecho al aborto.

Lo hizo al anular la histórica sentencia de 1973 conocida como Roe vs. Wade, un precedente legal que lo garantizaba.

A través de estas cinco preguntas te contamos qué es lo que ha decidido en concreto el tribunal de mayoría conservadora, qué es lo que cambia y qué consecuencias tiene para millones de mujeres en EE.UU.

Lee: Roe vs. Wade: el mapa que muestra dónde estará prohibido o restringido abortar en Estados Unidos

1. ¿Qué decretó exactamente la Corte Suprema de EU?

Con la decisión respaldada por la mayoría de jueces conservadores del tribunal, con 6 votos frente a 3, queda anulado el precedente legal que imposibilitaba a los estados prohibir el procedimiento mientras el feto no fuera viable fuera del útero (lo que hoy se considera ocurre alrededor de la semana 23 de embarazo).

“Lo que hace esta decisión es eliminar el aborto como un derecho constitucional“, le explica a BBC Mundo Grace Howard, experta en criminalización del embarazo de la Universidad Estatal de San José en California.

Dicha protección se remontaba a 1973, cuando una mayoría de jueces nombrados por presidentes republicanos interpretaron que en la 14 Enmienda de la Constitución, que reconoce el derecho a la privacidad, estaba recogido también el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo.

La nueva decisión revierte este criterio y devuelve a las autoridades de los estados la decisión de prohibir o permitir el aborto.

Carteles Roe vs. Wade

Getty Images

“Significa que ya no existe un umbral de protección federal sobre cómo los estados pueden regular o prohibir el aborto. Ahora los estados pueden hacer lo que quieran en cuanto al tema del aborto”, explica Howard.

“Si los estados individuales desean anular los derechos de la persona que estaba embarazada, pueden hacerlo. Si lo desean, pueden hacer que el aborto sea completamente ilegal en todas las circunstancias, pero también pueden hacer que el aborto sea gratuito y esté disponible para los pacientes que lo deseen”, agrega la autora de The Pregnancy Police: Conceiving Crime, Arresting Personhood.

2. ¿Qué cambia ahora con esta decisión? ¿Se convierte el aborto ilegal en Estados Unidos?

La decisión no implica que el aborto se convierta, de por sí, en “legal” o “ilegal” en Estados Unidos como nación.

“Al ser EE.UU. una federación, cada estado tiene la potestad de decidir sobre aquellos asuntos que no se consideren como derechos o deberes protegidos por la Constitución del país”, explica Howard.

Para la experta, los cambios que puede implicar la decisión pueden conllevar desde factores políticos hasta sociales e incluso económicos:

  • “Es previsible un aumento de la tasa de mortalidad materna de 21% en los Estados Unidos, que ya es el país industrializado con mayor número de muertes maternas”.
  • “Las personas en muchos estados no podrán acceder al aborto legal, por lo que seguirán practicándose abortos ilegales, con todos los riesgos que esto implica”.
  • “Los estudios que hemos hecho anticipan que muchas mujeres morirá porque se verán obligadas a dar a luz y no están preparadas o no desean hacerlo, aumentando también la carga sobre el estado con mayor número de niños dados en adopción”.
  • “También podemos anticipar muchos arrestos: tanto de mujeres como de otras personas que las ayuden o, incluso, de pacientes que se presenten en los hospitales tras tener un aborto ilegal”.
  • “Muchos médicos podrían verse obligados legalmente a denunciar a una paciente embarazada que hace algo que podría tener un impacto negativo en un embarazo”.
  • “Los estudios muestran que muchas familias se ven sumidas en la pobreza al dar a luz a niños que no desean y que a veces no tienen cómo mantener. Y esto afecta también a los hijos que ya tienen”.
  • “Será un problema también para las mujeres que tengan abortos espontáneos. Muchas se verán sometidas a investigaciones para probar que el aborto no fue provocado y si la encuentran culpable, podríamos ver escenarios en los que las condenen a 10 o 20 años de cárcel”.
  • “Muchas mujeres podrían también ser condenadas por utilizar medicamentos u otros métodos para facilitar el aborto”.

3. ¿Qué estados ya prohibieron el aborto, cuáles se prevé que lo harán y cuáles no?

Misuri y Texas han sido los primeros en restringir el aborto inmediatamente después de conocerse la decisión del Supremo.

Lo han hecho por medio de sendas leyes desencadenantes, también conocidas como de activación o “gatillo”, diseñadas para entrar en vigencia automáticamente o mediante una acción estatal rápida una vez eliminada la protección constitucional.

Hay otros 11 estados que tienen leyes de ese tipo preparados para limitar la interrupción del embarazo.

Mientras, 16 estados, entre ellos Nueva York, California y Washington, las autoridades han aprobado “trigger laws” para proteger el derecho al aborto.

Los límites al aborto que se impondrán también dependerán de los estados: mientras algunos permitirán algunas condicionantes (como los casos en que peligre la vida de la madre) en otros, como en Ohio, estará prohibido incluso si el embarazo es resultado de una violación.

carteles pro aborto en Washington

Getty Images

De acuerdo con el Instituto Guttmacher algunos estados como Alabama, Arizona y Arkansas, lo prohibirán desde el inicio del estado de gestación. Otros como Georgia, Idaho, Iowa y Kentucky lo harán a partir de las seis semanas de embarazo.

Aunque todavía no se han pronunciado oficialmente al respecto, el Instituto Guttmacher pronostica que los Congresos de Florida, Indiana, Montana y Nebraska también se sumarán a las prohibiciones.

4. ¿Entonces irán a la cárcel las mujeres? ¿Cómo se penalizará el aborto en los estados donde se prohíba?

Muchos estados han aprobado ya leyes que penalizan a los médicos y las clínicas que practiquen los abortos, con condenas que van desde la suspensión de las licencias para ejercer hasta la cárcel.

En estados como Texas, los médicos que practiquen un aborto podrían ser condenados a cadena perpetua.

Sin embargo, un hecho poco conocido es que, incluso con Roe vs. Wade, muchas mujeres han ido a la cárcel en Estados Unidos por la práctica de abortos.

De acuerdo con datos de la Universidad de Fordham, al menos 413fueron encarceladas entre 1973 y 2005 por este motivo.

Howard teme que a raíz de la actual decisión de la Corte Suprema el número se pueda incrementar.

“Hemos visto, incluso con Roe vs. Wade, mujeres acusadas de delitos contra sus propios embarazos por cosas como el autocontrol del aborto o dar positivo por drogas durante sus embarazos. Incluso por cosas como sobrevivir a un intento de suicidio mientras están embarazadas”, explica la experta.

“Entonces, si este es cosas suceden con Roe vs. Wade, que establece explícitamente que una persona embarazada tiene derechos, cuando eso desaparezca, creo que solo podemos esperar ver mucho más de esto”, señala.

5. ¿Cómo era hasta ahora? ¿En qué consistía Roe vs. Wade?

En 1969, una mujer soltera de 25 años, Norma McCorvey, bajo el seudónimo de “Jane Roe”, desafió las leyes del aborto en Texas, donde estaba prohibido, excepto en los casos en que la vida de la madre estuviera en peligro.

En 1973, su apelación llegó a la Corte Suprema, quien fallaría a favor de ella al interpretar que el derecho al aborto estaba protegido por la Constitución.

Afuera de Planned Parenthood Reproductive Health Services Center en St. Louis, Missouri

Getty Images

La decisión creó el sistema de “trimestre” que otorgaba a las mujeres estadounidenses el derecho absoluto a un aborto en los primeros tres meses del embarazo, permitía algunos tipos de regulación gubernamental en el segundo trimestre del embarazo y daba a los estados el derecho a restringir o prohibir los abortos en el último trimestre.

“Hay que decir que Roe vs. Wade se volvió con el tiempo un listón muy bajo: en las últimas décadas se ha ido restringiendo progresivamente el derecho al aborto en casi la mitad de EE.UU.”, señala Howard.

Desde la década de 1990, numerosos estados han estado implementando restricciones al derecho constitucional al aborto y en algunos como Texas ya era prácticamente imposible realizarse uno incluso antes de la decisión de la Corte Suprema.

En otros, como Misisipi, solo existía una clínica que facilitaba el aborto en funcionamiento para todo el estado.

En más de una veintena de estados existen requisitos, como que las mujeres jóvenes embarazadas involucren a sus padres o a un juez en su decisión de aborto. Otros han introducido períodos de espera entre el momento en que una mujer visita por primera vez una clínica de aborto y el procedimiento en sí.

“Como resultado, muchas mujeres ya tenían que viajar más lejos y pagar más y esto hace que las mujeres más pobres y las mujeres afroestadounidenses se vuelvan las más afectadas”, señala Howard.

Según el Instituto Guttmacher, una ONG que apoya el derecho al aborto, más de 4.000 mujeres cada año no pueden realizarse abortos en EE.UU. como resultados de las restricciones ya existentes.

6. ¿Puede el Congreso legalizar el aborto en EE.UU?

Por casi 50 años, la decisión de Roe vs. Wade marcó la práctica del aborto en Estados Unidos y no se consideró necesario convertirlo en una ley federal que aplicara para todo el país.

El Congreso de Estados Unidos podría aprobar una ley que garantice el derecho al aborto en el país y las autoridades de los estados tendrían que igualmente seguirlas independientemente de su orientación política.

Sin embargo, dado que se trata de un tema altamente politizado es improbable que una legislación al respecto sea aprobada por una mayoría en el Senado. Para ello se necesitarían al menos 60 votos y los demócratas cuentan actualmente con 50 (más el de la vicepresidenta Kamala Harris).

Howard, por su parte, ve un escenario más probable.

“Si en las próximas elecciones los republicanos ganan el Senado por una supermayoría, ciertamente podemos anticipar que se presente un proyecto de ley sobre la ´personalidad fetal´ a nivel federal (considerar el feto como persona humana). Y, si eso pasa, no hay límite para lo que eso podría significar, incluso para lugares donde sea legal el aborto, como California o Nueva York”, dice.


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