El pasado 29 de junio, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció que retomará la construcción de la presa El Zapotillo y que tendría una pared de concreto de 105 metros de altura, pese a que hace cuatro años una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que la obra tuviera un nivel no mayor a 80 metros, para evitar la desaparición de tres poblados: Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
“No los vamos a poner en riesgo, no está en mis manos, no hay otra solución posible: una cortina de menos altura (que salve de la inundación a las tres localidades) es un mito, es un falso debate”, justificó el gobernador tras su anuncio.
[contextly_sidebar id=”Hfit6SGYbGhzInjaBYtah6ezHeks5SsX”]En 2013, vecinos de Temacapulín obtuvieron el amparo de la Suprema Corte que no impedía la construcción de la presa, pero ordenaba mantener su pared de concreto en una altura máxima de 80 metros, con un límite de inundación para que estos poblados continuaran existiendo. Las obras quedaron detenidas.
Con la presa El Zapotillo se pretende acumular y llevar agua de la Cuenca del Río Verde a la capital del estado, Guadalajara, así como a la vecina ciudad de León, Guanajuato. Sin embargo, su construcción implicará que tres comunidades queden sumergidas bajo el lago artificial.
Estudio de la ONU para El Zapotillo fue pagado por el gobernador
El principal aval con el que Aristóteles Sandoval defiende su decisión para retomar la obra, es un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que concluyó que una presa de tales dimensiones sí es viable en la zona, siempre y cuando los tres poblados sean desmantelados. El gobernador tomó estos dichos como una aprobación al proyecto sepultado hace cuatro años, y anunció que la construcción de El Zapotillo será hará con una cortina 25 metros más alta que lo autorizado por la SCJN.
Explicó que “recurrir a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) permite que hoy, en mi gobierno, tomemos una postura oficial y definitiva con respecto al conflicto de la cuenca del Río Verde”, es decir, que la presa se concluya, y que alcance una altura de 105 metros.
Pero los pobladores de las tres comunidades, agrupados en el “Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo“ advirtieron que el estudio de la ONU, en realidad, se trata de un documento no vinculante, pagado por el mismo gobierno estatal.
Los habitantes de las comunidades afectadas denunciaron que el gobernador de Jalisco pagó 4.6 millones de dólares a la organización internacional por dicha resolución, monto que luego el mismo Aristóteles Sandoval confirmó.
Además, denunciaron que el estudio “a modo” solo tomó en cuenta variables técnicas sobre la viabilidad de la obra, y nunca contempló variables sociales, culturales ni ambientales. Según detallaron los pobladores, el nuevo diagnóstico ni siquiera consideró anteriores posicionamientos que otros organismos de Naciones Unidas han dictado en contra de la construcción de la presa El Zapotillo.
Otras posturas en Naciones Unidas contra El Zapotillo
En 2011, por ejemplo, el relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, denunció que a estas tres localidades “se les está ofreciendo una nueva vivienda, pero a donde se les está proponiendo la reubicación es imposible que continúen con sus prácticas agrícolas (…) En el derecho internacional no se prohíben los desalojos a favor del interés público, pero hay condiciones que se tienen que cumplir”, explicó.
Añadió que no se debe afectar los medios de subsistencia, pero los pobladores aseguran que estos requisitos no se están cumpliendo.
Otros representantes de la ONU, que han demandado a las autoridades no imponer el proyecto de El Zapotillo, son los relatores especiales sobre Vivienda, sobre Derecho al Agua, el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos.
El pasado 8 de julio, de hecho, la misma rectora del Centro Universitario de Los Altos de Jalisco (perteneciente a la Universidad de Guadalajara), Mara Nadiezhda Robes, cuestionó los resultados del estudio de UNOPS-gobierno del estado, y convocó a expertos de la UdeG, de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional a realizar un nuevo estudio, independiente, “para llegar a conclusiones científicamente verdaderas, pero que también concentren el principio de justicia social: el agua no sólo es un problema biológico y técnico, también es un problema social”.
