El ABC de Javier Duarte contra la justicia en México: Así será el proceso del exgobernador
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El ABC de Javier Duarte contra la justicia en México: Así será el proceso del exgobernador

A su llegada a México, Javier Duarte será recluido en una prisión federal, debido a que el delito de delincuencia organizada amerita el encarcelamiento, según el nuevo Sistema Penal Acusatorio.
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5 de julio, 2017
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Durante la tercera audiencia en Guatemala, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, aceptó su extradición a México para enfrentar a la justicia por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que ahora la Procuraduría General de la República (PGR) tiene que iniciar los trámites para lograr su entrega que se concretará, a más tardar, en un lapso de quince días.

Una vez en territorio mexicano, el exgobernador será ingresado a un penal de máxima seguridad, ya que el delito de delincuencia organizada, en términos del nuevo Sistema Penal Acusatorio, amerita el encarcelamiento.

Ante este panorama, Animal Político te presenta los pasos del proceso penal que se le seguirá en México a Javier Duarte, así como los delitos que tendrá que enfrentar el exgobernador de Veracruz y los cómplices vinculados con sus operaciones financieras.

La ruta en los juzgados

Javier Duarte quedará a disposición del juez que giró la orden de aprehensión en su contra, radicado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El proceso se sigue bajo el nuevo sistema penal acusatorio, por lo que tendrá que realizarse una primera audiencia ante un juez de control, en la que se validará la detención y la PGR hará la exposición inicial del caso.

Posteriormente, en un lapso de 72 horas, que podría extenderse hasta a 144 horas si la defensa lo solicita, el juez determinará con base en el expediente inicial y a lo que aporten los abogados de Javier Duarte si lo somete a juicio por los delitos que se le imputan.

Si el juez determina abrir un juicio, habrá un periodo de investigación complementaria, que puede durar de tres a seis meses, tiempo en el que se reunirán  pruebas para luego dar paso a un eventual juicio oral completo.

No obstante, en esa audiencia, el juez deberá imputar una medida cautelar a Duarte, que será la de prisión preventiva, toda vez que el delito de delincuencia organizada es considerado grave y que la PGR argumentará que hay riesgo de fuga, luego de que el exgobernador escapó a Guatemala, donde fue capturado.

Tras el periodo de la investigación complementaria y en caso de que Duarte decida declararse culpable, el caso podría irse a un periodo abreviado y se dictaría sentencia al término de la investigación complementaria.

Fiscalía de Veracruz archivó en un solo día 13 averiguaciones contra Duarte que le remitió PGR.

Cómplices y pruebas contra Javier Duarte

Las acusaciones que la PGR realizó contra Javier Duarte se presentaron también contra ocho personas más, a quienes se les giraron órdenes de aprehensión.

Hasta antes de la captura de Duarte solo habían sido detenidas formalmente las hermanas Elia y Nadia Arzate Peralta, quienes figuraban como accionistas de la empresa Consorcio Brades, compañía involucrada en la triangulación de recursos públicos. Ambas fueron sentenciadas a tres años de prisión, luego de que reconocieron su culpabilidad a cambio de ser condenadas por lavado de dinero, pero no por delincuencia organizada.

El abogado José Juan Janeiro Rodríguez es otro de los que contaba con una orden de aprehensión, pero fue congelada por la PGR, luego de que éste accedió a cooperar con las autoridades aportando información. Su situación jurídica se resolverá más adelante.

Javier Nava Soria es otro de los presuntos cómplices de Duarte. El pasado 19 de abril, fue detenido en España y se encuentra en proceso de extradición. Nava está vinculado a las investigaciones que la PGR realiza sobre la presunta red de operaciones con recursos de procedencia ilícita del exgobernador.

Las personas que permanecen prófugas son el empresario Moisés Mansur, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Santa Bartolo Acuña y Miguel Velásquez Nieva.

Las pruebas que la PGR presentó para sostener la acusación preliminar en contra de Javier Duarte y el resto de los coacusados incluyen múltiples transferencias bancarias, las escrituras de la constitución de empresas y documentos relacionados con la compra venta de terrenos y propiedades.

Otra prueba que la PGR presentó y es central en el caso es la declaración del abogado Alfonso Ortega López, quien confesó haber trabajado por años bajo las órdenes de Javier Duarte y sus prestanombres para la creación de empresas fantasma en México y Estados Unidos y facilitar el movimiento de recursos económicos.

Impunidad en desvíos de Duarte: La PGR no ha consignado ni una de las 56 averiguaciones previas.

¿Por qué delitos será juzgado?

Javier Duarte enfrentará de inicio tres órdenes de aprehensión vigentes que se han girado en su contra y que agrupan un total de siete delitos.

Una de estas órdenes fue solicitada por la PGR y dos más por la Fiscalía de Veracruz.

De los delitos que se le imputan, solo el de delincuencia organizada amerita prisión automática; para el resto de los procesos, la PGR y la Fiscalía de Veracruz tendrán que solicitar a los jueces la prisión preventiva, y argumentar por qué existe el riesgo de fuga.

Entre los delitos por los que México solicita la extradición no se encuentran los desvíos de miles de millones de pesos denunciados por la Auditoría Superior de la Federación, pues ninguna de las 53 averiguaciones previas iniciadas por esas presuntas irregularidades ha sido consignada por la PGR.

Los delitos que le imputan a Javier Duarte son:

  • Delincuencia organizada: Duarte es acusado de encabezar una estructura delictiva que le permitió apropiarse de recursos públicos, a través de una red de empresas fantasma, que recibieron contratos, a través de prestanombres. Su pena va de los 20 a 40 años de prisión.
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita: A Duarte y sus cómplices se les acusa de utilizar recursos públicos, para adquirir propiedades en México y Estados Unidos. La pena va de los 5 a los 15 años de prisión, sin derecho a fianza.
  • Abuso de autoridad: por girar instrucciones para utilizar recursos públicos etiquetados con otros fines. Esto habría afectado a los ciudadanos a costa de obtener un beneficio propio. Este delito amerita una sanción de 2 a 8 años de prisión.
  • Incumplimiento de un deber legal: por permitir, al menos por omisión, que recursos públicos etiquetados fueran desviados para otros fines, como ocurrió por ejemplo con 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014. Amerita una pena de uno a ocho años de prisión.
  • Peculado: por haber sido el beneficiario final de los desvíos que se registraron en su administración, lo que le permitió a él y a sus allegados apropiarse de un patrimonio ilícito. Contempla una pena de los cuatro a los quince años de prisión.
  • Tráfico de influencias: el exgobernador es señalado como el promotor de los mecanismos de desvío de recursos en su administración. Este delito contempla  una pena de uno a cuatro años de prisión.
  • Coalición: por el desvío de 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014, la Fiscalía de Veracruz advierte que Duarte consintió junto con el entonces exsecretario de Finanzas, Mauricio Audirac, y otros servidores públicos la salida de estos recursos. Alcanza una pena de seis meses a seis años de multa.

Por otro lado existe una segunda orden de aprehensión que la PGR obtuvo de un juez a través de la FEPÁDE por delitos electorales, Esto luego de que se identificó que la administración de Duarte obstaculizó la llegada de recursos al órgano electoral de la entidad,

Esta orden de aprehensión no fue incluida en la solicitud de extradición pero, de acuerdo con la PGR, en su momento se podrá cumplimentar la misma aludiendo a una excepción del principio de especialidad del tratado de extradición México Guatemala que indica que una

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Los desconocidos casos de bebés y niños secuestrados durante el régimen militar de Brasil

A diferencia de países vecinos como Argentina, donde las causas judiciales por apropiación de niños durante los gobiernos militares llevan años, Brasil aún no parece haber explorado esta parte de su pasado.
4 de mayo, 2022
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Desde hace al menos una década, Rosângela Serra Paraná busca a sus padres biológicos.

Es víctima de un crimen de Estado poco conocido: el secuestro de bebés y niños de activistas que se opusieron al régimen militar en las décadas de 1960, 1970 y 1980 en Brasil.

Rosângela fue apropiada ilegalmente por una familia militar en la década de 1960 y solo descubrió su condición mucho después, durante una discusión con miembros de la familia.

Once de los 19 casos conocidos de secuestros de niños durante el régimen militar están vinculados a miembros de Araguaia, un movimiento guerrillero de oposición que se desarrolló entre fines de la década de 1960 y 1974 en la región amazónica, en la confluencia de los estados de Pará y el actual Tocantins.

Estas 11 víctimas son hijos de guerrilleros y campesinos que dieron cobijo al movimiento.

Los secuestros de niños ocurrieron en la primera mitad de la década de 1970, durante los gobiernos de los generales-presidentes Emílio Garrastazu Médici y Ernesto Geisel.

Los 19 casos están enumerados en el libro de reportajes Cativeiro sem fim (“Cautiverio sin fin”), escrito por mí.

Contactados en el momento de la escritura del libro, el Ministerio de Defensa y los comandos del Ejército y Fuerza Aérea no respondieron a la solicitud de información.

En una entrevista en un libro publicado el año pasado, el general Eduardo Villas Bôas dijo que los informes sobre los secuestros de bebés durante el régimen militar “carecen de verosimilitud“.

En busca de padres biológicos

“Vivo en una pesadilla todos los días, pensando que mi madre podría estar viva, necesitándome”, dice Rosângela Serra Paraná.

“Hoy vivo con la angustia de no saber quién soy, cuántos años tengo y ni siquiera saber quiénes fueron mis padres”, agrega.

La mujer fue apropiada por Odyr de Paiva Paraná, miembro de una familia militar en Río de Janeiro.

La familia dice que la bebé fue adoptada en 1963.

Un acta de nacimiento da como fecha de nacimiento el 1 de octubre de 1963. Pero la inscripción se hizo en el registro civil el 22 de septiembre de 1967.

En el documento elaborado en el Registro Civil de Catete, Rio de Janeiro, consta que Rosângela es hija ilegítima de Odyr y Nilza.

El documento no proporciona el nombre de los padres biológicos. Nilza, según su familia, no podía tener hijos.

Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Archivo personal
Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Odyr es conductor de profesión.

Según Rosângela, su padre adoptivo trabajaba como chofer del general Ernesto Geisel.

“Tenía un gran auto negro que siempre estaba limpiando”, recuerda.

El acta de nacimiento de Rosângela da como lugar de nacimiento una propiedad en Rua Marquês de Abrantes, 160, Flamengo, Rio de Janeiro.

La propiedad pertenece a Rio Previdência, una entidad de empleados estatales, que la compró en 1958, según consta en el certificado de propiedad.

La misma partida de nacimiento tiene dos testigos. Uno de ellos es Alcindo Quintino Ribeiro, propietario de un inmueble donde vivía la familia Serra Paraná.

El otro es Paulo Cardoso de Oliveira, chofer de profesión, como Odyr. La dirección de residencia del testigo, sin embargo, no existe.

El padre de Odyr, Arcy Paraná, estaba en el ejército. Según el Boletín Oficial, alcanzó el grado de sargento. En la década del 50 fue ascendido y comenzó a trabajar en el sector administrativo de las fuerzas militares.

Los casos de Juracy y Miracy

En la región guerrillera de Araguaia, a principios de la década de 1970, los militares secuestraron a dos niños de una misma familia.

El primero, Juracy Bezerra de Oliveira, fue un error de las fuerzas militares.

El objetivo era Giovani, hijo de uno de los líderes guerrilleros, Osvaldo Orlando da Costa, alias Osvaldão, con una mujer llamada María.

En 1972 o 1973, Juracy tenía unos 7 años. Los militares pensaron que era el verdadero hijo del guerrillero Osvaldão con Maria Viana da Conceição. Pero la madre de Juracy era Maria Bezerra de Oliveira y su padre, Raimundo Mourão de Lira.

La confusión en el secuestro se habría dado porque los militares buscaban a un niño moreno, de entre 6 y 8 años, hijo de una mujer blanca, de cuerpo grande y ojos claros, de nombre María.

José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Eduardo Reina/BBC
José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Encontraron a la madre de Juracy con las mismas características y se llevaron al niño.

Terminó siendo apropiado por el teniente del Ejército Antônio Essílio Azevedo Costa, quien lo inscribió en una notaría como si fuera su hijo legítimo y vivió con la familia del militar durante muchos años.

“Un día llegaron y me llevaron. Mi madre ni me acuerdo qué hizo. Yo era un niño cuando me llevó el Ejército. Estuve 15 días en el bosque”, contó.

El secuestrado quedó con una mano deformada debido a las quemaduras que sufrió. Dice que los soldados decidieron castigarlo por pensar que su padre había matado a un militar.

Más tarde, en la ciudad de Fortaleza, Juracy fue criado por la madre del teniente Antônio Essílio.

A principios de la década de 2000, decidió regresar a la región de Araguaia, todavía pensando que era el hijo de Osvaldão.

Al llegar, conoció a Antônio Viana da Conceição y descubrió su verdadera historia.

Se reencontró con su madre biológica, Maria Bezerra de Oliveira, cuando descubrió que su hermano, Miracy, también había sido secuestrado por militares.

Hoy vive en una isla en medio del río Araguaia.

Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

Archivo personal
Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

El hermano de Juracy, Miracy, tenía piel clara y ojos claros, a diferencia de su hermano.

Fue llevado por el sargento João Lima Filho a la ciudad de Natal, en Rio Grande do Norte, también en 1972 o 1973.

Años después, Juracy y su madre, Maria Bezerra de Oliveira, fueron a buscar a Miracy. Pero no encontraron rastro del sargento que se lo llevó; tampoco obtuvieron información en el cuartel del ejército en Natal sobre el paradero del militar.

Otros secuestros

Después del secuestro por error de Juracy, los militares encontraron a Giovani, hijo de Osvaldão y Maria Viana da Conceição.

El niño tenía entre 4 y 5 años cuando fue secuestrado, según otro de los hijos de Maria, Antônio Viana da Conceição.

El secuestro ocurrió en 1973, en la ciudad de Araguaína, actual Tocantins.

La existencia de este hijo de guerrillero en Araguaia también es revelada por Sebastião Rodrigues de Moura, Mayor Curió, ahora militar retirado y responsable de la cacería de guerrilleros a partir de 1973 en Araguaia.

Se desconoce el paradero de Giovani.

También en Araguaia fue secuestrada Lia Cecília da Silva Martins, hija del guerrillero Antônio Teodoro de Castro, conocido como Raúl.

Lia fue llevada a un orfanato que pertenecía a un teniente de la Fuerza Aérea en Belém do Pará. Fue adoptada por una pareja que trabajaba en la entidad.

Seis niños campesinos también fueron separados de sus familias biológicas y llevados a cuarteles del ejército, de donde luego fueron liberados: José Vieira; Antônio José da Silva, Antoninho; José Wilson de Brito Feitosa, Zé Wilson; José de Ribamar, Zé Ribamar; Osniel Ferreira da Cruz, Osnil; y Sebastião de Santana, Sebastiãozinho.

Solo se localizó a José Vieira. Es hijo de Luiz Vieira, agricultor de subsistencia y residente de la región de São Domingos do Araguaia. Luiz fue asesinado por las fuerzas militares.

Gente caminando en São Paulo

Getty Images
Se desconoce el número de bebés que fue secuestrado.

También hubo casos de secuestro de bebés y niños en Paraná, Pernambuco y Mato Grosso.

Las respuestas de los militares

Cuando investigaba en 2018 para mi libro, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Fuerza Aérea no respondieron a las preguntas enviadas.

El Ministerio de Defensa sugirió que se enviaran nuevas solicitudes a dichas instituciones, alegando que la información solicitada debía estar custodiada bajo el mando de estos cuerpos militares.

El Ejército respondió: “La Institución aclara que no tiene nada que informar al respecto”.

La Fuerza Aérea afirmó que “el 16 de noviembre de 2009, la Procuraduría General de Justicia Militar manifestó interés en analizar los documentos producidos y acumulados por el Comando de la Fuerza Aérea, desde 1964 hasta 1985”.

“En ese sentido, el 3 de febrero de 2010, la colección, que contiene 212 cajas con 49.867 documentos, fue recolectada de la Coordinación Regional del Archivo Nacional del Distrito Federal (COREG), donde se encuentran en dominio público”, agregó.

El año pasado, en una entrevista publicada en el libro “General Villas Bôas-Conversación con el Comandante”, de Celso Castro, de la Fundação Getúlio Vargas, el militar cuestionó que realmente ocurrieran secuestros de niños durante la dictadura.

“Recientemente alguien vinculado a los derechos humanos trajo un tema que yo nunca había escuchado, que un centenar de niños habían sido secuestrados y arrebatados a sus padres”, afirmó Villas Bôas.

“Esta y otras narrativas, como una supuesta masacre de indígenas, en la apertura de la carretera que une Manaus con Boa Vista, carecen de verosimilitud y contribuyen a la falta de exención en la conclusión de las investigaciones”, agregó.


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