La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) reconoció que en el año 2012 recibió un informe elaborado por el Sistema Integral para la Familia (DIF), en el cual se denunciaba la presunta agresión sexual sufrida por un niño de 3 años, a manos de su progenitor. Sin embargo, decidió no dar valor a esa evaluación oficial, porque era “sólo una opinión y no un peritaje” y porque sus propios peritajes descartaban que el delito se hubiera cometido.
[contextly_sidebar id=”X4XWoXVYzdFobA50DASRxUAAwu46gTMj”]En 2015, la Procuraduría cerró su investigación, exculpando al progenitor de abuso sexual contra su hijo; un año después, el Tribunal Superior de Justicia le retiró a la madre la patria potestad del niño y de sus dos hermanos menores, para entregárselas al padre. Y el 7 de junio de 2017, la madre, según explicó en una carta póstuma, le quitó la vida a los niños, y se suicidó junto con uno de los abuelos, ante la perspectiva de tener que entregarlos. Sólo la abuela sobrevivió a la sobredosis de fármacos.
#Ahora Hemos tenido contacto con la mujer que sobrevivió para recabar más datos: Mtra. Alicia Rosas. @ImagenTVMex
— Procuraduría CDMX (@PGJDF_CDMX) 5 de julio de 2017
En entrevista con Animal Político, Alicia Rosas Rubí, titular de la Fiscalía de Atención a Delitos Sexuales de la PGJDF, explicó que en junio de 2011 se inició una averiguación previa por el presunto delito de abuso sexual en contra de este menor, a partir de la denuncia presentada por la misma madre.
Como parte de esta averiguación previa, se realizó un peritaje médico forense al menor y una entrevista psicológica, “y estos dictámenes no nos arrojan el daño, y no nos arrojan la agresión que la mamá refería”.
Un año después, tal como informó la fiscal, el DIF realizó la valoración psicológica en la cual sí se detectan indicios del presunto abuso sexual, incluido el testimonio espontáneo y explícito del niño, en contra del progenitor.
La opinión del DIF contra la pericial de la PGJDF
La valoración realizada por el DIF, que concluye que la presunta agresión sexual en contra de este menor sí se cometió, se llevó a cabo a través de doce sesiones psicológicas, en las cuales se destinaron tres encuentros sólo para generar un puente de confianza entre el menor y el terapeuta, y luego se aplicaron cuatro técnicas diferentes de análisis.
El resultado de esta “valoración psicológica” fue que el niño efectivamente presentaba secuelas de presunta agresión sexual, y que de forma espontánea identificaba a su progenitor como el autor de dichos ataques.
Además, como parte de la evaluación, el DIF también realizó una valoración psicológica al padre de este niño, según la cual éste presenta “características que se consideran de riesgo para la convivencia con el menor”.
Entre estas características de riesgo reportadas por el DIF se señalan trastornos de índole sexual, agresividad, negación y dificultades en la percepción de sentimientos, entre otros.
El estudio realizado al progenitor consistió en cinco sesiones de terapia, en las que se aplicaron cinco técnicas distintas de análisis.
El especialista del DIF encargado de esta evaluación subrayó que los trastornos detectados en el papá del niño conformaban “un riesgo para el bienestar de las personas involucradas, principalmente, y por ser parte de este servicio psicológico, para el menor, quien mencionó haber sido abusado sexualmente por su progenitor”.
Por todo ello, concluyó el DIF, “siendo el bien supremo cuidar la estabilidad y bienestar del menor, no se recomienda la convivencia entre el señor y su hijo”.
Pese a que este dictamen, junto con el testimonio del niño agredido, fueron entregados a la PGJDF, esta institución decidió no formular cargos en contra del progenitor, ya que, como explicó la fiscal Rosas Rubí, “la Procuraduría tiene psicólogos forenses, que trabajan de manera diferente, buscan datos diferentes a los que busca un psicólogo clínico o un psicoterapeuta”. Estos especialistas de la Procuraduría, señaló, descartaron que hubiera algún delito luego de aplicar su propio protocolo.
Este protocolo, explicó la fiscal, inicia por una entrevista con la mamá y otra con el menor, luego un examen médico, un examen psicológico al infante, y una indagatoria de campo a cargo de un policía investigador, que básicamente consiste en una nueva entrevista con la madre denunciante, pero ahora en el presunto lugar de los hechos.
–¿Se puede medir la seriedad de estos procedimientos, en función del tiempo invertido? –se le pregunta a la fiscal.
–Sí, por supuesto –responde–. Aquí el tema es que la intervención de estas periciales va de acuerdo a los tiempos de las niñas, niños o adolescentes. No todos colaboran, interactúan o participan de la misma forma. Hay niños que nos podemos tardar hasta dos días en entrevistar.
Estos dos días que en promedio toma una pericial en psicología de la PGJDF, contrastan con los doce días invertidos por el DIF.
–¿Se puede hacer una aproximación del tiempo que duró la entrevista psicológica de la Procuraduría con el menor, en la que se descartó abuso sexual?
–No –responde la fiscal–. Para precisar momentos, habría que extraer cada uno de los dictámenes, que son datos que nos aporta el área pericial, y yo no tengo presente exactamente cuánto duró cada entrevista que se hizo al menor (…) Al menor se le realizaron varios dictámenes –concluyó.
