En los albergues La Ciudad de los Niños en Salamanca, Guanajuato los menores vivían violencia, había castigos corporales, irregularidades en el registro de actas de nacimiento y adopciones, de acuerdo al informe “Institucionalización y Violencia en la Ciudad de los Niños”, hecho por el Centro de Promoción de los Derechos Humanos, de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato (NIMA).
Estas irregularidades ocurrían, señala la organización por la falta de supervisión de las autoridades municipales y estatales.
[contextly_sidebar id=”epwEg3t9apIlAz5UUHiNhDlGhOzdiUEo”]El informe señala que el sacerdote Pedro Gutiérrez, encargado de los albergues registró como sus propios hijos a 134 niñas y niños.
No importó que este tipo de adopción fuera ilegal, según el código penal de Guanajuato, que considera el acto como una usurpación de filiación. Según el informe, el sacerdote tenía tal impunidad
Según algunos testimonios de menores que vivieron en el albergue recopilados en el informe, también había irregularidades en los procesos de adopción.
“Los productos de los embarazos de las adolescentes eran dados en adopción a personas de Estados Unidos, por lo que se hace fundamental revisar la legalidad de las adopciones realizadas por La Ciudad de los Niños”.
Los testigos señalan que gracias a la ayuda de exfuncionarios estatales y federales, se ocultaron las denuncias de abusos sexuales, torturas y maltratos, durante varios años.
El sacerdote castigador
Pedro Gutiérrez se ganó el apodo de “El Castigador”, entre quienes se albergaban en La Ciudad de los Niños. Pero él no era el único que ha sido señalado como agresor. También se señala a al menos cuatro religiosas y otros colaboradores del albergue, según el informe de NIMA.
Según una investigación de Zona Franca, las denuncias fueron ignoradas hasta el 11 de marzo de 2016, cuando se inició una carpeta de investigación, a raíz de una denuncia anónima, presentada por golpes y abusos sexuales hacia los menores que viven en la casa hogar Ciudad de los Niños, Asociación Civil y desvío de fondo por parte de los encargados.
Ese mismo año, el DIF estatal realizó una visita al centro y tuvo conocimiento de que “una monja quemó en una estufa las manos de una niña de siete años por haber robado una plastilina”, denunció en Zona Franca. Pero meses más tarde, el sacerdote obtuvo un amparo “en representación de la niña” ante la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores, para evitar que la víctima saliera de la Ciudad de los Niños, lugar en el que tenía dos años.
La jueza no dejó el caso y sentenció improcedente la medida de amparo, pero además hizo una serie de observaciones para proteger a la niña, en las que pidió que se atiendan a los otros cien niños de los cinco albergues.
“No es benéfico para los menores permanecer viviendo en los centros de asistencia social a cargo de la asociación civil Ciudad de los Niños Salamanca”, dice la sentencia.
Aunque la directora del Centro Multidisciplinario para la Atención Integral de la Violencia (CEMAIV), Aida Benítez, tomó conocimiento del caso, y la Procuraduría estatal inició una investigación, aún no localizan a las jóvenes; siguen en calidad de desaparecidas.
Organizaciones piden a PGR detener protección del clérigo
“Por repetir el mismo patrón del caso de “Mamá Rosa” en Zamora, Michoacán”, la Red por los Derechos de la Infancia, así como el Centro de Promoción de los Derechos Humanos, de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que atrajera la investigación, y así autoridades locales no protejan al sacerdote.
“Las omisiones y complicidades en el gobierno de Guanajuato con la jerarquía católica, apuntan a la revictimización de niñas, niños y adolescentes, a través de un pacto de impunidad frente a este grave descubrimiento, que antepone la palabra y las relaciones políticas de los abusadores y pederastas sobre el Interés Superior de la Niñez”, advirtieron las organizaciones.
Además solicitaron que se dé una protección especial a todos los niños y niñas que han sido víctimas de los abusos, para que se atrevan a denunciar. Pidieron que se instale una mesa de trabajo, “para diseñar, implementar y dar seguimiento a los planes de restitución de derechos de cada una de las víctimas”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) atraerían el caso “de acuerdo a sus competencias”.
