Lo que se sabe de los sospechosos del atentado con una furgoneta en Las Ramblas
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BBC Mundo

Lo que se sabe de los sospechosos del atentado con una furgoneta en Las Ramblas

Según autoridades, uno de los detenidos por el atentado proviene de Melilla, enclave español en el norte de África, y el otro es de nacionalidad marroquí.
BBC Mundo
Por BBC Mundo
17 de agosto, 2017
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La policía catalana confirmó que existen dos detenidos por el atentado en Las Ramblas de Barcelona, en España, que dejó al menos 13 muertos y 100 heridos.

Inicialmente, la policía identificó a Driss Oukabir como la persona que presuntamente alquiló la furgoneta marca Fiat de color blanco que se usó en el ataque, sin embargo medios españoles reportan que a esta persona le habrían robado los documentos para retirar el vehículo.

Todavía no se confirmó quién conducía el motorizado que embistió contra transeúntes en la tarde de este jueves.

De hecho, el jefe de la policía señaló que ninguno de los dos sospechosos fue quien conducía la furgoneta.

Según las autoridades catalanas, uno de los detenidos proviene de Melilla, el enclave español en el norte de África, y el otro es de nacionalidad marroquí.

Ambos habrían sido detenidos después de que se produjera una explosión en una vivienda en la localidad de Alcanar, al sur de Barcelona.

El conductor

A las 17:00 hora local (15:00 GMT), la furgoneta entró en la calzada central al inicio de Las Ramblas, en la confluencia con Plaza de Catalunya, atropellando a los peatones y recorriendo 600 metros antes de estrellarse contra un puesto de venta de periódicos.

Inmediatamente después, el conductor del vehículo escapó del lugar corriendo.

La policía no descartó que otras personas estén involucradas en el atentado y mantiene labores de patrullaje y búsqueda de otros posibles sospechosos.

Las autoridades sostienen que el objetivo del atentado era “intentar matar a la mayor cantidad de gente posible”.

Horas después del atentado, el autodenominado grupo Estado Islámico se atribuyó el atentado, aunque no precisó vínculo alguno de los detenidos.

El caso de Oukabir

Horas después del atentado, la policía distribuyó una fotografía presuntamente de Driss Oukabir identificándolo como uno de los sospechosos del atentado.

Se supo que Oukabir contaba con residencia permanente en España y que llevaba viviendo al menos cinco años en ese país.

Sin embargo, medios españoles informaron después que el sospechoso se presentó por voluntad propia ante la policía alegando que sus documentos fueron sustraídos y que no tenía nada que ver con el incidente.

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Cuartoscuro

FGR y Robles ya negocian acuerdo por La Estafa Maestra previo a semana clave

La Fiscalía notificó a un juez federal que se ha formalizado ya el contacto con la defensa de la exfuncionaria, pero aun no se alcanza un acuerdo definitivo. La próxima semana es clave previo a la audiencia del 26 de febrero.
Cuartoscuro
19 de febrero, 2021
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Sin llegar aún a un acuerdo definitivo, la Fiscalía General de la República (FGR) notificó a un juez federal que se encuentra en marcha una negociación formal con la extitular de Sedesol y Sedatu Rosario Robles Berlanga, para buscar una salida alterna al proceso penal iniciado en su contra por el caso de “La Estafa Maestra”.

De acuerdo con autoridades judiciales, la Fiscalía informó lo anterior al juez federal Ganther Villar Ceballos antes de vencer el plazo de cinco días hábiles que este les había concedido, tras posponer la audiencia intermedia programada originalmente para el 10 de febrero. Dentro de una semana ambas partes deberán comparecer de nuevo para informar si hay o no un arreglo.

De no alcanzarse un acuerdo, la Fiscalía deberá presentar la acusación formal en contra de Robles, y descubrir las pruebas para que el caso avance al juicio.

El juzgador había urgido a la FGR a definir si era posible llegar o no a un acuerdo dentro de un proceso penal que ya lleva más de un año y medio de haberse iniciado, y que mantiene a Rosario Robles en prisión preventiva sin que se haya determinado si es culpable o inocente.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía, la exfuncionaria es probable responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisiones, luego de haber permitido la firma de convenios en las dependencias que encabezaba, los cuales abrieron la puerta para el desvío de cinco mil millones de pesos.

En el escrito de la acusación enviado al juez en agosto pasado por estos hechos, la FGR solicitó una pena máxima de 21 años de cárcel en contra de la exfuncionaria, así como la devolución del millonario monto desviado. No obstante, también expresó que estaba abierta a la posibilidad de negociar una salida alterna.

Robles y su defensa rechazaron originalmente la posibilidad de un acuerdo alegando la inocencia de la exfuncionaria. Sin embargo, luego de que la FGR obtuviera una nueva orden de aprehensión en contra de Robles por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, la exfuncionaria cambió radicalmente de parecer y ofreció su disposición para colaborar con las autoridades.

Dicha colaboración tendría como uno de sus puntos principales la confesión de Robles, en la que ella señalaría que los desvíos efectivamente ocurrieron, y que estos habrían sido resultado de una política de corrupción ordenada desde las esferas más altas del gobierno. El que fuera su oficial mayor, Emilio Zebadúa, ya testificó señalando que el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, estaba al tanto de todo.

Sin embargo, pese a que dicha colaboración fue ofrecida por la exfuncionaria desde noviembre, hasta ahora no se ha podido materializar el acuerdo ni la primera declaración de la exfuncionaria.

Las trabas del pacto

De acuerdo con autoridades judiciales, el pasado miércoles el juez Ganther Villar Ceballos recibió la notificación de la FGR de que las pláticas entre las partes ya se encontraban en marcha, sin que de momento pudiera precisarse un resultado de estas.

Fuentes que participan en el proceso indicaron a Animal Político que la voluntad de negociar entre las partes existe desde el año pasado, sin embargo, las dificultades para consensuar un acuerdo en algunos puntos en específico han complicado el cierre de una negociación que ahora deberá hacerse a contrarreloj. 

Uno de los pendientes a resolver es el tipo de salida alterna que se estaría concediendo a Robles. La defensa plantea como escenario preferente que se le conceda un criterio de oportunidad para fungir como testigo colaboradora en todo el caso de La Estafa Maestra. Ello significaría que se suspenda el proceso penal en contra por omisiones (sin llegar a ninguna resolución), y que también se cancele la orden de arresto en su contra por el caso de delincuencia organizada.

Lo anterior significaría la libertad prácticamente inmediata de Robles, aunque dejando libre la facultad de la FGR de reactivar el proceso si así lo desea. 

Otra opción –preferida por la FGR– es que Robles acepte declararse culpable de las omisiones que se le imputan y sin ir a juicio, a cambio de una sentencia reducida. Se trata de un mecanismo conocido como procedimiento abreviado,  que ya le ha permitido a la Fiscalía cerrar casos de corrupción en el pasado, como el abierto en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

La defensa de la exfuncionaria estaría dispuesta a aceptar el procedimiento abreviado siempre y cuando la pena que resulte no exceda de un máximo de 4 años de cárcel. En los hechos, dicha condena significaría la libertad para Robles a más tardar en agosto cuando cumpliría ya dos años en prisión, lo que le da derecho a cumplir la otra mitad de su pena fuera de prisión. 

Pero el punto que ha complicado el cierre del proceso abreviado es el relativo a la reparación del daño. La posición de la defensa es que este tema es improcedente dado que el delito que se le imputa su representada (ejercicio indebido del servicio público) es de tipo formal y no material, es decir, no tuvo una consecuencia directa en términos patrimoniales como lo sería, por ejemplo, un robo.

Sin embargo, los fiscales federales consideran que dado que las omisiones generaron un daño al erario debería ser procedente la devolución de al menos un aparte de los montos desviados. Hasta enero pasado se mantenían inamovibles respecto a este punto.

Semana clave

La próxima semana será definitoria en el proceso abierto en contra de Robles. El juez pidió a las partes que el viernes 26 de febrero se retome la audiencia intermedia para que expongan si existe un acuerdo que daría por terminado el proceso. En caso contrario, ordenará que el proceso siga en curso para llegar al juicio.

En ese contexto y como parte de este procedimiento, los fiscales deberán reunirse antes del viernes con Rosario Robles, recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, para delinear su posible colaboración e incluso una primera declaración ministerial si se dan las condiciones para ello.  Cualquier salida alterna deberá ser avalada por el subprocurador o por el fiscal general.

Si ambas partes logran alcanzar un acuerdo este deberá ser expuesto y justificado en la audiencia del 26 de febrero. De cumplirse los requisitos el juez dará su aval para ello. Si la salida que se concreta es un procedimiento abreviado, en esa misma sesión Robles tendría que declarase culpable.

De no ser así, el juez ordenaría a la FGR que exponga oralmente la acusación que ya mandó por escrito e inicie la presentación y desahogo de las pruebas que las dos partes llevarían a juicio. Se trata de una audiencia que por su naturaleza técnica podría extenderse por varios días. En este escenario, Robles permanecería presa hasta que se resuelva si es culpable o inocente.

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