Baltimore, la ciudad de Estados Unidos que intentó sin éxito pasar 72 horas sin un asesinato
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Baltimore, la ciudad de Estados Unidos que intentó sin éxito pasar 72 horas sin un asesinato

Baltimore es una de las ciudades más violentas de EU, donde ocurrie un homicidio diario; una propuesta intentó que en 3 días nadie muriera, pero falló.
BBC Mundo
Por Jessica Lussenhop / BBC Baltimore
23 de agosto, 2017
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Un promedio de una persona por día ha sido asesinada en Baltimore, en el noreste de Estados Unidos, en 2017. Allí, la tasa de muertes per cápita supera ya a ciudades de violenta reputación como Chicago o Nueva Orleans.

Una campaña planteó cumplir un compromiso audaz: un alto el fuego de 72 horas.

Pero la ciudad no lo logró. ¿Qué salió mal?


Día 1: viernes 4 de agosto

Erricka Bridgeford se encuentra en la ventana del segundo piso de una casa abandonada en la parte oeste de Baltimore, donde creció, y mira hacia abajo, a la calle, al lugar donde Mike, un chico del barrio, murió hace más de 30 años.

Esa fue la primera vez que vio a alguien recibir un balazo.

Tenía 12 años. Ahora tiene 44 y busca detener los homicidios durante 72 horas en Baltimore, una ciudad donde casi todos los días asesinan a alguien.

Dedicada a enseñar mediación (de conflictos comunitarios), decidió visitar su casa de infancia y mostrársela a sus tres hijos de entre 17 y 21 años por primera vez.

Erricka Bridgeford, con polo naranja a la derecha, se sienta con su amiga Ellen Gee, de blanco, y sus hijos, afuera de un inmueble abandonado.

La familia usa camisetas con la inscripción #BaltimoreCeasefire (Alto el fuego en Baltimore).

Huele a orina y las paredes están llenas de agujeros. Arriba, un condón usado se encuentra en el piso de lo que alguna vez fue la habitación de los padres de Bridgeford.

“Esta es la casa que me hizo”, le dice a sus hijos. “Me siento triste de que se vea así”.

La casa vacía es un reflejo de algunas de las causas subyacentes de la violencia en Baltimore. Las drogas llegaron a su barrio en la década de 1980 y las familias se mudaron.

Sus amigos comenzaron a abandonar la escuela y a vender droga. Junto con la pobreza y la droga llegaron las armas.

Mike fue el primero de casi 20 personas que Bridgeford conocía que murieron a causa de la violencia.

Pero esta mañana, Bridgeford está de buen humor. Es viernes 4 de agosto, día uno del “Alto el fuego en Baltimore”.

Aunque la campaña no está afiliada al Departamento de Policía de Baltimore, un contacto de confianza de la institución prometió enviarle un mensaje si alguien es asesinado durante los tres días.

Durante las primeras 11 horas, la paz se mantiene.

Erricka Bridgeford parada al lado de la ventana de su dormitorio de la niñez.

La idea para el alto el fuego surgió a raíz de una conversación de Bridgeford con su hijo de 19 años acerca de la tasa de asesinatos en la ciudad, que está en camino de ser la peor de su historia y podría llegar a ser de las más altas del país.

Per cápita, ya superó a Chicago, Detroit y Nueva Orleans.

“Queremos tener una pausa y un espacio sagrado donde la intención de todo el mundo sea que nadie muera’. Un cambio cultural, para que la gente se dé cuenta de que pueden hacer esta elección”, dice.

“Odio que la gente piense ‘Baltimore es violenta, Chicago es violenta, Detroit es violenta’. Estos lugares son un reflejo de América”, agrega.

La iniciativa se difundió lentamente, primero por redes sociales y luego de boca en boca.

Una gran parte de la campaña consistió en ir a las partes más peligrosas de Baltimore, los mercados de drogas al aire libre y pedir a la gente que trabaja en las esquinas que se comprometa a un fin de semana libre de violencia.

Una de las primeras personas a las que Bridgeford llamó fue PFK Boom, cofundador de 300 Gangstas, un grupo de exmiembros de pandillas y exdelincuentes que se unieron después de la muerte de Freddie Gray en 2015, para abogar por ellos mismos.

“Yo respeto lo que ella hace, la he visto trabajar, así que por eso aceptaré su llamado y pondré a mis hombres, mi reputación, mi marca y todo eso”, dice Boom sobre la petición de Bridgeford.

Bridgeford dice que el alcance fue lo suficientemente exitoso como para que la gente empezara a llamarla por iniciativa propia para comprometerse.

“Algunas personas llamaron para decir ‘Estoy en una pandilla y quiero que sepas que cualquiera de quien yo sea responsable, estará tranquilo ese fin de semana'”, cuenta.

“Si la gente se mata ese fin de semana, incluso si no sabemos quién lo hizo, sabemos quién no lo hizo”.

Erricka Bridgeford

Bridgeford mide menos de 1,60 m. Su brazo derecho termina justo debajo del codo debido a una malformación congénita.

Su pequeña estatura, sus gafas y su personalidad burbujeante pueden contribuir a las razones por las que algunas personas la califican de ingenua. Pero esto no le molesta.

“Yo crecí en el oeste de Baltimore. Me han violado dos veces. Mi hermano fue asesinado… Perdí a mi hijastro. He perdido primos. Hace dos semanas perdí a alguien. Algunos años voy a dos funerales en un día”, dice.

“No es que sea ingenua, sino que mi optimismo es el de un gánster”.

Después de tres meses de campaña, presentaciones en radios locales, reuniones con organizaciones, distribución de pegatinas del “Alto el fuego en Baltimore”, el fin de semana elegido llegó.

Hay docenas de eventos públicos y privados planeados en toda la ciudad: comidas, fiestas de barrio, caminatas por la paz, espectáculos de arte, vigilias.

Fotos de los amigos de Facebook de Ellen Gee, una de las organizadoras.

Bridgeford y sus hijos se dirigen a una concurrida intersección en el suroeste de Baltimore, donde un grupo de personas agita señales del Alto el fuego y reparte folletos a los conductores.

En un momento, un hombre alto y delgado aparece en medio de ellas, vestido con ropa de hospital.

“Me dispararon anoche”, dice, señalando un pedazo de gasa pegada en su mejilla derecha. Todavía tengo dos balas en mi cuerpo”.

Su nombre es Devrone McKnight. El joven de 23 años estaba conduciendo a casa desde el hospital cuando vio a los voluntarios del alto el fuego.

Dice que está avergonzado. Había oído hablar de la campaña, pero no había planeado participar.

“Ahora soy una víctima”, señala. “De ahora en adelante, apoyaré esto”.

Devrone McKnight reparte folletos entre los conductores de Baltimore.

Camina temerariamente en la calle, en calcetines y sandalias, repartiendo folletos y carteles a los conductores detenidos en la luz roja. Parece casi frenético.

Algunos de los eventos del alto el fuego son más privados, como el de una calle tranquila llamada McCulloh, cruzando la ciudad.

Brittany Oliver se reúne con su familia en frente de la escalinata donde su tío David Lamont Hill fue asesinado hace exactamente un año, mientras iba a visitar a unos amigos después del trabajo.

En los últimos dos años, el número de homicidios aumentó, mientras que el número de casos cerrados o resueltos por la Policía de Baltimore cayó a una de las peores tasas del país.

Brittany Oliver está cerca del lugar donde su tío, David Lamont Hill, fue asesinado a tiros en 2016.

“Durante mucho tiempo, yo no estaba haciendo nada, pero el alto el fuego me ha dado la oportunidad de encontrar mi voz otra vez”, dice.

Horas más tarde, en un aparcamiento en el lado este de Baltimore. Bridgeford, PFK Boom, y decenas de vecinos se han reunido para una barbacoa nocturna.

A medida que se acerca la medianoche, la multitud se alegra. “Acabamos de cumplir 24 horas sin asesinatos en Baltimore”, anuncia Bridgeford.

“¿Quién dijo que no podíamos hacerlo? ¡Dijeron que no podíamos durar un día! ¡Podemos llegar a otras 24 horas!”


Día 2: sábado, 5 de agosto

La policía de Baltimore en la escena de un homicidio en el barrio de Pigtown, Baltimore, el sábado.
Pero 41 horas después de empezar la tregua, el hechizo se rompe.

A un hombre de 24 años le dispararon mientras caminaba por la calle en un barrio conocido como Pigtown.

Sus amigos lo recogieron y lo llevaron al hospital, pero murió poco después.

Los vecinos dicen que es el tercer tiroteo en la cuadra en el último año y medio.

Una mujer está parada en su puerta a sólo unas pocas casas de la escena del crimen y dice que siete de sus amigas han perdido siete hijos .

“Nunca he visto (la situación) tan mal, nunca”, lamenta.

Un bombero de Baltimore lava la sangre que dejó en una acera uno de los homicidios ocurridos el sábado.

Momentos depués, Erricka Bridgeford y sus hijos llegan al lugar. Recibió el temido mensaje de texto de su contacto en la policía.

Se la ve destrozada.

Lentamente, cada vez más participantes del cese el fuego comienzan a llegar. Bridgeford los llama para tomarse de las manos alrededor del lugar donde el joven murió.

Bridgeford pide orar no sólo por el joven, sino también por su asesino.

“No nacieron con una pistola en la mano. Su madre no los empujó diciendo: ‘No veo la hora de que mi bebé crezca y le dispare a alguien'”, dice.

Bridgeford llora, se le quiebra la voz. “¿Qué nos han hecho?”.

Los participantes del Alto el fuego formaron una ronda en la escena del primer crimen del sábado.

La oscuridad se instala en la ciudad. A las 10 de la noche, la policía anuncia otro homicidio.

Un hombre de 37 años ha sido encontrado muerto en un área extrañamente tranquila del sur de Baltimore.

En el estacionamiento, uno de los organizadores del alto el fuego reflexiona sobre algo que un joven le dijo durante la campaña.

“Dijo que mucha gente tiene problemas con alguien en lugares donde no hay quien medie entre ellos. Si ven a esa persona en alguna parte, no van a pensar”, dice. “Ese es un problema que no podemos solucionar”.

A medianoche ya hay artículos en internet que señalan que el alto el fuego ha “colapsado” y los trolls de Twitter dicen que el esfuerzo ha fracasado.

Alrededor de la 1 de la madrugada, Bridgeford sube al asiento trasero de su auto y deja que sus hijos la lleven a su casa. En la oscuridad, inicia una transmisión de Facebook Live.

“Ese primer reporte… simplemente me golpeó, como si alguien con quien me crié hubiera sido asesinado, todavía no conozco los nombres de las personas”, dice.

“He sido extremadamente bendecida, pero estoy extremadamente desconsolada”, agrega.


Día 3: domingo, 6 de agosto

Uno de los agujeros de bala dejados por el ataque a Devrone McKnight.

En 2001, un hombre de 27 años llamado Antoin Lamont McKnight fue asesinado a tiros en un rincón desolado en el barrio de Sandtown en el oeste de Baltimore.

Fue trasladado al Maryland Shock Trauma Center, donde murió. Su asesino nunca fue capturado.

Dieciséis años más tarde, el hijo de Antoin McKnight, Devrone (el que se unió a la campaña tras ser dado de alta), fue llevado al mismo hospital con una herida de bala en la cara.

A diferencia de su padre, Devrone sobrevivió.

Tenía siete años cuando asesinaron a su progenitor. No sabe mucho de las circunstancias en las que estaba involucrado, pero admite que, al igual que muchos en Baltimore, puede haber estado enredado en algún tipo de actividad criminal.

“No quería ser así, así que hice todo lo que estaba a mi alcance para mantenerme alejado de la vida callejera”, dice.

Devrone McKnight todavía tiene restos de bala incrustados en su mejilla y cuello.

Devrone trabaja en el mismo hospital donde murió su padre y estudia gerencia en la construcción en la Universidad Estatal de Morgan.

Antes pensaba que si simplemente estudiaba, trabajaba y se preocupaba de sus propios asuntos, nunca terminaría como su padre.

Pero los fragmentos de bala incrustados en su cara y cuello demuestran lo contrario.

En 2017, 404 personas han sobrevivido a heridas de bala, según la Policía de Baltimore.

McKnight se siente extraordinariamente afortunado de que, a diferencia de los dos hombres que murieron el sábado, él tenga la oportunidad de involucrarse.

“Me siento un poco triste y mal por no reaccionar antes”, dice.

Manifestantes de la campaña caminan por Baltimore.

La última mañana del alto el fuego alrededor de 150 manifestantes marchan solemnemente por la alcaldía de la ciudad de Baltimore y entran en un estudio de televisión donde leen los nombres de las más de 200 personas que han sido asesinadas en 2017.

Unos hombres con tambores en la mano tocan dos veces después de cada nombre.

La gente empieza a llorar. Hay suspiros cuando se lee algún “no identificado”.

Bridgeford lee los nombres -no se conocen los apellidos- de las dos personas que murieron el sábado.

Kim Ford lleva una foto de su hijo, Troy Biggus, que fue asesinado cuando tenía 21 años.

A medianoche, el cierre oficial del alto el fuego, Bridgeford está en su casa, pero ha recuperado el buen humor.

“La gente que llamó y dijo que su pandilla no (mataría), su pandilla no lo hizo”, dice.

“Baltimore alcanzó un período de 41 horas sin asesinatos y luego desde las 10 de la noche del sábado hasta la media noche del domingo, son otras 26 horas sin asesinatos. Pero esas cinco horas de en medio es lo que quiero que la gente recuerde”.

Al día siguiente, los organizadores de la campaña se reúnen. Están convencidos de que su trabajo no termina: una de las primeras medidas que tomarán es ayudar a pagar los entierros de los dos hombres que murieron.

Sin embargo, Bridgeford declara que la actividad fue un éxito. Por un solo fin de semana, dice, algunas de las comunidades más abatidas en Baltimore se permitieron tener esperanza.

“No estén adormecidos… Necesitamos recordar esa sensación de cómo era cuando nos importaba (lo que pasaba)”, dice.

Temprano a la mañana siguiente, la Policía de Baltimore difunde los nombres de las víctimas del sábado: Lamontrey Tynes y Donte Johnson. Además, reportan otro asesinato, el número 212 de la ciudad.

Calle de Baltimore
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Cuartoscuro

Población en cárceles crece a ritmo récord en 2020: hay 14 mil reos más que al inicio del año

En pleno año de pandemia se dispara en México el envío de personas a la cárcel sin sentencia. Es el mayor crecimiento en ingresos de los últimos 10 años.
Cuartoscuro
15 de diciembre, 2020
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En 2020 la cifra de personas que ingresan a cárceles crece a niveles récord en México. En tan solo 10 meses, con todo y pandemia sanitaria, el número de reos se ha elevado en 13 mil 840 internos respecto a los que había al arranque del año. Y con ello la sobrepoblación se ha agravado: más del 40% de los penales ya registran condiciones de hacinamiento.

Este disparo en la población penitenciaria, el mayor de la última década y que revierte una tendencia a la baja que se había logrado tras la reforma al sistema penal, no es resultado de un mayor número de sentencias condenatorias sino del creciente encarcelamiento de personas de manera “preventiva”. Es decir: personas detenidas, pero sin sentencia.

Leer más: A siete meses de la Ley de Amnistía: hay 762 peticiones presentadas, pero ninguna concedida

Datos oficiales del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) confirman que mientras en diciembre de 2019 el 37% de todos los internos eran personas en prisión preventiva, para octubre de 2020 el porcentaje ya ascendía a 42%. En total 90 mil personas recluidas sin condena.

“Es gravísimo, lamentable y absolutamente vergonzoso que sobretodo en el año de la pandemia, cuando incluso países como Irán, Afganistán o Turquía redujeron su población penitenciaria hasta un 30%, aquí ha pasado lo contrario. Además, se han reducido los presupuestos para las cárceles y si ya antes había problemas ahora se ha exacerbado”, señala la antropóloga e investigadora experta en sistema penitenciario, Elena Azaola.

El incremento se concentra, de acuerdo con la estadística oficial, en la población detenida por delitos del fuero común (robos, extorsiones, homicidios, etcétera), por lo que las cárceles locales registran los mayores incrementos. Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León presentan, en términos absolutos, el mayor crecimiento en ingresos a sus reclusorios, aunque en general la población penitenciaria ha ascendido en 28 de los 32 estados.

El incremento de delitos de prisión preventiva automática impulsado por el actual gobierno federal es una de las razones detrás de esta alza, pero no es la única, señala Alejandro Jiménez Padilla, abogado penalista y coordinador de la Clínica de Defensa Penal Pública de la Universidad Iberoamericana. A ello se suma el abandono de las unidades responsables de diseñar medidas alternas a la prisión y, sobretodo, la predilección de las fiscalías por encarcelar a personas para crear la apariencia de que se hace justicia efectiva.

Es un encarcelamiento de personas legalmente inocentes, dice Jiménez, que en muchos casos es tolerado y celebrado por la misma sociedad.

Población penitenciaria en ebullición

De acuerdo con los datos del OADRPS, al cierre de octubre pasado la cifra de personas en prisión en México ascendía a 214 mil 776, un crecimiento de casi el 7% respecto a las 200 mil 936 que había en diciembre de 2019. En números absolutos, son 13 mil 840 internos más en 10 meses.

Pese a que el registro aún no contabiliza el último bimestre de 2020, lo acumulado hasta octubre ya representa el crecimiento más rápido de población penitenciaria de la ultima década. Esto amenaza con revertir la disminución que se había conseguido luego de la entrada en funcionamiento del sistema penal acusatorio.

Antes de 2020, el mayor ascenso se había registrado en 2011, cuando el número de internos se elevó en 11 mil 916 personas. Al año siguiente, el total de internos creció en 8 mil 146 internos y para 2013 se volvió a elevar con 7 mil 245 más.

En 2014, la cifra de reos mantuvo un comportamiento al alza con 9 mil 304 ingresos más que al cierre del año anterior. Pero a partir de 2015 inició una tendencia de decremento que año con año se mantuvo hasta 2018, y que significó una reducción de 57 mil 650 reos en todo ese periodo.

El inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador significó también el fin de la reducción de la población penitenciaria. En 2019 se registró, por primera vez en cinco años, un repute de la población total con 2 mil 948 reos mas al cierre del año, respecto a los que había en 2018.

De mantenerse la actual tendencia, para 2023 la cifra total de internos podría regresar a los niveles de 2014, año en el que había un cuarto de millón de personas en prisión.

Más de 90 mil reos sin condena

Por otro lado, los datos del OADPRS muestran que el crecimiento en la población penitenciaria de este año se contra en el universo de personas presas de forma preventiva, pero sin condena. Mientras que en diciembre de 2019 la cifra era de 75 mil 287 personas en prisión preventiva, para octubre de 2020 ya sumaban 90 mil tres.

Al menos 4 de cada 10 personas presas está privada de su libertad sin que haya constancia real de que cometieron un delito.

En cambio, la cifra de personas en prisión que sí se probó que cometieron un delito con una sentencia condenatoria no solo no ha crecido, sino que incluso se redujo. Pasaron de 125 mil 649 en diciembre de 2019 a 124 mil 773 en octubre de 2020. Casi mil internos menos.

“El foco que debería estar en sentencias condenatorias o vías alternativas se deja en segundo plano y lo inmediato que es dejar a una persona en prisión preventiva se vuelve el objetivo real. Es una distorsión que deriva en que muy probablemente se esté castigando a personas que no lo merecen. Personas que posiblemente con un juicio mas rápido estarían en libertad”, señala el abogado Jiménez Padilla.

Crecen los presos en 28 estados

Loa datos muestran que el ascenso de la población penitenciaria es impulsado por la detención y encarcelamiento preventivo de personas por delitos del fuero común, las cuales pasaron de 63 mil 843 en diciembre de 2019 a 77 mil 951 en octubre de 2020. Un incremento del 22%. En cambio, los detenidos y procesados por delitos federales solo ascendieron 5%.

Lo anterior se traduce en un ascenso generalizado en los ingresos a los penales estatales y municipales ubicados en 28 entidades federativas. Las únicas excepciones son Baja California Sur, Colima, Guerrero y Yucatán.

En términos absolutos, los mayores incrementos se registran en los penales del Estado de México, donde la población total este año pasó de 29 mil 837 internos a 32 mil 218, es decir, un crecimiento de 2 mil 381. Le sigue Ciudad de México, donde ascendió de 24 mil 730 a 26 mil 722, un incremento de 1 mil 992 internos, y Nuevo León que pasó de 6 mil 484 a 7 mil 919 internos, que son mil 435 más.

Pero en términos de proporción, Coahuila registra el mayor incremento en su población penitenciaria con un alza del 35.8% en apenas 10 meses, al pasar de 2 mil 169 internos a 2 mil 947. Le sigue Nuevo León con un ascenso del 22%; Tlaxcala con un 17 %; Chiapas con 16%; y Puebla con casi 14%.

Entérate: Cárceles enfrentan el COVID con sobrepoblación, sin doctores ni insumos médicos: CNDH

Sobrepoblación, COVID, saturación del sistema judicial…

De acuerdo con los expertos consultados por Animal Político, el crecimiento de la población penitenciaria atrae consigo múltiples riesgos. Uno de los más evidentes es el del agravamiento de las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación.

Los datos oficiales lo prueban: el número de centros penitenciarios en México que tienen una cantidad superior de internos respecto a sus espacios disponibles, es decir que están sobrepoblados, creció de 106 a 127 este año, y equivalen al 43.6% de todas las cárceles del país.

Y mientras que a nivel nacional se reportaban al cierre del año pasado 16 mil 618 espacios disponibles en las cárceles estatales y federales, dicha cifra ya se redujo a solo 4 mil 302, y al ritmo actual para el próximo año podría no quedar ninguno.

“Hay penales como los del Estado de México que son un infierno. Una celda pensada originalmente para 4 personas alberga a 30 personas. No hay ni aire suficiente, menos agua y espacio. Ni siquiera hay que especular con lo que puede pasar después porque la realidad es suficientemente espantosa para dar cuenta de ella en este momento”, señaló la antropóloga Elena Azaola.

La cifra creciente de personas encerradas acarrea consigo problemas de salud y más en un año de pandemia. Los esfuerzos que en su momento fueron anunciados por el Estado, como incrementar las liberaciones anticipadas o la aprobación de una Ley de Amnistía, no ha tenido efecto alguno en la despresurización de las cárceles.

“El panorama es desolador. Si de por si la gente no tenía ni medicamentos indispensables para diabetes o hipertensión arterial. Y si alguno se queja ante un juez de ejecución los acusan, hostigan o atormentan. Ahora con el COVID esto se vuelve aun más grave”, dice Azaola.

De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Prisiones, hasta el pasado 13 de diciembre 242 internos ya habían perdido la vida a causa de la nueva enfermedad y estos son solo los casos confirmados y reportados.

El penalista Jiménez Padilla agrega que con la saturación en las cárceles también crecen los riesgos de seguridad y de gobernabilidad en los mismos. Pero, además, un número creciente de personas en prisión preventiva significa una mayor cifra de procesos penales que pueden saturar el sistema de justicia penal y crear cuellos de botella.

El cierre de cárceles y las falsas salidas

El 15 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se cierra el centro penitenciario federal número 3 Noreste ubicado en Tamaulipas. Con ello se trata del cuarto penal federal que se cierra luego de que en meses previos también fueron desincorporados los centros federales ubicados en Jalisco, Tabasco e Islas Marías.

Tanto Jiménez como Azaola consideran que si bien, en apariencia el cierre de prisiones parecería un mensaje en la dirección de buscar una justicia menos punitiva y carcelaria, la explicación detrás de esto es mas bien económica. Ello ya que se necesita trasladar reos hacia otros penales construidos en los últimos años en colaboración con empresas privadas, con los cuales hay recursos comprometidos por 22 años y tienen que estar ocupados.

En efecto, los datos prueban que en dichos centros penitenciarios llamados CPS ubicados en estados como Sonora, Guanajuato, Oaxaca o Michoacán, la población penitenciaria ha crecido en niveles de 10 hasta 30% tan solo en 2020.

“Son ocho centros de la iniciativa privada que casi se habían vaciado. Estaban operando a menos de media capacidad y eran elefantes blancos… monstruosos. Así que ahora se han cerrado otros para llevar a estos centros a sus internos. Y es que por esos centros se firmaron contratos por 22 años. Una locura”, señaló Azaola.

En ese contexto, la investigadora añade que se ha privilegiado el aprovechamiento de recursos para estos centros federales en lugar de destinarlo a cárceles estatales y municipales que son las que están resintiendo el crecimiento de la población penitenciaria y que se encuentran en condiciones deplorables. 

“Este tipo de centros fueron un rescate a una crisis inmobiliaria. La lógica es maximizar las ganancias y reducir los costos y los costos son derechos de personas privadas de la libertad”, agrega por su parte Jiménez Padilla.

El fondo del problema, señala el penalista, es que el actual gobierno ha materializado y fortalecido una falsa salida que se sembró desde que se aprobó la reforma penal de 2008: la figura de encarcelamiento preventivo como sinónimo de justicia. 

Es una formula cuya existencia se justificó inicialmente como una “medida excepcional” para delitos de alta gravedad pero que, con el paso de los años, se ha ido ampliando cada vez a más ilícitos primero con una reforma constitucional y luego con normas secundarias. Todo ello con la finalidad de cubrir el déficit que hay en las capacidades de investigación de las fiscalías en México.

“La prisión preventiva era un régimen de excepción que se ha ido convirtiendo en la regla. Lo que debería ser solo una medida cautelar se convierte en un fin, como si eso fuera justicia. Y eso se ve en los comunicados con sentido triunfalista de las fiscalías anunciando que logran vinculaciones a proceso y prisiones preventivas (…) Se aparenta contundencia y eficacia y tenemos una sociedad que, a su vez, se conforma con eso. Es un desprecio a la justicia real”, concluye Jiménez.

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