[contextly_sidebar id=”pkZXrjluBliGrZp1EYE6ESIb56xnTXX2″]A tres meses de la muerte de Lesvy Berlín Osorio, quien según su familia y defensa fue asesinada por su novio, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio presentó un peritaje realizado por un maestro en criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), para intentar refutar la versión de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que presume que la joven se suicidó.
El pasado 3 de mayo, el cuerpo de Lesvy fue hallado en una caseta telefónica de las instalaciones del Instituto de Ingeniería en Ciudad Universitaria (CU), de acuerdo a la procuraduría capitalina la joven rodeó su cuello con el cable telefónico y se dejó caer provocándose la muerte por asfixia.
El peritaje independiente determinó que la joven no podría suicidarse en un espacio tan reducido, porque su cuerpo no lograría suspenderse y causar la fuerza necesaria para la asfixia.
Víctor Chávez, maestro en criminalística del INACIPE, explicó que la reconstrucción se hizo en una caseta telefónica de 1.80 metros, con un cable de 80 centímetros y con una mujer de 1.62 metros de estatura, como Lesvy. La joven que participó en el ejercicio rodeó su cuello con el cable telefónico y dejó caer su cuerpo para comprobar si era posible un suicidio.
“No se pudo lograr la suspensión del cuerpo, por lo tanto no pudo haber asfixia… no hay suficiente presión alrededor del cuello… En ninguna pudimos reproducir la posición final en la que fue encontrada Lesvy, ya que no son mecánicas suicidas”, argumentó el perito independiente.
Aunque esta reconstrucción, por el momento, no tiene validez jurídica ante las instancias de justicia capitalina, las organizaciones que participaron esperan que su difusión ayude a entender las demandas que tiene la familia, en este caso.
Familia de Lesvy lucha contra la criminalización de la joven
“Estamos aquí denunciado el actuar y las declaraciones de la procuraduría, que responsabilizó a la víctima de lo acontecido, por ‘haber consumido drogas y alcohol dentro del campus, y por deserción escolar‘”, expresaron los familiares y amigos de la joven, en un mitin que se organizó en CU para recordar el caso.
Aracely Osorio, mamá de Lesvy, afirmó que seguirán protestando contra la criminalización que, dijo, hizo la procuraduría capitalina de la joven de 22 años, al ofrecer datos no comprobados sobre su vida e incluso difundir parte de las declaraciones de quien fuera su novio, y a quien la familia considera el responsable de su muerte.
“Quisieron conocer a Lesvy de esa manera porque así les convenía. Vamos a seguir dando a conocer quién era Lesvy. Ya están sorprendidas las autoridades, y se van a sorprender más”, advirtió Aracely.
Poder Judicial determinará si presunto agresor será procesado por feminicidio
El pasado 10 de julio José Luis “N”, quien fuera el novio de la joven, fue vinculado a proceso bajo el cargo de homicidio simple doloso por omisión, según la hipótesis de la procuraduría capitalina él estuvo presente cuando Lesvy se suicidó, por lo que es considerado responsable de no impedir su muerte; lo que contradice la primera versión difundida por la PGJ, cuando informaron que la pareja de Lesvy negó haber estado con ella cuando murió.
Rodolfo Domínguez, coordinador general de Justicia Derechos Humanos y Género, quienes colaboran con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, explicó que desde hace dos semanas impugnaron la resolución del juez, y esperan que el Poder Judicial determine (en un máximo de 15 días) la próxima audiencia donde el presunto responsable podría ser acusado de feminicidio, y no sólo por homicidio doloso por omisión.
El código penal de la Ciudad de México establece que la máxima sanción que José Luis podría tener por un homicidio simple (de 8 a 20 años), no representa ni la pena mínima que alcanzaría de ser juzgado por feminicidio (de 30 a 60 años, por haber sido pareja sentimental de la víctima).
“Nuestra apelación lo que busca evidenciar es que hay una falta a la debida diligencia; no solo en la forma en cómo está investigando la procuraduría, sino en la forma en cómo está resolviendo el juez de control. Está siendo una investigación con falta de perspectiva de género”, explicó el abogado, quien asesora jurídicamente a la familia de Lesvy.
También advirtió que las autoridades tienen la obligación de considerar como evidencia los testimonios de amigos de la pareja, quienes aseguran que Lesvy era víctima de violencia en su relación.
Observatorio del Feminicidio investiga otros 6 asesinatos de mujeres en CDMX
Según Rodolfo Domínguez, la falta de seguimiento a los protocolos para la investigación de feminicidios es una constante en las autoridades de justicia capitalinas. Explicó que actualmente asesoran otros seis casos de posibles feminicidios donde la procuraduría cometió omisiones y no investigó con perspectiva de género.
“Hay omisiones y negligencias muy graves en las investigaciones, en la forma en que tratan los lugares del hallazgo, que muchas veces no acordonan adecuadamente, lo que significa pérdida de material probatorio fundamental. Hay mala búsqueda y preservación de indicios”, explicó.
Desde 2011, la Ciudad de México cuenta con un protocolo para la investigación de los asesinatos de mujeres, en el que incluso el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio colaboró. Sin embargo, Rodolfo Domínguez advirtió que actualmente desconocen los procesos de capacitación que se dan a los funcionarios públicos para que apliquen dicho mecanismo.
“Hemos detectado que muchas de las capacitaciones que reciben no están actualizadas. Y lo más importante: no hay mecanismos de evaluación de estas capacitaciones”, señaló.
El Informe sobre los avances financieros y programáticos en materia de Igual de Género, de la Ciudad de México, detalla que en el primer trimestre de 2017 se destinaron 1 mil 829 millones de pesos para que 77 instancias gubernamentales hagan diversas labores, entre ellas la capacitación con perspectiva de género de sus funcionarios. Para este año la PGJ capitalina tiene destinados 12 millones 447 mil pesos para la Atención Integral a Víctimas de Violencia, de los que ya gastó 5 millones 427 mil pesos.
En las recomendaciones se advierte que existe una “desarticulación entre las diferentes áreas que integran los informes, lo anterior provoca que éstos presenten datos incongruentes, incompletos e incluso que exista contradicción entre los diferentes apartados, lo que dificulta la revisión y análisis”, de las acciones realizadas.
También señala que “las personas designadas para las asesorías y/o capacitaciones no tuvieron incidencia en la programación de las acciones”, y agrega que “las asesorías deben ser complementadas con el trabajo organizado al interior de cada Ente Público”.
El caso de Lesvy, según el abogado, representa “muchos casos que son invisibilizados, que se toman como accidentes, se toman como suicidio, cuando realmente se trata de un feminicidio”.
