El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pide al gobierno mexicano reabrir el expediente de investigación del feminicidio de la joven Pilar Argüello Trujillo, pues aunque un hombre (ahora de 22 años de edad) confesó haber cometido el crimen, fue liberado.
[contextly_sidebar id=”aczoAMU7QEuPmdCJnQos27V4q3DKCiUt”]El hombre que cuando se cometió el crimen tenía 16 años de edad, fue consignado por la autoridad luego de que confesó haber asesinado y violado a Pilar, el 3 de septiembre del 2012, cuando ella se negó a sostener relaciones sexuales con él.
Sin embargo, dos meses después de su detención y confesión, un juez de la Sala de Responsabildad Juvenil en Veracruz consideró que la reconstrucción de los hechos elaborada a partir de su testimonio carecía de valor probatorio, y no se había realizado conforme a la Ley.
Además, aunque el homicidio fue cometido con violencia sexual, y por una persona vinculada sentimentalmente con la víctima, el asesinato de Pilar fue investigado como un homicidio doloso, y no como feminicidio.
En conferencia de prensa, los familiares y abogados de la víctima señalaron que esta es la primera vez que el CEDAW emite una comunicación individual, al considerar que se agotaron todas las instancias nacionales para obtener justicia, por el feminicidio de Pilar.
Fue liberado, aunque confesó haber matado a Pilar
La noche del 3 de septiembre de 2012, Pilar salió de su casa para ver a quien entonces era su pareja sentimental. Su familia no volvió a tener noticias de ella, hasta dos días después, cuando sus padres se enteraron de su asesinato, al ver su fotografía en un periódico.
Pedro Argüello, padre de la joven, explicó que su hija “chaparrita, morenita, a quien le gustaba ir a los bailes”, fue encontrada en un terreno donde se siembran chayotes, en el municipio de Coscomatepec, y su cuerpo presentaba señales de violencia física y sexual.
Su entonces pareja fue detenido y confesó haber bebido la noche en la que abusó sexualmente de ella, la asesinó y abandonó, debido a que ella se negó a sostener relaciones sexuales con él.
Aracely González, del Colectivo Equifonía, organización que acompaña a la familia de Pilar en la búsqueda de justicia por el feminicidio, señaló que presentaron el caso ante la el Comité de la ONU en agosto de 2014, y fue el pasado 21 de julio cuando el CEDAW recomendó a las autoridades mexicanas eliminar los obstáculos que hayan impedido llegar a esclarecer el feminicidio y la identificación de sus autores.
Además de reabrir el caso, el Comité CEDAW pidió al gobierno de Veracruz que garantice los procesos para investigar, enjuiciar y castigar los casos de feminicidio, eliminar trabas estructurales y capacitar al personal policiaco y jueces.
Feminicidios en Veracruz
Desde el 2011 se tipificó el delito de feminicidio en Veracruz. De 2012 a 2015 se cometieron 161 feminicidios en el estado, de acuerdo con información oficial. La mayoría de las víctimas pertenecían a las etnias otomí, nahua y totonaca.
Los municipios donde se registró el mayor número de feminicidios son Poza Rica (13), Xapala (13), Córdova (6), Coatzacoalcos (6), Veracruz (6) y Ozulama (5).
En el mismo periodo de tiempo, el número de casos de violencia familiar contra mujeres fue de 30,898 y se reportaron 27,221 denuncias por violación sexual, y otros delitos sexuales en el estado.
Este contexto de violencia llevó a que la Secretaría de Gobernación (Segob) emitiera la Declaratoria de Violencia de Género contra las Mujeres, para los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa, en noviembre de 2016.
Desde 2015, doce estados han declarado alerta de violencia de género en México. Sólo en 2017, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit activaron este mecanismo de protección, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres.
Aunque las recomendaciones del Comité CEDAW no son vinculantes, es decir, que el gobierno mexicano no está obligado a darles cumplimiento, las autoridades deberán informar sobre los avances del cumplimiento de las recomendaciones a la ONU, en seis meses.
