Menor desaparece tras ser detenida por autoridades migratorias; video de los hechos fue borrado
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Archivo / Cuartoscuro

Menor desaparece tras ser detenida por autoridades migratorias; video de los hechos fue borrado

Autoridades de migración detuvieron a una menor porque “parecía guatemalteca”. Tras comprobar que era mexicana, la liberaron pero ella se alejó caminando por el monte y desapareció, según la versión oficial. Los videos de los hechos fueron borrados.
Archivo / Cuartoscuro
Por Paris Martínez
30 de agosto, 2017
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La madrugada del 23 de junio de 2015, autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron un autobús de pasajeros, que se dirigía de Motozintla a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y obligó a descender a una adolescente de 17 años, con el pretexto de que “parecía guatemalteca”. Desde entonces, la menor de edad permanece desaparecida.

Los hechos ocurrieron en una garita migratoria ubicada en el ejido San Gregorio Chamic, del municipio Frontera Comalapa, instalaciones en las que el mismo INM reconoce que fue ingresada la menor de edad para ser interrogada, y que, por cierto, son monitoreadas las 24 horas por cámaras de videovigilancia.

Según la versión del Instituto Nacional de Migración, la adolescente fue detenida a las 3:00 horas de la madrugada, y supuestamente liberada, minutos después, al confirmarse que era mexicana. Sin embargo, según la versión de las autoridades, para ese momento su autobús ya había partido, y ella se alejó caminando en la oscuridad, por el monte.

Al detectar que la menor no llegó a su destino, sus familiares comenzaron por su propia cuenta la búsqueda, y luego de varios días lograron identificar y contactar a otros pasajeros del mismo autobús, quienes les informaron sobre la detención de la adolescente.

La familia tardó 22 días en dar con esos testigos y, por ello, fue hasta el 14 de julio de 2015 que se presentó una denuncia formal por la desaparición, ante la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra, de la entonces Procuraduría General de Justicia de Chiapas, hoy Fiscalía Estatal.

Lee> Hoy no comes: así amenazan a migrantes en México para que acepten la deportación voluntaria.

Con base en esta denuncia, las autoridades chiapanecas solicitaron al INM que entregue los videos de las cámaras de vigilancia. Esta solicitud fue formulada el 6 de agosto de 2015, es decir, 45 días después de la aprehensión y desaparición de la menor. Sin embargo, el INM ignoró la petición.

El Ministerio Público insistió una semana después, el 13 de agosto, y luego de seis días (el 19 de agosto), Migración informó que los videos habían sido borrados, porque “lo solicitado excedía el tiempo de almacenamiento” en los servidores de la institución, el cual es, según ésta misma, de 60 días.

Sin embargo, dicho argumento es mentira: las dos peticiones del MP chiapaneco solicitando los videos fueron presentadas dentro del tiempo de 60 días e, incluso, para el momento en que el INM emitió su negativa formal, en realidad sólo habían transcurrido 58 días desde la desaparición.

Es decir: el Instituto Nacional de Migración se negó a proporcionar estas imágenes, alegando que ya habían sido borradas, cuando aún faltaban 48 horas para que el sistema las eliminara.

Por ello, la familia de la menor desaparecida acudió ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para solicitar ayuda, institución que insistió en la presentación de los videos, con los mismos resultados: primero ignorar la solicitud, y ante un recordatorio, informar que los videos ya habían sido borrados.

Finalmente, la familia presentó una denuncia por la desaparición de la menor ante la Procuraduría General de la República (PGR), ya que los presuntos responsables de los hechos son los dos servidores públicos federales, adscritos al Instituto Nacional de Migración, que la capturaron.

A ellos, cabe destacar, se suma un tercer servidor público, pero estatal: un policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Público de Chiapas, que resguardaba las mismas instalaciones.

Tal como constató la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de la investigación que emprendió desde agosto de 2015 (y cuyos resultados se incluyen en la recomendación 31/2017), los dos funcionarios del INM aseguraron desconocer el paradero de la menor, y afirmaron que ella abandonó las instalaciones en un momento de “descuido”, por lo que se dedicaron a buscarla en las inmediaciones de la garita, sin lograrlo.

Sin embargo, durante una segunda declaración ante las autoridades, estos mismos funcionarios afirmaron que luego de que la menor salió de las oficinas, no la siguieron porque “ya le habíamos otorgado el beneficio de la duda y no teníamos motivos para detenerla”.

A esa contradicción en las declaraciones de los funcionarios federales se suma una más, del tercer servidor público involucrado, el policía auxiliar estatal que vigilaba el acceso a las instalaciones, y quien afirmó que la menor recibió la indicación de que se fuera.

Este policía afirmó que no se preocupó por la seguridad de la adolescente (varada en medio del monte, en la madrugada), ya que “mi función como policía es resguardar las instalaciones y la integridad de los agentes federales de Migración”.

A dos años de que esta menor fue obligada a descender del autobús en el que viajaba, ninguna de las autoridades, ni la Fiscalía Estatal de Chiapas, ni la PGR, ni el Instituto Nacional de Migración han aportado elementos que permitan dar con el paradero de esta adolescente.

En este tiempo, las únicas investigaciones que arrojaron algún resultado fueron aquellas realizadas por sus mismos papás y hermanos.

Ellos han recabado distintas pistas, inclusive la identidad de una persona que se dedica a la trata de mujeres, y que opera en el ejido San Gregorio Chamic (el mismo donde fue desaparecida la menor), un lugar en el que desde hace 20 años proliferan establecimientos donde se explota sexualmente a mujeres y niñas, principalmente indígenas, mexicanas o centroamericanas.

Según esos testimonios, esa persona (cuyo nombre se mantuvo bajo reserva) “ha bajado (de autobuses de pasajeros) a otras menores y las vende, en ese lugar todos los vecinos saben eso”.

Asimismo, la familia recabó el testimonio de una persona que reconoció a la menor, en el municipio de Comitán, cuando era trasladada por dos mujeres mayores, que la custodiaban, en agosto de 2016, un año después de su desaparición.

No obstante, ninguna autoridad ha realizado acciones para constatar la veracidad de estos testimonios y la víctima, hoy de 19 años, permanece ausente.

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Dondequiera hay cadáveres: cómo la segunda ola de la pandemia está devastando al estado más poblado de India

Con una población más grande que la de Brasil, el estado indio de Uttar Pradesh está siendo arrasado por la pandemia de COVID-19.
21 de abril, 2021
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India está siendo azotada por una severa segunda ola de covid-19 y muchos estados están luchando para hacer frente al aumento de casos.

Uttar Pradesh, el estado más poblado del país, se encuentra entre los más afectados y su gente está sufriendo a pesar de que las autoridades insisten en que la situación está bajo control, como informa la periodista de la BBC Geeta Pandey.

El padre de Kanwal Jeet Singh, Niranjan Pal Singh, de 58 años, murió el viernes en una ambulancia cuando lo transportaban de un hospital a otro.

Cuatro hospitales lo habían rechazado por falta de camas.

“Fue un día desgarrador para mí”, explicó por teléfono desde su casa en la ciudad de Kanpur.

“Creo que si hubiera recibido tratamiento a tiempo, habría vivido. Pero nadie nos ayudó, la policía, las autoridades sanitarias o el gobierno”.

Con un total de 851,620 infecciones y 9,830 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado, Uttar Pradesh no lo había hecho tan mal durante la primera ola que devastó a muchos otros estados indios.

Pero la segunda ola lo ha llevado al borde del colapso.

Las autoridades dicen que la situación está bajo control.

Pero imágenes perturbadoras de centros de pruebas abarrotados, hospitales que rechazan pacientes y piras funerarias ardiendo las 24 horas del día en los campos de cremación en la capital del estado, Lucknow, y otras ciudades importantes como Varanasi, Kanpur y Allahabad, han sido noticia nacional.

Con 240 millones de habitantes, Uttar Pradesh es el estado más poblado de India.

Es hogar de uno de cada seis indios. Si fuera un país separado, sería el quinto más grande del mundo por población, solo por detrás de China, India, Estados Unidos e Indonesia.

Políticamente, el estado también es el más importante de India: tiene la mayor cantidad de diputados (80) en el Parlamento, incluido el primer ministro Narendra Modi, quien, aunque es de otro estado, compite desde aquí.

Sin embargo, esta influencia política le ha traído poco desarrollo.

El estado tiene 191,000 casos activos en este momento y se informa de miles de nuevas infecciones diariamente, aunque se cree que las cifras son mucho más altas.

Esto ha puesto la frágil infraestructura de salud del estado en el centro de atención.

Entre los enfermos se encuentran el ministro principal del estado, Yogi Adityanath, varios de sus colegas de gabinete, decenas de funcionarios gubernamentales y cientos de médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud.

Los videos que compartió un periodista local en Kanpur muestran a un hombre enfermo tirado en el suelo en el estacionamiento del hospital Lala Lajpat Rai administrado por el gobierno.

A poca distancia, un anciano se sienta en un banco. Ambos han dado positivo por covid, pero el hospital no tiene camas para acomodarlos.

Afuera del hospital de Kanshiram, administrado por el gobierno, una joven lloró al explicar que dos hospitales se habían negado a admitir a su madre enferma.

“Dicen que se han quedado sin camas. Si no tienes cama, ponla en el suelo, pero al menos dale un tratamiento. Hay muchos pacientes como ella. He visto a varias personas que han sido rechazadas como nosotros”.

“El primer ministro dice que hay camas. Por favor, muéstrenme dónde están. Por favor, ayuden a mi madre”, dijo sollozando desconsoladamente.

“No vino nadie”

La situación en la capital, Lucknow, es igualmente terrible.

Sushil Kumar Srivastava fue fotografiado sentado en su automóvil, conectado a un cilindro de oxígeno mientras su desesperada familia lo llevaba de un hospital a otro.

Cuando le encontraron una cama, ya era demasiado tarde.

Su hijo Ashish estaba demasiado devastado para hablar. “Sabes lo que pasó. No estoy en condiciones de hablar”, expresó con la voz quebrada.

La nota escrita a mano en hindi del juez retirado Ramesh Chandra, solicitando ayuda después de que las autoridades no pudieran sacar el cuerpo de su esposa de su casa, fue compartida por cientos de personas en las redes sociales.

“Mi esposa y yo dimos positivo para el corona(virus). Desde ayer por la mañana, llamé a las líneas telefónicas de ayuda del gobierno al menos 50 veces, pero nadie vino a entregar ningún medicamento ni a llevarnos al hospital”.

“Debido al descuido del gobierno”, escribió, “mi esposa murió esta mañana”.

hospital administrado por el gobierno en Noida.

BBC
Gente esperando una prueba de covid frente a un hospital administrado por el gobierno en Noida.

Hace años que perdí la esperanza, por las malas instalaciones médicas que hay en este estado. Aquí es donde se encuentra mi aldea ancestral y conozco las dificultades de encontrar un médico o una ambulancia, incluso en tiempos normales.

Con una pandemia arrasadora, las dificultades se han exacerbado.

En la ciudad santa de Varanasi, que también es parte del distrito electoral del primer ministro Modi, reside Vimal Kapoor desde hace mucho tiempo.

Su madre de 70 años, Nirmala Kapoor, murió de covid en un hospital el jueves pasado. Describe la situación como “bhayavah”: aterradora.

“He visto a demasiadas personas morir en ambulancias. Los hospitales están rechazando a los pacientes porque no hay camas, las farmacias se han quedado sin medicamentos esenciales de covid y el oxígeno es escaso”.

Hospitals have been overrun in many cities

BBC
Los hospitales no pueden atender a todos los pacientes.

Kapoor señala que cuando llevó el cuerpo de su madre al campo de cremación, se encontró con un “lashon ka dher”, una pila de cuerpos.

El costo de la leña para la pira se ha multiplicado por tres y la espera para tener un lugar en la cremación ha aumentado de 15 a 20 minutos a entre cinco y seis horas.

“Nunca había visto algo así antes. Dondequiera que mires, ves ambulancias y cadáveres”, dijo.

Las historias de muertes y familias devastadas por la covid-19 abundan a medida que las infecciones continúan incrementándose.

El domingo el estado registró 30.596 nuevos casos, el recuento más alto en un solo día.

Incluso esto, dicen activistas y políticos de la oposición, no da una imagen real de la propagación de la infección.

Acusan al estado de mantener bajo el recuento de casos y muertes al no llevar a cabo suficientes pruebas y al no incluir datos de laboratorios privados.

Y la afirmación parece estar sustentada.

Ghaziabad in Uttar Pradesh

Getty Images
Un fallecido por covid cremado en Ghaziabad en Uttar Pradesh.

Muchas personas con las que hablé dijeron que no se habían hecho la prueba o que sus resultados positivos no se habían incluido en el sitio del gobierno estatal.

Desde Lucknow, Ajay Singh, de 62 años, me envió el análisis positivo de la prueba de su esposa, la cual no se menciona en los registros estatales.

Y ni Singh, que murió en Kanpur, ni la madre de Kapoor, que murió en Varanasi, fueron incluidos en el recuento estatal de víctimas.

Sus certificados de defunción no mencionaron el coronavirus como la causa de la muerte.

Los medios indios también han cuestionado los datos del gobierno, con informes de un desajuste entre el número oficial de muertes y los cuerpos en los crematorios de Lucknow y Varanasi.

Anshuman Rai, director de Heritage Hospitals, un grupo privado que dirige colegios médicos y hospitales en el estado, describe la situación como “extraordinaria”.

“La razón por la que los servicios no funcionan es porque demasiados trabajadores de la salud, incluidos médicos, enfermeras, mensajeros y técnicos de laboratorio, se están enfermando”, indica.

“En un momento en que deberíamos estar trabajando al 200%, ni siquiera podemos hacerlo al 100% porque el sector de la salud depende totalmente de la mano de obra”.

Los críticos culpan al gobierno estatal y federal por no anticipar la segunda ola.

Dicen que hubo una pausa entre septiembre y febrero cuando los servicios de salud y la infraestructura podrían haberse reforzado, el estado podría haber creado bancos de oxígeno y abastecerse de medicamentos, pero desaprovecharon la oportunidad.

Y con el virus propagándose rápidamente, es poco probable que las cosas mejoren pronto.


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