¿Cuántos eran, en qué condiciones, hay más desaparecidos? Las dudas de la textilera colapsada
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Francisco Sandoval

¿Cuántos eran, en qué condiciones, hay más desaparecidos? Las dudas de la textilera colapsada

Autoridades y rescatistas pararon este viernes 22 de septiembre las labores de rescate en el edificio de Chimalpopoca; se presume que entre las víctimas se encontraban obreras indocumentadas
Francisco Sandoval
Por Francisco Sandoval Alarcón y Nayeli Roldán
23 de septiembre, 2017
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Justo a las 2:30 horas de la tarde del viernes 22 de septiembre, autoridades y brigadistas voluntarios pararon las labores de rescate en el edificio que se derrumbó en las calles de Bolívar, esquina con Chimalpopoca, en la colonia Obrera, delegación Cuauhtémoc.

Las labores se detuvieron sin que hasta el momento las autoridades de la Ciudad de México tengan la certeza de cuantas personas y empresas trabajaban en el edificio, y si todos los empleados extranjeros que allí laboraban contaban con los papeles en regla para trabajar legalmente.

El embajador de Guatemala en México, Arturo Duarte Ortiz, reconoció que las autoridades consulares de su país tuvieron conocimiento de versiones, no confirmadas, de que entre las víctimas del derrumbe se encontraban obreras textileras provenientes de Centroamérica, contratadas de manera ilegal.

Ante las versiones que circularon en las redes sociales, el embajador ordenó a su personal corroborar la información con las autoridades, rescatistas y representantes de las empresas que cohabitaban el edificio, por lo que una comitiva encabezada por diplomáticos de Guatemala, Honduras y El Salvador acudió hasta el lugar del siniestro.

De acuerdo con el embajador, la comitiva fue recibida por los representantes de las empresas y autoridades quienes respondieron a las preguntas planteadas, entre éstas las relacionadas con la identidad y nacionalidad de las víctimas.

La información que les proporcionó el Forense es que entre las víctimas se encontraban los cadáveres de mujeres de nacionalidad taiwanesa y el de un hombre de nacionalidad surcoreana. Ninguna de las victimas era centroamericana.

Además, en la reunión las autoridades les informaron que existía la firme sospecha de que en estas empresas laboraban obreras asiáticas de manera ilegal.

Hasta el viernes 22, sin embargo, las autoridades encargadas del operativo de rescate desconocían el número total de empleadas, esto porque los representantes de las compañías no habían entregado la relación de sus trabajadoras.

La información forense

En un comunicado, el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México informó que hasta la tarde del viernes se habían entregado ocho cadáveres de personas extranjeras que perdieron la vida a consecuencia de los derrumbes provocados por el sismo del pasado martes.

“Se trata de cuatro cuerpos femeninos de personas de nacionalidad taiwanesa; otro femenino panameña. Asimismo, tres masculinos: uno de nacionalidad coreana (del Sur), otro de española, y uno más de argentina”, sin especificar el lugar de los fallecimientos. No sólo eso, la institución dijo que el número de cuerpos plenamente identificados entregados a familiares pasó de 60 a 64.

“A este corte, solo permanece en el Incifo un cadáver (femenino) en calidad de desconocido, el cual fue trasladado desde un inmueble colapsado en la calle de Huichapan, colonia Condesa”.

“Todo fue muy rápido”

Ricardo Contreras Santana fue uno de los trabajadores del edificio de Bolivar 168, esquina con  Chimalpopoca, que se salvó de quedar atrapado en los escombros del inmueble.

Era chofer de la empresa SEO Young Internacional, dedicada a fabricar bisutería para vestidos. Entrevistado por Animal Político, reconoció que la empresa se encontraba en el tercer piso del edificio.

De acuerdo con la versión de Ricardo, la empresa estaba compuesta por 9 trabajadores, 4 hombres y 5 mujeres. Su jefe era el ciudadano coreano (del sur), Esteban Choo. El martes 19 sólo laboraban 7 personas, entre ellos él y su jefe.

Ricardo fue el único sobreviviente. Todos sus compañeros y su jefe (cuyos cuerpos fueron rescatados), quedaron atrapados entre los escombros. Un video que circula en redes sociales, tomado por una persona que se encontraba en el estacionamiento público contiguo al edificio, muestra como en 2 segundos la estructura del inmueble se derrumbó.

“Minutos antes del sismo yo estaba en el tercer piso con mis compañeros, cuando mi patrón me mandó a recoger su comida. Diariamente él mandaba por su comida. Éramos 3 choferes y cada día uno iba por la comida y ese día me tocó a mí. Al salir de la puerta del edificio, a los 5 metros, comenzó a temblar y yo vi cómo se cayó. Todo fue muy rápido”.

De acuerdo con Ricardo, en las cuatro plantas del edificio de Bolívar, cuya fachada no contaba con letreros o aparadores, sino que tenía ventanales que no permitían ver nada en su interior, cohabitaban diferentes empresas.

El cuarto piso estaba dividido en dos partes. En una mitad operaba “una compañía de refacciones para autos” y en la otra una empresa dedicada a la venta de vestidos; en el tercero piso estaba SEO Young; en el segundo, una importadora de juguetes y en el primer piso una maquiladora de vestidos para mujer.

Los cálculos de Ricardo refieren que había alrededor de 50 personas en el edificio el día del sismo, versión que contrasta con la declaración de una obrera (Beatriz Ballinas) que sobrevivió al derrumbe y que en entrevista con la BBC habló de 100 obreras.

De las 50 personas que calculó Ricardo, 21 murieron, 2 más fueron rescatadas y el resto alcanzó a salir del inmueble. El primer piso, dijo, era el más numeroso. Alrededor de 30 obreras; el resto de los trabajadores se encontraban distribuidos en el resto de los pisos.

El giro de las empresas

Aunque oficialmente no se han dado a conocer los nombres de las empresas que laboraban en el colapsado edificio de Bolívar 168, una búsqueda de Animal Político a bases de datos como el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), Registro Público del Comercio (RPC) de la Secretaría de Economía, diferentes páginas de negocios en internet, y la información de sobrevivientes, amigos y familiares de víctimas, arrojó que por lo menos cuatro empresas cohabitaban este inmueble.

En el cuarto piso se encontraba la empresa Dashcam System México S.A. de C.V, cuya página de internet refiere que es una “empresa joven y dinámica que se compromete a dar el mejor servicio a nuestros clientes, siempre enfocándonos en satisfacer las necesidades de todas aquellas personas que busquen productos de seguridad vial… especializados en productos de video cámaras para vehículos”.

En el tercer piso se encontraba la empresa SEO Young Internacional, dedicada a fabricar bisutería para vestidos.

La compañía Asia Jenny Importaciones, dedicada a la importación de juguetes chinos, es otra de las empresas que según los testimonios recabados operaba en este inmueble. Esta empresa aparece en el Padrón de Importadores del SAT. Se presume que es la empresa perteneciente a la familia de la joven de 23 años, Amy Yu Huang, cuyo cuerpo sin vida fue rescatado de entre los escombros el jueves 21 de septiembre.

Una cuarta empresa es New Fashion, dedicada a la fabricación de ropa para mujeres. El dueño era Jaime Azquenazi, integrante de la comunidad judía en la CDMX, quien de acuerdo con su yerno, abordado por la BBC el día del sismo, quedó atrapado entre los escombros (oficialmente no se ha dado a conocer si se encuentra entre las víctimas rescatadas con vida o fallecidas).

Sin ofrecer mayores detalles, dijo que la empresa de su suegro compartía el edificio con otras dos compañías, una de ellas de origen chino.

La historia de Amy

Cuando Amy Huang llegó a México tenía 10 años. Su familia abandonó Taiwán, su país de origen, para probar suerte y les fue tan bien que en los 13 años siguientes éste ha sido su único hogar.

Junto a sus dos hermanos menores aprendieron a hablar español rápidamente, gracias a que sus compañeros del Instituto Mexicano de Primaria y Secundaria les ensañaban hasta dichos populares. “Al principio se oían muy graciosos, porque tenían acento”, cuenta Armando Hernández, amigo de la familia quien era considerado como otro integrante más.

Amy estudió finanzas en la Escuela Bancaria y Comercial en la Ciudad de México, pero al mismo tiempo se encargaba de la administración contable de la empresa familiar: una importadora de productos chinos que comercializaba juguetes, tazas y vasos.

El martes 19 de septiembre fue a trabajar a la empresa que estaba en el segundo piso del edificio de Bolívar número 168, casi esquina con Chimalpopoca, en la colonia Obrera. A la 1:14 comenzó el sismo de 7.1 grados que hizo trizas el edificio. Ella no logró salir.

Este viernes 22, su familia identificó su cuerpo en el servicio forense. Fue encontrada entre los escombros del edificio en donde se encontraban las escaleras. Los compañeros de escuela de Amy participaron en las labores de rescate, hablaron a hospitales, con la esperanza de rescatarla con vida, pero la noticia los quebró a todos.

“He visto el video (en el que se registra el derrumbe), pero nunca me pasó por la cabeza que esa fuera la fábrica, hasta que me lo confirmaron. Desde ahí no pude volver a ver el video”, narra Armando.

Apenas tenía 23 años y su primera meta de vida adulta era poner una empresa de organización de eventos. Ya estaba planeándolo y esperaba comenzar pronto, dice Armando, quien abraza un oso polar de peluche, que era de la joven. También lleva una flor de peluche que Armando le regaló hace años. Dice que la representa porque está sonriendo, igual que Amy lo hacía siempre.

La última imagen que Armando conserva de Amy  fue verla bajar de su carro. Junto a los hermanos de Amy solían divertirse aunque “no éramos parranderos, sino conservadores. Jugábamos cartas, salíamos a Cuernavaca, por un café”, recuerda el joven.

Amy y otra mujer de origen asiático fueron las dos últimas víctimas rescatadas de entre los escombros del edificio de Chimalpopoca, cuyas labores de rescate se detuvieron este viernes. Tras el cese de los trabajos, ahora sólo queda esperar el informe de las autoridades en donde expliquen las interrogantes que han salido a relucir por el sismo, como las condiciones de seguridad en que operaba el inmueble que se colapsó literalmente en 2 segundos, el número real de empleadas, y la situación legal y laboral en las que se encontraban trabajando en el edificio.

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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