El gobierno compra alertas sísmicas, pero éstas desaparecen o se quedan en bodegas
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Ilustración: Jesús Santamaría (@Re_ilustrador)

El gobierno compra alertas sísmicas, pero éstas desaparecen o se quedan en bodegas

Solo en Oaxaca, el estado más afectado por el sismo del 7 de septiembre, hay 3 mil 400 alertas guardadas en bodegas del estado; mientras que en la Ciudad de México, otros 4 mil simplemente desaparecieron.
Ilustración: Jesús Santamaría (@Re_ilustrador)
Por Paris Martínez
12 de septiembre, 2017
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Oaxaca –el estado más afectado por el sismo del 7 de septiembre– cuenta desde 2012 con 6 mil radios de alertamiento sísmico, cuya distribución hubiera permitido advertir a la población hasta con 30 segundos de anticipación sobre la inminencia de un temblor fuerte.

Sin embargo, según información de la Coordinación Estatal de Protección Civil del estado, 60% de esos radios nunca fueron distribuidos y llevan más de cinco años guardados en bodegas.

Los 2 mil 546 aparatos restantes, por si fuera poco, solo se distribuyeron en los municipios de la región de los valles centrales del estado. Por ello, Juchitán –donde murió el mayor número de víctimas por el sismo del 7 de septiembre– no tenía ni una alerta.

Como parte del sistema de alertas, Oaxaca también adquirió 13 bocinas de alto alcance para difundir la señal de advertencia ante sismos, pero éstas, tal como los radios, solo se instalaron en la capital del estado.

Aunado a ello, a finales de agosto de 2017, el portal informativo NVINoticias.com, dio a conocer que el sistema de alerta sísmica dejó de operar en Oaxaca, desde enero pasado, por adeudos del gobierno estatal con el proveedor del servicio.

Entre julio de 2010 y julio de 2011, los gobiernos federal y de la Ciudad de México gastaron, en conjunto, 255 millones de pesos para modernizar el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, lo que incluyó las radios que no se repartieron en Oaxaca.

Al menos tres entidades más están en la misma situación: según información oficial, en la Ciudad de México, 4 mil 135 aparatos desaparecieron y 3 mil 297 permanecen en bodegas; en Michoacán no se conoce el destino final de los 200 aparatos asignados, y en Guerrero hay otros 2 mil 200 desaparecidos.

El titular de la Coordinación Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) de la Secretaría de Gobernación, Carlos Valdés González, reconoció que lo que se ha hecho con estos aparatos ha sido una “barbaridad”.

Anomalías en la distribución

El gobierno federal y el de la Ciudad de México gastaron 255 millones de pesos para modernizar el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SAS, creado tras los sismos de 1985), lo que implicaba renovar y ampliar la red de acelerógrafos instalados en la costa del Pacífico (con los que se detectan los temblores), así como distribuir entre la población 88 mil radios o alertas sísmicas. Esto entre 2010 y 2011.

Estos 88 mil radios debían ser instalados en escuelas, hospitales, inmuebles oficiales, espacios públicos y zonas habitacionales, no solo de la capital del país, sino también de otras entidades amenazadas.

Siete años después, los aparatos se pueden comprar hasta en Mercado Libre, con la calcomanía que indica: “Adquirido con recursos del Fideicomiso FONDEN para el proyecto de la Red Sísmica Mexicana, segunda fase”.

Tal como demuestran registros oficiales recabados por Animal Político, de los 88 mil aparatos adquiridos por las autoridades mexicanas para modernizar el SAS, al menos 12 mil 760 han desaparecido (equivalentes a 14% del total), mientras que 10 mil 506 (otro 12%) nunca se usaron y han permanecido guardados en distintas bodegas.

Estos mismos registros oficiales dejan ver que, a pesar de que el restante 76% de los radios se instaló, esto se realizó sin un plan previo de distribución, por lo que se concentraron solo en cuatro núcleos urbanos (Ciudad de México, Ciudad de Oaxaca, Acapulco y Chilpancingo), sin contemplar a otras localidades también en riesgo.

La ausencia de un plan de instalación hizo que, en la Ciudad de México, donde se instalaron la mayoría de los 88 mil radios, los aparatos hayan sido robados o mal instalados.

Un ejemplo de esto último es que hay edificios públicos con 48 aparatos, en lugares donde solo se requiere uno. Esto significa que menos de 10 mil inmuebles cuentan con una alerta, cuando solo en la delegación Cuauhtémoc hay más de 52 mil edificios “expuestos” a riesgo por temblores.

En cambio, otros puntos del país, también en riesgo sísmico, no recibieron un solo aparato.

Otros estados que también resultaron afectados por sismo del 7 de septiembre, y que no fueron contemplados en el reparto de estas alertas sísmicas, fueron Chiapas (epicentro del temblor), Hidalgo, Morelos, Estado de México, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Reparto sin cuidado: CDMX

Cuando las autoridades mexicanas adquirieron los 88 mil radios, en realidad no sabían dónde debían colocarlos y, por lo tanto, tampoco sabían si ese número de aparatos cubrían o excedían las necesidades del país.

Aún así, la compra se realizó a través de tres contratos asignados por adjudicación directa a dos proveedores, la asociación civil “sin fines de lucro” denominada Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), y la empresa MDreieck SA de CV.

En julio de 2010, el Gobierno de la Ciudad de México –con Marcelo Ebrard al frente–, contrató al CIRES para que modernizara todo el Sistema de Alerta Sísmico, lo que incluía renovar la red de acelerómetros, así como realizar “trabajos de campo, para la identificación física de las instancias, escuelas, hospitales, instalaciones vitales, etcétera, como potenciales usuarios que recibirán la alerta sísmica”, labor que CIRES debía llevar a cabo priorizando “los usuarios de acuerdo a sus características, funciones institucionales y vulnerabilidad”.

Sin embargo, cuando Animal Político solicitó al gobierno capitalino la “lista de usuarios potenciales” supuestamente elaborada por CIRES en 2010, para recibir los radios de alerta, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México informó que no se tiene registro de que dicha lista alguna vez se haya elaborado.

Así, aún sin saber en dónde serían ubicados, en noviembre de 2010, el Gobierno de la Ciudad de México compró a la empresa MDreieck 50 mil radios de alertamiento sísmico marca Sarmex.

Tal como demuestran los registros oficiales de las dependencias capitalinas que recibieron estos radios, la falta de un plan de distribución en la Ciudad de México provocó que miles desaparecieran (aún antes de ser instalados), y que otros tantos permanezcan en bodegas.

Por ejemplo, 2 mil 492 radios destinados a instituciones educativas de nivel básico de la Ciudad de México, desaparecieron, como reconoció oficialmente el gobierno de la ciudad.

Lo mismo ocurrió con 955 radios de alerta entregados a la delegación Miguel Hidalgo. Estos radios desaparecieron con todo y el expediente de donación, tal como informaron las autoridades delegacionales.

Otras delegaciones en los que desaparecieron todos los radios de alerta son Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

Además, hay instituciones que mantienen almacenadas la mayoría de los radios de alerta recibidos, como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX), que solo instaló 363 de los mil 400 aparatos. Los restantes mil 37 están guardados desde hace seis años porque “los inmuebles en uso o a cargo de esta entidad ya cuentan con los dispositivos necesarios”.

En total, de los 50 mil primeros radios de alerta sísmica comprados en 2010 por el Gobierno de la Ciudad de México, 4 mil 135 desaparecieron y 3 mil 297 permanecen en bodegas.

En enero de 2016, el sistema de advertencia con radios fue reforzado, pero ya no con más aparatos receptores, sino a través de la difusión de la alerta sísmica desde los altoparlantes con los que cuentan las cámaras de vigilancia policiaca repartidas en las calles de la Ciudad de México.

 

Reparto a lo bruto: gobierno federal

Para julio de 2011, el gobierno federal (con Felipe Calderón al frente del Ejecutivo), le compró al CIRES otros 38 mil radios, para distribuir en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y –nuevamente– en la capital del país.

El mismo contrato de compra establecía que el CIRES solo debía dotar al gobierno federal de los aparatos, mientras que “la distribución será responsabilidad de la Coordinación General de Protección Civil, bajo los criterios que ella establezca”.

El resultado fue el mismo: miles de radios robados o subutilizados.

En Michoacán, por ejemplo, las autoridades estatales dijeron que desconocen el destino de los 200 radios de alerta sísmica que les envió el gobierno federal en 2012, y aseguraron que “la ley no las obliga” a contar con esa información, a pesar de que la legislación dice lo contrario.

 

En Oaxaca, más de la mitad de los radios nunca se repartieron y los que sí fueron instalados, se ubicaron en un solo punto de la entidad –la capital y localidades aledañas–, ignorando al resto de la población.

Por sus características tecnológicas, el tiempo de advertencia previa que ofrecen estos radios depende directamente de la distancia que exista entre el punto donde fue ubicado cada aparato, y el epicentro del sismo.

Es decir, mientras menos distancia hay entre el radio de alerta y el epicentro del sismo, menos será el tiempo previo de advertencia.

De esta forma, los radios instalados en los Valles Centrales de Oaxaca solo sirven para los sismos lejanos, y pierden su efectividad ante aquellos originados en los mismos Valles Centrales.

Así, por ejemplo, cuando la capital de Oaxaca es epicentro de un sismo, los radios que se distribuyeron ahí suenan al mismo tiempo que comienza a sentirse el temblor e, incluso, varios segundos después.

Esta misma situación ocurre en Guerrero, en donde fueron entregados 3 mil radios.
Según información generada por la Secretaría de Protección Civil de dicha entidad en febrero de 2017, los radios fueron entregados a 12 municipios del estado (de los 81 ayuntamientos de la entidad).

Animal Político consultó a esos 12 municipios dónde se instalaron esos aparatos de alerta sísmica, pero solo dos respondieron: Coyuca de Benítez y Acapulco, que en conjunto recibieron 321 radios.

Acapulco es la única localidad costera del país en la que fueron instalados radios de alerta sísmica (298 aparatos), mismos que el pasado 7 de septiembre dieron aviso oportuno y permitieron el desalojo de inmuebles en riesgo.

Los otros 10 municipios de Guerrero, que recibieron 2 mil 220 aparatos, declararon que ignoran su destino, o simplemente no respondieron.

Además, la Secretaría de Protección Civil del estado informó que desde hace cinco años guarda 133 radios en sus bodegas. Los registros no indican qué pasó con otros 302 aparatos que desaparecieron durante el proceso de donación por parte del gobierno federal y su entrega a gobiernos municipales o instituciones públicas.

 

Cenapred: la pata del mueble

Para conocer qué criterios aplicó el gobierno federal para definir qué estados del país debían recibir los 38 mil radios que adquirió, Animal Político consultó a la Coordinación Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) de la Secretaría de Gobernación.

En entrevista, el titular de esta dependencia federal, Carlos Valdés González, recordó que la compra de estos 38 mil radios, a la que calificó como “barbaridad”, fue realizada por “las anteriores autoridades (federales)”.

Los registros oficiales indican que 36 mil de esos radios fueron repartidos durante los últimos tres meses del gobierno de Calderón; y los restantes 2 mil aparatos fueron distribuidos por el gobierno de Peña Nieto en los años 2013 y 2014.

“Cómo se seleccionó (a los estados que recibirían esos radios de alerta sísmica) ahí sí desconozco –aseguró el funcionario federal–, pero se dieron a estados afectados, Oaxaca, Guerrero y Michoacán; se dieron radios al Gobierno de la Ciudad de México; y se le dieron a instituciones del gobierno federal, privilegiando a las escuelas.”

En el Cenapred, señaló su titular, “no podíamos instalar ese número de equipos en 38 mil lugares diferentes. Entonces, qué se hizo: se entregaron los radios de alerta sísmica, a través de convenios, a muchas instituciones, y lo que dicen esos convenios es que esas instituciones debían informarnos en dónde instalaban esos aparatos, y darles mantenimiento.”

No obstante, añadió, “cada año nosotros les pedimos a esas instituciones que informen en dónde están esos radios de alertamiento, cuáles son sus coordenadas geográficas, dónde se instalaron, pero nosotros nos cansamos de mandar esas solicitudes (porque) hay algunas instituciones que abiertamente nos responden ‘no sé dónde están'”.

El director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres subrayó que “no está en nuestras manos fiscalizar (a esas instituciones) o decirles que nos regresen los radios por no darnos la información (acerca del uso que les dieron)”.

Al final, concluye, la distribución y aprovechamiento de esa tecnología, que “puede salvar vidas”, terminó en un acto de buena fe.

“Esa tecnología –insistió el funcionario– se entregó de la mejor manera, y cada quien es responsable (del destino que tuvo). Las instituciones que las recibieron deberían haber tomado los radios de alertamiento, instalarlos bien y estar muy al tanto de que funcionaran.”

“Nosotros cumplimos con el compromiso de entregar los radios –concluyó el director del Cenapred–. Pero es como con el directorio telefónico: cuando llegaba a mi casa, una tía lo usaba de pata de mueble, y el día que lo llegábamos a necesitar, ya no servía.”

 

Mercado Libre

En junio de 2016, en el sitio de ventas por internet MercadoLibre.com se puso a la venta un “Artículo nuevo”: un lote de radios de “alerta” que reproducen el sonido oficial del Sistema de Alerta Sísmica del gobierno mexicano, a un costo de 3 mil pesos por unidad.

La garantía de funcionamiento de estos radios no podía ser mejor: los logotipos de la Secretaría de Gobernación y de la Coordinación Nacional de Protección Civil, adheridas al aparato.

Tres días después de que esta oferta se ingresó al portal de compras, ya había tres aparatos vendidos.

“Éste es el cuarto”, dice I., un joven de, acaso, 20 años, mientras extiende la mercancía adquirida a través de Mercado Libre: una caja de cartón azul, con la imagen de un radio de alertamiento impresa, junto al logo de su marca “Sarmex”.

Dentro de la caja, el aparato, junto con un enchufe para la corriente eléctrica.

–¿Y qué tal funciona? –se pregunta a I.

–Es de los buenos –responde el joven, y muestra la etiqueta adherida al costado del aparato, en la que se señala que forma parte de una adquisición realizada por el gobierno federal, con recursos del Fondo de Atención a Desastres Naturales, FONDEN.

Por su propia seguridad, I. va acompañado de otro joven, como él, aunque mucho más alto, de 1.90 de estatura, y quizá 120 kilos de peso.

Tras el pago en efectivo y un apretón de manos, ambos jóvenes se van. La venta se realizó en el andén de la estación del Metro Santa Anita, en la delegación Iztapalapa.

Gracias al número de serie de este aparato, Animal Político pudo confirmar que fue adquirido por el gobierno federal en 2011, y luego donado, junto con otros 7 mil radios, al Gobierno de la Ciudad de México, que a su vez los distribuyó a distintos organismos locales.

Según los registros oficiales recabados, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México recibió 700 de esos receptores de la alerta sísmica, mismos que hasta la fecha se guardan en su bodega central. De esa bodega fue robado el radio que, en 2016, salió a la venta en Mercado Libre.

Días después de la compra en el Metro Santa Anita, I. se comunicó telefónicamente.

“Platícale a tus vecinos. Diles que tengo más radios, y si compran varios, les hago un descuento”.

Ese mismo día, en Mercado Libre se anunció que el precio de los radios de alerta sísmica robados al gobierno de la Ciudad de México aumentaba a 4 mil pesos.

 

 

*Esta investigación se realizó entre junio de 2016 y septiembre de 2017. Se presentaron mil 280 solicitudes de información pública bajo la Ley General de Transparencia, ante los gobiernos federal, de la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

 

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La 'nueva fase' de coronavirus de EU y por qué es una amenaza mayor que cuando empezó la pandemia

Estados Unidos se encuentra en una peligrosa fase de la pandemia, según la coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra la covid-19, la doctora Deborah Birx.
3 de agosto, 2020
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Hombre con mascarilla y bandera de EE.UU. detrás.

Getty Images

La epidemia de coronavirus en Estados Unidos ha entrado en una “nueva y peligrosa fase”.

Así lo advirtió la doctora Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra la covid-19.

La enfermedad está “extremadamente extendida” en el país y actualmente supone una amenaza mayor que cuando comenzaron los primeros brotes, a principios de año, dijo Birx el domingo.

Hasta este 3 de agosto, EE.UU. había registrado el mayor número de casos y muertes atribuidas al coronavirus de todo el mundo.

Según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, la primera economía mundial ha confirmado más de 4,6 millones de contagios y 155.165 muertes.

A nivel mundial, se han contabilizado más de 18 millones de casos y más de 690.000 fallecimientos hasta este 3 de agosto.

¿En qué consiste la “nueva fase”?

Hay una clara diferencia que marca esta nueva etapa en la que ha entrado Estados Unidos: las zonas afectadas.

Ya no solo son las zonas urbanizadas las más golpeadas, sino múltiples y diferentes áreas por todo el país.

“Esta epidemia ahora mismo es diferente y está más extendida. Y es tanto rural como urbana”, destacó el domingo Birx en el programa State of the Union, de la cadena CNN.

""La epidemia en EE.UU. ahora mismo es diferente y está más extendida. Y es tanto rural como urbana"", Source: Deborah Birx, Source description: Coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra la covid-19., Image: Deborah Birx

Birx lanzó una advertencia a las comunidades rurales por el escepticismo que mostraron algunas de ellas a la llegada del virus a sus zonas.

“A todo aquel que vive en un área rural: no eres inmune ni estás protegido contra este virus“, espetó.

La asesora de la Casa Blanca insistió en la necesidad de portar mascarilla, incluso dentro de la propia vivienda si hay personas de riesgo y se está en una zona donde se haya producido un brote.

También manifestó su preocupación por la gente que se está yendo de vacaciones a puntos con un alto número de casos, haciendo referencia a las visitas que ha realizado a 14 estados en las últimas tres semanas.

“A medida que viajaba por el país, vi a todo Estados Unidos moviéndose (…) Si usted ha decidido irse de vacaciones a un lugar muy afectado, necesita volver y proteger a aquellos con comorbilidades y asumir que está contagiado”.

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La epidemia de coronavirus en Estados Unidos ha avanzado durante estos últimos meses, especialmente en estados del sureste y medio oeste.

Si en marzo y abril, Nueva York y Nueva Jersey, en la costa este, eran los puntos más vapuleados por el virus, en las últimas semanas se han dado preocupantes aumentos de casos y muertes en California, Florida o Texas.

“Nosotros subimos mucho cuando el área metropolitana de Nueva York era el epicentro del brote. Luego las curvas comenzaron a descender de vuelta, pero no como sucedió en otros países (…) Nunca llegamos a descender a un punto realmente bajo”, explicaba el 30 de julio Anthony Fauci, el científico jefe del equipo especial contra el coronavirus de la Casa Blanca, en entrevista con la BBC.

“Cuando levantamos algunas restricciones con el objetivo de reactivar la economía en ciertas regiones del país, algunos estados del sur como Florida, Texas, Arizona o el sur de California empezaron a sufrir contagios. Entonces la base pasó de 20.000 casos diarios, a 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 e incluso 70.000 pacientes diarios”, añadió.

Hombre con cartel pidiendo la vuelta al trabajo.

Getty Images
La pandemia ha asestado un duro golpe a la economía estadounidense, con la consecuente pérdida de empleos.

Desde entonces, la mayor preocupación del gobierno es controlar esa situación pero también la de otras regiones que parecen empezar a atravesar lo que pasaron los estados del sur, puntualizó el experto.

Según datos recopilados por The New York Times, el país registró más de 1,9 millones de nuevos contagios en julio, cerca del 42% de los más de 4,5 millones de casos confirmados en todo el país desde que comenzó la pandemia y más del doble que cualquier otro mes.

Expertos en salud pública que vinculan el aumento de casos con la reapertura temprana han pedido nuevas medidas, si bien también continúan los llamados para seguir por el camino de la “nueva normalidad”, entre ellos, por parte del propio presidente.

Trump insiste en que el repunte de casos se debe al aumento en el número de pruebas realizadas y aboga por reabrir los colegios próximamente.

“Gran parte de nuestro país está muy bien”, aseguró Trump la noche del domingo, en claro contraste con la opinión manifestada por su asesora.

Disputa política

El presidente fue más allá este lunes y criticó abiertamente las declaraciones de Birx en televisión y calificó su intervención de “patética”.

Birx y Trump.

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Desde el Partido Demócrata se ha criticado a Birx, vinculándola a la “campaña de desinformación” de Trump.

Trump consideró que Birx había cedido a la presión por parte de los demócratas, en referencia a las críticas que trascendieron contra la doctora.

“Deborah mordió el anzuelo y nos golpeó. ¡Patético!“, señaló el mandatario en Twitter este lunes.

La líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, criticó a Birx por su supuesta disposición a adaptar su mensaje para conseguir el apoyo de Trump.

“Creo que el presidente está difundiendo desinformación sobre el virus y que ella es su responsable, así que no tengo ninguna confianza“, señaló Pelosi en la cadena ABC.

Birx, por su parte, ha defendido que sus decisiones siempre se han basado y se basan en la ciencia.

Mujer con mascarilla en Miami Beach.

Getty Images
Ante el repunte de casos en lugares como Miami, las autoridades impusieron la orden de portar mascarillas.

Mientras continúa la disputa política, una nueva proyección de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estima que el número de muertos por la crisis del coronavirus puede superar los 180.000 en el país para el 22 de agosto.

Y la sociedad sigue dividida en torno a la crisis, con cuestiones como portar una mascarilla, una práctica que los expertos recomiendan encarecidamente para frenar la propagación del virus pero que en Estados Unidos se ha convertido en un asunto extremadamente politizado.

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