¿Por qué Japón no destruye los misiles que lanza Corea del Norte?
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Foto: AFP

¿Por qué Japón no destruye los misiles que lanza Corea del Norte?

En la actualidad, Japón tiene un sistema de defensa antimisiles que funciona en dos etapas, una de ellas es el sistema de combate Aegis, desplegado en la zona en barcos de guerra de la isla, EU y Corea del Sur.
Foto: AFP
Por BBC Mundo
16 de septiembre, 2017
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Las alarmas antiaéreas de la isla japonesa de Hokkaido se activaron dos veces en poco más de 15 días.

No sonaron como parte de un simulacro, sino como respuesta a una amenaza real: el lanzamiento por parte de Corea del Norte de dos misiles balísticos que sobrevolaron la isla antes de caer en el mar.

Durante la última prueba, ocurrida esta semana, los japoneses recibieron una alerta del gobierno -vía mensaje de texto- a las 07:00 de la mañana recomendándoles buscar un refugio.

Entre las 07:04 am y las 07:06 am el proyectil sobrevoló Hokkaido antes de caer al mar poco después, lo que significa que los ciudadanos contaron con unos 4 minutos para ponerse a buen resguardo.

Todo esto hizo que muchos se preguntaran por qué el gobierno japonés no optó por destruir el misil.

“Realmente no tenemos práctica en evacuar, no sabemos qué hacer porque Japón no ha estado en guerra desde hace más de 70 años“, comentó a la BBC Avelino Fujimoto, un estudiante de medicina que vive Maebashi, al noroeste de Tokio.

“En general, Japón es un lugar muy seguro para vivir, pero el simple hecho de que no sabemos cuán potentes son estos misiles ni dónde podrían caer está generando temor en muchas personas”, agregó.

El ministro de Defensa, Itsunori Onodera, dijo que las autoridades siguieron el proyectil desde su lanzamiento hasta su caída en el mar y que el gobierno evaluó con rapidez que el misil no tenía Japón por objetivo.

De hecho, cayó a más de 2.200 kilómetros al este de Hokkaido.

Pero de haber optado por derribarlo, ¿qué opciones tiene en realidad Japón?

Ministro de Defensa de Japón, Itsunori Onodera.Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionEl ministro de Defensa de Japón, Itsunori Onodera, afirma que hicieron seguimiento del proyectil desde su lanzamiento hasta que cayó al mar.

Defensa antimisiles

En la actualidad, el país tiene un sistema de defensa antimisiles que funciona en dos etapas.

Por una parte está el sistema de combate Aegis, desplegado en la zona en barcos de guerra de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur.

Está diseñado para interceptar misiles que recién han sido lanzados o enmitad de vuelo.

Adicionalmente, Japón tiene desplegadas una serie de baterías del sistema de defensa Patriot de corto alcance, cuya función es derribar los misiles cuando empiezan a descender hacia su objetivo.

La combinación no es mala, pero tiene sus limitaciones.

Sistema de defensa antimisiles Patriot.Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionJapón tiene desplegado en su territorio un sistema de defensa antimisiles Patriot.

Para que el sistema Aegis funcione bien, los barcos deben estar ubicados en el lugar y el momento preciso para que la intercepción sea posible.

El sistema Patriot, por su parte, funciona muy bien cuando se trata de proteger lugares concretos, pero es menos eficaz para defender áreas muy amplias.

Japón tiene otras alternativas, pero son costosas y su instalación requiere tiempo.

Podría establecer un sistema adicional como el Terminal de Defensa de Área a Gran Altitud (Thaad, por sus siglas en inglés) que fue desplegado en la isla de Guam y que Estados Unidos ofreció para ser desplegado en Corea del Sur.

“El sofisticado radar del Thaad y su capacidad de destruir proyectiles a una elevada altitud reduciría las fugas producidas por los misiles interceptados, limitando el daño que sus restos causarían en zonas pobladas, una ventaja que sería incluso más valiosa en caso de ataque nuclear”, escribió en marzo de este año J. Berkshire Miller en la revista Foreign Affairs.

Pero un despliegue como este podría causar tensiones con China, como ya sucedió cuando se situó este sistema en Corea del Sur.

El gobierno japonés, por su parte, ya dijo que planea equipar a más de sus destructores con el sistema Aegis.

Además, el ministerio de Defensa indicó que quiere adquirir también un sistema terrestre, conocido como Aegis Ahore, que puede interceptar misiles por encima de la atmósfera y por encima del rango del Thhad, según The New York Times.

El problema es que ninguno de estos sistemas le daría a Japón una protección garantizada.

Esa es la razón por la cual ha habido un debate entre los responsables del área de defensa acerca de la adquisición de armas que permitan destruir misiles norcoreanos incluso antes de su lanzamiento, quizás conjuntamente con Estados Unidos.

“Japón podría comprar misiles Tomahawk a Estados Unidos, o podría utilizar el caza F-35A, que ha dicho que comprará en los años venideros, para atacar objetivos norcoreanos”, explica Berkshire Miller, miembro del centro de estudios Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores).

Estas piezas se adaptarían bien a los destructores que tiene el país en el Mar de Japón.

Prueba del sistema de defensa Aegis.Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionEl sistema de defensa Aegis permite interceptar misiles desde el mar.

Pero no está claro qué opciones serían legales en el marco de la Constitución pacifista de Japón que, establecida tras la segunda Guerra Mundial, limita en gran medida las posibilidades de desarrollar un ejército convencional y de efectuar acciones que no sean puramente defensivas.

El gobierno japonés estableció en 1956 que un ataque preventivo cae dentro de su derecho de autodefensa, pero según The New York Timesexpertos legales del país creen que esto significaría una ruptura de la política establecida después de laSegunda Guerra Mundial.

“Aunque la interpretación mayoritaria de la constitución sitúa el envío al extranjero de efectivos japoneses para el uso de la fuerza fuera de los límites de la autodefensa, no excluye explícitamente golpear objetivos en el extranjero con equipos basados en Japón. Esto deja la puerta abierta a los legisladores y abogados para justificar el uso de fuerzas preventivas”, asegura Berkshire Miller.

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Cuartoscuro

Gobierno de AMLO también militariza la detención de migrantes: en 82% participaron soldados y policías

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, el INM detuvo a 128 mil 180 migrantes. Para ese mismo periodo de tiempo, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina respondieron por transparencia que “coadyuvaron” en operativos para capturar a 104 mil 798.
Cuartoscuro
17 de diciembre, 2021
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Durante el tercer año de gobierno de López Obrador, las Fuerzas Armadas mexicanas participaron activamente en los operativos que hace el Instituto Nacional de Migración (INM) para contener el flujo de la migración indocumentada que trata de llegar a la frontera con Estados Unidos. 

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, el INM informó a través de la Unidad de Política Migratoria de la Segob que detuvo a 128 mil 180 migrantes. Para ese mismo periodo de tiempo, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), respondieron por transparencia a este medio que “coadyuvaron” en operativos que derivaron en la captura de 104 mil 798 migrantes. 

Es decir, que en el 82% de las detenciones de migrantes ocurridas en un año hubo intervención de soldados del Ejército, la Guardia Nacional y de la Marina. Especialmente del Ejército, que intervino en más de 90 mil casos, el 70% del total. 

Estos datos se producen en un contexto donde la Guardia Nacional y el Ejército mexicano están asumiendo en la presente administración cada vez más tareas, como controlar la seguridad de aeropuertos y carreteras, construir grandes obras de infraestructura, distribuir medicamentos, gestionar las aduanas, o participar en labores de contención migratoria.

Leer más | Presidente propone fortalecer papel de titular de la Sedena y crear una Comandancia del Ejército

Cabe matizar que, en sus respuestas, las tres instancias de seguridad subrayaron que no detienen a migrantes como tal, sino que su tarea se limita a brindar “seguridad perimetral” a los agentes del INM, que son los únicos facultados para detener a una persona por transitar sin documentos. De hecho, ninguna corporación habla de detenciones, sino todo lo contrario: hablan de “rescates”.  

Sin embargo, Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, en Coahuila, asegura en entrevista que, en la práctica, los soldados hacen mucho más que establecer un perímetro de seguridad y “rescatar” personas. 

“Quien hace la detención, en términos administrativos, es el INM. Pero, en términos prácticos, quienes hacen los operativos, quienes los persiguen y los suben en las camionetas detenidos, son directamente la Guardia Nacional o el Ejército”, asegura tajante el activista. 

En Tenosique, en la frontera sur mexicana con Guatemala, Fray Gabriel Romero, director de la Casa del Migrante La 72, corrobora esta forma de operar. 

“El INM y la Guardia Nacional trabajan a la par. La detención formal la hace el Instituto, pero el operativo lo hace la Guardia Nacional”, dice Romero, que detalla que, entre Tenosique y Villahermosa, en un trayecto de apenas 200 kilómetros, han contabilizado al menos ocho retenes del INM y la Guardia Nacional. “Hablan de rescates, pero es obvio que son detenciones”, hace hincapié.

En Tapachula, otra de las principales puertas de entrada de la migración que proviene de Centroamérica, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova ha documentado sobre el terreno que en los operativos conjuntos la Guardia Nacional emplea “tácticas castrenses” para “encapsular” y detener migrantes.

“Aunque en el papel sea un cuerpo de policía civil, todos sabemos que la Guardia Nacional tiene un corte militar. Y eso lo vemos claramente en las tácticas que utilizan”, expone Yuriria Salvador, integrante del Fray Matías. 

La activista dice que en las labores de monitoreo que realizan en la frontera sur han presenciado operativos de la Guardia Nacional en los que los soldados tiran árboles en la carretera para cercar el paso de las caravanas migrantes, a los que han agredido a plena luz del día, tal y como este medio documentó, por ejemplo, el pasado 28 de agosto, cuando elementos policiacos y del INM golpearon a migrantes haitianos. 

Poco después, el 1 de noviembre, la Guardia Nacional mató a balazos a Cristóbal Cobreiro Ramírez, migrante cubano que viajaba en una camioneta que quiso saltarse un retén. No era la primera vez que ocurría un hecho similar. El 25 de junio, agentes del mismo cuerpo dispararon contra otra camioneta en la que trasladaban personas sin documentos, matando a la conductora, que fue acusada de ser la “pollera”. Este caso fue documentado por la CNDH, organismo que ha recibido 388 quejas por violaciones a derechos humanos por parte de elementos de la Guardia Nacional, que es la corporación con más quejas por delante de la Sedena, que acumula 344. 

“Los operativos del INM son muy pocos coordinados. En cambio, cuando participa la Guardia Nacional los operativos son mucho más organizados e intimidantes. Su lógica es la de atacar, aunque tengan a familias y a niños delante”, denuncia Yuriria Salvador.

Además, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías advierte que la Guardia Nacional está teniendo un papel muy notorio también en las estaciones y en los centros de detención provisionales, como en Huixtla y Huehuetán, en Chiapas. 

“Hemos hecho visitas donde vemos que no hay ni un elemento del INM, que son los que deben tener a cargo a las personas migrantes, sino que está la Guardia Nacional y agentes de seguridad privada”, denuncia la activista. 

“Es muy visible que la Guardia Nacional se ha convertido en el brazo armado del INM y en el ejecutor de una política migratoria que está basada en la contención y en la detención de las personas migrantes y solicitantes de asilo, y en la militarización del Instituto”, subraya. 

El INM en manos de militares y policías

Esa militarización se ve claramente reflejada también en el perfil de los altos funcionarios del INM. Por medio de una solicitud de transparencia, el Instituto informó a este medio que, al corte del 29 de noviembre pasado, un total de 43 funcionarios del Instituto, que depende de la Secretaría de Gobernación, son militares, exmilitares, tienen carrera militar, o tienen un perfil policiaco. 

Destaca que hasta 19 comisionados estatales de migración -los jefes del INM en las entidades- fueron sustituidos entre 2019 y este 2021 por militares, expolicías federales, o exfuncionarios de seguridad nacional. Incluso, cabe recordar que el perfil del mismo comisionado del INM, Francisco Garduño, también es policiaco, pues llegó al cargo en junio de 2019 tras ser el responsable de las prisiones del país. Sustituyó en el cargo a Tonatiuh Guillén, cuyo perfil es claramente académico tras su paso por el Colegio de la Frontera Norte. 

Otros cargos clave al interior del Instituto, como la dirección de Aeropuertos y Puertos Marítimos, o la jefatura del Departamento de Seguridad y Custodia, también están ocupados por militares. 

De los 19 estados con comisionados castrenses o policiacos, en 12 las capturas de migrantes se dispararon por arriba del 80% en este 2021, aunque hay que precisar que las detenciones aumentaron en este 2021 en prácticamente todo el país.  

Por ejemplo, hay casos como el de Tlaxcala, con comisionado militar desde enero de 2021, que pasó de 593 migrantes detenidos en 2019, a 8 mil 569 este año; un aumento de 1,345%. 

En Sonora, donde un comisionado militar también llegó en enero de este año, el aumento de las detenciones fue del 205%; y en Estado de México, también con comisionado militar desde septiembre de 2020, el aumento fue del 92%.

En la delegación de Nuevo León, con comisionado militar desde febrero de este año, las detenciones de migrantes sin documentos también se dispararon 85%.

Esta reestructuración al interior del INM comenzó en junio de 2019, con la llegada de Francisco Garduño al Instituto. En ese entonces, el presidente López Obrador anunció el despido de 500 agentes del INM acusados supuestamente de corrupción. Sin embargo, las denuncias sobre excesos han continuado a pesar del arribo de mandos militares y policiacos a la mayoría de las delegaciones del Instituto. 

En Coahuila, donde hay un comisionado militar, el activista Alberto Xicotecántl dice que “si bien no hemos tenido reportes de cobros indebidos a migrantes por parte del INM, sí tenemos reportes de malos tratos en espacios de detención de migrantes”.

En la frontera sur, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova expone que siguen recibiendo reportes de migrantes que son extorsionados.

“En los puestos de verificación que hay en la frontera, a orillas del Río Suchiate, las personas son extorsionadas con frecuencia y los agentes del INM les roban su dinero. Eso es algo que seguimos escuchando de los migrantes con mucha frecuencia”, expone la activista Yuriria Salvador. 

En cuanto a las citas para regularizar trámites migratorios, Salvador denuncia que continúan escuchando testimonios de funcionarios que cobran por “agilizar” esos trámites burocráticos. “Sigue habiendo mucha gente en el INM lucrando con la necesidad de las personas”, denuncia. 

Aumentan 80% soldados y guardias nacionales

La ‘militarización’ del INM se produce al mismo tiempo que, en los últimos tres años, tuvo lugar un incremento de soldados, guardias nacionales, y marinos en múltiples estados del país, incluyendo las entidades donde es habitual el flujo de migrantes indocumentados que tratan de llegar a la frontera con Estados Unidos. 

Por medio de solicitudes de transparencia, la Guardia Nacional informó que aumentó un 80% los elementos destinados a 12 entidades que son paso de migrantes: de 19 mil 162 en 2019 destinados a estados como Chiapas, Tabasco, Veracruz, o Chihuahua, pasó a 34 mil 303 elementos a septiembre de este 2021. 

Destacan casos como el de Tamaulipas, donde el aumento de elementos de la Guardia fue del 223% en dos años: en 2019 estaban destinados a esta entidad 1 mil 215 elementos, mientras que, en 2021, la cifra se disparó hasta los 4 mil 010. 

En Baja California el aumento de guardias fue del 183%; en Sonora del 128%; en Veracruz, del 90%; en Tabasco, del 83%; en Coahuila y Chihuahua, del 60%; y en Chiapas, la principal puerta de entrada de la migración indocumentada, del 55%. 

En el caso de soldados de la Sedena, entre 2019 y 2021 hubo un aumento también de casi el 80% en nueve entidades donde la institución castrense informó en el tercer informe de gobierno de López Obrador que realizó operaciones de “rescate” de migrantes: de 14 mil 333 soldados pasó a destinar 25 mil 586.

En este caso es de destacar el caso de Veracruz: en 2019, había destinados en este estado 627 elementos de Sedena. En 2021, 4 mil 336. Un aumento del 591%.

La Semar, por su parte, ha mantenido más estable el número de soldados desplegados en 12 estados donde también informó que realizó labores de “rescate” de migrantes: de 33 mil 081 desplegados en 2019 pasó a 39 mil 676; un aumento del 20%. En este caso, destaca el aumento de marinos en Tabasco, 41%; Oaxaca, 40%; y Tamaulipas, 30%.

Pero, de nuevo, a pesar del aumento de la presencia de elementos castrenses en estados de la ruta migratoria, continúan abundando los testimonios de migrantes que denuncian agresiones, robos, y extorsiones de los mismos soldados y policías que deben cuidarlos. 

Un camino repleto de extorsiones

Los cubanos Martín, de 34 años, y Marlén, de 32, viajaban en un taxi por el que pagarían 12 mil pesos para ir de Monterrey hasta la frontera de Piedras Negras, en Coahuila, cuando se encontraron con un retén de la Guardia Nacional. 

Era de noche, en una carretera solitaria. No había posibilidad de rodear por los montes, como habían hecho en Chiapas para evadir a los retenes de migración; ni de huir, como hicieron en San Luis Potosí cuando un grupo del crimen organizado entró a una casa para secuestrar a los migrantes que encontraran a su paso.

Los soldados ordenaron que se bajaran del coche; les pidieron la documentación. Martín, enfermero, y Marlén, abogada, se temieron lo peor: después de una odisea que los llevó de Chile a México, atravesando la peligrosa selva del Darién en Colombia, el viaje estaba a punto de terminar con una deportación segura cuando se encontraban a tan solo un par de horas de la frontera con Estados Unidos. 

“Son dos mil pesos cada uno, o los entregamos con migración”, asegura Martín que les dijeron los agentes. 

Los migrantes pagaron sin pensarlo dos veces. El taxi reinició el camino y todos respiraron aliviados. Pero la tranquilidad duró poco: apenas llevaban recorridos unos kilómetros, cuando otras tres patrullas comenzaron a perseguirlos. 

“En lugar de solicitantes de asilo, parecíamos narcotraficantes”, ríe cansado Martín. 

En esta ocasión, los migrantes denuncian que quienes les pidieron dinero para no entregarlos con el Instituto Nacional de Migración (INM) eran policías municipales. 

“No nos queda ni para terminar de pagar el taxi”, dice el cubano que trató de alegar. 

“No es nuestro problema -le respondieron-. O nos dan dinero, o hasta aquí llegaron”.

Los migrantes entregaron los últimos tres mil pesos que les quedaban, más un reloj. Las patrullas se fueron. Y el taxista, enojado porque no recibiría la otra mitad acordada por el viaje, los abandonó en mitad de la nada, dejándolos expuestos a los asaltos, las violaciones, y los secuestros del crimen organizado.

En el largo trayecto a pie hasta que llegaron al pueblo donde un sacerdote les dio refugio, del que piden no mencionar el nombre, los migrantes cuentan que todavía se toparon con soldados del Ejército mexicano. Pero no quisieron acercarse a pedirles auxilio ni a denunciar lo que les había pasado. Prefirieron seguir el camino agazapados, tratando de esconderse de la migra, de los guardias nacionales, y de los policías locales y soldados que los asediaron desde que ingresaron sin documentos. 

“Cruzar México ha sido mucho peor que cruzar la selva -asegura Marlén-. La selva es muy peligrosa, pero si tú caminas y caminas, y haces lo que te dice el guía, tú sales de ahí con vida. En México, en cambio, tú no sabes quién te va a hacer algo malo, o quien te va a perseguir como si fueras un criminal”. 

“Nunca me había sentido tan perseguido, ni había tenido esta sensación de que sin papeles yo no soy nadie”, lamenta Martín.

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