Tribunal libera a acusado de violación en Veracruz; no hay prueba de que ella se resistió, dicen
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Archivo Cuartoscuro

Tribunal libera a acusado de violación en Veracruz; no hay prueba de que ella se resistió, dicen

Un Tribunal integrado por tres hombres concluyó que no estuvo acreditado el delito en el caso de un joven acusado de violar a una estudiante en Boca del Río, Veracruz, por lo que ratificó un amparo que ya le habían concedido.
Archivo Cuartoscuro
Por Arturo Angel
14 de septiembre, 2017
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Un joven acusado de violar a una estudiante universitaria en Boca del Río, Veracruz – agresión que además fue difunda en internet- recuperó su libertad tras diez meses de estar en prisión, luego de que un Tribunal federal ratificó un amparo que se le había concedido, y en el cual se consideró que no estaba acreditado el delito, asegurando que no hay evidencia de que la víctima se haya resistido.

La sentencia del Tribunal Colegiado que revisó el caso, integrado por tres magistrados hombres (Antonio Soto Martínez, Arturo Gómez Ochoa y Alfonso Ortiz Díaz) y de la que Animal Político tiene copia, confirma que el delito de violación equiparada del cual se acusaba a José Fernando “N”, no fue acreditado correctamente por la Fiscalía de Veracruz, por lo que los elementos son insuficientes siquiera para abrir un juicio.

El Tribunal, al igual que lo hizo el juez de amparo, dijo que para que se cometa el delito de violación tiene que pasar dos cosas: que haya penetración y que sea en contra de la voluntad de la víctima. La penetración está confirmada (los amigos del acusado incluso subieron el video en sitios pornográficos), pero el que la estudiante se haya resistido no.

Y es que aun cuando existe un peritaje realizado sobre el video difundido en internet, donde se aprecia que la víctima se encuentra alcoholizada y con un comportamiento visiblemente “aletargado”, el tribunal dijo que el miso peritaje ratifica que por un momento la víctima muestra una actitud proactiva (al moverse un instante) por lo que no queda claro entonces que se haya actuado contra su voluntad.

“De ahí que el citado peritaje no sea suficiente para acreditar que la pasiva (la víctima) estaba en un estado de embriaguez que no le permitiera resistirse al acto sexual, o de comprender su significado, pues para ello era necesario que se valorara a la pasiva en momentos posteriores, o que las personas asistentes al convivio hubieran testificado en tal sentido, pero ello no sucedió así”, dice la sentencia.

Los magistrados subrayaron que hay seis declaraciones de testigos que asistieron a la fiesta en el departamento de Boca del Río donde ocurrieron los hechos, los cuales niegan haber visto a la estudiante alcoholizada. Y aunque todos los testimonios son de amigos del presunto agresor, esto no les resta mérito desde el punto de vista del Tribunal.

Los magistrados además dijeron que les causaba “suspicacia” el hecho de que los padres de la víctima se reunieron con el presunto agresor antes de poner la denuncia, con el objetivo de buscar una “conciliación”. El objetivo de esa reunión era pedirle que el video de internet que habían subido sus amigos fuera retirado.

“… esto genera suspicacia en cuanto a si en realidad el quejoso abusó sexualmente de la agraviada, aprovechándose que ésta no tenía la capacidad de resistir a ese acto o que carecía de capacidad para comprender el significado del mismo, pues de haber sido así, la postura de los progenitores no se concretaría a lograr una conciliación para bajar la videograbación, sino el de que se castigue al agresor”, explica la sentencia.

El tribunal también rechaza en su sentencia que el juez que dio el amparo no haya actuado con una “perspectiva de género”, pues no se observa que haya estado en alguna desventaja por el solo hecho de ser mujer.

En conclusión, el Tribunal consideró que al no estar acreditado “de fondo” el delito, no es posible acusar a alguien de cometerlo y, por lo tanto, el acusado debería quedar libre.

Es indignante: padre de la víctima

El padre de la estudiante calificó de ”indignante” la resolución tomada por el Tribunal colegiado en el caso, pues a su juicio había elementos para al menos llevar a juicio. Prueba de ello, dijo, son los recursos de inconformidad que no solo promovió la familia, sino también la Fiscalía del Estado y la propia Procuraduría General de la República.

“El daño psicológico causado a mi hija, que le provocó este violador, es indignante que las leyes sigan en retroceso”, dijo en entrevista con Animal Político.

Corte analiza el caso Daphne

Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó analizar si atrae o no el caso del amparo concedido a Diego Reyes, un joven acusado de pederastia por haber abusado sexualmente de una menor de edad de nombre Daphne, hechos que ocurrieron el 2 de enero de 2015 también en Boca del Río.

Como Animal Político publicó en marzo pasado, Reyes había conseguido que se le dejara libre sin ir a juicio luego de que un juez federal – que a la postre fue sancionado por el Consejo de la Judicatura – le dio un amparo con el argumento de que los tocamientos que hizo Reyes a la víctima fueron “sin lascivia o sin intención de copular con ella”.

Tanto la Fiscalía de Veracruz como los representantes de la víctima interpusieron un recurso de inconformidad contra dicho amparo, por lo que el caso fue remitido al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en Veracruz que, a su vez, solicitó a la Corte que atraiga el caso,

En una tarjeta informativa, la Corte explicó que la solicitud fue turnada a la Ministra Norma Piña Hernández, que elaborará un proyecto en el cual analice si el Máximo Tribunal del país debe abordar este caso o no.

Mientras esto se define, Diego Cruz permanece en prisión en un penal estatal en Tuxpan, Veracruz.

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Chile vota en plebiscito histórico: 4 claves para entender qué está en juego

La votación definirá el destino político institucional de Chile para los próximos años. Más allá del "apruebo" o "rechazo", varios analistas explican qué está en juego.
25 de octubre, 2020
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Por primera vez en la historia de Chile, este 25 de octubre se pregunta a la ciudadanía si aprueba o rechaza la redacción de una nueva Constitución.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

De ganar el “apruebo”, será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

Getty Images
La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente amplia y en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54.7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

Simpatizante de la opción de "apruebo", durante una manifestación.

Getty Images
El estallido social de octubre de 2019 incorporó entre sus demandas la redacción de una nueva Constitución.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

Getty Images
El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

Partidarios de la opción del "rechazo".

Getty Images
En la opción del “rechazo” también hay personas que creen que se necesitan cambios profundos.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar la Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

Getty Images
El referendo tendrá lugar siguiendo las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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