Un joven acusado de violar a una estudiante universitaria en Boca del Río, Veracruz – agresión que además fue difunda en internet- recuperó su libertad tras diez meses de estar en prisión, luego de que un Tribunal federal ratificó un amparo que se le había concedido, y en el cual se consideró que no estaba acreditado el delito, asegurando que no hay evidencia de que la víctima se haya resistido.
[contextly_sidebar id=”nPldGNqJVZFgIIX9hTeL5g3BR5Q2q3zR”]La sentencia del Tribunal Colegiado que revisó el caso, integrado por tres magistrados hombres (Antonio Soto Martínez, Arturo Gómez Ochoa y Alfonso Ortiz Díaz) y de la que Animal Político tiene copia, confirma que el delito de violación equiparada del cual se acusaba a José Fernando “N”, no fue acreditado correctamente por la Fiscalía de Veracruz, por lo que los elementos son insuficientes siquiera para abrir un juicio.
El Tribunal, al igual que lo hizo el juez de amparo, dijo que para que se cometa el delito de violación tiene que pasar dos cosas: que haya penetración y que sea en contra de la voluntad de la víctima. La penetración está confirmada (los amigos del acusado incluso subieron el video en sitios pornográficos), pero el que la estudiante se haya resistido no.
Y es que aun cuando existe un peritaje realizado sobre el video difundido en internet, donde se aprecia que la víctima se encuentra alcoholizada y con un comportamiento visiblemente “aletargado”, el tribunal dijo que el miso peritaje ratifica que por un momento la víctima muestra una actitud proactiva (al moverse un instante) por lo que no queda claro entonces que se haya actuado contra su voluntad.
“De ahí que el citado peritaje no sea suficiente para acreditar que la pasiva (la víctima) estaba en un estado de embriaguez que no le permitiera resistirse al acto sexual, o de comprender su significado, pues para ello era necesario que se valorara a la pasiva en momentos posteriores, o que las personas asistentes al convivio hubieran testificado en tal sentido, pero ello no sucedió así”, dice la sentencia.
Los magistrados subrayaron que hay seis declaraciones de testigos que asistieron a la fiesta en el departamento de Boca del Río donde ocurrieron los hechos, los cuales niegan haber visto a la estudiante alcoholizada. Y aunque todos los testimonios son de amigos del presunto agresor, esto no les resta mérito desde el punto de vista del Tribunal.
Los magistrados además dijeron que les causaba “suspicacia” el hecho de que los padres de la víctima se reunieron con el presunto agresor antes de poner la denuncia, con el objetivo de buscar una “conciliación”. El objetivo de esa reunión era pedirle que el video de internet que habían subido sus amigos fuera retirado.
“… esto genera suspicacia en cuanto a si en realidad el quejoso abusó sexualmente de la agraviada, aprovechándose que ésta no tenía la capacidad de resistir a ese acto o que carecía de capacidad para comprender el significado del mismo, pues de haber sido así, la postura de los progenitores no se concretaría a lograr una conciliación para bajar la videograbación, sino el de que se castigue al agresor”, explica la sentencia.
El tribunal también rechaza en su sentencia que el juez que dio el amparo no haya actuado con una “perspectiva de género”, pues no se observa que haya estado en alguna desventaja por el solo hecho de ser mujer.
En conclusión, el Tribunal consideró que al no estar acreditado “de fondo” el delito, no es posible acusar a alguien de cometerlo y, por lo tanto, el acusado debería quedar libre.
Es indignante: padre de la víctima
El padre de la estudiante calificó de ”indignante” la resolución tomada por el Tribunal colegiado en el caso, pues a su juicio había elementos para al menos llevar a juicio. Prueba de ello, dijo, son los recursos de inconformidad que no solo promovió la familia, sino también la Fiscalía del Estado y la propia Procuraduría General de la República.
“El daño psicológico causado a mi hija, que le provocó este violador, es indignante que las leyes sigan en retroceso”, dijo en entrevista con Animal Político.
Corte analiza el caso Daphne
Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó analizar si atrae o no el caso del amparo concedido a Diego Reyes, un joven acusado de pederastia por haber abusado sexualmente de una menor de edad de nombre Daphne, hechos que ocurrieron el 2 de enero de 2015 también en Boca del Río.
Como Animal Político publicó en marzo pasado, Reyes había conseguido que se le dejara libre sin ir a juicio luego de que un juez federal – que a la postre fue sancionado por el Consejo de la Judicatura – le dio un amparo con el argumento de que los tocamientos que hizo Reyes a la víctima fueron “sin lascivia o sin intención de copular con ella”.
Tanto la Fiscalía de Veracruz como los representantes de la víctima interpusieron un recurso de inconformidad contra dicho amparo, por lo que el caso fue remitido al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en Veracruz que, a su vez, solicitó a la Corte que atraiga el caso,
En una tarjeta informativa, la Corte explicó que la solicitud fue turnada a la Ministra Norma Piña Hernández, que elaborará un proyecto en el cual analice si el Máximo Tribunal del país debe abordar este caso o no.
Mientras esto se define, Diego Cruz permanece en prisión en un penal estatal en Tuxpan, Veracruz.
