Por un trámite, juez libera a presunto responsable de la desaparición de ingeniero en Coahuila
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Por un trámite, juez libera a presunto responsable de la desaparición de ingeniero en Coahuila

La supuesta falla en una notificación fue el argumento de un juez para poner en libertad al presunto criminal que participó en la desaparición de José Antonio Robledo Fernández en Monclova.
Foto: Especial
Por Paris Martínez
18 de octubre, 2017
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El pasado 13 de septiembre de 2017, el juez federal Ubaldo García Armas ordenó la liberación de Joaquín Benito del Ángel Martínez, un empleado de la empresa ICA Fluor Daniel que, hace seis años, fue capturado por su presunta participación en una célula del cártel de los Zetas, que secuestró y desapareció de manera forzada a un ingeniero civil de 32 años, en Monclova, Coahuila.

El titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas ordenó poner en libertad al presunto criminal, al considerar que, luego de su captura, ocurrida el 2 de mayo de 2011, el Poder Judicial de la Federación incumplió un trámite: notificar oficialmente del arresto a la familia del ingeniero desaparecido, de nombre José Antonio Robledo Fernández.

Aunque los padres de la víctima sí fueron notificados verbalmente del arresto, a grado tal que acudieron ante el juzgado en el que se le inició proceso para presentar su declaración contra del detenido, seis meses después de su captura, el presunto delincuente solicitó un amparo ante la misma justicia federal, alegando que la falta de notificación violaba los derechos de la familia de su víctima.

Luego de que transcurrieron seis años de la presentación de dicho amparo, éste fue revisado por el juez federal Ubaldo García Armas, quien resolvió que el presunto criminal Joaquín Benito del Ángel Martínez tenía razón, y ordenó reponer el procedimiento mediante el cual se le dictó auto de formal prisión, en 2011, tras ser arrestado.

Esta vez, sin embargo, al evaluar de nuevo la captura, ninguno de los testigos en su contra fueron convocados por el juez, ni siquiera la familia del ingeniero desaparecido cuyos derechos supuestamente estaban protegiéndose con la reposición del proceso, y ante la falta de denunciantes, el juez federal ordenó su liberación.

José Antonio

El ingeniero José Antonio Robledo Fernández fue secuestrado el 25 de enero de 2009, en Monclova, Coahuila, donde se encontraba trabajando temporalmente para la empresa ICA Fluor Daniel, en la construcción de la obra conocida como Proyecto Fénix –de Altos Hornos de México–. Desde entonces se ignora su paradero.

Aunque la empresa ICA no dio aviso del secuestro a la familia del ingeniero, sus padres supieron del rapto pocas horas después de ocurrido, debido a un hecho fortuito: el joven José Antonio Robledo fue privado de la libertad cuando hablaba por teléfono con su novia, quien pudo escuchar cómo era sometido por varias personas.

Los padres del ingeniero, radicados en la Ciudad de México, llegaron a Monclova 48 horas después del secuestro, y durante los siguientes días fueron atendidos por distintos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, incluido el subprocurador de justicia estatal Jesús Torres Charles, quien los recibió el 6 de febrero de 2009, es decir, 12 días después de la desaparición forzada de José Antonio.

Sin embargo, pocas horas antes de que este encuentro con el subprocurador se diera (siendo alrededor de la medianoche del 5 de febrero), los padres del ingeniero José Antonio Robledo fueron contactados telefónicamente por Joaquín Benito del Ángel Martínez, entonces jefe de seguridad de ICA Fluor Daniel en Monclova, quien les pidió bajar al lobby del hotel en el que se hospedaban, para platicar con personas que tenían información sobre su hijo.

Tal como consta en la declaración ministerial rendida por los padres de José Antonio, una vez que ambos bajaron al vestíbulo del hotel, Joaquín Benito del Ángel les presentó a dos personas a las que identificó como representantes del cártel de Los Zetas: el primero era Carlos Arturo Jiménez Encinas, alias El Plátano o El Güero (capturado seis años después, en 2015, junto con Omar Treviño Morales, principal líder de dicho grupo criminal), y el segundo era José David Galindo Flores, alias Licenciado Pepe, operador del cártel que fungió como procurador auxiliar de la Defensa del Trabajo de Coahuila, al menos hasta 2014, y contra el que las autoridades nunca iniciaron acción alguna, pese a las denuncias existentes.

Según la declaración de los padres de José Antonio, estos emisarios de Los Zetas les informaron que ese grupo criminal había privado de la libertad a su hijo, y que si querían verlo de vuelta debían dejar de acudir ante las autoridades, y esperar una nueva comunicación por parte del cártel.

“Estos señores nos dijeron que no valía la pena que estuviéramos denunciando –explicó el padre del ingeniero–, porque finalmente ellos controlaban a todas las corporaciones de policía, y como prueba nos mencionaron todas las acciones que habíamos hecho durante esos días, los funcionarios que nos habían atendido y los trámites judiciales que habíamos realizado. Luego nos indicaron que esperáramos a que se volvieran a comunicar, y nos dijeron que el señor Joaquín Benito del Ángel iba a ser el contacto del cártel con nosotros.”

Alrededor de quince minutos después de que había iniciado, la conversación concluyó y los tres integrantes de Los Zetas se fueron del hotel.

“Esta persona, Joaquín Benito del Ángel, es zeta, y al mismo tiempo era jefe de seguridad de ICA en el Proyecto Fénix, o sea que Los Zetas tenían bien metidas las manos en esa obra, cobraban piso. Pero ahí mi hijo estaba encargado de auditar a las empresas contratistas, y algo vio, algo detectó… Horas después de que estos hombres nos fueron a amenazar al hotel, porque eso pensamos que fue, una amenaza, nos reunimos con el subprocurador Jesús Torres Charles. Le informamos lo que había ocurrido, y él nos dijo que no lo incluyéramos en la denuncia, por la seguridad de José Antonio”.

Siguiendo la indicación del subprocurador, los padres de José Antonio no incluyeron en su primera declaración ministerial nada relacionado con ese encuentro con Los Zetas.

Estos hechos fueron incluidos en la denuncia hasta mayo de 2011, cuando la investigación ya estaba en manos de las autoridades federales.

“Nosotros presionamos para que la PGR (Procuraduría General de la República) investigara el caso, porque desconfiábamos mucho de la Procuraduría de Coahuila, sabíamos, porque nos lo habían demostrado, que estaban infiltrados por el crimen organizado –explica la mamá de José Antonio–.

Pero el hecho de que la PGR atrajera la investigación tampoco sirvió de mucho, al menos en un principio, ya que la persona de la PGR que nos atendió resultó ser parte del cártel, esa funcionaria nos había dicho que no descansaría hasta encontrar a mi hijo, nosotros lloramos en su hombro, y no sabíamos que ella era de Los Zetas.”

Efectivamente, en el año 2012, la PGR admitió que el cártel de Los Zetas controlaba a un grupo de altos mandos policiacos en Coahuila, que incluía a funcionarios estatales y federales, entre los que estaban Claudia González López, subdelegada de la PGR en el estado (la funcionaria que simuló consolar a los padres de José Antonio); el director de la Policía Operativa de Coahuila, Manuel de Jesús Cícero Salazar; el coordinador estatal de la Unidad Especializada de Investigación de la procuraduría estatal, Sergio Tobías Salas; y Humberto Torres Charles, agente judicial estatal.

Humberto Torres Charles es hermano del subprocurador que recibió a los padres de José Antonio, horas después de que fueran amenazados en su hotel por los emisarios del cártel.

A pesar de sus vínculos con los Zetas, ese subprocurador fue luego ascendido a Fiscal estatal, y después a consejero jurídico del gobernador de Coahuila Humberto Moreira (PRI). De ambos cargos tuvo que dimitir, por la presión ciudadana.

Joaquín Benito

El ingeniero José Antonio Robledo se encontraba en Monclova por un periodo de un año y tres meses, tiempo programado para la conclusión del Proyecto Fénix. Ahí, rentaba un departamento junto con otros empleados de ICA Fluor Daniel.

Tal como consta en registros bancarios, un día después del secuestro del ingeniero, en el cajero automático más cercano a ese departamento, al que solían acudir José Antonio y sus compañeros de vivienda, se hicieron diversos retiros de efectivo, usando la tarjeta bancaria del joven secuestrado.

Según la declaración ministerial de los padres de José Antonio, una vez que llegaron a Monclova, el 27 de enero de 2009, fueron recibidos por Raúl Alberto Medina Peralta, quien fungía en ese momento como director de Proyectos de ICA.

Este funcionario de la empresa constructora, a su vez, los presentó con Joaquín Benito del Ángel Martínez, al que presentó como jefe de seguridad de la empresa. Joaquín Benito, por su parte, les informó que él era el contacto de ICA con Los Zetas, arguyendo que “lo que estaba sucediendo ya le había arruinado la vida (…) porque no sabía por qué lo habían escogido de contacto”.

Sin embargo, otros detenidos, también por el secuestro y desaparición forzada del ingeniero identificaron a Joaquín Benito del Ángel como miembro de Los Zetas.

En marzo de 2011, por ejemplo, el testimonio de una víctima de explotación sexual permitió a las autoridades capturar al Jesús Alberto Lira Hernández. Una vez capturado, este personaje reveló que su red de trata de personas proporcionaba trabajadoras sexuales a los miembros del cártel de Los Zetas en Monclova.

Entre distintos nombres de presuntos integrantes de Los Zetas, Lira Hernández identificó a Joaquín Benito del Ángel como “cobrador” del cártel, y especificó que era “el enlace, junto con Julio César, para el cobro de la seguridad de ICA, para hacer llegar el pago a Haro”.

Las otras dos personas que menciona en su declaración ministerial son Julio César García Zapata, chofer de ICA, al que identifica como “cobrador”, y Carlos Enrique Haro Villarreal, subcontratista que brindaba servicios de vigilancia a las instalaciones de la empresa constructora.

Cinco meses después de que este sujeto identificó a Joaquín Benito del Ángel como miembro de Los Zetas, el jefe de seguridad de ICA fue detenido, en mayo de 2011.

En su primera declaración ministerial, Joaquín Benito reconoció haber orquestado la reunión entre líderes de Los Zetas en Monclova, y los padres de José Antonio. Sin embargo, afirmó que lo hizo a la fuerza, luego de haber sido secuestrado y llevado a un lavado de autos, donde lo obligaron a concertar la cita con el papá del joven desaparecido.

Joaquín Benito del Ángel, además, aseguró en su primera declaración que a las personas que acudieron a hablar con los papás del ingeniero, “nunca les vi el rostro”.

Meses después, no obstante, el mismo Joaquín Benito realizó una ampliación de declaración, en la que admitió que sí conocía a esas personas, y las identificó como el “licenciado José, alias Pepe, quien en ese entonces era delegado de Conciliación y Arbitraje en Monclova”, y al segundo como “El Güero”, es decir, Carlos Arturo Jiménez Encinas, a quienes las autoridades identifican como el principal operador financiero de Los Zetas.

En esa ampliación de declaración, el mismo Joaquín Benito del Ángel reconoció que el chofer de ICA Julio César García Zapata formaba parte de Los Zetas, y que a través de dicho chofer les hizo llegar a los líderes locales del grupo criminal información sobre los papás de José Antonio, como sus teléfonos celulares.

Por su parte, el chofer identificó a Joaquín Benito como operador de Los Zetas.

Finalmente, en una nueva ampliación de su declaración, Joaquín Benito afirmó que en realidad no había sido secuestrado y llevado a un lavado de autos, donde gente armada lo obligó a concertar la cita con los papás de José Antonio, sino que un empresario de nombre Arturo Olvera lo citó en un negocio conocido como “Lienzo charro Caballo Amigo”, en donde se encontró con los dos líderes del cártel, para luego llevarlos al hotel donde se hospedaban los papás del ingeniero desaparecido.

Ubaldo

El juez federal Ubaldo García Armas, es titular del Juzgado Primero de Distrito de Proceso Penales Federales en Tamaulipas, desde febrero de 2016.

Luego de considerar que el auto de formal prisión dictado contra Joaquín Benito del Ángel era ilegal, por no habérsele notificado formalmente la aprehensión a los padres del ingeniero desaparecido, el juez García Armas ordenó reponer el proceso, lo que implicaba notificar de la captura a los familiares de la víctima, y revisar nuevamente las pruebas recabadas en contra del detenido.

Aún cuando entre dichas pruebas se encontraban los testimonios de diversos integrantes del cártel de Los Zetas, que identificaban a Joaquín Benito como “cobrador” del cártel, encargado de entregar a este grupo criminal el dinero que pagaba ICA Fluor Daniel por “derecho de piso”, el juez consideró dichos testimonios como prueba “insuficiente”, ya que las consideró declaraciones “aisladas”, a las que no se les puede dar la “fuerza y plenitud de datos bastantes”.

Bajo el mismo criterio, el juez descartó los señalamientos de los papás de José Antonio, quienes identificaron a Joaquín Benito como una de las tres personas que se presentaron ante ellos como emisarios del cártel de Los Zetas, en aquella ocasión en que los buscaron en su hotel, para exigirles que dejaran de denunciar ante las autoridades el rapto de su hijo.

Sin embargo, lo que para el juez Ubaldo García Armas resultó la prueba más importante para declarar la falta de elementos contra Joaquín Benito del Ángel fue su misma declaración ministerial, “en la cual, el imputado expresamente negó los hechos que se le imputan”.

Aunque Joaquín Benito modificó su declaración ministerial en diversas ocasiones, hasta finalmente reconocer que, en contubernio con otros elementos del grupo criminal, él mismo orquestó el encuentro entre líderes del cártel y los padres del ingeniero secuestrado, el juez federal consideró que estos hechos eran sólo “algunas inconsistencias en las declaraciones emitidas por el inculpado”, inconsistencias que no implicaban una autoincriminación.

Así, con estos argumentos como base, el juez federal Ubaldo García Armas determinó que “no se justifica la probable participación de Joaquín Benito del Ángel Martinez en la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad (…) en agravio de José Antonio Robledo Fernández, y delincuencia organizada”, por lo cual, dictó “auto de libertad por falta de elementos para procesar”, en su favor.

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La historia de Wilder, el niño de 2 años que encontraron solo en una carretera en Veracruz

Autoridades migratorias encontraron al niño Wilder Ladino abandonado en una carretera del sureste, luego de escapar de un viaje en un camión en el que murió un joven.
6 de julio, 2021
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Al pequeño Wilder Ladino García lo encontraron abandonado y con el dorso desnudo, junto al cuerpo sin vida de un migrante, en una carretera del sureste de México.

Con tan solo 2 años de edad, salió a finales de junio con su padre, Isidro Ladino, desde un pequeño poblado en el municipio de Santa Rita, en el oeste de Honduras.

Ambos intentaban llegar a Estados Unidos. Pero en un punto del camino se separaron y el pequeño quedó acompañado de un grupo de migrantes desconocidos.

Autoridades mexicanas de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) lo encontraron el pasado 28 de junio, en una carretera cercana a Las Choapas, Veracruz, que usan los migrantes para llegar EE.UU.

Venía junto a un centenar de centroamericanos “en condición de hacinamiento” en la caja sin ventilación de un tráiler de mercancías.

Los migrantes “presentaban síntomas de deshidratación y asfixia” por el excesivo calor del vehículo, informó el INM en un comunicado.

“Lamentablemente, se localizó ahí el cuerpo de un joven sin vida, de alrededor de 25 años de edad”.

Desde Honduras, la madre de Wilder, Lorena García, lamenta la suerte de su esposo e hijo.

Wilder Ladino García con una asistente

Reuters
El INM puso a resguardo al pequeño Wilder Ladino.

Si bien se siente aliviada de que ambos estén a salvo, clama por ayuda para que ambos puedan llegar a Estados Unidos, pues volver a Santa Rita significa seguir condenados a la pobreza que los forzó a encaminarse hacia el norte.

“Que me ayudaran para que pasara mi niño con mi esposo para allá, juntos. Pero mi niño solo no. Si no se puede, que me regresen a mi niño de vuelta”, dice García entre sollozos a BBC Mundo.

Su partida de casa

Isidro Ladino se llevó a Wilder el pasado 25 de junio porque los migrantes habían escuchado rumores de que, a pesar del riesgo, acompañarse de un menor de edad les da más oportunidad de gestionar su paso hacia EE.UU.

“Hemos visto que mucha gente está pasando con niños”, dice Lorena García.

Partieron de una pequeña población en el municipio de Santa Rita, una región golpeada históricamente por la pobreza y la reciente destrucción que dejaron los huracanes Eta y Iota en 2020.

“Aquí no puede mantenerse uno. Cuando hay trabajo, Isidro gana unos 100 pesos (US$4,1). No trabajaba todos los días, solo cuando hallaba un trabajo”, cuenta la madre de Wilder y Nancy Abigail.

Map

El domingo 27 habían cruzado la frontera de Guatemala con México.

“Desde ese domingo ya no volví a tener contacto con él, hasta que me avisaron por parte del cónsul (de Honduras en México) que al niño lo habían encontrado solo”, cuenta García.

Aunque ha tenido oportunidad de hablar por teléfono con su esposo, aún no es claro por qué Ladino se separó del pequeño Wilder en territorio mexicano.

“No tengo ninguna noticia de cómo fue que él lo dejó ahí”, explica.

El infierno del tráiler

Lo que las autoridades mexicanas del INM han podido determinar es que el viaje de más de 100 migrantes en la caja de un tráiler se convirtió en una pesadilla por las pésimas condiciones en que viajaban.

“ informaron que horas antes, varios de sus compañeras y compañeros de viaje comenzaron a desvanecerse por la falta de aire y el calor“, dice el INM,

El sitio donde encontraron a Wilder Ladino

Reuters
Un migrante fue encontrado fallecido en el lugar donde estaba Wilder Ladino.

“Otros exigían a gritos y golpes -en las paredes del vehículo- que el chofer detuviera su marcha”, continúa.

“Después de un tiempo, el transporte paró y uno de los ‘polleros’ o supuestos ‘guías’ abrió una de las puertas, con lo que hombres y mujeres empezaron a brincar y correr por el pavimento y hacia la maleza”.

Ocho personas seguían en el lugar cuando fueron encontrados por las autoridades. Algunos migrantes estaban “sofocados” dentro de la caja del tráiler y otros “tendidos” afuera, donde el pequeño Wilder estaba parado junto a un joven de unos 25 años fallecido.

“Con el dorso desnudo, fue abandonado en el acotamiento, entre la barrera metálica, ropa suelta, mochilas y comida tirada. Ninguno de los adultos declaró ser familiar del menor“, según el INM.

García se enteró con una llamada del Consulado de Honduras que habían encontrado a su hijo. Pero fue hasta que lo vio en las noticias que se dio cuenta en las condiciones en las que estaba.

“Fue muy duro para mí”, se lamenta.

A salvo, pero separados

Hasta este martes, Lorena García no pudo saber que tanto su esposo como su hijo están a salvo.

“Me dijeron que Wilder está bien, pero como estuvo pasando por eso, tenían que llevarlo a ver a un terapista”, explica.

Wilder Ladino García con una asistente

Reuters
Lorena García dice que aun no sabe qué pasará con Wilder.

“Isidro me dijo que estaba Tuxtla Gutiérrez. Que estaba en migración. Como casi no le dejan hacer llamadas, no pudimos hablar más. Pero él estaba bien”, añade.

“La muchacha que tiene al niño me escribió el miércoles (30 de junio). Le he mandado mensajes, pero casi no me responden”.

El INM tiene como obligación repatriar a los migrantes a sus países, con apoyo de las autoridades nacionales de origen.

Aun así, García insiste en que necesitan ayuda para que su esposo llegue a Estados Unidos y encuentre trabajo.

“Ojalá que me ayudaran para que pasaran”.


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