Policías municipales de Veracruz participaron junto con integrantes del cártel de Los Zetas en la detención y desaparición forzada de tres jóvenes en Papantla, Veracruz en 2016, informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al emitir una recomendación al gobierno de Miguel Ángel Yunes.
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La CNDH señala en el documento que el 19 de marzo de 2016, tres jóvenes se encontraban a bordo de un vehículo particular con reporte de robo en Papantla, quienes ante la presencia de personal de la Policía Preventiva Municipal pretendieron darse a la fuga, por lo cual los agentes policiales dispararon sus armas de fuego hacia los neumáticos del automóvil.
Una vez que la unidad detuvo su marcha, dos patrullas municipales detuvieron a dos de los ocupantes del vehículo y permitieron que el otro se retirara, según lo referido por un hombre que presenció los hechos y quien también fue privado de la libertad.
Ocho días después, el 27 de marzo, un menor de edad declaró ante el agente del Ministerio Público de la Federación en Poza Rica, Veracruz, el lugar, tiempo y modo en que fueron detenidos los tres jóvenes.
La Comisión añadió que de acuerdo con las constancias ministeriales y diversas testimoniales, integrantes del cártel Los Zetas contaron con la autorización y apoyo de elementos de la Policía Preventiva Municipal de Papantla, Veracruz, en la detención.
Según testimonio, al lugar de los hechos a bordo de la patrulla 060, de la cual bajo un integrante del grupo delictivo vistiendo un uniforme de la Policía Preventiva Municipal.
La recomendación también señala fallas de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por la irregular integración de las carpetas de investigación iniciadas con motivo de la desaparición forzada de las víctimas.
Por las pruebas y testimoniales recabados, la CNDH señaló que se pudieron acreditar violaciones graves a los derechos humanos, seguridad jurídica y libertad personal de los tres jóvenes.
La Comisión también señala la retención ilegal por seis meses del menor que declaró ante el MP, pues el 28 de marzo fue puesto bajo la custodia de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Papantla, Veracruz, en espera de que compareciera la persona que ejerce la patria potestad, lo que ocurrió el 10 de octubre de ese mismo año.
La CNDH pide al presidente Municipal de Papantla, Veracruz que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se brinde a los familiares de las víctimas, una reparación integral del daño, mediante el pago de una compensación y/o indemnización además se les proporcione la atención médica y psicológica que requieran.
También se debe inscribir al menor de edad víctima en el Registro Nacional de Víctimas y ofrecer una disculpa pública institucional a los familiares de las víctimas.
