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Foto: Cuartoscuro
El Senado sepulta derechos de las audiencias con reforma a Ley de Telecomunicaciones
Los cambios aprobados por los legisladores dejan el control de contenidos en las concesionarias, en lugar de establecer la Defensoría de las Audiencias.
Foto: Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
27 de octubre, 2017
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En diciembre de 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) estableció los lineamientos que garantizaban la defensa de las audiencias: habría un defensor y los ciudadanos podrían quejarse de los contenidos de los medios. Las audiencias por fin tendrían voz y voto para objetar sobre lo que los medios quisieran ofrecerles.

Este jueves, el Senado votó cambios a la Ley de Telecomunicaciones que, de acuerdo a algunos legisladores “dejan indefensa a la audiencia y podrían propiciar irregularidades”.

Las modificaciones aprobadas en el Senado dejan la función de control de contenidos en las propias concesionarias, en lugar de establecer la Defensoría de las Audiencias bajo control del Instituto Federal de Telecomunicaciones como estaba previsto antes de los cambios.

Los Senadores aprobaron con 72 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones los cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Los legisladores del PRD, PT-Morena y algunos del PAN abandonaron la sesión.

La aprobación se dio conlos votos del PRI, Partido Verde y 11 senadores del PAN: Ernesto Cordero, Roberto Gil, Javier Lozano, Salvador Vega Casillas, Gabriela Cuevas, Alejandro Fernández, Héctor Larios, Octavio Pedroza, Jorge Luis Preciado y Luis Fernando Salazar, de acuerdo con Reforma.

En la Cámara de Diputados, 73 diputados del PAN aprobaron junto con el PRI y el Verde el dictamen.

Cuando es publicidad y cuando no

Los concesionarios estaban obligados a diferenciar entre los contenidos noticiosos de las opiniones y la publicidad dentro de la programación.

Los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias prohibía transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.

“Para diferenciar claramente la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, la persona que brinda la información deberá advertir al momento de realizarla, de manera expresa y clara, que la manifestación realizada o que realizará constituye una opinión y no es parte de la información noticiosa que se presenta”, decía el artículo 15 de los Lineamientos.

Algunos senadores, entre ellos el panista Javier Lozano, señalaron que las modificaciones aprobadas fortalecen la libertad de expresión, sobre todo durante los periodos de campaña electoral.

Sin embargo la senadora del PRD, Alejandra Barrales advirtió que estos cambios permiten que durante el proceso electoral, los candidatos puedan comprar espacios en medios y noticieros.

Para la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) esto no tiene que ver con libertad de expresión en tiempos electorales. “Los políticos que respaldan esa campaña mediática saben que ya no podrán colocar contenidos engañosos ni propaganda encubierta en forma de entrevistas a modo o gacetillas”, señaló en un comunicado.

Añade que “detrás de la iniciativa está escondido el interés de los concesionarios privados por ampliar los márgenes de la publicidad encubierta y la propaganda engañosa, prácticas que atentan contra la Constitución”.

La AMEDI también señaló que “la supuesta libertad de expresión de los concesionarios no es superior al derecho a la información de las personas a recibir información veraz y objetiva, que no se garantiza con la autorregulación que propone la minuta”.

Qué cambia

La contrarreforma elimina la obligación de los concesionarios a diferenciar con claridad la información noticiosa de las opiniones y la publicidad.

Aunque los cambios obligan a los concesionarios a abstenerse de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa,  los mecanismos para “evitar que incurran en esta práctica” se dejan a elección de los propios concesionarios, a través de sus Códigos de Ética, señala el Observatorio de las Telecomunicaciones en México (Observatel).

El defensor de las audiencias

Los concesionarios deben contar con un defensor de las audiencias. Éste debía recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos en relación con derechos de las audiencias en un plazo de 20 días hábiles.

Además debía actuar con “criterios de imparcialidad e independencia”. El defensor debía ser una persona de reconocido prestigio y conocedores de la comunicación, independientes e imparciales con respecto al medio.

“(Los medios) estarán obligados a respetar y promover su independencia e imparcialidad, debiendo abstenerse de realizar cualquier conducta u omisión que tienda a coartar dichos principios en el actual del Defensor”, señalaba el artículo 22 de los Lineamientos.

Qué cambia

Con los cambios los medios ya no tienen que seguir un procedimientos para el nombramiento de defensores y pueden hacerlo libremente.

El senado Raúl García Guzmán señaló que “este supuesto defensor de las audiencias no le responde al ciudadano sino al medio de comunicación”.

Además, los concesionarios determinarán el derechos de las audiencias según lo que establezcan sus propios Códigos de Ética, que serán expedidos “bajo un principio de autorregulación”.

Este Código no estará sujeto a convalidación o revisión previa o posterior del IFT o de alguna autoridad.

Lineamientos que nunca pudieron entrar en vigor

Lo primero que cambia con lo votado en el Senado – y previamente en abril por Diputados – son los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias. Su objetivo era regular la defensa de las audiencias de radio y televisión, así como garantizar el cumplimiento de los derechos de información y de expresión.

En ellos se explicaban los procedimientos y características que debía tener el defensor de las audiencias que designaran los medios; la forma en que las audiencias podían presentar una queja y cómo debía ser atendida.

Para la AMEDI, “los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias constituyen un avance fundamental en la relación medios-audiencias y un mecanismo adicional para el pleno derecho de acceso a la información y la libertad de expresión”.

Sin embargo, los lineamientos nunca entraron en vigor. Éstos fueron publicados en el Diario Oficial el 21 diciembre de 2017 y debían aplicarse 30 días después. Pero el 1 de febrero de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite dos controversias constitucionales en contra de diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Entonces el IFT decidió aplazar su entrada en vigor hasta el 16 de noviembre de 2017.

Qué cambia

Las modificaciones aprobadas este jueves eliminan la facultad del IFT de emitir lineamientos a los que deberán ajustarse los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio.

Éstos señalaban las obligaciones mínimas de los defensores de las audiencias para la adecuada protección de los derechos establecidos en la ley. El IFT no podrá sancionar a los concesionarios por incumplimientos a los lineamientos.

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¿Cómo impacta el recorte de la ayuda de EU a Centroamérica ordenado por Trump?
El presidente Donald Trump tomó esta decisión como una forma de presionar a miembros del Triángulo Norte para que detengan el creciente flujo migratorio. Los más afectados serán los que deben enfrentar la pobreza y la violencia en sus países.
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6 de abril, 2019
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¿Qué va a pasar en Honduras, Guatemala y El Salvador después que se cancele la ayuda que reciben de Estados Unidos? Es la pregunta que muchos se formulan en la región.

El presidente Donald Trump tomó esta decisión como una forma de presionar a miembros del Triángulo Norte para que detengan el creciente flujo migratorio.

El recorte de la ayuda pone en riesgo principalmente programas que pretenden evitar la salida masiva de personas hacia el norte.

Hasta ahora el gobierno estadounidense no ha ofrecido detalles de qué programas se quedarán sin recursos.

Pero según la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), entre los más afectados se encuentran los que combaten pobreza extrema, violencia e impunidad, justo algunas de los problemas que cada año obligan a miles de personas de la región a abandonar sus países.

Los fondos que podrían cancelarse se utilizan, por ejemplo, para combatir la extorsión en Guatemala, el reclutamiento de jóvenes por pandillas de Maras en El Salvador o para reducir la tasa de homicidios en Honduras.

La orden de Trump implica suspender fondos por al menos US$450 millones, según datos del Departamento de Estado, aunque la cantidad puede ser mayor.

Adriana Beltrán, directora para Seguridad Ciudadana de WOLA, recuerda que el Congreso estadounidense autorizó en febrero pasado US$180 millones para Centroamérica.

No está claro si este dinero también forma parte del decreto de suspensión del mandatario. Pero las consecuencias de su propuesta pueden ser graves.

“Gran parte de lo que ha dado Estados Unidos a la región ha sido para apoyar esfuerzos que buscan atender los factores que causan la migración irregular”, dice Beltrán a BBC Mundo.

“Esa decisión, lejos de ayudar a estabilizar la situación en la región, lo único que va a hacer es empeorar las condiciones en los países de Centroamérica”.

La orden de Trump puede resultar contraproducente para Estados Unidos, insiste la especialista. “Puede provocar más migración a la larga. Es lo que va a hacer”.

EE.UU. no nos ayuda

En todo caso el monto del recorte representa una cantidad menor al dinero que Centroamérica recibe cada año en remesas, especialmente desde Estados Unidos.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en 2018 el monto de estos recursos fue de US$22.500 millones.

En el Triángulo Norte las remesas son fundamentales para las economías locales, reconoce la CEPAL.

Para algunos países como Honduras el dinero del gobierno de Estados Unidos no es relevante, dice el presidente Juan Orlando Hernández.

Según datos de la Secretaría de Finanzas hondureña, en 2018 se recibieron US$90 millones a través de distintos programas y agencias estadounidenses. En ese período el monto de las remesas fue de US$4.900, de acuerdo con la CEPAL.

El presidente Hernández asegura que el gobierno de Trump no ha dado ninguna ayuda a su país.

“Con el plan Alianza para la Prosperidad dijimos que Honduras iba a poner cuatro dólares, mientras que Estados Unidos pondría uno. Esos dineros en algunas ocasiones se han atrasado y en otras ni ha llegado”.

Analistas y miembros del Congreso estadounidense creen que el anuncio de Trump es parte de una estrategia política.

Pero otros como el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Stein advierten que la orden del magnate puede desatar conflictos legales.

“Claramente contradice compromisos de política exterior bipartidaria de Estados Unidos con nosotros”, dice a BBC Mundo.

Guatemala: dinero contra la corrupción

La mayor parte de la ayuda al Triángulo Norte se envía a través de la Estrategia para Centroamérica, que opera la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

No está claro si los proyectos y organizaciones que respaldan podrán seguir en operación tras el anuncio de la suspensión de la cooperación estadounidense.

En los tres países del Triángulo Norte hay varios ejemplos, como en Guatemala, que recibe el mayor porcentaje de ayuda.

Los datos más recientes de WOLA, de 2017, señalan que obtuvo más de US$78.6 que se destinaron especialmente a estrategias contra la violencia y la corrupción.

El dinero se utilizó, por ejemplo, en una estrategia para proteger a víctimas de trata de personas, implementada por la organización civil El Refugio de la Niñez.

El objetivo es apoyar especialmente a niños víctimas de esclavitud, a través de atención médica y psicosocial, así como respaldo legal en los procesos judiciales que enfrentan.

En esa estrategia el financiamiento programado entre 2018 y 2021 es de US$2,2 millones.

Otro proyecto es Alimenta el Futuro de Guatemala, destinado a mejorar la nutrición de comunidades rurales y aumentar el ingreso de los campesinos.

En este caso la inversión programada de 2017 a 2022 es de US$36 millones.

Uno más es el Proyecto de Justicia para Juventud y Género, que entre 2016 y 2021 debía recibir US$37,4 millones. El programa apoya a víctimas de la violencia, especialmente mujeres, y jóvenes.

Honduras: violencia, la prioridad

El apoyo estadounidense a Honduras se concentra en prevenir la violencia y reparar fallas en su sistema de justicia.

Algunos de los programas van en ese sentido, como uno para la prevención secundaria de la violencia.

El objetivo es detectar jóvenes con riesgo de sufrir violencia o ser reclutados a la fuerza por las pandillas. El financiamiento previsto es de US$24,6 millones entre 2016 y 2020.

La estrategia opera sobre todo en algunas de las regiones más violentas del país, como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba.

También hay respaldo para la Alianza para el Corredor Seco que pretende reducir la pobreza y desnutrición en el oeste de Honduras, donde existen las comunidades con mayores índices de marginación.

Para ese proyecto el respaldo programado es de US$60,6 millones entre 2014 y 2020.

Una estrategia adicional es prevenir la violencia en las escuelas a través del programa Asegurando la Educación, que tiene un presupuesto de US$20,8 millones para utilizarse entre 2017 y 2022.

El Salvador: las Maras, el mayor problema

En el caso de El Salvador la mayor parte del apoyo estadounidense se enfoca en prevenir la violencia, combatir la inseguridad y mejorar el sistema de justicia, entre otros temas.

Por ejemplo, el proyecto Puentes para el Empleo debía recibir una financiación de US$42,2 millones entre 2015 y 2020.

Este apoya a organizaciones civiles, empresarios y maestros para aumentar el número de empleos a jóvenes de municipios con alta criminalidad.

También se apoya al programa de Educación y Convivencia para Escuelas y Comunidades Libres de Violencia, que cuenta con una inversión de US$10 millones entre 2018 y 2023.

Con este proyecto se ofrecen servicios psicosociales a jóvenes, padres y maestros en escuelas ubicadas en comunidades de alto riesgo.

También existe el programa de Prevención del Crimen y la Violencia que respalda al gobierno de El Salvador en una estrategia para fortalecer comunidades y prevenir, de esa manera, la delincuencia.

El financiamiento para el proyecto es de US$39,8 millones para el periodo 2013-2019.


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