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3 testigos que declararon contra el exgobernador de Tamaulipas murieron; otro está desaparecido

Ayer jueves 12 de octubre, el juez segundo penal, Juan Manuel Ham Cortés, dictó auto de formal prisión contra el exgobernador Eugenio Hernández Flores.
Por Redacción Animal Político
13 de octubre, 2017
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Tres de los cuatro testigos que declararon en el caso de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, murieron y un cuarto está en calidad de desaparecido desde el noviembre de 2016.

Ramiro Higuera Martínez, Edgardo López Munguía y Casimiro Mora Vázquez, quienes son testigos en la indagatoria 67/2017, fallecieron en distintas circunstancias, de acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) consultada por Animal Político.

En tanto, Aurelio Parras Bustos, el cuarto testigo, desapareció el 2 de noviembre de 2016. Todos los hechos sucedieron en Ciudad Victoria.

Las declaraciones de estos cuatro personajes, forman parte de las pruebas presentadas por la PGJ en la averiguación contra el exgobernador. Todas fueron tomadas el 19 de noviembre de 2013, de acuerdo con documentos a los que Animal Político tuvo acceso.

¿Quiénes eran?

La información oficial que se tiene de los cuatro testigos, es que en el caso de Ramiro Higuera Martínez se suicidó.

Higuera se desempeñaba como secretario particular del entonces tesorero de Tamaulipas, Miguel González Salum. Según la versión de la PGJ, el 12 de mayo de 2014, a las 10:40 horas, Higuera accionó un arma de fuego dentro del baño de la oficina de la Secretaría de Finanzas (SF) en el Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria.

El hombre de 48 años fue trasladado al hospital general aún con vida, pero finalmente falleció, informó el gobierno de Tamaulipas.

El 12 de junio de 2016, el cuerpo del contador público Casimiro Mora Vázquez fue encontrado envuelto en una cobija. Por su muerte el gobierno tamaulipeco no emitió comunicación del hallazgo.

Sin embargo, el 15 de junio de 2016, el portal Breitbart Texas publicó  que el hombre fue secuestrado y tras un intento de rescate los captores huyeron para después asesinarlo. Casimiro Mora era un personaje cercano al tesorero del exgobernador Eugenio Hernández.

Dos meses después, el 16 de agosto de 2016, la PGJ informó que hombres armados secuestraron al director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas, Edgardo López Munguía. Los captores le dispararon en la pierna para llevárselo. Al día siguiente del secuestro del funcionario de 40 años de edad, policías estatales montaron un operativo para rescatarlo, pero finalmente lo encontraron muerto en la habitación de un hotel.

Al día siguiente, el Grupo de Coordinación Tamaulipas informó de la captura de los presuntos responsables del secuestro y homicidio del funcionario, quienes fueron presentados ante el ministerio público.

En el caso de Aurelio Parras Bustos no hay mucha información oficial sobre su vínculo con el exgobernador Hernández o exfuncionarios de su administración, sin embargo,  el 2 de noviembre de 2016 se reportó en redes sociales su desaparición.

De acuerdo con el mensaje difundido en la página de Facebook “Situación de Riesgo”, Parras “fue visto por última vez cerca de Liverpool, viste playera color negra con pantalón de mezclilla color azul. Desapareció el día lunes a las 6:00 pm”, expone un mensaje.

Al cierre de esta edición, el gobierno de Tamaulipas no emitió un pronunciamiento por la muerte de 3 de los testigos y la desaparición del cuarto atestiguante en el caso del exgobernador.

Estrategia de la defensa: desacreditar las firmas de testigos

Ayer jueves 12 de octubre, el juez segundo penal, Juan Manuel Ham Cortés, dictó auto de formal prisión contra el exgobernador Eugenio Hernández Flores. A media mañana, el victorense acompañado de su equipo de cinco abogados de la firma Collado & Asociados escuchó la valoración de las pruebas.

Hernández Flores es acusado de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía Anticorrupción lo imputa de comprar, por medio de un prestanombres, un terreno de mil 600 hectáreas en el Puerto Industrial de Altamira. El predio fue adquirido a un costo menor y pertenece al patrimonio del Estado.

Además, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) buscan ejecutar órdenes de aprehensión contra el empresario constructor Fernando Cano Martínez; el exgobernador Tomas Yarrington; el exsecretario de Obras Públicas, Alberto Berlanga Bolado; y los miembros del Comité Técnico del fideicomiso que administraba los terrenos vendidos, Héctor Suverza Ramírez y Delia del Carmen Berlanga.

La audiencia se realizó en el juzgado segundo penal, ubicado dentro del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de la capital tamaulipeca. A la cita judicial para desahogar las pruebas del expediente 67/2017, acudieron mujeres y hombres que se manifestaron a favor del político priista.

El principal abogado del priista, Jorge Olvera Reyes, presentó un conjunto de pruebas que buscan desacreditar las declaraciones de los cuatro testigos, tomadas el 19 de noviembre de 2013, que imputan a Eugenio Hernández.

La defensa aportó un peritaje grafológico de las firmas de los testigos. El perito concluyó “las firmas debitadas atribuidas a…que aparecen en declaraciones testimoniales que obran en autos del presente expediente no pertenecen al puño y letra y sistema nervioso central de los ciudadanos…y por lo tanto son firmas falsas, ya que pertenecen a persona diversa”.

Los abogados señalaron anomalías en los documentos de la declaración de Aureliano Parras Bustos -la misma que el perito considera con firmas falsas-. Olvera Reyes explicó que a los testigos se les advirtió que en caso de mentir se les sancionaría de acuerdo con el artículo 256 e impondría una multa de cien a trescientos veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

La unidad de medida y actualización es un concepto que en 2013 no existía en la justicia mexicana, según las pruebas aportadas por la defensa. “Tenga presenta su Señoría que la desinfección del salario mínimo en el Código Penal de Tamaulipas fue hasta el 21 de diciembre del año 2016”, afirmó el equipo de Eugenio Hernández.

Buscan amparo contra nuevas órdenes de captura

Al terminar la audiencia, el abogado Antonio Collado Mocelo expresó que la defensa ya promovió un nuevo amparo contra nuevas órdenes de captura, derivadas de 14 investigaciones que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas.

“Se demostraron ante el juez dichas anomalías y con todo y eso el juez y los fiscales determinaron otorgar el auto de formal prisión por un delito de lavado de dinero que no existe”, comentó Collazo Mozelo.

El equipo de abogados dijo que promoverán denunciarán penalmente el juez segundo penal, Juan Manuel Ham Cortés, y los fiscales por “torcer la ley para ejecutar venganza política”. Además, presentarán una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Antonio Collado explicó que la extradición del político a causa de la ficha roja de la Interpol no procede, debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) evaluó las pruebas y determinó no ejercer acción penal.

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Las denuncias por las celdas en las que mantenían a niños migrantes en EU

Alrededor de 250 niños migrantes fueron trasladados el lunes de una estación fronteriza en Texas a otros centros de reclusión tras denuncias de negligencia, aunque este martes un funcionario de migración declaró que 100 fueron llevados de vuelta al sitio.
25 de junio, 2019
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“Encerrados en celdas horribles donde hay un inodoro abierto en medio de la habitación” en el mismo lugar en que comían y dormían.

Esta es la descripción de una abogada que visitó un centro de detención de inmigrantes en la fronteriza ciudad de Clint, en el estado de Texas (EE.UU.) en la que estaban cientos de niños migrantes.

Un grupo de abogados que recibieron autorización de un juez para entrar en el lugar denunciaron que los niños estaban “gravemente descuidados”.

Días después de las acusaciones, alrededor de 250 menores de edad fueron trasladados el lunes a otros refugios.

Este martes, sin embargo, medios locales reportaron que 100 niños fueron llevados de vuelta a la estación denunciada “debido a falta de espacio para camas en los refugios y fondos insuficientes para expandir las instalaciones diseñadas para niños”, según declaró un funcionario fronterizo citado por la prensa.

Migrantes en la frontera entre México y EEUU

Getty Images
En los últimos meses, un número récord de familias ha cruzado la frontera sin documentos a Estados Unidos.

Poco después de que estallara la polémica, se conoció que el más alto funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés), John Sanders, presentó su renuncia.

En la carta en la que informa a los empleados del CBP de su renuncia, Sanders no afirma que el motivo es la polémica por las malas condiciones de detención de los niños inmigrantes.

El corresponsal de inmigración del diario The Washington Post, Nick Miroff, la renuncia de Sanders no está relacionada con el asunto.

En su rol de comisionado interino, Sanders se encargaba de supervisar a la agencia federal.

Los niños retenidos en Clint habían sido separados de sus familiares adultos en la frontera o son los hijos de madres adolescentes que también estaban retenidas allí, según reportó el diario The New York Times.

En un incidente aparte, la patrulla fronteriza de Texas reportó las muertes de siete migrantes esta semana que aparentemente trataron de eludir el sistema de inmigración, incluidos dos bebés y un niño pequeño.

¿Cómo describieron las condiciones en el centro?

No había nadie cuidando de estos niños… no los estaban bañando de forma regular”, describió a la BBC la profesora Warren Binford, de la Universidad Williamette en Oregón, quien visitó la estación de Clint.

“Cientos de niños estaban siendo retenidos en un almacén que había sido anexado recientemente al centro”, añadió.

“Las celdas están desbordadas, hay un brote de piojos e influenza. Los niños están siendo encerrados en lugares aislados sin supervisión de adultos. Están muy, muy enfermos y están acostados sobre colchonetas en el suelo”, dijo.

Las manos de una persona detrás de una celda.

Reuters
Una de las abogadas que entró al centro declaró que los niños le dijeron que a veces debían cuidar de los más pequeños.

En las entrevistas que hizo Binford con varios de los niños, algunos mencionaron que “los mayores intentaban cuidar a los menores” y que a veces los más pequeños “se quedaban solos en el piso”, declaró la abogada el sábado a la revista The New Yorker.

“Nos dijeron que tenían hambre y que algunos no se habían bañado”, agregó.

Elora Mukherjee, otra de las abogadas que visitó las instalaciones, le dijo a la cadena CBS News que algunos de los niños “llevaban puesta la misma ropa sucia con la que cruzaron la frontera”.

“Es denigrante e inhumano y no debería estar pasando en Estados Unidos”, agregó.

Una carpa temporal armada al lado del centro de retención de la patrulla fronteriza en Clint, Texas.

Getty Images
Esta es una carpa temporal que se anexó a la estación de la Patrulla Fronteriza en Clint, que recibió denuncias de sobrepoblación y descuido a los niños retenidos.

A medida que siguen surgiendo historias que describen condiciones deficientes en el centro, algunos voluntarios han intentado donar suministros, pero han sido rechazados por los funcionarios de la frontera.

Un grupo de voluntarios declaró al diario Texas Tribune que gastó US$340 en pañales, jabones, toallas desechables y juguetes para los niños del centro Clint, pero que fueron completamente ignorados por los agentes que estaban de turno.

Otro residente de Clint que intentó visitar la estación le dijo al periódico: “Sabiendo lo que pasa en tu comunidad y que no puedas darles a estos niños los suministros que necesitan para limpiarse o vestirse… rompe el corazón”.

El congresista demócrata de Texas Terry Canales envió un tuit posteriormente en el que decía que la Patrulla Fronteriza también le dijo que “no aceptan donaciones”.

¿Qué han dicho las autoridades?

En un comunicado, la autoridad fronteriza reconoció que la estación de Clint no estaba lo suficientemente equipada.

“La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. aprovecha los limitados recursos para proporcionar el mejor cuidado posible a aquellos bajo custodia, especialmente a los niños”, indicó el escrito.

“Como nuestros directivos han señalado en numerosas ocasiones, nuestras instalaciones de retención a corto plazo no fueron diseñadas para albergar poblaciones vulnerables, y necesitamos urgentemente fondos humanitarios adicionales para manejar esta crisis”.

La agencia dijo que trasladó a los niños a instalaciones más adecuadas apenas hubo espacio disponible.

El lunes, la congresista demócrata del estado de Texas Verónica Escobar declaró que las autoridades le informaron que solo quedaban 30 niños en la estación de Clint.


¿Qué están haciendo los legisladores?

Los representantes demócratas de la Cámara Baja del Congreso intentar aprobar por ley un fondo de US$4.500 millones para envío de ayuda a la frontera, pero el asunto divide a los liberales, en particular a hispanos y progresistas.

Algunos legisladores, como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, señalaron que la financiación adicional podría ser utilizada por la Casa Blanca para continuar las “redadas y detenciones”.

Otros, como la congresista demócrata Nita Lowey, creen que los demócratas no deberían permitir que la rabia hacia el presidente Trump les impida ver “las horribles condiciones en las instalaciones fronterizas mientras que las agencias se quedan sin dinero”.

La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, se reunió con los miembros de su partido el lunes para discutir cambios al proyecto de ley previo a la votación de este martes.

La Casa Blanca ya ha amenazado con vetar la ley al declarar que “no provee de una apropiada financiación para la crisis actual y… contiene disposiciones partidistas diseñadas para impedir los esfuerzos de seguridad fronteriza de la administración (de Trump)”.

El gobierno de Trump ha solicitado más fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional.


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