La Corte ordena al Congreso emitir ley que regule el gasto en publicidad oficial
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La Corte ordena al Congreso emitir ley que regule el gasto en publicidad oficial

El Congreso debe expedir a más tardar el 30 de abril de 2018 una ley que regule la publicidad oficial, de acuerdo con lo que establece la resolución.
Cuartoscuro Archivo
Por Redacción Animal Político
15 de noviembre, 2017
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto que ordena al Congreso emitir una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018.

Esta resolución es el primer paso para reglamentar el gasto en comunicación social que hacen los gobiernos.

Los ministros votaron 4 a 1 a favor del proyecto de Arturo Zaldívar, que señalaba que la falta de regulación de la publicidad oficial tenía un efecto silenciador en los medios y era una restricción indirecta a la libertad de expresión.

Esta resolución deriva de la revisión de un amparo promovido por la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19.

En la demanda de amparo, Artículo 19 señala que el artículo tercero transitorio de la llamada “reforma político – electoral” aprobada desde febrero de 2014, ordenaba claramente que se debía emitir una ley específica para regular la contratación de publicidad oficial”.

La sentencia ratifica que, en efecto, el Congreso de la Unión ha sido omiso en expedir la ley que marcaba el artículo 8 transitorio de la reforma aprobada en febrero de 2014.

Originalmente el amparo fue tratado por un juez federal en materia administrativa en la Ciudad de México, quien determinó archivarlo (sobreseerlo) bajo el argumento de que no era procedente, ya que el amparo no aplicaba para temas “políticos electorales”, y que además se violaba el principio de relatividad pues la sentencia podría beneficiar a terceros ajenos al procedimiento.

Inconformes con esta decisión que ni siquiera analizó el fondo del tema, Artículo 19 pidió a la Corte atraer el caso y en agosto de 2015 la Primera Sala consideró que había elementos suficientes para que el caso fuera abordado por el máximo tribunal del país, ante la posible violación de derechos fundamentales con esta situación.

“Todas las autoridades tienen la obligación de respetar la Constitución, de tal manera que cuando existe un mandato constitucional, el Poder Legislativo no es libre para decidir no legislar, sino que puede ser obligado a ello por los tribunales de amparo, pues éstos tienen facultades para analizar la constitucionalidad tanto de las leyes como de las omisiones, y ordenar la restitución de los derechos de  los quejosos cuando estos son violados”, estableció la sentencia de este miércoles, de acuerdo con un comunicado de la SCJN.

La omisión de expedir la ley señalada, se agrega, “viola la libertad de expresión, de prensa y de información. Este derecho requiere de medios de comunicación libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes.

La ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión”. 

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Países como Colombia o México 'no tienen alternativa' a seguir con la guerra contra las drogas: expresidente Rafael Pardo

El colombiano Rafael Pardo fue uno de los políticos que tuvo que lidiar con la lucha contra el tráfico de narcóticos, una guerra dirigida por Estados Unidos que, según él, países como Colombia o México no tienen otra opción que acoger.
21 de junio, 2021
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Han pasado 50 años y la guerra contra las drogas sigue sin ganarse.

Este mes se cumple medio siglo desde que el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declarara una lucha frontal contra el tráfico ilegal de estupefacientes.

Una política interna de Washington que marcó profundamente a Colombia, México y otros países de América Latina.

El político colombiano Rafael Pardo es quizá una de las personas que más de cerca vivió esa guerra en la región.

Con 30 años entró al gobierno como consejero de paz y entre 1991 y 1994 fue ministro de Defensa durante el gobierno de César Gaviria.

Desde ahí tuvo que enfrentar al poderoso cartel de Medellín, al mando de Pablo Escobar. En esos años el narco fue detenido como parte de una amnistía, se escapó de la cárcel y mantuvo una lucha violenta contra el Estado que dejó cientos de víctimas y terminó con su muerte en 1993.

Rafael Pardo

AFP
Rafael Pardo ha sido miembros del establecimiento político durante décadas en Colombia, pero además ha sido escritor de varios libros, entre ellos “La guerra sin fin”.

Pardo luego fue periodista, candidato a la presidencia y a la alcaldía de Bogotá, ministro de Trabajo y ficha clave del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Su libro “Guerra sin fin” sobre el tráfico de narcóticos se publicó el año pasado por la editorial Planeta.

A propósito del aniversario del anuncio de Nixon, Pardo habló con BBC Mundo.


Usted hizo parte fundamental del establecimiento político que luchó contra el narco durante décadas. ¿Cree que se equivocaron en algo?

En los años 80 ya había pasado el boom de la marihuana y empezaba el de la cocaína. Los carteles estaban en auge. Hoy ya no existen. Pablo Escobar y su cartel de Medellín ya no están y el cartel de Cali fue extraditado.

Cuando era ministro de Defensa, entre el 91 y el 94, fumigamos la amapola y Colombia hoy es un productor marginal de ese producto base para la producción de heroína.

La prioridad era librarnos de narcoterrorismo y nos libramos.

¿Tenían o tienen países como Colombia o México una opción distinta a seguir y apoyar la política antidrogas de Washington?

Nuestros países no tenían ni tienen alternativa a seguir con la guerra contra las drogas.

Es clave, antes y ahora, estar en sintonía con Estados Unidos, porque su influencia nos marca en todo sentido: económico, militar y político.

Y en este gobierno (de Estados Unidos) de Joe Biden no se muestra ningún signo de cambio.

¿Qué impacto tuvo el narcotráfico en la economía colombiana?

La revaluación del peso es uno, y eso le restó competitividad a la economía legal, porque quitó los incentivos para exportar. Colombia sería un país más próspero si no hubiera narcotráfico.

El dólar callejero está tradicionalmente más bajo que el dólar en las casas de cambio o en los bancos.

Pero además hay un efecto cultural. La riqueza fácil, la idea de que todo vale para enriquecerse, marcó a este país. Hasta en los colegios hay cierta admiración por los narcos.

El narcotráfico ha sido una desgracia para Colombia.

Campesino cocalero

AFP

Sabemos que no solo en Colombia, sino en Perú y México, importantes dirigentes políticos recibieron dinero de esa industria. ¿Hasta qué punto el narcotráfico se convirtió en un eje de la política?

Hay un ejemplo en Colombia que prefiero no nombrar. Mejor sí lo nombro: Ernesto Samper (presidente entre el 94 y el 98 cuya campaña presidencial recibió dineros del narco).

¿Quién se ha beneficiado de la guerra contra las drogas?

Los narcos y las agencias antidrogas.

En Colombia se han intentado todo tipo de estrategias para sustituir cultivos ilegales por legales. Pero ¿tiene sentido seguir insistiendo en esas estrategias mientras las drogas sean el negocio más rentable para un campesino?

Sustituir es la opción más sostenible para los campesinos, que son el eslabón más débil, el que menos gana. No hay un solo campesino rico. Solo sobreviven.

Las ganancias no están ahí, sino en los intermediarios.

Pero ¿sustituir es mejor opción que legalizar?

No es tan sencillo. Hay que atacar los problemas que sustentan las actividades de drogas: pobreza, informalidad, exclusión.

Luego romper el prohibicionismo con políticas de descriminalización a pequeñas dosis y de salud pública que ataquen la adicción.

Eso debe ir de la mano de cooperación internacional, porque un país productor no supera este trauma solo.

Guerra contra las drogas

AFP

¿Cuánta responsabilidad se le puede atribuir al narcotráfico en la persistencia de problemáticas como la criminalidad, la sobrepoblación carcelaria o la corrupción en América Latina?

La criminalidad está altamente relacionada con la droga.

La sobrepoblación carcelaria tiene que ver con jóvenes que en su mayoría son acusados de tráfico de drogas.

La corrupción en sentido estricto no tiene que ver con drogas, pero la cultura del “todo vale” es un incentivo para la corrupción.

¿Qué opina de la iniciativa del gobierno de Iván Duque de volver a hacer aspersiones con glifosato para erradicar cultivos de coca?

Estoy a favor de la aspersión para el cultivo de amapola, que es una mata más débil. Pero la coca es más fuerte. La amapola requiere de una aspersión mientras que la coca requiere múltiples aspersiones.

Estados Unidos, que ha estado 19 años en Afganistán, no ha fumigado nunca. Probablemente en Afganistán no tienen en cuenta los efectos cancerígenos, sino que reconocen que la efectividad no está probada.

Considerando los afectos cancerígenos del glifosato, el proyecto de Duque es una locura.

Primero porque su efectividad es nula. Segundo porque va a generar una agitación social en las zonas productoras.

Y tercero porque va a repercutir en costosas demandas legales al presidente, al ministro de Defensa y, en últimas, al Estado.

Es más fácil y más barato sustituir.


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