Falla la PGR: Solo 10 de 872 denuncias de ASF por desvíos han llegado a juicio; no hay sentencias
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Falla la PGR: Solo 10 de 872 denuncias de ASF por desvíos han llegado a juicio; no hay sentencias

El 70% de los casos está “en integración” sin ninguna resolución. El resto se fue al archivo o está cerrado. Solo 40 casos han sido consignados por PGR aunque los jueces han devuelto varios por ineficiencias.
Especial
Por Arturo Angel
29 de noviembre, 2017
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Desde su creación, hace 17 años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 872 denuncias formales ante la PGR por posibles hechos de corrupción en el manejo de recursos público. Pero hasta ahora, la Procuraduría solo ha logrado que una decena de esos casos lleguen a juicio y en ninguno se ha dictado sentencia todavía. Los detenidos por esos casos se encuentran libres bajo fianza.

Es decir, en términos jurídicos, todos los desvíos denunciados por las autoridades permanecen al día de hoy impunes, entre ellos más de 60 casos correspondientes al gobierno de Javier Duarte en Veracruz.

Los motivos de la falta de resultados van desde la lentitud con que la PGR investiga los casos, postergándose algunos por años o de plano archivándolos, hasta la interposición de amparos de parte de los probables responsables que frenan los procesos, o criterios de los jueces que consideran que las averiguaciones previas no están bien integradas.

Un balance sobre las acciones legales promovidas por la Auditoría al que Animal Político tuvo acceso arroja que la ASF ha presentado 872 denuncias penales ante el Ministerio Público de la Federación (Procuraduría General de la República).

Las denuncias penales, en términos generales, son por el manejo irregular de recursos federales que no se utilizaron para lo que estaba destinado y que no se sabe en donde se encuentran. Las irregularidades involucran tanto a funcionarios de dependencias federales, así como de gobiernos estatales, municipales, universidades y fideicomisos.

Cada denuncia presentada por la ASF está integrada por tres partes: un oficio donde se hace una descripción detallada de los hechos irregulares y de los procesos de verificación, el expediente completo de la auditoría practicada que dio origen a la denuncia, y un dictamen técnico donde se identifica a los servidores públicos que tendrían una posible responsabilidad en los hechos de acuerdo con su ámbito de competencia.

Esta documentación sirve para que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR integre la averiguación previa (carpeta de investigación en el nuevo sistema penal) y se prosiga con las indagatorias en donde el área jurídica de la Auditoría Superior funge como coadyuvante (auxiliar en el proceso de investigación).

Un dato a destacar es que de las 872 denuncias presentadas el 96 por ciento (833 denuncias) se han presentado del 2010 a la fecha, es decir, durante la administración del auditor superior Juan Manuel Portal.

Pobres resultados

El balance de eficacia de la PGR en el seguimiento de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación es raquítico.

Si tomamos en cuenta que de acuerdo con la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, un hecho delictivo queda resuelto solo cuando se dicta sentencia firme en contra de los probables responsables, entonces se puede afirmar que en el caso de las denuncias de la ASF el nivel de impunidad es del cien por ciento.

Lo anterior es así porque ninguna de las 872 averiguaciones iniciadas tras las denuncias ha concluido en una sentencia condenatoria en contra de algún probable responsable y, por lo tanto, tampoco se ha reparado el daño que pudo haber sido causado por los culpables.

Existe solo una decena de casos, de acuerdo con la información proporcionada, que han derivado en procesos penales ante algún juzgado federal. En dichos juicios, que hoy están en curso y no han llegado a la fase de sentencia, los involucrados han pagado fianzas que les han permitido recuperar su libertad

Esta es la razón por la cual tampoco existe una persona detenida ni encarcelada actualmente como resultado de las denuncias de los auditores.

Los datos obtenidos por Animal Político arrojan que (hasta el corte del pasado 30 de octubre), el 68 por ciento de las averiguaciones iniciadas tras las denuncias de la ASF (es decir 592 de las 872) se encuentran oficialmente  “en integración”. Es decir, se trata de averiguaciones que no están cerradas pero tampoco han sido consignadas pues las investigaciones se encuentran (se supone) en desarrollo.

Por otro lado hay cerca de un centenar de averiguaciones, que equivalen al 11.5 por ciento del total, que fueron enviadas por el Ministerio Público a “la reserva”, es decir, que sin haber sido cerradas se enviaron temporalmente al archivo y se suspendieron las investigaciones en espera de nuevos elementos que permitan darles continuidad.

Además está el caso de 56 denuncias de la ASF donde la PGR decretó el no ejercicio de la acción penal o cerró de forma definitiva la indagatoria al considerar que el posible daño que se había reportado quedó aclarado o resuelto.

De las poco más de cien averiguaciones restantes hay aproximadamente 40 averiguaciones que la PGR ya intentó consignar en su momento pero que por criterios de los jueces han sido devueltas al Ministerio Público para que sean revisadas o completas. En cuanto a las demás no se precisó su estatus más allá de que tampoco son casos resueltos.

¿A qué se debe que los niveles de eficacia de la PGR en la resolución de estos casos sean tan bajo?

De acuerdo con autoridades con conocimiento de estos procesos, el problema principal parte de un deficiente diseño institucional, pues las denuncias presentadas por la ASF son una fracción de un grupo de aproximadamente 40 mil averiguaciones que debe atender la Subprocuraduría de Delito Federales y para las cuales no hay recursos humanos suficientes.

Por otro lado cada denuncia de la Auditoría, aun cuando esté acompañada de una serie de verificaciones que ya hizo el personal de la ASF, requiere que los fiscales vuelvan a comprobar las irregularidades y citen en primera instancia a declarar a todos los posibles involucrados, proceso que se puede demorar meses e incluso años.

Lo anterior se complica aún más si se toma en cuenta que, en numerosas ocasiones, los involucrados interponen demandas de amparo para no ser citados o para que no se proceda en su contra, lo que ocasiona que las autoridades primero tengan que litigar dichos procesos antes de poder seguir con la averiguación principal e indagar las irregularidades.

Los otros factores que explican los malos resultados son la corrupción y la falta de voluntad para que muchos de los casos lleguen a una conclusión. Un ejemplo de ello fue un grupo de aproximadamente 13 denuncias presentadas por la ASF en contra de la administración de Javier Duarte que ilegalmente un fiscal (ya separado de cargo) había mandado al archivo con el supuesto argumento de que el caso le correspondía a la fiscalía estatal.

Las excepciones

Las denuncias de la ASF que presentan un avance mayor son las que ya se convirtieron en un proceso penal, sin que hasta ahora se haya dictado todavía alguna sentencia condenatoria o absolutoria. Se trata de una decena de expedientes. Para llegar a ese punto algunos de los casos han tenido varios años de trabajo.

Un ejemplo es el del líder de la Asociación Civil, Jorge Ignacio Serrano Limón. La ASF denunció en 2005 que esta organización había desviado aproximadamente 25 millones de pesos que recibió d apoyo del gobierno federal para gastarlos en ropa en tiendas departamentales y trajes de baño.

Pero los resultados tardaron poco más de diez años en llegar debido a los amparos que interpuso dicha organización. Fue hasta principios de 2016 cuando el caos fue consignado con éxito y un juez libró la orden de aprehensión contra Serrano por el delito de peculado. El 18 de febrero el líder de Provida fue detenido aunque después logró salir bajo fianza, Ese caso continúa actualmente bajo proceso.

Otro caso fue el del extesorero del municipio de Atizapán de Zaragoza, Alberto Torres Almeida, que en 2010 fue denunciado por la ASF luego de que se descubrió que había usado 37 millones de pesos provenientes de recursos federales para invertirlos en la Bolsa. Tras cinco años de investigaciones el exfuncionario fue detenido luego de que un juez librara la orden de aprehensión. Hoy sigue su proceso en libertad provisional.

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Bukele contra las maras: policías denuncian que los obligan a cumplir cuotas de detenciones en la guerra contra las pandillas

Representantes del gremio policial advierten que la detención masiva de pandilleros es una “bomba de tiempo” para un sistema carcelario que ya está sobrepoblado.
19 de abril, 2022
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Los policías capturaron a dos mujeres sospechosas de colaborar con las pandillas en El Salvador. Cuando las trasladaban en una patrulla, el inspector dijo a los agentes que incluyeran en su reporte a tres personas arrestadas en otros operativos como parte del régimen de excepción que aprobó el Congreso a finales de marzo para combatir a las maras.

Los agentes se negaron. El inspector advirtió que si no acataban la orden de presentar a los cinco detenidos dentro de un mismo procedimiento, serían enviados al otro extremo de El Salvador.

Finalmente fueron trasladados y los agentes lo denunciaron en un informe enviado a Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, y al que tuvo acceso BBC Mundo.

Reyes explica a BBC Mundo que ese incidente fue el detonante que llevó al sindicato de la policía salvadoreña a denunciar que los jefes policiales exigen cuotas diarias de arrestos a sus agentes en un momento en el que el gobierno del presidente Nayib Bukele se propone capturar a 20.000 miembros de pandillas.

Bukele reclamó al Congreso que aprobara un régimen de excepción, que entra en su cuarta semana, y a modificar el código penal tras el aumento de homicidios el último fin de semana de marzo.

Esas medidas forman parte de lo que Bukele llama “guerra contra las pandillas” y por la que asegura que ya han sido detenidas 10.000 personas.

El sindicato policial asegura haber recibido 15 denuncias de imposición de cuotas de detención en seis de los 14 departamentos que conforman el país.

En BBC Mundo hablamos con Marvin Reyes, que denuncia las presiones pero comparte las medidas impulsadas por Bukele y el Congreso, de mayoría oficialista, contra las maras.

BBC Mundo solicitó al gobierno de Bukele y al comisionado de la Policía, Mauricio Arreaza Chicas, un comentario sobre la denuncia pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuesta.


Marvin Reyes

Marvin Reyes
Marvin Reyes es el secretario general del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

¿Qué está pasando con las detenciones de los pandilleros durante el régimen de excepción?

Algunos oficiales que dirigen unidades policiales en diferentes partes del país están imponiendo cuotas de detenidos por día. Por ejemplo, en el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador, le están imponiendo a cada patrulla seis detenidos por día. Los compañeros que están en esa zona dicen que no pueden llegar a veces a ese número porque ya no hay pandilleros allí, han huido a otros sectores para esconderse.

No estamos en una competencia para ver qué unidad policial captura más pandilleros. El objetivo de esto es sacar de circulación a aquellos delincuentes que están vinculados a las pandillas. Para eso hay mecanismos, los aparatos de inteligencia ya tienen identificadas las estructuras de las pandillas, los que colaboran con ellos.

Los esfuerzos de los agentes de la policía están enfocados hacia esta gente, pero no para generar un aspecto de presión para que lleguen a un determinado número. En eso no estamos de acuerdo, porque se está empujando al policía a que capture incluso a alguien que no tenga que ver con pandillas, y para llenar ese cupo, meterlo ahí junto con los demás.

¿Qué dicen los jefes policiales? ¿Qué han respondido después de estas denuncias?

Absolutamente nada. No responden, ignoran las denuncias que se están haciendo. Y el director de la policía, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, tampoco responde. Él no está intercediendo por la gente, simplemente está ignorando las acciones que están cometiendo jefes territoriales. El director debería interceder y evitar que se generen estos traslados.

Nayib Bukele

Getty Images
El presidente Nayib Bukele pidió al Congreso aprobar la medida del régimen de excepción.

¿Es verdad que recibieron la orden de detener a los pandilleros de la MS-13 y no a los de Barrio 18?

Es verdad. Hemos recibido muchas denuncias de varios departamentos del país donde los oficiales le han dicho al personal que tienen bajo su mando que no detengan a pandilleros de Barrio 18, no importa si es la facción sureña o revolucionaria. Que se enfoquen en los de la pandilla MS.

No sabemos cuál es el motivo. Los oficiales dicen al personal que son órdenes superiores. Eso es lo único que hasta el momento hemos podido recabar porque no hemos encontrado una razón.

¿Es factible detener a más de 10.000 personas en dos semanas, como ha informado el gobierno?

Sí, porque la policía lleva sus registros de personas detenidas con lujo de detalles.

Manos esposadas.

Getty Images
Los hombres que llevan tatuadas marcas de las pandillas son detenidos en El Salvador.

¿Qué diferencia hay entre el régimen de estado de excepción y otros operativos de seguridad anteriores que se han aplicado para combatir a las pandillas?

El código penal ha sido modificado para que la sola pertenencia a las pandillas sea motivo de delito. Para un miembro de pandillas son 30 años de cárcel. Para un colaborador son 15. Eso no existía antes. Era muy difícil establecer que un sujeto pertenecía a una pandilla, había que reunir alrededor de 12 requisitos por cada pandillero. Ahora es más rápido.

Sabemos que un tipo que anda tatuado claramente pertenece a la pandilla y va preso. Mediante los aparatos de inteligencia de la policía, entrevistas y otros parámetros, se tienen que establecer indicios para determinar la pertenencia a la pandilla de quienes no están tatuados y aplicar la ley.

Aquí hay mucha gente que ha estado colaborando con las pandillas.

Mucha gente ha vivido a expensas de estas colaboraciones y tienen carros y casas lujosas. No se tatúan y pasan como personas normales, pero están colaborando directamente con las pandillas. Esta gente también va presa y lleva 15 años de cárcel.

¿Existe el riesgo de que por ser ahora un proceso más expedito metan presa gente inocente?

Eso es lo que no se debe hacer. En la policía no debe existir el margen de error porque no podemos estar metiendo gente inocente a la cárcel. Es el cuidado que se tiene que tener para establecer plenamente aquellos que no están vinculados a la pandilla.

El Salvador

Getty Images

¿En cuánto se estima la población pandillera de El Salvador?

Estimamos que son alrededor de 70.000 pandilleros solo de la MS a nivel nacional. Hay que multiplicar los colaboradores por cinco o seis. Sobre la 18 hablamos de unos 20.000 a nivel nacional. Hablamos aproximadamente de unos 100.000 pandilleros diseminados por todo el territorio de El Salvador.

¿Qué impacto pueden tener estas detenciones masivas en la población carcelaria?

Esto es una bomba de tiempo. Ya había una sobrepoblación, quizás del 200% o 300% en casi todas las cárceles del país. Y meter a esta gran cantidad de detenidos va a generar más problemas de los que ya tiene el régimen carcelario. Las cárceles no tienen la capacidad ni están diseñadas para albergar a esa gran cantidad de población. Se va a sobresaturar el sistema.

Las autoridades de centros penales tendrán que buscar un mecanismo para contener a toda esta gente. Buscar algún edificio temporal que puedan adecuar rápidamente para mover a tanta gente. Las bartolinas de la policía, las cárceles pequeñas preventivas dentro de cada base policial, son limitadas. Las más grandes pueden contener 125 personas máximo.

Hombre detenidos en una prisión en El Salvador

Getty Images
Marvin Reyes asegura que las detenciones agravarán el hacinamiento carcelario en El Salvador.

¿Es posible que las pandillas aprovechen las cárceles como un espacio para encontrarse y reorganizarse?

Podría ser. Es una gran posibilidad porque el delincuente siempre está buscando la manera de contrarrestar o superar las acciones de las autoridades, sobre todo los planes de seguridad y los métodos carcelarios. Lógicamente ellos van a tratar de causar inestabilidad dentro del sistema penitenciario.


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