Familiares de víctimas y activistas denuncian errores en el registro oficial de desaparecidos
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Cuartoscuro Archivo

Familiares de víctimas y activistas denuncian errores en el registro oficial de desaparecidos

Organizaciones y familiares de víctimas señalan que en el conteo del gobierno faltan entre el 25 y el 50% de los casos de desaparecidos en México.
Cuartoscuro Archivo
Por Ernesto Aroche Aguilar
16 de noviembre, 2017
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Al Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) le faltan entre el 25% y el 50% de los casos de desapariciones reportadas por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios o el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl).

Un aproximado que también fue detectado por el académico y comunicador de Jalisco, Darwin Franco, quien lleva años siguiendo y documentando el tema de la desaparición de personas en su entidad.

Los errores de la base no terminan ahí. Michael Chamberlain, integrante del Centro Fray Juan de Larios, señaló que en los casos de desaparición que ellos han acompañado y que si están en el RNPED, al menos el 70% tiene inconsistencias, “en algunos está equivocado el apellido, o está mal la fecha o el lugar de desaparición, incluso el estado, entre otros”.

Situación que, dice, “vuelve muy difícil que el RNPED sirva como instrumento de búsqueda y genera mucha desconfianza”.

Leer: Dar nombre a desaparecidos en México, un trabajo de la sociedad para devolverles la identidad

El problema, explicó el defensor, es que las responsabilidades del RNPED están dispersas, pues mientras es la PGR la que recibe la información de las procuradurías y fiscalías estatales, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el encargado de subir la información al registro.

“No hay un esfuerzo real de depuración y tampoco hay un esfuerzo de búsqueda, de ser así se refinaría la información de los desaparecidos, y eso no pasa. Pareciera sólo que es una administración de registros preestablecidos, en los que un día ves casos en la lista del fuero común, y después pasan al fuero federal. O desaparecen unos meses y luego vuelven a aparecer”, dijo Chamberlain.

Pero además, sostuvo Darwin Franco, las cifras de las fiscalías estatales no necesariamente coinciden con los datos del RNPED.

A partir de solicitudes de información que ha presentado éste ha podido documentar que, en 2017, la Fiscalía General de Jalisco tiene 2,899 personas como desaparecidas, mientras que los datos del RNPED registran 2,777 pero en los últimos 17 años.

Franco también empezó a revisar si los casos que tienen registrados dos colectivos de familiares de desaparecidos en Jalisco, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco y Por amor a ellxs, aparecen en la base que abrió Data Cívica, y la tendencia que ha encontrado, hasta el momento, es que cerca del 50% de los casos no están en el registro nacional.

En Monterrey, Nuevo León, la situación es similar. Para muestra el caso de Roy Rivera Hidalgo, un joven de 18 años al que un grupo de sujetos armados, algunos de ellos con un chaleco que decía “Policía de Escobedo”, se lo llevaron la noche del 11 de enero de 2011.

Desde entonces su madre, Leticia Hidalgo, inició su búsqueda. En estos seis años, la familia de Roy no había tenido noticias de su paradero. Tras conocerse el trabajo de Data Cívica, Leticia buscó a Roy en el registro. Y ahí lo encontró, aunque con errores en la edad y sin información sobre altura, complexión o señas particulares.

“Así sin datos es difícil que alguien lo pueda encontrar, es increíble que exista un registro nacional en esas deplorables circunstancias, tan precarias, anómalas e irregulares que, obviamente, reflejan la simulación de las autoridades”, dijo Leticia.

De hecho, el caso de su hijo en el RNPED es reciente. Leticia recordó que cuando se dio a conocer la primera versión del registro buscó a su hijo y no estaba, tuvo que acudir con las autoridades y exigir que el caso apareciera, finalmente el año pasado se incluyó, pero se hizo mal.

Además del caso de Roy, Leticia revisó seis casos más que tiene registrados Fundenl.

Cuatro sí estaban, dos no. Animal Político revisó 41 casos de los más de 400 que tiene reportados la organización con sede en Monterrey, y encontró que 21 no están en el RNPED.

Y de los 20 restantes hay un caso duplicado, el de Kristian Karime Flores Huerta, otro que está registrado con los apellidos al revés, el de Antonio Verástegui González. Y otros 14 no tienen datos de complexión, estatura o señas particulares.

Un presupuesto de 400 millones de pesos

El pasado 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares.

Se trata de un nuevo marco normativo, que fue impulsado por grupos de la sociedad civil y familiares de desaparecidos.

Esta ley incluye, entre otras cosas, la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Ciudadano y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Este nuevo registro sustituirá al RNPED, pero aún no ha comenzado a operar, pues hasta la fecha el presidente Peña Nieto no ha publique la ley en el Diario Oficial de la Federación.

Las organizaciones que trabajan el tema estiman que puede tardar uno año en entrar en funciones, pero ya hay un presupuesto asignado de 400 millones de pesos, dividido entre federación y estados para trabajar el tema en el 2018.

Aunque, dijo Michael Chamberlain, no está claro si será suficiente “pensando en que se va a construir un sistema nacional de búsqueda y una comisión nacional de búsqueda, y comisiones estatales de búsqueda en los estados, el temor es que se vaya la mayor parte en burocracia”.

“Lo que no queda claro es la distribución de recursos, es cómo se va a traducir en mejores investigaciones, porque de esos 400 no llega nada a las nuevas fiscalías que se van a crear de investigación, no queda claro cómo van a aportar para que haya fuerzas policiales dedicadas a la búsqueda en campo. Y no están destinando absolutamente nada para el tema forense, que es otro capítulo fuerte de la ley. Eso lo maneja PGR, y no hay presupuesto para ello. Todo va a Segob”.

Y sostuvo el defensor: “El RNPED, uno que sirva como tal, no depende de tener muchos recursos financieros sino ganas de hacerlo y voluntad de hacerlo”.

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Rusia y Ucrania: documentan detenciones y secuestros de civiles ucranianos en las zonas controladas por los rusos

La ONU ha identificado 36 casos de políticos, periodistas y activistas que han sido "secuestrados" en territorio ucraniano.
25 de marzo, 2022
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Los ucranianos están siendo detenidos arbitrariamente y sometidos a desapariciones forzadas en áreas controladas por Rusia, le dijo la ONU a la BBC.

La ONU verificó al menos 36 casos de detenciones de civiles, y en varios casos a las familias se les negó cualquier información sobre el destino de los detenidos.

Los ucranianos dicen que temen una creciente campaña de secuestros e intimidación, mientras que Rusia lucha por afirmar el control sobre las ciudades que captura.

Viktoriia Roshchyna, periodista, estaba trabajando en áreas ocupadas en el este del país cuando unos hombres no identificados se la llevaron el 15 de marzo.

El medio para el que trabaja, Hromadske Media, dijo que “probablemente fue detenida por el FSB”, el servicio de inteligencia interno de Rusia, según los relatos de testigos de su secuestro en la ciudad de Berdiansk.

Fue liberada seis días después cuando un video estilo rehén, aparentemente grabado bajo coacción, comenzó a circular en los medios prorrusos de Telegram. En él, Roshchyna dijo que Rusia no la había tomado cautiva y agradeció a las fuerzas de Moscú por “salvarle la vida”.

Periodistas y representantes locales

Svetlana Zalizetskaya, una periodista de la ciudad ocupada de Melitópol, acusó a las fuerzas rusas de tomar como rehén a su padre de 75 años como castigo por negarse a cooperar con la nueva administración.

Zalizetskaya, directora de la agencia de noticias local RIA Melitópol, escribió en Facebook que su padre había sido detenido después de su reunión con el líder de la ciudad instalado por Rusia. En la publicación se negó a dejar de criticar la invasión.

Dijo que recibió una llamada telefónica de sus captores, en la que su padre le informó que estaba retenido “en algún sótano” y dijo que “no sabía qué querían de él”.

Sus captores exigieron que Zalizetskaya, quien se comprometió a “contarle al mundo las atrocidades” cometidas por las fuerzas de Moscú en Melitópol, se entregase.

El Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania dijo que cuatro periodistas también habían sido detenidos y luego liberados en Melitópol.

El jefe del sindicato, Sergiy Tomilenko, dijo que las detenciones eran parte de “una ola de limpieza de información” que tenía como objetivo la “intimidación de periodistas y figuras públicas”.

Un portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH), cuya misión de monitoreo en Ucrania ha estado documentando los secuestros, le dijo a la BBC que los objetivos “son en su mayoría representantes de las comunidades locales, periodistas y personas que hablaron sobre sus posiciones proucranianas“.

Pero dijeron que no pudieron evaluar si los detenidos forman parte de “listas específicas supuestamente elaboradas por funcionarios de seguridad rusos”.

En febrero, funcionarios estadounidenses enviaron una carta a la ONU advirtiendo que Rusia había elaborado una “lista de muerte” de ucranianos para ser atacados o detenidos tras la invasión del país.

Algunas fuentes han sugerido que un hackeo de una aplicación de servicios digitales de Ucrania en enero pudo haber ayudado a Rusia a identificar objetivos; mientras que el Royal United Services Institute ha especulado con que un hackeo del registro nacional de seguros de automóviles de Ucrania pudo haber permitido que los servicios de seguridad identificaran las ubicaciones de los objetivos.

Las fuerzas rusas han detenido a varios funcionarios en las partes ocupadas de Ucrania en las últimas semanas. En la ciudad sureña de Melitópol, el alcalde Iván Fedorov fue secuestrado por las tropas rusas a principios de este mes.

Al hablar sobre su detención con los medios locales, Fedorov alegó que otros detenidos en el centro al que fue llevado estaban siendo torturados.

“No me tocaron físicamente, pero créeme, siete hombres armados eran suficientes para dejar clara su posición”, dice Fedorov. “En la celda de al lado alguien estaba siendo torturado, había gritos que generaban mucha presión psicológica”.

“Tratan de acusarlos de sabotaje y apretar los dedos en la puerta para que digan de qué ejército son, pero son solo residentes locales”.

Se han producido presuntos secuestros en varias otras ciudades, incluida Nova Kajovka en el norte, donde desapareció el secretario del ayuntamiento; y en Bucha, donde el ayuntamiento local le dijo a la BBC que seis empleados fueron detenidos y luego liberados después de una redada rusa.

Advertencias a los parlamentarios

La parlamentaria ucraniana Alyona Shkrum dijo que creía que las detenciones probablemente aumentarían a medida que Rusia enfrenta una falta de cooperación y una mayor resistencia en las regiones ocupadas.

“Estoy segura de que Putin pensó que sería como en Crimea: vienen, se apoderan de los edificios administrativos y el alcalde dice ‘cooperamos, ahora seré su alcalde, ¿qué mas da?'”, le dijo a la BBC.

“No sucedió en absoluto aquí… Nadie, ni siquiera de partidos prorrusos, accedió a hacer lo que los soldados rusos querían que hicieran”.

Shkrum, una parlamentaria prooccidental, le dijo a la BBC que los servicios de seguridad ucranianos le advirtieron que probablemente estaba en una lista negra rusa y que evitara su apartamento en Kiev.

“Prácticamente hay dos listas”, dijo. “Una lista de personas para ser asesinadas, como miembros del parlamento, que en su mayoría son personas con las que (Rusia) siente que no puede cooperar. Y una lista de personas para ser tomadas como rehenes y llevadas a Moscú y obligadas a votar sobre algo”.

“También tengo sanciones en mi contra en Rusia, así que supongo que estoy en la lista para ser asesinada o capturada”, agregó Shkrum.

Vecinos temen campañas de detenciones

Los secuestros no se han limitado a figuras públicas. También se ha detenido a algunos civiles y exmiembros de las fuerzas armadas.

Mattia Nelles, un analista político ucraniano, le dijo a la BBC que su tío, exmédico del ejército ucraniano que luchó en Donbás entre 2016 y 2018, había sido atacado por soldados rusos en la ciudad oriental de Svatove”.

“Las fuerzas de seguridad de la Federación Rusa llegaron a su casa y lo buscaron”, dijo Nelles. “Por suerte, no estaba en su casa, pero los vecinos confirmaron que lo buscan”.

Nelles dijo que no estaba claro qué elementos de las fuerzas rusas estaban detrás de la ola de detenciones, pero en el caso de su tío dijo que las tropas eran una mezcla de personal del ejército y algunas otras fuerzas de seguridad. Solo podemos especular si es FSB, no llevaban insignias”.

Teme que la campaña de arrestos se itensifique en los próximos días. Observó que en las áreas del sur, como Jersón, hasta ahora “la cantidad de arrestos parece relativamente baja” y algunas de las listas parecen estar “elaboradas sobre la marcha” a medida que las fuerzas rusas identifican a los que se resisten a la ocupación.

“Los vecinos temen que estamos viendo el comienzo de una campaña sostenida”, advirtió.


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