ONG pide a la PGR conocer el estatus de la investigación sobre La estafa maestra 
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ONG pide a la PGR conocer el estatus de la investigación sobre La estafa maestra 

La petición sobre La estafa maestra fue hecha por la Asociación civil Mujeres de Hierro; solicitó a la PGR conocer si se está investigando a los presuntos responsables, o si la carpeta de investigación fue consignada ante el juez para abrir un juicio.
Cuartoscuro Archivo
Por Nayeli Roldán y Manu Ureste
17 de noviembre, 2017
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La Asociación civil Mujeres de Hierro interpuso una petición ante la Procuraduría General de la República (PGR) para saber el estatus de la investigación sobre los involucrados en el desvío de 7 mil 630 millones de pesos, documentados en La estafa maestra.

El 6 de noviembre pasado, la organización presidida por Lorena Villavicencio, pidió conocer si se está investigando a los presuntos responsables o si la carpeta de investigación fue consignada ante el juez para abrir un juicio.

Animal Político y Mexicanos contra la corrupción documentaron en La estafa maestra que 11 dependencias del gobierno federal como la Sedesol, Banobras y Pemex otorgaron contratos ilegales a ocho universidades públicas por 7 mil 670 millones de pesos para realizar supuestos servicios, pero que no cumplieron.

De acuerdo con la organización, la publicación periodística tiene “valor probatorio” para la investigación debido a que, según la tesis en derecho, la información extraída de internet, “puede asignársele valor indiciario”.

En el documento, la organización pide a la PGR que informe “si se está investigando a los involucrados en La estafa maestra y, de ser así, informe en qué parte está la carpeta de investigación o si ya se ejerció acción penal contra los responsables o si se judicializó la carpeta”.

La petición, explica Mujeres de Hierro, tiene fundamento en que “como ciudadanos tenemos derecho a que nuestros recursos no sean desviados ni se permita el uso de dinero público para simulaciones o fines diversos”.

Esto porque la investigación sustentó que las universidades públicas contrataron a 186 empresas para realizar los supuestos servicios. Sin embargo 3 mil 433 millones de pesos de recursos públicos desaparecieron en 126 empresas que resultaron ser ilegales.

Mujeres de Hierro es un movimiento que, según explica en su página, “nace del atropello de los derechos de las mujeres dentro de un partido político” y busca impulsar políticas a favor de la equidad de género.

La organización confía en que la PGR reconocerá que el tema es de interés público y efectivamente informe sobre los avances, pero en caso de negarlo, interpondrían un amparo que tal vez resulte en un largo proceso judicial, pero Mujeres de Hierro está dispuesta a seguirlo, aseguró Lorena Villavicencio en entrevista.

El argumento legal expuesto a la PGR es la jurisprudencia establecida por Tribunales Colegiales de Circuito en 2013 referente al “derecho de petición”, considerado como una “prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático”, lo cual abre la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública.

De acuerdo con especialistas, la PGR es la instancia encargada de realizar la investigación, sobre todo porque desde 2013 la Auditoría Superior de la Federación interpuso una denuncia penal al comprobar el esquema de triangulación de recursos públicos que habían hecho las universidades.

Sin embargo, hasta el momento no se conoce que algún funcionario público haya sido consignado por este hecho.

El único avance de investigación después de la publicación del reportaje ha sido por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que desde el 16 de octubre ubicó a nueve empresas que participaron en el desvío como “presunta” fantasma al no comprobar capital ni infraestructura que sustentara las operaciones financieras que hicieron.

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Los controvertidos planes de Reino Unido para enviar a Ruanda a solicitantes de asilo

Algunos solicitantes de asilo que llegan en embarcaciones pequeñas serán enviados al país africano como parte de un programa de prueba de US$150 millones.
14 de abril, 2022
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Algunas personas que buscan asilo en Reino Unido serán trasladadas a Ruanda -a más de 6.500 km de distancia- para ser procesadas en el país africano, según los nuevos planes del gobierno británico.

El controvertido programa forma parte de las nuevas y severas medidas del gobierno para reducir el número de migrantes que llegan al país en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha.

La ministra del Interior, Priti Patel, se encuentra en la nación africana para firmar el acuerdo de US$150 millones que involucra probar el esquema con hombres solteros que llegan a Reino Unido y serán enviados a Ruanda.

En un discurso el jueves el primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó el programa diciendo que era necesario “para salvar innumerables vidas” y evitar que “los traficantes de personas” conviertan el océano en un “cementerio acuático”.

Indicó que bajo el nuevo esquema cualquier persona que llegue ilegalmente a Reino Unido podría ser “reubicada” en Ruanda.

“Esta política no tiene límites”, indicó. Y agregó que Ruanda ha aumentado su capacidad de acoger personas a decenas de miles en los últimos años.

“No podemos mantener un sistema ilegal paralelo”, dijo Johnson. “Nuestra compasión puede ser infinita, pero nuestra capacidad para ayudar a las personas no lo es”.

Se sabe que el año pasado, 28.526 personas cruzaron el Canal en botes pequeños, comparado con 8.404 en 2020.

Un 600 cruzaron el Canal el miércoles y, según Johnson, la cifra podría alcanzar 1.000 al día en las próximas semanas.

La BBC vio el alojamiento en el que serán ubicados los solicitantes de asilo, que se cree que tiene espacio para unas 100 personas a la vez y para procesar hasta 500 al año.

“Impracticable y poco ético”

El nuevo programa ha sido extensamente criticado tanto por grupos humanitarios, que calificaron los planes de crueles, como por los partidos de oposición que dicen que será “”impracticable, poco ético, exorbitante e ineficaz”.

BBC

BBC

Los partidos de oposición también han dicho que el costo anual del plan completo sería mucho más alto que el pago inicial de US$150 millones y expresaron su preocupación por el historial de derechos humanos de Ruanda.

El editor de asuntos nacionales de la BBC, Mark Easton, informando desde Ruanda, explicó que el gobierno enfrenta obstáculos legales y costos sustanciales para lanzar el plan.

Los detalles precisos del plan aún no se han confirmado, pero dijo que el programa de prueba se limitaría en su mayoría a hombres solteros que las autoridades británicas consideran que son inadmisibles.

Según la propuesta, Ruanda asumiría la responsabilidad de las personas que hacen el viaje de más de 6.500 km, las sometería a un proceso de asilo y, al final de ese proceso, si tienen éxito, tendrán alojamiento a largo plazo en Ruanda.

El gobierno de Ruanda indicó que los migrantes tendrán “derecho a la protección total bajo la ley de Ruanda, igualdad de acceso al empleo e inscripción en los servicios de atención médica y social”.

El Ministerio del Interior del Reino Unido cree que la ley de asilo existente será suficiente para implementar el plan, pero quedan dudas sobre la legalidad del esquema.

Priti Patel en Ruanda

PA Media
La ministra del Interior, Priti Patel, (centro) llegó a Ruanda para firmar el acuerdo de US$150 millones.

También se han planteado dudas sobre el historial de derechos humanos del gobierno de Ruanda y su presidente, Paul Kagame.

Varios de sus críticos han muerto o han sido víctimas de intentos de asesinato, pero Ruanda siempre ha rechazado las sugerencias de que su gobierno ha estado involucrado.

También se han planteado preocupaciones sobre la condena por acusaciones de terrorismo de Paul Rusesabagina, quien fue representado en la película de Hollywood Hotel Ruanda por su papel en la salvación de más de 1.000 personas durante el genocidio en ese país en 1994.

El año pasado, el propio gobierno de Reino Unido expresó su preocupación en Naciones Unidas por las “continuas restricciones a los derechos civiles y políticos y la libertad de prensa” en Ruanda, y pidió investigaciones independientes sobre “acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y tortura”.


Un plan extremadamente controvertido

Análisis de Mark Easton, editor de asuntos nacionales, BBC

La asociación con Ruanda es la pieza central de una extensa campaña política más amplia para hacer frente a lo que ha sido una humillación para los ministros que prometieron que Brexit significaría poder controlar las fronteras de Reino Unido.

En cambio, un número récord de solicitantes de asilo ha estado apareciendo en embarcaciones frente a los acantilados blancos de Dover.

Este año se han visto 4.578 llegadas y parece que será un nuevo récord.

Sin embargo, es probable que enviar solicitantes de asilo a Ruanda resulte muy controvertido y legalmente complicado.

Los críticos apuntan al pobre historial de derechos humanos de Ruanda. El año pasado, el Reino Unido exigió en la ONU que se investigaran los presuntos asesinatos, desapariciones y torturas.

Los ministros tendrán que explicar por qué Ruanda es el lugar adecuado para confiar la protección de los derechos humanos de los solicitantes de asilo vulnerables que esperaban que Reino Unido los protegiera.


migrantes

Getty Images
Decenas de miles de migrantes podrían ser enviadas a Ruanda.

Activistas de derechos humanos destacan el impacto negativo en los derechos humanos de los refugiados, el costo del esquema y cuestionan si éste podrá lograr sus objetivos.

Enver Solomon, director ejecutivo del Refugee Council, dijo que la propuesta no aborda las razones por las que las personas desesperadas viajan a Reino Unido.

Amnistía Internacional Reino Unido describió el plan como una “idea sorprendentemente mal concebida” que desperdiciaría dinero público.

La secretaria de cultura del Partido Laborista de oposición, Lucy Powell, dijo que su partido aboga por “medidas aburridas” como restricciones a los traficantes de personas que promocionan negocios en internet.

El Partido Demócrata Liberal señaló que el gobierno estaba “cerrando la puerta” a los refugiados, mientras que Ian Blackford, del Partido Nacional Escocés, describió el plan como “absolutamente escalofriante”.

¿Es legal enviar solicitantes de asilo a Ruanda?

El gobierno británico quiere introducir nuevas leyes, bajo el Proyecto de Ley de Nacionalidad y Fronteras, para facilitar que el Reino Unido envíe refugiados a otro país para que se procese su solicitud de asilo.

Pero el país debe ser “seguro” y Reino Unido también firmó dos tratados internacionales clave que garantizan los derechos de los refugiados:

  • La Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, que protege a las personas de ser enviadas a un país donde se enfrentan a graves amenazas a la vida o la libertad.
  • El Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

Entonces, si existe el riesgo de que una persona sea maltratada en Ruanda, no podría ser enviada allí.


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