El lavado de dinero en México es una actividad criminal en ebullición. En tres años el número de personas sospechosas de hacer operaciones ilícitas detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda se ha triplicado. Tan solo en 2016 se interpusieron más de 100 denuncias ante la PGR por estos casos, aunque menos del 5% de ellas fue resuelta al cierre de ese año.
[contextly_sidebar id=”4nASyhrSa80fj2EYRuYfxlW5L97BJR8I”]Dos análisis de desempeño realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto al combate de delitos financieros en México, y específicamente las operaciones con recursos de procedencia ilícita, arrojan dos realidades: hay una mejora en los procesos de identificación de los sospechosos sin embargo, falta profundidad y alcance a las investigaciones de los policías.
“Esto representa un riesgo no sólo para el sistema financiero sino para la seguridad pública; ya que aun cuando no presenta una cifra exacta sobre el dinero ilícito que ingresa al sistema financiero mexicano, las autoridades federales consideran que significa una amenaza alta; lo que, aunado a la percepción de impunidad, representa un espacio en el que la delincuencia se fortalece” indicaron los auditores.
En el caso de la detección de casos, la auditoría se centró en el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) que, en los últimos años, ha reportado un incremento en la detección de operaciones sospechosas o de interés en el sistema financiero y de personas involucradas en ellos.
El informe de resultados arroja que, por ejemplo, en 2013 se detectaron 108 mil operaciones en el sistema financiera que se consideraron inusuales, para el 2014 la cifra aumentó a 148 mil 949 operaciones, en 2015 fueron 167 ml 295 y para 2016 el reporte ascendió a 213 mil 330 operaciones.
Si sumamos esto más el cúmulo de otras operaciones que se considera de interés ya sea por realizarse en dólares, por ser transferencias, o con cheques de caja, vemos que la UIF analizó en 2013 un total de 13 millones 226 mil reportes de operaciones potencialmente riesgosas mientras que para 2016 dicha cifra creció a 17 millones 624 mil reportes.
La verificación de los reportes anteriores y de otras operaciones revisadas por solicitud expresa del Ministerio Público Federal arroja un incremento en la identificación de personas de “alto riesgo” sospechosos de lavar dinero en el sistema financiero mexicano
Así la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda reportó que en 2013 se detectaron a 358 personas de alto riesgo; para 2014 la cifra se elevó a 846; en 2015 hubo un ligero descenso a 741 individuos; pero en 2016 subió a mil 120 personas de alto riesgo identificadas. Se trata de un incremento de casi el 213% de individuos sospechosas de lavar dinero en este periodo de tres años.
Hay denuncias; falta prevención e investigación
El trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) ha sido efectivo para la presentación de denuncias y el arranque de investigaciones.
Mientras que en 2013 solo el 50 % de las personas identificadas como de alto riesgo de cometer delitos financieros fue denunciada penalmente, para el 2016 el 85% (952 de los mi 120 identificados) fue denunciado penalmente ante el Ministerio Público.
El análisis de los auditores arroja que en 2016 la UIF presentó ante la Procuraduría General de la República 112 denuncias penales que involucran a los 952 sospechosos identificados. Estas 112 denuncias se tradujeron en igual número de averiguaciones previas/carpetas de investigación iniciadas.
“Este aspecto denota que las denuncias emitidas por la UIF fueron integradas con los elementos suficientes para que el Ministerio Público Federal determinara pertinente la apertura de una averiguación previa”, indican los auditores.
De las 112 averiguaciones iniciadas ante la PGR por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita en 2016, al cierre de ese año solo cinco de ellas que equivalen al 4.5% habían sido resueltas: dos de ellas consignándolas ante un juez y tres más integrándolas con otros casos ya iniciados previamente. El resto se encontraba sin resolución.
La auditoría ya había alertado, en un primer paquete de informes de resultados dados a conocer en julio pasado, que la PGR adolece de falta de eficacia en la investigación de los delitos financieros. En promedio logra sentencias en apenas 3 de cada 100 casos que investiga. De hecho, en 2016 los jueces devolvieron a la Procuraduría más de la mitad de los casos que consignó pues consideraron que no estaban bien integrados los expedientes.
En este segundo paquete de auditorías se analizó también el desempeño de la Policía Federal que a través de las Divisiones de Investigación y Antidrogas intervienen en la prevención y combate de operaciones de lavado de dinero.
El informe reconoce que dicha corporación atendió más del 97.5% de las solicitudes y reportes de investigación que recibió de otras autoridades y de la ciudadanía en relación con casos de lavado de dinero y generó los respectivos datos de inteligencia. El problema es que en 2016 hubo una disminución del 20% de esas denuncias y por tanto de los productos de inteligencia generados
Esta no es una situación positiva, señalan los auditores, pues la tarea de prevención se ve supeditada a las denuncias que se presenten. La Policía Federal falla en establecer acciones propias que le permitan, por ejemplo, seguir líneas de investigación y continuar con la inteligencia. En ese sentido la ASF recomendó revisar si esta estrategia es adecuada
“Al depender de que la ciudadanía dé parte de la posible comisión de un hecho punible y, al reducirse el número de denuncias o carecer de éstas, no habría una seguridad de que cuente con una estrategia para la prevención de dichos ilícitos, aunado a que, como en el caso de 2016, no en todos los años se realizan operativos institucionales e interinstitucionales, y no se identificaron mecanismos de prevención, rastreo y detección en la materia”, indicaron los auditores.
La ASF también alertó la falta de profundidad en las investigaciones. El informe destaca que si bien la Policía Federal generó 386 productos de inteligencia en 2016, en el 75.5 por ciento de esos productos no se acreditó que hayan sido útiles para la generación de líneas de investigación que permitan identificar estructuras delictivas de lavado de dinero ni mecanismos de operación.
“Lo anterior se debió a las deficiencias en los mecanismos de registro, evaluación y seguimiento de las actividades que realiza en esa materia, ya sea en su carácter de instancia encargada de la prevención de los delitos o como auxiliar de la autoridad ministerial en el combate de los mismos, por lo que dicha situación limitó determinar la contribución de la PF en la prevención y combate de los delitos en la materia”, concluyeron los auditores.
Inmuebles y préstamos, focos de riesgo
Como parte de su trabajo en la prevención de delitos financieros, la UIF identificó las actividades o negocios más numerosos y que pueden ser utilizados para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. Dichos resultados fueron incluidos en el informe de la Auditoría.
El sector vulnerable de mayor envergadura es el inmobiliario. De acuerdo con el reporte en 2016 se detectaron más de 34 mil sujetos involucrados en este ramo que están obligados a remitir reportes sobre sus actividades relacionadas principalmente con la adquisición o transmisión de derechos de uso o goce de inmuebles. Se trata del 49 por ciento, es decir casi la mitad, de los sujetos que están obligados a reportar sus actividades a la UIF.
La UIF también detectó poco más de 10 mil 300 sujetos de interés relacionadas con préstamos o créditos, que equivalen al 15 por ciento del total.
Los donativos también son una de las principales áreas de riesgo para el lavado de dinero. En 2016 se identificaron cuatro mil 220 sujetos involucrados con estas actividades y que están obligados de informar de ello a las autoridades fiscales.
La lista es larga pero otras de las áreas donde hay un mayor número de verificaciones para prevenir o detectar lavado son las que involucran vehículo aéreos, marítimos y terrestres; las relacionadas con metales, piedras preciosas, joyas y relojes; los servicios profesionales y de comercio exterior de distinto tipo; las sociedades financieras de objeto múltiple; y los centros cambiarios y cajas de cambio.
