El Estado mexicano aceptó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) su responsabilidad en el caso de tortura sexual contra 11 mujeres durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, Estado de México.
[contextly_sidebar id=”RrH2M7XFroEiVcEVlrG8YmmxefqLdo4Z”]Sin embargo, justificó la violencia utilizada por los policías contra los manifestantes y negó que hubiera una orden de parte de los mandos a cargo para torturar y abusar de los detenidos, como narraron cinco de las mujeres víctimas de abuso a los jueces de la CoIDH.
Los abusos policiales fueron acciones individuales de algunos elementos, aseguró Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y representante del Estado ante la Corte.
El funcionario defendió que el operativo en Atenco no estaba dirigido a la detención y violación de los derechos humanos de las víctimas, sino el desbloqueo de una carretera federal y la liberación de agentes detenidos por los pobladores.
“No se puede afirmar que autoridades se hayan organizado para hacer daño”, dijo.
Reconoció que no hubo preparación de los agentes que participaron en el operativo, y que si los policías cometieron abusos durante el operativo del 4 de mayo de 2006 fue porque “hubo un elemento psicológico y emocional” pues un día antes habían sido agredidos lo que “generó tensión” entre los agentes y los pobladores.
Las representantes de las víctimas señalaron que los mandos sabían de los abusos, pues había muchos comandantes en el lugar del operativo, rechazaron que fueran acciones individuales como señaló el funcionario mexicano.
La reparación del daño
El representante de México aseguró que el gobierno ya realizó todas las reparaciones por las violaciones a derechos humanos contra las mujeres, incluso pidió a la Corte que revise las acciones de reparación para que dé fe de esto.
Señaló que es falso – como han denunciado las víctimas – que el gobierno no ha ofrecido medidas de reparación, pues el estado tuvo reuniones con representantes de víctimas y fueron ellas quienes decidieron no aceptar los ofrecimientos.
“Hubo una oferta muy amplia para cumplir con todas las medidas de reparación”, dijo Ruiz Cabañas.
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Sin embargo, las representantes de las víctimas explicaron que “en cuanto a las medidas de no repetición, el Estado no ha comprobado que sus leyes y protocolos hayan erradicado la tortura y el uso excesivo de la fuerza pública”
Además, consideraron, es falso que el gobierno ofreciera todas las medidas de reparación, pues no ofreció a las víctimas acceso a la justicia, pues la investigación no ha sido seria, al no tomar en cuenta todos los hechos desde 2006.
Deficiencia en las investigaciones
Ruiz Cabañas señaló que el Estado ha cumplido con investigar los distintos grados de responsabilidad y que pese a los errores cometidos al inicio de las investigaciones, las diligencias implementadas después permitieron el esclarecimiento de los hechos e identificar a los responsables.
Dijo que las investigaciones han sido diligentes, imparciales y efectivas porque se castigó a un mando por los hechos.
Las representantes de las víctimas señalaron que a más de una década no hay nadie procesado y que muchos de los detenidos han sido liberados por errores en el proceso judicial.
#EnVivo #MujeresDeAtenco en la @CorteIDH | “El Estado ha sostenido que consignó, acusó a 52 personas pero decenas de estas acusaciones han sido descartadas por los tribunales y a 11 años. NO HAY ningún funcionario sentenciado” Stephanie Brewer https://t.co/dNQUe8j84B pic.twitter.com/JGVqkdAuN9
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“No se ha investigado integralmente lo ocurrido, ni se han deslindado responsabilidades de la cadena de mando policial y político”, señaló el Centro de Derechos Humanos.
Sin embargo, uno de los jueces pidió al Estado mexicano precisar si actualmente hay alguna sentencia firme contra los policías, a lo que el Estado tuvo que reconocer que no hay ninguna sentencia condenatoria.
“En efecto no tenemos hasta este momento ninguna persona condenada (…) no podemos hablar de impunidad mientras los procesos penales sigan en curso”, dijo Alejandro Gómez, fiscal General de Justicia del Estado de México.
La Corte IDH pidió a México que explique mejor qué obstáculos probatorios y procesales se han enfrentado para brindar justicia, porque no se entiende que haya transcurrido más de una década sin sentencias.
