Padrones deficientes y simulación de sanciones, los problemas detectados en concesiones mineras
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Cuartoscuro

Padrones deficientes y simulación de sanciones, los problemas detectados en concesiones mineras

En la auditoría realizada el órgano revisor responsabilizó a la Secretaría de Economía, principalmente, de la falta de actualización de padrones y de no aplicar sanciones y multas a los concesionarios que no han cumplido con sus obligaciones.
Cuartoscuro
Por Ernesto Aroche Aguilar
5 de noviembre, 2017
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Padrones de concesionarios de minas y derechos de extracción no actualizados e incompletos, falta de sanciones por no presentar informes legales e incluso simular la aplicación de multas fueron algunas de las irregularidades que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) halló al revisar el cumplimiento del pago de derechos de minería.

En su informe, que forma parte del segundo paquete de auditorías a la Cuenta Pública 2016 que la ASF presentó a la Cámara de Diputados, se responsabilizó principalmente a la Secretaría de Economía (SE) de las irregularidades y deficiencias en la fiscalización y cobro de derechos de los concesionarios mineros.

La investigación también incluyo al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero la promoción de responsabilidad administrativas sancionatoria se centró en funcionarios de la SE.

La ASF emitió, por estas irregularidades, un total de 16 recomendaciones a las tres dependencias.

En estas recomendaciones, la ASF señaló que los padrones de concesionarios de minas de la SE tienen deficiencias en “nombres de los titulares de concesiones, Registro Federal de Contribuyentes, fechas de vigencias, y fechas de expedición” lo que dificulta al SAT el cobro de impuestos y derechos.

Los padrones también presentaban las siguientes irregularidades: registros de concesiones que no coincidían entre sí, el 31% de los registros corresponde a concesiones que ya había terminado su fecha de vigencia, sin informar si existía prórroga, y en el 7.6% de los casos la suma de los porcentajes de participación de los titulares que superan el 100%, en algunos casos suman hasta 500%.

Esta deficiencia, explica la ASF ya había sido detectada desde hace un año, cuando se revisó el tema en la Cuenta Pública 2015 y se recomendó a la SE coordinarse con el SAT para depurar padrones y corregir errores, pero un año después el problema se mantuvo.

A los titulares de las 24, 961 concesiones mineras el estado les impone un pago de impuestos del 7.5% de los ingresos generados por la extracción de metales y minerales. Además, en caso de que no trabajen las minas o realicen trabajos en el terreno encaminados a la extracción durante dos años continuos deberán pagar semestralmente un derecho adicional por hectárea concesionada.

Para que el SAT pueda realizar ese cobro la SE debe entregar un listado de las concesiones mineras que durante dos años hayan estado sin operar, pero esto no se hizo. La SE sólo entregó un listado con 7,776 títulos concesión sin identificar a los que debían pagar el derecho adicional.

Aunque la SE sí tenían información, pues informó a la ASF que identificó que los titulares de 2,750 concesiones estaban obligados a presentar un informe sobre si habían realizado acciones de exploración y explotación en las áreas concesionadas, y que de ese total 1,918 no cumplieron con la presentación del informe, pero la SE no aplicó ningún tipo de sanción.

Por lo anterior, la ASF inició tres procedimientos sancionatorios, y pidió a la SE que investigue a los funcionarios que no entregaron la información al SAT y no multaron a los concesionarios incumplidos.

De acuerdo con la auditoria, la SE también informó que emitió sanciones los titulares de 9,157 concesiones, es decir el 36% del total de concesiones, porque no entregaron el “Informe sobre la producción, beneficio y destino de minerales o sustancias de ejercicios anteriores a 2016”, al que están obligados por ley, y sobre el que se define el pago del impuesto, pero no hay evidencia documental ni de la notificación ni del cobro de la multa.

Tampoco se ha realizado ninguna acción para iniciar con el procedimiento de cancelación de las concesiones que incumplieron con el pago de los derechos sobre minería.

Por ello, la ASF inició un procedimiento sancionador y pidió a la SE que investigue a los funcionarios responsables de no aplicar las multas.

A pesar de todas las irregularidades, el cobro de impuestos y derechos a los concesionarios generó ingresos al erario por 2 mil 742 millones de pesos.

La ASF también revisó el cumplimiento de proyectos productivos en los estados en donde se ubican las minas, a través de los recursos obtenidos por el pago de derechos de las concesiones mineras.

En ese renglón, la ASF encontró deficiencias. La Sedatu aprobó 882 proyectos en 18 entidades que se pagaron con recursos del Fondo Minero. La ASF sólo pudo revisar 17 expedientes y encontró irregularidades como falta de información sobre “avances físicos y financieros, actas de entrega recepción y finiquito de la obra, documentación indispensable para comprobar: el grado de avance del proyecto, la entrega de la obra, y la comprobación del monto total del proyecto”.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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